Más de uno habrá escuchado en su juventud -tras una noche de juerga con alcohol, tabaco, poco dormir y mucho abusar- la apocalíptica frase de un mayor diciendo “esto te acabará pasando factura”. La edad es directamente proporcional a la preocupación por la propia salud y solo cuando atraviesas el ecuador de tu vida empiezas a interesarte por esos índices que aparecen en las analíticas de sangre en negrita marcadas con un asterisco. Uno no adquiere altos niveles de colesterol por haberse pegado un atracón infame, sino por haberse abandonado a la disoluta vida del tragón despreocupado. Al margen de tendencias genéticas, la hipercolesterolemia, como otras patologías derivadas de malos hábitos alimenticios, es el resultado de ingestas acumulativas de alimentos poco saludables acompañadas de escaso o nulo ejercicio. No es que me haya convertido en una gurú de la alimentación saludable o que pretenda dogmatizar acerca de los beneficios de una vida ordenada, sino que he considerado didáctico partir de la incidencia negativa y progresiva de los malos hábitos en nuestra salud para compararla con la nociva influencia de las malas costumbres informativas y dialécticas en la salud democrática.

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No había oído nunca la expresión “síndrome de la rana hervida” hasta que lo leí en un post relacionado con la violencia de género, donde se explicaba que pequeñas tolerancias hacia comportamientos inadecuados pero aparentemente intrascendentes acababan produciendo en quien los padecía una acomodación a esa situación creciente de maltrato, hasta llegar al punto en el que la solución se tornaba irreversible. El elocuente título del síndrome se lo debemos al filósofo Oliver Clerc, quien, basándose en un experimento real, afirmaba que, si se ponía una rana en un cazo hirviendo, esta saltaba inmediatamente para escapar de la muerte segura. Sin embargo, si el recipiente estuviera al fuego pero lleno de agua fría, la rana poco a poco ajustaría su propia temperatura corporal a la del agua, que iría aumentando suave y progresivamente, logrando que la rana se adaptase a una cierta incomodidad que le impidiera darse cuenta de que el agua estaba calentándose. Cuando el líquido alcanzase unos grados tan elevados que estuviera a punto de hervir, la rana ya sería incapaz de aumentar aún más su propia temperatura corporal e intentaría salir, pero, al haber gastado todas sus energías en la adaptación previa, moriría indefectiblemente presa de su propio agotamiento.

Poco a poco la gente se va acostumbrando a una imagen del Poder Judicial que se pinta como machista y alejado de la sociedad. Un Poder Judicial al que se deja de respetar y que en realidad supone un estorbo para los fines de quienes quieren manejar todo, sin límites, sin control

Me apena poner énfasis continuamente en el hecho de la existencia de un ataque institucionalizado al poder judicial, persistente, doloso y premeditado y que obedece a un fin muy concreto de desestabilización del sistema constitucional. Pese a que esto solo pueda parecer una manía persecutoria que padecemos quienes nos dedicamos a la Justicia, esta realidad es evidente incluso para una gran parte del público crítico, que observa que la temperatura del agua está alcanzando un nivel incómodo y difícil de soportar.

Si no cabía más infamia en la televisión, estábamos equivocados. La creatividad humana es infinita, lástima que no se emplee en mejorar las condiciones de vida de los más vulnerables en lugar de en fabricar una máquina de ganar dinero desde la “pornografía emocional”, concepto al que se refería Borja Adsuara en un acertado artículo de opinión que publicó hace unos días. Una mujer -cuya fama le viene dada desde la cuna al ser hija de una virtuosa cantante, ya fallecida- ha aparecido en una serie documental por entregas desnudando su intimidad, la de sus hijos y su familia y acusando a su ex marido de maltratador. No voy a detenerme en valorar la virtuosidad del pacto alcanzado entre protagonista y cadena de televisión ni en que, mientras la protagonista lloraba ante las cámaras, el presentador del programa instaba en directo a los televidentes a participar en el sorteo de 12.000 euros. No voy a filosofar sobre la degradación moral colectiva ni sobre la vergüenza ajena que me produce que un programa así sea un fenómeno de audiencia, eso se lo dejo a otros. El foco de mi interés se centra en el desprecio hacia el sistema judicial, hacia el derecho a la presunción de inocencia y hacia el sistema legal de garantías que ha conducido nuestra democracia hasta el punto de situar a España dentro de las primeras 22 democracias plenas del mundo.

Parece ser que la protagonista del documental habría denunciado años atrás a su ex marido por maltrato físico y psicológico, obteniendo como resultado un sobreseimiento provisional y archivo de la causa. Esta situación procesal implica que, o bien no ha resultado probado indiciariamente que el delito haya sido cometido o que, habiéndose producido el delito, no hay indicios de la autoría del mismo. Dicho de otro modo: las pruebas recabadas durante la investigación no han sido suficientes para enervar el principio de presunción de inocencia del investigado.

La falta de continuidad en la investigación de los delitos puede deberse a muchas causas, como la prescripción de la conducta penal, la falta de indicios de su comisión o la falta de establecimiento de la relación causal entre el daño y la acción del denunciado. Sea cual fuere la causa -no han trascendido los detalles del procedimiento judicial-, en la actualidad el ex marido de la protagonista del documental mantiene intacta su inocencia y su derecho a ser tratado como inocente. Es la consecuencia de un sistema constitucional de garantías como el que tenemos.

En lugar de apreciar lo que hemos logrado después de décadas de dictadura donde la arbitrariedad era un hecho, hemos preferido volver a la ‘justicia del pueblo’, a la de las emociones, a ese tipo de justicia del #YoSiTeCreo, emotiva, visceral y movida por el clickbait y la bilis desbordada desde sofás con el móvil en una mano y el bol palomitas recién hechas en la otra. Es más, vemos con sencillez que la Ministra de Igualdad intervenga en directo, como una colaboradora más del programa, para soltar su perorata victimista desde la afirmación del maltrato, de la existencia de un culpable y del necesario castigo a quien, sin embargo, es inocente para el derecho.

En este punto es imprescindible recordar que el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa dictaron el 9 de marzo de 2016 la Directiva 2016/343 por la que se refuerzan en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el juicio, sin que, hasta el momento, haya sido incorporada a nuestro ordenamiento jurídico, pese a haberse cumplido sobradamente el plazo para hacerlo. Esta Directiva pretende alcanzar el objetivo de la Unión Europea de preservar el derecho a la presunción de inocencia sobre el que el propio TEDH hace girar el derecho a un juicio justo y recoge en su artículo 16 que «Se vulneraría la presunción de inocencia si las declaraciones públicas de las autoridades públicas, o las resoluciones judiciales que no fuesen de condena se refiriesen a un sospechoso o acusado como culpable mientras no se haya probado su culpabilidad con arreglo a la ley. Dichas declaraciones y resoluciones judiciales no deben reflejar la opinión de que esa persona es culpable (…)». Un comportamiento como el de la ministra es, por tanto, potencial germen de una sanción por parte de las autoridades europeas por vulneración de lo previsto en la antedicha directiva.

Mientras estos ataques indiscriminados van socavando la credibilidad y confianza en nuestro sistema judicial, perfectible pero garantista, la rana va cogiendo temperatura y los jueces y fiscales van aprendiendo de forma inconsciente que el desarrollo de sus funciones de forma independiente tiene un alto precio

Pero, más allá de posibles responsabilidades del Estado español, con el asunto al que he hecho referencia, se ha trasladado a la opinión pública la idea de que, donde los jueces han fallado -entendiendo “fallo” como negativa a asumir sin más las afirmaciones de la denunciante y de los periodistas que la apoyan-, la justicia de las antorchas y las hordas populares debe existir. Somos testigos una vez más de la utilización de un caso mediático para asestar un golpe a nuestro sistema judicial, que se tilda de patriarcal y machista, y que no cree a las mujeres. Para ello se cuenta con la entregada conformidad de una audiencia que ni sabe ni quiere saber por qué es mejor que vivamos en un país con garantías judiciales donde jueces profesionales se encarguen de la condena de los delitos en los términos de los múltiples tratados internacionales de los que España es parte.

Pocos días después del documental de marras unos medios de comunicación filtraron la declaración de la víctima de “la manada de Sabadell” en juicio. El representante del Ministerio Fiscal preguntaba a la perjudicada cuestiones como “¿está segura de eso?”, “¿intentó escapar de la habitación?”, “¿pidió ayuda en algún momento?” o “¿recuerda qué llevaba puesto?”. Periodistas influencers iniciaron un linchamiento contra este fiscal, el cual no hacía otra cosa que dar cumplimiento a la función acusatoria consistente en mostrar al tribunal sentenciador todas las pruebas que deberían conducir a la condena de los acusados, para quienes finalmente pidió 37 y 41 años de prisión. Profesionales de la información sin formación jurídica alguna (aunque también hubo algunos juristas que opinaron en el mismo sentido) valorando un interrogatorio en un juicio como si de un programa de televisión se tratara, denostando la profesionalidad del fiscal y acusándole de machista y falto de empatía. Nadie se molestó en explicar que nuestro sistema procesal penal exige la práctica de la prueba en el plenario del juicio, sin que baste lo dicho en la fase de instrucción. El fiscal necesitaba una declaración inequívoca de la víctima, único testigo presente en el suceso, para evitar que la defensa se escudase en vaguedades o imprecisiones para desmontar su testimonio. Por supuesto nadie se paró a pensar que con la filtración del vídeo de la declaración en realidad se estaba revictimizando a la víctima, difundiendo un documento que nunca debió salir del ámbito del proceso y permitiendo que la afectada, una y otra vez, sea considerada por la opinión pública como víctima. Nadie se ha cuestionado tampoco que lo que quizá deba modificarse sea la ley, que obliga a que los juicios por delitos tan graves se sigan realizando de esta forma, obligando a las víctimas a repetir una y cien veces su versión, en lugar de procurar una reforma definitiva del proceso que permita la declaración de las víctimas en una única ocasión, y garantizando igualmente los derechos de los acusados.

Mientras estos ataques indiscriminados van socavando la credibilidad y confianza en nuestro sistema judicial, perfectible pero garantista, la rana va cogiendo temperatura y los jueces y fiscales van aprendiendo de forma inconsciente que el desarrollo de sus funciones de forma independiente tiene un alto precio. Si hay algo peligroso para la sociedad es que los jueces tengan miedo a la hora de decidir, o que los fiscales interroguen para la prensa en lugar de para el tribunal, eludiendo definir los hechos delictivos sobre los que sustentar su acusación. Poco a poco el agua va aumentando sus grados y la rana sigue acomodándose al calentamiento. Poco a poco la gente se va acostumbrando a una imagen del Poder Judicial que se pinta como machista y alejado de la sociedad. Un Poder Judicial al que se deja de respetar y que en realidad supone un estorbo para los fines de quienes quieren manejar todo, sin límites, sin control. Un Poder Judicial al que no se echa de menos cuando un grupo de policías echa abajo la puerta de un domicilio bajo la excusa de que se está realizando en su interior una fiesta ilegal, vulnerando el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio y justificando su acción en hechos que no revisten caracteres de delito. Un Poder Judicial al que mantener a raya mediante la emisión de órdenes ilegales a altos mandos de la Guardia Civil bajo amenaza de destitución si no informan al Ministerio del Interior del sentido de la investigación penal contra el propio gobierno. Un Poder Judicial al que apartar, excluir, manejar y vilipendiar.

La rana debe saltar. Espero que no sea demasiado tarde.

«Quosque tandem abutere Catilina patientia nostra?».

Foto: Matthew Kosloski.


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Natalia Velilla
Soy licenciada en derecho y en ciencias empresariales con máster universitario en Derecho de Familia. Tras un breve periplo por la empresa privada, aprobé las oposiciones a las carreras judicial y fiscal, entrando en la Carrera Judicial en 2004. Tras desempeñar mi profesión en las jurisdicciones civil, penal y laboral en diversos juzgados de Madrid y Alicante y una época como Letrada del Gabinete Técnico de la Sala Primera del Tribunal Supremo, en la actualidad trabajo como magistrada de familia. He sido docente en la Universidad Carlos III, Universidad Europea de Madrid, Escuela Judicial, Instituto Superior de Derecho y Economía y otras entidades y a ratos escribo artículos de arte, derecho y opinión en Expansión, Vozpópuli, El Confidencial, El Español y Lawyerpress. Autora del ensayo “Así funciona la Justicia: verdades y mentiras de la Justicia española”, editada por ARPA.

3 COMENTARIOS

  1. Buen artículo.

    Pero por lo visto lo de la rana es mentira.

    Mas de una persona lo ha intentado repetir e indefectiblemente y por poco a poco que se caliente la rana se escapa.

    O sea que las ranas son mas listas o tienen mas instinto de supervivencia de lo que se suponía. Tómese como una nota positiva en todo este proceso de degeneración que estamos padeciendo.

    Un cordial saludo