La política es un juego en el que unas personas, organizadas, utilizan al Estado para transferir renta y riqueza de unos grupos sociales a ellos, y a otros grupos que les sirven de apoyo. Es el latrocinio revestido de progreso y justicia. Por eso yo lo que espero de ella es que me deje en paz, a mí y a la sociedad en la que vivo, en la medida de lo posible. 

Esta idea, que me parece esencial para salir a la calle, me ha vuelto a la cabeza en cuanto leí una extraordinaria serie de artículos que he querido resumir y exponerles. He de hacerlo por dos motivos. El primero es que el trabajo lo ha hecho otro autor, y el segundo es que lo que cuenta tiene una gran relevancia. 

Jorge Sánchez de Castro, que ya nos ilustró sobre el derecho a portar armas como ideal republicano, tiene un blog titulado El único paraíso es el fiscal, homónimo de un libro publicado por Ediciones Isabor. En él, publicó un primer artículo en el que expone lo que sigue.

Los partidos que han ocupado el Gobierno están sentando las bases de una democracia puramente formal, en la que las elecciones son a la democracia lo que el Monopoly a la economía; unas elecciones en las que la oposición hace de refrendo de un gobierno dictatorial

Se refiere a la SAREB, el “banco malo” español. Es una sociedad anónima participada al 45,9 por ciento por el Estado (FROB) y al otro 54,1 por un conjunto de sociedades que fueron intervenidas o que están en proceso de reestructuración. El objeto de la SAREB es que estas entidades liquiden sus activos de un modo ordenado y rentable. Entre sus principales accionistas están el Banco Santander, Caixabank, Banco Sabadell o Kutxabank, que juntos concentran el 43,6 por ciento del capital. Sólo el Banco Santander, que recordemos adquirió el Banco Popular en junio de 2017, concentra el 22,3 por ciento del capital.

La SAREB tiene en su balance enormes cantidades de activos inmobiliarios a los que le cuesta sacar una rentabilidad adecuada. Un 44,1 por ciento es vivienda, el resto es, sobre todo, suelo en desarrollo y suelo finalista (otro 38 por ciento), más suelo rústico, terciario e industrial, más otros activos. 

Siguiendo los pasos del artículo, en enero Merlín Properties (léase Banco Santander) pide a José Luis Ábalos, ministro de Transportes, que el Estado compre el 100 por ciento de la Sareb. Y le pone en bandeja al ministro el argumento político: Con esa vivienda solucionará el problema del precio de los alquileres. Si la cuestión es que el Estado intervenga con su patrimonio, recién adquirido, el mercado de alquileres, ¿por qué habría que comprar el 65,9 por ciento de la SAREB que no es vivienda?

Vamos al 9 de marzo. Recuerden, el día en que el Gobierno se da por enterado de que el virus amenaza la salud de los españoles, y las televisiones hacen de altavoz de la sobrevenida preocupación de Pedro Sánchez y su equipo. Ese día la entidad pide que se cambie la ley para que el Estado pueda adquirir sus activos, evitando así que se disuelva debido a sus pérdidas patrimoniales. Su petición es atendida por el Gobierno al día siguiente, dentro de un real decreto-ley que incluye diversas medidas de carácter económico. Un día necesitó el Gobierno para prever los efectos del COVID-19 y de las medidas de distanciamiento social sobre la cartera de la SAREB, y actuar con decisión asumiendo el planteamiento de la entidad el 9 de marzo. 

Y, ahora, vamos al negocio. La orden TMA/336/2020, de 9 de abril, prevé la concesión de ayudas al alquiler. Según prevé la norma, el Estado concede una ayuda que puede llegar “hasta 600 euros al mes y hasta el 100% de la renta o precio de ocupación del inmueble”. Pero “en supuestos debidamente justificados podrá alcanzar hasta 900 euros al mes y hasta el 100% de la renta o precio de ocupación establecido”. Estas ayudas, según prevé la norma, tienen un plazo máximo de cinco años. Pero nada impide al Gobierno de progreso de dentro de un lustro extender esas ayudas. 

Por otro lado, la orden, que se integra en el Plan de Vivienda, también prevé la entrega de “hasta 200 euros al mes para atender los gastos de mantenimiento, comunidad y suministros básicos con el límite del 100% de los mismos”. Como señala Sánchez de Castro, este Gobierno no se ha olvidado de las grandes empresas energéticas. 

Recapitulando, el Gobierno se prepara el terreno para adquirir los activos de la SAREB. Finalmente no lo hace, aunque Ábalos mostró su disposición a que el Estado compre sus inmiebles desde 2018, como se recuerda en el artículo. Por otro lado, concede unas ayudas al alquiler que, como todas, benefician sobre todo a los propietarios. En este caso, de forma muy directa a la SAREB, que puede beneficiarse de estas ayudas gracias a los acuerdos a que llega habitualmente con Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, que hacen la labor de gestión y colocación de los activos inmobiliarios entre los colectivos beneficiados. La clave es que en ningún momento el Gobierno prevé que esas ayudas puedan computarse en una futura compra de activos de la SAREB. De modo que la sociedad, y por tanto los bancos, se benefician de esas ayudas y mantienen íntegra la propiedad sobre sus activos. Riega a los bancos (no a todos, ojo) con dinero público, a fondo perdido, pero no se guarda la baza de comprar sus activos mediante la fórmula de que todo el dinero transferido a las cuentas de resultados de los bancos compute en el pago de futuras compras de activos.

El Gobierno, con el apoyo en la gestión de CCAA y Ayuntamientos, facilita que los bancos obtengan una rentabilidad de esos activos, y lo hace por medio de una transferencia que va de nuestros bolsillos a la cuenta de resultados de los bancos

Pensará el lector que este decreto del Gobierno habrá causado un enorme revuelo en la prensa, y está en lo cierto. Pero por otros motivos. En la redacción del mismo se sugiere la posibilidad de que el Gobierno expropie determinadas viviendas. Dice el texto, bajo el epígrafe “Solución habitacional”: “Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y de Melilla pondrán a disposición de la persona beneficiaria una vivienda de titularidad pública, o que haya sido cedida para su uso a una administración pública, aunque mantenga la titularidad privada”. Y sigue: “Cuando no se disponga de este tipo de vivienda, la ayuda podrá aplicarse sobre una vivienda adecuada, de titularidad privada o sobre cualquier alojamiento o dotación residencial susceptible de ser ocupada por las personas beneficiarias, en los mismos regímenes”. Pero no era más que un señuelo para la prensa. Es creíble, por la presencia de Podemos en el Gobierno, pero que sólo podría ser efectivo violentando la Constitución. Lo escandaloso era la transferencia de fondos públicos a los bancos. Y pasó (casi) desapercibida. 

El plan de Vivienda del gobierno de Mariano Rajoy preveía que las ayudas se destinasen a las familias objeto de lanzamiento de su vivienda habitual, por una ejecución hipotecaria o por dejar de pagar el alquiler, pero sólo si la unidad familiar tenía ingresos inferiores a 3 salarios mínimos. El Plan Ábalos no. Ahora, con independencia de los ingresos y de la causa de resolución del contrato, cualquier persona o familia que sea desahuciada tendrá derecho  a un alquiler financiado en todo o en parte por el Estado. Por tanto, se incentiva el impago de la renta para ser desahuciado. Con lo cual el Estado introduce la competencia desleal con los pequeños propietarios que alquilen su segunda vivienda como forma de complementar sus ingresos familiares.

El Gobierno socialista, además, amplía el catálogo de beneficiarios, incluyendo a “víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables”. Aquí se ve la doble función de este esquema: comprar a la banca, por un lado, y comprar también el voto de determinados grupos sociales. Y ello con una enorme intervención del Estado en el mercado del alquiler, que conlleva una importante serie de efectos perversos.

Es aquí donde el primer párrafo adquiere todo su sentido. Los partidos que han ocupado el Gobierno están sentando las bases de una democracia puramente formal, en la que las elecciones son a la democracia lo que el Monopoly a la economía; unas elecciones en las que la oposición hace de refrendo de un gobierno dictatorial. Como un parásito, que mantiene el aspecto exterior del huésped y le permite vivir en un organismo enfermo y que pierde su propósito, así ocupan PSOE y Podemos la democracia española.

El mismo dinero sirve para comprar votos de ciudadanos incautos y voluntades de entidades financieras. Y no olvidemos que además de ministro de Transporte, José Luis Ábalos es el número dos del PSOE. Están asentando los apoyos del nuevo Estado. Aquí, una parte importante de la banca española. Allá, el duopolio televisivo. Y más allá, mucho más allá, los votantes agradecidos porque su dinero acabe en los balances de unos cuantos bancos.

Foto: Marta Jara / Eldiario.es

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5 COMENTARIOS

  1. Del mundo liberal surgen dos corrientes principales que se pueden etiquetar como progresistas.

    Por un lado lo que hoy llamaríamos socialismo, algo semejante a una religión; por otro lo que hoy llamaríamos liberalismo, una ideología utópico-institucional. A lo largo de estos 200 años ha habido experimentos intermedios, no obstante se fundan en los mismos preceptos del mundo liberal. Como son el fascismo y el comunismo; ambos formas de fe extrema en el Estado.

    El “capitalis-mo” es una creación principalmente del mundo liberal. El “capitalis-mo” no puede existir sin el Estado. Todo el andamiaje de derecho (Just est in armis) se ha articulado para fomentar su existencia. De hecho cuando algo sucede en el “mercado” (que no feria) el Estado sale al rescate,…, con el colateral de todos sus esclavos; digo ciudadanos.

    Algunos que se auto-califican de liberales pretenden que exista capitalismo sin Estado. Lo cual equivale a un Estado Liberal sin funcionarios/empleados públicos, es decir, solo posible en sus utópicas cabezas del delirio. Muchos de ellos, por cierto, trabajan para el Estado.

    La ley, tal y como se articula es básicamente algo similar a una forma de disciplina militar. Por lo cual, no es de extrañar que aquellos los cuales superan el filtro de los “Worst on Top” (Hayek, camino de Servidumbre) se comporten como amos y no como “servidores públicos” (el “mantra” lava cerebro televisivo). Al fin y al cabo, es el resultado del paradigma liberal por excelencia: la competencia.

    Es aquí, en este punto, donde el progresismo me recuerda una forma de propiedad casi extinguida por la acción de mundo liberal: –la comunidad germánica–.
    Las desamortizaciones (robos) liberales fueron no solo una forma de destruir ciertas formas de propiedad (como bien sabía Jose I, en represalia a los párrocos que apoyaban la independencia de “España”) sino una forma de dirigir “el rebaño” hacia los intereses del Estado.

    Esta forma de propiedad (a-senta-miento) la cual ha permitido paseos tranquilos a “un amigo” durante el “confinamiento”, es una reliquia del Antiguo Régimen el cual pervive bastante desnaturalizada en el norte de España. Sufrió un ataque continuo desde el mundo liberal; a pesar de ello, la resistencia al cambio de las propias administraciones locales junto a la actuación delictuosa (aunque legítima) de los pobladores hizo que esta figura llegara a nuestros días; aunque muy mermada en superficie.

    Bien es cierto, en forma caricaturesca, ampliada con la regulación liberal del mundo consuetudinario; lo cual es de vergüenza ajena (el Estado Liberal regulando* lo consuetudinario).
    Por otra parte la mentalidad del individuo (ahora criatura del estado) ha cambiado completamente; por lo cual, este tipo de comunidad es en nuestros días disfuncional en lo relativo a su origen. En general el mayor aprovechamiento lo extraen los empresarios “a-finca-dos” en la población, por lo cual, es ya un aprovechamiento puramente “capitalis-ta”. Algo lo cual fomenta explícitamente el Estado Liberal con las ayudas con “by-pass” para empresas de todo tipo, poniendo los montes a “producir” en uno u otro sentido con ayudas de diversa índole.
    La mayoría de ellas anti-económicas. Dado el monte se llena de Quercus en 20 o 30 años sin mover un solo dedo. En muchos casos, empeorando al desbrozar los Quercus de 5 o más años.
    Pero todo ello entra dentro de la «prolepsis» del progresismo, el mundo liberal.

    Por lo cual, y en contra de lo que usted afirma la política no es un juego “en el que unas personas, organizadas, utilizan al Estado para transferir renta y riqueza de unos grupos sociales a ellos”,
    sino justamente todo lo contrario. Y justamente por ello, los borregos siguen produciendo (en paz) en ese rebaño llamado “sociedad” para lo que el Estado y mandamases digan.

    El derecho a portar armas es cosa muy distinta de la libertad de poseer armas.
    Lo segundo funda la libertad, lo primero muestra la estupidez.

    *Ley 13/1989, de 10 de octubre, de montes vecinales en mano común.
    Artículo 14.
    1. La Asamblea General, de la que forman parte todos los comuneros, es el órgano supremo de expresión de la voluntad de la Comunidad vecinal.

  2. El PSOE tenía un plan, yo tengo otro. Ellos planificaron asaltar el estado hasta conducirlo a la quiebra, yo volverme un fervoroso creyente en Oro y seguir la religión de Dinero practicando la riqueza en la más estricta intimidad, por eso me hice OFF (Objetor Fiscal Fundamentalista) a partir de la moción de censura.
    El motivo de mi conversión fue una serie de interpretaciones constitucionales escuchadas de la boca de Altos Magistrados del Tribunal Constitucional, algún juez adscrito a la SectaTV y mi querida Calva, mi cabra preferida. «La Constitución se puede interpretar de muchas maneras» y en ese momento caí postrado de rodillas y vi la luz de mi salvación terrenal.
    Un artículo de la Constitución conmovió lo más profundo de mi bolsillo y el verbo se hizo oro.

    Artículo 16.2
    Nadie, Ojo, Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.

    ¡Oh, Cabra Divina, Oh! Gracias por mostrarme la luz y la interpretación de las palabras verdaderas. Oh, Cabra, oh.

    Como buen creyente, cerré mis cuentas bancarias, liquidé mis negocios, vendí mis propiedades, y me compré un chinchorro para ver pasar las nubes del cambio climático.

    Ahora estoy de censor de Baudelaire.

    «¿A quién quieres más extraño extranjero,
    A tu padre, a tu madre, a tu hermana o a tu hermano?
    No tengo padre, ni madre, ni hermana, ni hermano.
    -¿A tus amigos?
    -Empleas una palabra para mi desconocida.
    -¿A tu patria?
    -Ignoro en que latitud se haya situada..
    -¿A la belleza?
    -La querría de buena gana diosa e inmortal.
    -¿Al oro?*
    -Lo odio como vos odiáis a Dios.*
    -¿Entonces, qué es pues lo que te gusta, enigmático extranjero?
    – Me gustan las nubes, las nubes que pasan a lo lejos, las maravillosas nubes.»

    * Censurado.

    Terrible todo lo que están haciendo desde la moción de censura. Si hacemos una lista, la que señala el artículo es una más, terrible, de las cientos que llevan hechas desde que llegaron al poder. Todo indica, al menos para mi, que traían los deberes perfectamente hechos de casa y con apuntes prestados por algún buen estudiante.

    No han dado puntada sin hilo por el revés, aunque nosotros solo hayamos visto el anverso del bordado del tonto de la clase Iván Redondo.

    Yo tenía claro que la quiebra de la nación la tenían descontada y que su objetivo era apoderarse y blindar el botín.
    La compra de material sanitario nos indica hasta que punto la corrupción marca su gobierno en minucias con muertos.
    Lo gordo no ha venido todavía,
    Es la nacionalización de empresas estratégicas y la venta a saldo posterior a los socios extranjeros.
    A los bancos solo les están tapando la boca con una parte del botín.

    Eso es lo que hay. En el entreacto expoliaran cualquier vestigio de riqueza que pueda acumular el español de a pie.

    Hazte OFF, será tu salvación.