Desde el día 1 de enero de 2023, más de 11 millones de vehículos privados han visto tienen restringidos sus movimientos en las grandes ciudades y municipios de más de 50.000 habitantes. Seguirán pagando su impuesto de circulación, sus inspecciones técnicas obligatorias y todas las enormes cargas tributarias vinculadas al automóvil, pero sus propietarios ya no gozarán de los mismos derechos que los propietarios del resto de vehículos. Esta es la última restricción al uso del automóvil privado, pero vendrán más. De hecho, es de prever que los vehículos nuevos que hoy se pueden comprar para poder circular sin restricciones, las irán teniendo en el futuro porque las reglas no van a dejar de evolucionar.
Detrás de estas políticas, diríase que hay bastante más que el amor incondicional por el medio ambiente, del que tanto hacen gala los autócratas, tecnócratas y activistas. Hay también una cruzada contra el vehículo privado y las imposición del transporte colectivo; es decir, hay una intención cada vez más evidente de limitar la libertad individual. Un día podríamos despertarnos en una sociedad donde el vehículo particular fuera el privilegio de unos pocos, mientras que el resto, ante cualquier contingencia o capricho, y de forma discrecional, podría quedar inmovilizado si quien manda decidiera apretar un botón y detener el transporte colectivo. Imagínese, querido lector, qué fácil habría sido para el gobierno, durante la pasada pandemia, limitar la libertad de movimientos, más que con prohibiciones, interrumpiendo la red de transporte público.
PODCAST con José Luis González Quirós, filósofo, ensayista y analista político, y Javier Benegas, editor de Disidentia.
