Nuestro gobierno, al que no se le escapa nada que pueda interesarle, acaba de comunicar una reforma, urgente como todas las suyas, de los procedimientos que se emplean para plantear una querella o lo que fuere ante los jueces. Si no llega a ser porque Patxi López ha advertido que esta iniciativa nada tiene que ver con los casos que afectan a personas de mucho aprecio en la Moncloa habría tenido la tentación de pensar que Sánchez trata de impedir que prosperen esos procesos en marcha, pero va a ser que no, lo ha dicho Patxi que es un hombre de criterio y un caballero.
Tranquilizado al respecto me lanzaré a opinar sobre algún fondo de todos estos asuntos. En mi flaca memoria creo recordar que fue Vox el primer partido que puso en marcha las denuncias judiciales respecto a acciones o movimientos de otros partidos y, en especial del gobierno. Nunca he tenido la menor simpatía por esa clase de iniciativas, por varias razones.
El mundo jurídico no es una herramienta para perseguir el pecado o la maldad sino los delitos que están en la lista correspondiente
La primera de ellas es que me parece un error confundir las causas políticas con asuntos judiciales, una manera como otra cualquiera de arriesgarse a que las sentencias sean consideradas políticas por los litigantes, digan lo que dijeren, lo que siempre es una rémora de importancia para reconocer a los jueces la imparcialidad que seguro les guía. ¿Se puede ordeñar a una hormiga con guantes?… me concederán que hay que ser muy habilidoso.
La segunda es que todo este lío nunca tiene otra utilidad que dar que hablar, porque dada la lentitud habitual de nuestros tribunales y el garantismo absoluto con el que se consideran las causas, la probabilidad de que algún granuja que haya hecho una trastada de las que llaman la atención sea condenado se acerca peligrosamente a cero, es decir es un caso imposible.
Es muy fácil de entender, por hablar de un asunto cercano, que el maestro Azagra, hermano de nuestro presidente de gobierno, que se las está viendo en los tribunales con una serie de acusaciones que producen una vergüenza sonrojante, pueda declarar ante el juez que él se enteró por internet de la suculenta oferta de que disfruta, a distancia, por cierto, en Badajoz, ciudad operística de referencia, y que no le pase nada porque, además, el juez tendrá que dar por válida su respuesta. Cualquiera puede sospechar sin ser acusado de malpensado y enredador que Azagra miente, pero es que la mentira tampoco es un delito y aunque lo sea mentir al juez, es muy difícil probar cualquier mentira de ese tipo.
Aquí tropezamos con la tercera razón y, tal vez la más de fondo. Llevar asuntos de matiz político a los tribunales supone no distinguir entre la ausencia total de ética y el delito. Vuelta al ejemplo, los tribunales muy bien podrían dejar libres de cualquier delito a Azagra y a doña Begoña, sin ir más lejos, pero no por eso sus acciones dejan de ser una sinvergüenzada de tamaño natural que debiera ser castigada en su propio terreno, por la opinión del público, por el voto de los ciudadanos, sin necesidad de que ningún juez tenga que esforzarse en encontrar el delito que mejor cuadra a tales corruptelas y las memorables chapuzas administrativas y de todo tipo que se cometen para llevarlas al puerto del interés de los concernidos.
Los españoles deberemos aprender que ir a la cárcel o ser condenado de alguna manera por un juez no es la única forma de obtener un firme rechazo social que es lo que corresponde en la mayoría de los casos de que venimos hablando. También deberíamos acostumbrarnos, y esto parece incluso más difícil, a que cuando se cometa un auténtico delito con repercusión pública sea la fiscalía quien se ponga al aparato, pero eso no siempre sucede, da la sensación de que suele depender de circunstancias personales y de consideraciones políticas un poco rastrerillas. Por eso es tan escandaloso que un fiscal general del Estado esté a punto de ser procesado porque en lugar de perseguir los delitos de revelación de secretos que son públicamente constatables se haya dedicado a promoverlos o disimularlos en beneficio del Supremo, y no me refiero al Tribunal sino al que lo tiene como suyo: aquí mi Fiscal, aquí un novio de mi rival, persígase.
Ya puestos, tampoco reservo la más intensa de mis simpatías para esas asociaciones que pueden dar la sensación de que lo único que hacen es tratar de que la justicia empapele a los malos. Según me cuentan, todo este tinglado de la acusación popular es una figura procesal inédita que introdujo la Constitución para compensar el influjo de los entonces fiscales del régimen, una figura jurídica que ha dado lugar a una utilización partidista e insensata de la justicia. Yo no he visto nada parecido en las pelis americanas de juicios, por lo general estupendas, pero allí claro, cada cual tiene bastante presente cuáles son sus derechos y sus obligaciones y no se limitan a obedecer sin rechistar.
No tengo nada con que alguien directamente afectado por una causa cualquier acuda a los tribunales, es un derecho elemental, pero me reservo mis dudas ante la recta intención de quienes montan chiringuitos dedicados a este menester que me recuerdan, qué raras asociaciones se nos viene la mente, a esos jueces de la horca dedicados a procesar a medio mundo con causas conmovedoras y simpáticas pero que tienen la rara cualidad de no tener nada que ver con nuestra vida porque se encuentran a miles de kilómetros de nuestros hogares. Estos sujetos que se declararon defensores de una especie de justicia universal, tampoco me inspiran la menor confianza.
Todos estos querulantes de causas pretenciosas me parecen figuras destacadas del oportunismo, un vicio feo que, por cierto, también comparten los que se dedican valientemente a perseguir el franquismo décadas después de haber muerto Franco sin que conste que hayan tenido el más leve problema con el Franco vivo que, por si algún lector es muy joven o ha perdido la memoria, mandaba bastante y solía conseguir que se hiciera lo que quería, más o menos lo que a nuestro Sánchez le gustaría poder hacer ahora.
Distinguir entre delito y mal moral es esencial para muchas cosas. El mundo jurídico no es una herramienta para perseguir el pecado o la maldad sino los delitos que están en la lista correspondiente. Las acciones políticas merecen aplauso o rechazo, como las opiniones de cada cual, pero llevarlas al terreno judicial carece de utilidad real y es una manera de confundir al personal que, dicho sea de paso y que nadie se moleste, no es tan universalmente esclarecido y juicioso como convendría, qué le vamos a hacer. La querulancia política, el afán de querellar, suele ser lo contrario de lo que pretende parecer, no se trata de restablecer un bien jurídico sino, casi siempre, de buscar atajos para hacerse notar, cierto es que algunos no serían nada sin ese recurso tan pobre y la vida es complicada, pero no seré yo de los que aplaudan el esfuerzo exitoso de quienes logren vivir de semejante trile ante los juzgados.
Foto: Tingey Injury Law Firm.
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