Los españoles estamos en una situación pésima por la confluencia de dos factores que, en teoría, resultan distinguibles, la impotencia y disfuncionalidad de un Estado excesivo y la incompetencia de un Gobierno muy torpe. El ejecutivo está internamente dividido en asuntos muy graves, desde el modelo territorial a la política europea y de defensa pasando por las relaciones con Marruecos o la forma de afrontar la honda crisis económica que padecemos.
Nuestro Estado no ha hecho otra cosa que crecer desde que comenzó la democracia continuando de este modo la poco gloriosa tradición del franquismo que hacía que la gente lo esperase todo del poder político. Tenemos un Estado elefantiásico dirigido por un Gobierno que solo es grande en tamaño y se encuentra perdido a medida que ve como sus sueños se convierten en pesadillas. El Gobierno se ha negado a escuchar a los camioneros que se quejan de algo muy elemental, de que no pueden subir lo que cobran por el transporte cuando sus gastos se multiplican, o sea que el Gobierno ve bien que las gasísticas y las eléctricas eleven las tarifas para tener a gusto a la gente poderosa, pero quiere tener bajo su bota (una birria de zapatilla en realidad) a los camioneros, a la gente del montón que trabaja con su manos y está acostumbrada a callar porque si chilla se le llama fascista o putinista, lo que no deja de ser revelador de un oportunismo desorejado e inmoral.
La huelga de camioneros, las baldas vacías en los supermercados, la inflación desbocada, el desprecio a la independencia de los jueces, la insumisión persistente de algunos socios del Gobierno y el ridículo internacional debieran hacernos pensar que se necesita cuanto antes un cambio político radical
Que camioneros o ganaderos no puedan establecer el precio de lo que ofrecen se debe a la absurda creencia de que existe un método mejor que el mercado para ajustar esta clase de intereses contrapuestos, que el Estado es omnisciente, todopoderoso y social, capaz, por tanto, de mediar con sabiduría y justicia ante estos desajustes. Lo que encontramos, por el contrario, es que el Gobierno se aprovecha de las subidas energéticas para llenar las arcas de Hacienda y poder seguir haciendo favores, como la subvención a los que cumplan 18 años para “consumir cultura” y otros desmanes similares. Tanto despropósito se debe a la ridícula creencia en la capacidad de los poderes políticos para modelar a su gusto la vida de la gente, cuando lo que muestran es una gran debilidad e incompetencia para afrontar los conflictos que vacían los supermercados y el desmadre de los precios, lo que hace que la gente renuncie a moverse llenando el horizonte de negros nubarrones.
Los Estados empezaron a crecer con fuerza a medida que se pusieron a hacer milagros, tomándose en serio su condición divinal, su capacidad de aparecer desde lo alto y cambiar la dinámica de la obra que se estuviera representando, una función que llegó a su máxima expresión con los totalitarismos de la primera mitad del siglo xx para los que la vida humana singular carecía de cualquier valor. Llegó un momento en el que ese deus ex machina que comenzó siendo el Estado se convierte en un actor principalísimo porque empieza a sentirse capaz de reescribir el drama, para ser no solo el autor y el director, sino también el crítico.
Todas esas nuevas misiones, que se convierten en compromisos y obligaciones, autorizan todo tipo de iniciativas, van haciendo que la máquina estatal se diversifique, se complique y se haga difícil de dominar, hasta el punto de hacerse intratable. En realidad, decir que el Estado es una máquina supone emplear una metáfora muy reductiva, porque el problema de esa máquina es que ha llegado a ser una máquina múltiple, autónoma e ingobernable por la mera voluntad de un hombre o un grupo de hombres, del Gobierno, en suma.
No es necesario multiplicar los ejemplos, porque cualquier ciudadano que haya tenido contacto con alguna de las miles de esquinas de este engendro que es a la vez administrativo, informático, asistencial, recaudatorio, punitivo, planificador, proyectivo, financiador, emisor, prestamista, fiscalizador, educativo, comerciante, proveedor, sanitario, medioambiental, industrial, innovador, inversor, gestor, registrador, garante, prestamista, certificante, inspector, diplomático, militar, y un infinito etcétera de especialidades, sabe bien que, como dijo Josep Plá, cuando se entra en una oficina pública lo que más se necesita es tener suerte.
El riesgo cierto es que el Estado nos quite alguna cosa o propiedad, cualquier libertad o derecho efectivo, y lo estupefaciente es que lo hará siempre con el aplauso de buena parte del público, en ocasiones de los propios afectados, hasta el punto de que los que han tenido experiencias negativas con cualquiera de sus oficinas, lo que incluye también a buena parte de sus funcionarios y empleados, apenas se atreverá a comentarlo en privado, pues temerá que se le repute como delincuente o de loco, y jamás pensará en pleitear con tan enorme tinglado porque es seguro que el proceso le saldrá mucho más caro que el daño que intente remediar, al punto que cuando alguien anuncia que ha ganado un caso contra el Estado aparecerá en los periódicos como un suceso insólito, como una rareza, como si le hubiese tocado el premio más extraordinario jamás pensado.
El Estado goza siempre de la presunción de inocencia más absoluta y el prestigio de sus acciones está garantizado de antemano. Nadie osa siquiera pensar en pedirle cuentas, eso sería un caso de insolencia contra el que se levantaría de la tumba el mismo Heráclito, muy partidario de castigar con severidad tan feo vicio. ¿A qué se debe tanta bendición con tan escaso fundamento?
Los Estados no solo alimentan a millones, sino que cultivan la dependencia de muchos más, de forma que incluso los más beneficiados en la rueda de la fortuna se han acostumbrado a sacarle tajada, y no suelen ser los que se dan menor maña en hacerlo. Esa alianza implícita de casi todo el mundo en su favor se añade al hecho básico de la soberanía, una propiedad que, aunque en las Constituciones se sitúe en el pueblo o la nación, acaba, de hecho, residiendo en el Estado, que es quien puede invocarla, aplicarla y sacarle provecho.
Como el Estado es benéfico, si nos castiga, nos proscribe, nos confina o nos arrebata lo que tenemos, lo hace por el bien de todos, un bien que incluye el nuestro propio. El Estado personifica la función de corregir y proteger a las gentes de sí mismas, pues pueden hacerse daño sin intentarlo, sin saberlo. En contraste con esa debilidad del individuo, con su ignorancia y su fragilidad, el Estado es omnisciente y todopoderoso, y, como decía Borges de los peronistas, no es ni bueno ni malo, es incorregible. El Estado decide entre qué es, lo que es, y qué es lo que no es, lo que media entre la Nada que somos y el Ser al que nos lleva.
En un sentido cada vez más estricto, el Estado es inhumano, es maquinal, frío y sin pasiones ni conciencia. Es interesante reparar en que la experiencia más común de los seres humanos es la del error y, al tiempo, la incapacidad de predecir, la aguda conciencia de que no podemos evitar las consecuencias indeseables de nuestras acciones, lo que nos obliga a vacilar, a dudar, a pensar, en todo caso, y a prever en cuanto podamos que el mejor plan puede terminar con el peor desastre. Nunca estamos seguros de si debemos hacer lo que pensamos hacer y mucho menos de sus consecuencias, y eso es algo que contribuye a que seamos prudentes, piadosos también con la desdicha ajena. Como decía Pessoa al elogiar una ética de la abstención: «¿Sé yo qué males causo si doy limosna? ¿Sé yo qué males causo si educo o instruyo? En la duda, me abstengo. Y me parece, además, que auxiliar o ilustrar es, en cierto modo, hacer el mal de intervenir en la vida ajena».
El Estado supone y aplica lo contrario de esta clase de pensamientos tan críticos, tan sinceros como paralizantes, en exceso liberales, podríamos decir. Los individuos podemos tener dudas, equivocarnos, el Estado no, por definición, por eso es una máquina, ahora no en sentido metafórico sino en sentido propio, y no tiene tendencia a la reflexión ni piedad alguna porque es consciente de actuar en nombre de la fortaleza impostada de la totalidad y está diseñado para despreciar a quien se salga del carril recomendado.
Los Estados están muy cerca de haber alcanzado su nivel de incompetencia en todas partes, pero cuando, como ahora mismo sucede en España, llegan a estar en manos de un Gobierno de mediocres, de un Gobierno que se ha alzado sobre la mentira, la demagogia y el descaro de poder hacer lo contrario de lo que anunció a bombo y platillo cuando crea que le conviene, cosa muy frecuente, nos encontramos ante una crisis muy de fondo, sin el menor prestigio exterior, ninguneados más allá de lo que merecemos, sujetos a la voluntad de terceros atrevidos, sin el menor horizonte realista de prosperidad y con unas instituciones sometidas a un grado de congelación que nadie habría imaginado hace muy poco.
La huelga de camioneros, las baldas vacías en los supermercados, la inflación desbocada, el desprecio a la independencia de los jueces, la insumisión persistente de algunos socios del Gobierno y el ridículo internacional, para no ser exhaustivo, debieran hacernos pensar que se necesita cuanto antes un cambio político radical si no queremos ahogarnos sin remedio en un desastre nacional de enormes dimensiones.
José Luis González Quirós
Este artículo recoge algunas ideas de un libro que aparecerá en el próximo mes de abril: J. L. González Quirós, La virtud de la política, Unión Editorial, Madrid 2022.
