La situación de la política española es como el chiste sobre los ciudadanos de cierto hermoso país allende los mares: que el mejor negocio consistiría en comprarlos por lo que valen y venderlos por lo que dicen valer. Para nuestra desgracia, nada o casi nada funciona en la realidad como se dice en la teoría. De esto parece que no se entera Hacienda que persiste con su anuncio sobre lo que recibimos a cambio de lo que damos, como si esa cuenta tuviese un saldo positivo para los ciudadanos. No es así, cualquiera puede comprobar en sus carnes cómo los servicios que se nos ofrecen distan muchísimo de ser no ya ideales, sino congruentes con lo que nos cuestan y lo que necesitamos.
Ahora mismo, cuando el gobierno amenaza con arrebatar a los funcionarios la posibilidad de escoger entre la sanidad pública y la que se venía ofreciendo, con medios privados, a través de las mutualidades, la ministra de sanidad, una lumbrera, como saben, afirma en plan torero que el sistema sanitario público es robusto y que acogerá con los brazos abiertos a los millones de funcionarios despistados que han preferido un servicio distinto. Da que pensar, como poco, que quienes mejor conocen lo que se cuece en las covachuelas administrativas, prefieran ponerse en manos de gente que opera con otras lógicas en lugar de acogerse a los servicios de un sistema tan robusto como dice la señorita Pepis.
Un porcentaje amplísimo de funcionarios y una tropa de políticos cree que están donde están para trabajar lo menos posible, para trepar cuanto puedan y para dar con la puerta en las narices a cualquier español que tenga la ocurrencia de importunarles
La administración es un sistema que te pide continuamente papeles que ella posee, incluso papeles que ella misma te adjudica y ha convertido en un nítido equivalente del paraíso el sistema del teletrabajo y la fórmula de la cita previa para que todos los esforzados trabajadores de cualquier entidad, los de la Confederación Hidrográfica del Júcar, por ejemplo, que ahora está de moda por su esmerado cuidado de los cauces, puedan tomar el cafelito sin agobios y disfrutar de los merecidos Moscosos cuando les pete. A cambio, se ha conseguido un sistema en el que nadie denuncia ningún extravío o corruptela porque, como es bien sabido, en las administraciones públicas todo el mundo cumple con sus obligaciones de manera escrupulosa y hasta el desgaste físico extremo.
No se trata de anécdotas, el funcionamiento de los servicios públicos se ocupa de que entre lo que proclaman los ideales constitucionales y legales y su funcionamiento efectivo haya una distancia sideral. La política de los partidos es la principal responsable de este estado calamitoso de la administración porque se empeña en coronarla con una cúpula de enchufados de probada fidelidad política que, a su vez, se encargan de contratar a miles de asesores para que los protejan del desdén de los buenos funcionarios y de la curiosidad malsana de quienes quisieran enterarse de qué es lo que se hace en un organismo público cualquiera. Secreto de Estado, como poco.
Fijémonos en dos ejemplos recientes. La Universidad Complutense que se pone a las órdenes de su rector para que la señora del presidente del gobierno pueda dirigir un máster, o dos, que es su vocación reprimida. Toda una universidad, y no la más pequeña, al servicio de un capricho al que no se ha negado nada, fondos, patrocinios, codirectores, aulas y la repera. Compárese ese asunto con lo que es la marcha ordinaria de cualquier departamento universitario en los que, a nada que te descuidas, no hay fondos para investigar, ni para comprar libros, ni para participar en cualquier actividad internacional, etc… pero si hay espacio y medios para satisfacer un deseo de la ilustre dama.
El segundo ejemplo será el de la mentada Confederación hidrográfica del Júcar. Es fácil de imaginar que a su frente habrá un ingeniero especializado en cuencas, con una docena de acreditaciones académicas en materia de aguas. Pues va a ser que no, el que la preside es, en efecto, ingeniero de caminos, pero, sobre todo, un probo funcionario del PSOE levantino que está allí para hacer lo que le mande la ministra que lo escogió, de nombre Ribera, vaya ironía de las coincidencias verbales, que como estaba ocupada con su nuevo puesto no le dijo nada en los días de gota fría y así ha pasado lo que ha pasado.
Total, que el citado organismo no ha servido para evitar la catástrofe reciente, pero sí ha servido para colocar al antiguo concejal de cultura de Titaguas, otro nombre que da qué pensar. El presidente valenciano ha sido criticado con toda justicia por su tardía aparición el día de la riada, pero casi nadie ha manifestado su desacuerdo con la prolongada modorra del organismo del Júcar y de su presidente que parece haber servido, tan sólo, para dar las alarmas, mal y tarde, por descontado.
¿Conoce alguien los planes de evacuación y salvamento que se debieran haber aplicado ante una amenaza como la reciente? No son, desde luego, de gran notoriedad, entre otras cosas porque nadie se ocupó de cortar a tiempo las carreteras, de impedir acercarse a los barrancos y otras nimiedades similares. Basta, al parecer, con denunciar que el infausto Mazón, estaba de parranda postprandial, pero nadie repara en la modorra plurianual de los responsables de que las aguas no se desmadren. Los del Júcar desaparecidos, su ministra ni está ni se la esperaba, pero el aparato político y comunicativo del PSOE supo encontrar con rapidez la causa del desastre tras constatar, hasta ahí podíamos llegar, que nada tuvo que ver con ellos.
Cuando hay un bombardeo, las alarmas son muy audibles y casi todo el mundo sabe que hay que ponerse bajo tierra, pero qué es lo que hay que hacer para salvarse de una acometida brutal de las aguas queda en el aire y nadie se ha dignado en hacer el menor plan, de manera que las alarmas, si las hubiere, servirán únicamente para asustar, se comprende, pues, con facilidad que la Confederación del Júcar se haya resistido a dar las alarmas con premura. La Confederación no ha hecho los planes, pero, a cambio, ha dedicado su tiempo y sus fondos a la decoración de sedes y a proteger a las especies vegetales de las iras antiecológicas.
Soy de los que creen que el mayor problema que tenemos en España no está en que el presidente se salte la Constitución cuando le convenga o en que colonice las instituciones para que le aplaudan a hora y a deshora y haga lo que hiciere, sino que consiste en que un porcentaje amplísimo de funcionarios y una tropa de políticos crean que están donde están para trabajar lo menos posible, para trepar cuanto puedan y para dar con la puerta en las narices a cualquier español que tenga la ocurrencia de importunarles. El servidor público está, según creen, para mandar y no necesita respetar normas ajenas. Muchos están convencidos de no tener otras obligaciones que las que ellos mismos tengan a bien cumplir, así sea de vez en cuando. Las responsabilidades hay que pedirlas, como dijo el presidente en Bakú, al cambio climático, así que ya está bien de quejarse, que es de extrema derecha.
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