Hasta hace unos días no sabíamos quién es Alberto Casero, y dentro de unos meses el diputado extremeño del Partido Popular volverá a la sombra permanente del anonimato. Le conocemos por una sucesión de desafortunados eventos, que comienzan con una molesta enfermedad aguda. Alberto decidió quedarse en casa, y participar desde allí en una de las votaciones más importantes de la legislatura. Eso, o pedir a sus asistentes que lo hicieran; una opción que según parece es casi una costumbre parlamentaria. Y, por último, apretar el botón equivocado, como quien corta el cable rojo para desactivar la bomba, cuando debió ser el azul. La bomba no habría estallado, eso sí, sin el detonante de los dos diputados de Unión del Pueblo Navarro votando en conciencia en lugar de hacerse los Eichmann en su versión corrupción de partido.
Este hecho tiene implicaciones de largo alcance, que se refieren tanto a lo que ha ocurrido antes como a lo que ha acaecido después. Hay al menos tres consideraciones que es necesario hacer, y que delimitan el yermo minifundio de la democracia española. Son tres puñaladas a los principios democráticos.
El sintagma «diálogo social», que se alude a la negociación de sindicatos y patronal con el gobierno, y que condiciona la política económica, es un vestigio de la llamada democracia orgánica, según la cual la sociedad, articulada en instituciones de representación naturales, apolíticas, transmite sus aspiraciones y exigencias al gobierno
La primera puñalada es el prestigio del fascismo; un prestigio que parece inmarcesible, y que le otorga a esa corriente política una eficacia que parece propia de otros tiempos. Sí, el fascismo perdió una guerra. Y su mención provoca todo tipo de encendidas declaraciones de condena. Pero algunas de las ideas fascistas mantienen su plena vigencia, y todos los políticos y medios de comunicación no sólo las asumen, sino que las proclaman como principios rectores de la democracia. Me refiero, en particular, al diálogo social.
Con ese sintagma se denota la negociación de sindicatos y patronal con el gobierno, y que condiciona la política económica. Son los restos de la llamada democracia orgánica, según la cual la sociedad, articulada en instituciones de representación naturales, apolíticas, transmite sus aspiraciones y exigencias al gobierno. El Ejecutivo asume la función de árbitro; una función para la que está especialmente preparado por la cualificación técnica de la Administración, por estar al margen de los intereses políticos, y porque en la cúspide del poder está el caudillo, intérprete último de los intereses generales de la nación.
Todos los gobiernos, desde la UCD hasta el sanchismo, han hecho suyo el principio político de la negociación colectiva. Se le opone el viejo principio democrático de la representación: son los representantes elegidos por el pueblo, constituídos en un Parlamento, quienes aprueban o rechazan las leyes que constituyen el derecho positivo y ordenan las políticas públicas. En última instancia es una forma de democracia, la orgánica o la parlamentaria, la que debe prevalecer en cada caso.
Esta oposición se ha visto en España en más de una ocasión. Se ha visto menos en las primeras décadas porque las mayorías absolutas, o los acuerdos estables con partidos nacionalistas, lograban que se trasladase al Parlamento el acuerdo en términos fascistas sin una oposición efectiva.
Ahora las circunstancias políticas lo han dispuesto de otro modo. Por un lado tenemos por vez primera un gobierno de coalición entre fuerzas comparables. Aunque una es mayor que otra, PSOE y UP no pueden llevar a cabo una labor de gobierno si no es con un apoyo mutuo. Y desde UP la ministra de Trabajo, Yolanda Díez, necesitaba obtener un resonante éxito con la reforma laboral para asentar su candidatura política sobre una base más o menos firme.
Para eso ha comprado a los sindicatos, mientras negocia un texto que fuera asumible para los empresarios. Un resultado que le sirviese a ella para lanzar dos mensajes: es una regulación de izquierdas, pero ha tenido el talento necesario de consensuar el texto con los dos lados de la negociación.
El texto ha llegado al Parlamento con vocación de volis-nolis. Pero las circunstancias políticas han cambiado. Sánchez no lidera un partido con un apoyo que bordee la mayoría absoluta o la rebase, sino que necesita el apoyo de UP más un conjunto de grupos nacionalistas. Ciudadanos ha salido en rescate de Sánchez. Lo necesitaba, porque ERC, Bildu y demás apoyos del Gobierno están acostumbrados a ver cada iniciativa de Sánchez como una piñata que pueden explotar a cambio de algo. Pero, como digo, el texto no se podía negociar. Una coma más a la izquierda, la CEOE se saldría del acuerdo, y Yolanda Díaz no podría vender la burra de la commie rubia, simpática y dialogante.
El PSOE, que se ha visto abocado a cederle a Díaz este éxito, le arregló el voto a favor de UPN, pero los dos diputados de la formación navarra no conocían el enjuague de los líderes de su partido, y en cualquier caso decidieron obviar las directrices de su partido. El error de Casero ha evitado, por el momento, un fracaso de Yolanda Díaz. La líder de Podemos ha reaccionado lamentando que el politiqueo ponga en riesgo el acuerdo entre organizaciones sociales, como si fuera Krause o cualquier otro teórico de la democracia orgánica.
Pero decía que eran dos las consideraciones que es necesario hacer sobre lo ocurrido. La segunda puñalada se refiere a los tres diputados que he mencionado hasta el momento: Sergio Sayas y Carlos García Adanero, de UPN, y Alberto Casero, de Partido Popular. Casero por torpeza y Sayas y García por rebeldía, han votado en un sentido opuesto a las intenciones de su partido.
En este caso también concurren dos principios contrapuestos. Por un lado, la forma de asignación de escaños le otorga a las direcciones de los partidos un control absoluto sobre el sentido de voto de los diputados de sus grupos parlamentarios. Por otro, la propia Constitución, en su artículo 67, prohíbe el mandato imperativo, que es la práctica común en esta dizquedemocracia.
Cayetana Álvarez de Toledo ha reconocido el valor moral de los diputados navarros, y su derecho a votar en conciencia. Ella misma, en su libro Políticamente indeseable, de obligada lectura, defiende que los diputados puedan saltarse la disciplina del grupo cuando su conciencia le indica un sentido contrario, o al menos distinto, en el voto. Pero no da el paso necesario para que el sistema de asignación de escaños independice a los diputados de las camarillas de los políticos, y vincule su ejecutoria política a quienes debían ser sus jefes, que son sus votantes. No, Cayetana dice que España no está preparada para un sistema uninominal como el que impera en Gran Bretaña o en Francia. Yo creo que es exactamente eso lo que necesitamos.
Y la tercera puñalada la ha asestado la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. Todo el mundo entiende que ha actuado con un criterio partidista, y que si ha permitido que una ley salga contra el criterio mayoritario de los diputados es porque le interesaba a su partido. El secuestro de las instituciones por los partidos ha llegado hasta aquí. La sociedad española lo acepta con una mezcla de resignación e hipocresía. Pero es el resultado ineludible de estar gobernados por varias camarillas de políticos, en lugar de permitirnos una democracia que merezca tal nombre.
Foto: La Moncloa – Gobierno de España.
