Algo más de dos millones de familias en nuestro país, cerca del 30%, eligen escolarizar a sus hijos en la escuela concertada.
Sin entrar a valorar la variedad de motivos por los que unos padres escogen esa opción, no cabe duda de que muchos la prefieren porque el ideario y la formación en valores del centro son un complemento de la educación que los padres eligen para sus hijos.
Esta semana la Ministra de Educación y Portavoz del Gobierno fue invitada a la inauguración del Congreso Nacional de Colegios Católicos y en su intervención aseguró textualmente que “de ninguna manera se puede decir que el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o elegir centro educativo podrían ser parte de la libertad de enseñanza, recogida en el artículo 27 de la Constitución española”.
Controlar la educación es el objetivo básico de gobiernos liberticidas que primero adoctrinan y después pretenden cosechar los votos de los adoctrinados
Vayamos por partes:
En primer lugar, el foro elegido: ir a un evento de colegios católicos a restregarles una interpretación sectaria y falsa de una sentencia del TC que niega el pan y la sal a tus anfitriones no parece muy apropiado. Celaá, al negar la existencia del derecho fundamental de los padres de escoger un centro religioso, vino a decirles que en cualquier momento pueden retirarles los conciertos por ser una especie de dádiva gubernamental (y en eso miente).
En segundo lugar, en lo que se refiere al fondo de la cuestión, también miente: mezcla conceptos haciendo una interpretación falsa, añadiendo__ para tratar de dar validez a su argumento__ que se basa en una sentencia del Tribunal Constitucional de 1981.
La ministra equipara torticeramente dos conceptos diferentes (la propia sentencia en su fundamento octavo ya dice que son cuestiones diferentes): por un lado el derecho de los padres a elegir una enseñanza religiosa y por otro la libertad para elegir un centro educativo, afirmando que ninguna de ambas cosas están amparadas por el artículo 27 de la Constitución: Lo que la sentencia sí dice es que llegado el caso de sobredemanda de un centro un padre no podrá reclamar ante los tribunales que se está contraviniendo su derecho de libertad de elección de centro. Pero en ningún caso cabe mezclar ese concepto con el derecho de los padres a escoger la enseñanza religiosa (que viene expresamente recogido en el 27.3), sin que tampoco quepa negar la libertad de elección de centro educativo, porque la Administración ya contempla mecanismos para que dentro de las posibilidades de planificación educativa los padres sí puedan hacer realidad su derecho a escoger centro.
Al hacer esta mezcolanza la ministra ha pretendido anular un derecho tan sagrado y tan importante como es el derecho a la educación, uno de los derechos protegidos como fundamentales en nuestra vigente Constitución, que además emana de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Controlar la educación es el objetivo de gabinetes que pretenden ciudadanos adiestrados en las proclamas políticas favorables al gobierno. Controlar la educación es el objetivo básico de gobiernos liberticidas que primero adoctrinan y después pretenden cosechar los votos de los adoctrinados. Controlar la educación es justo lo contrario de gobiernos que pretenden ciudadanos libres, informados y críticos, incluso con su gobierno. En España, tenemos el ejemplo patente de lo que ha sido que las Comunidades Autónomas desleales con el proyecto de país controlen desde hace años la educación, sin el necesario contrapeso del Estado.
Este ataque frontal a la concertada no parece sin más una declaración desafortunada de la Ministra; en febrero de este año conocimos que Hacienda estaba estudiando que los padres devolvieran lo desgravado en su IRPF por la escuela concertada desde 2015, abriendo la vía a una subida de impuestos exclusiva, no para ricos, sino para los padres de la escuela concertada.
Ayer conocimos que se aplaza la publicación de los datos del informe PISA relativos a España por un problema que parecen haber tenido varios alumnos con la comprensión lectora. Eso sí que es grave.
¿Lo de Celaá será por falta de comprensión lectora?
Foto: Gobierno de Castilla-La Mancha
