Ni más ni menos que 843.300 interinos de la administración serán funcionarios vitalicios, sin oposición, si así lo decide la justicia europea.
Las cifras de la Encuesta de Población Activa (EPA) indican que 843.300 empleados del sector público tienen un contrato interino (de sustitución u ocupando una plaza de funcionario o personal estatutario fijo) o directamente temporal. Esto supone el 26% de los 3,2 millones de empleados públicos.
Lo que debería estar en cuestión es precisamente lo contrario: la permanencia fija laboral de los funcionarios en el siglo XXI.
La informatización reduce miles de puestos de trabajo (y crea otros), pero en la administración no cesan de aumentar.
En esa apabullante cifra habrá de todo, pero muchos interinos son trabajadores enchufados por los respectivos partidos políticos, no hacen oposiciones, y si las hacen, tienen una enorme cantidad de ventajas cuando se presentan (puntos por años de antigüedad, uso de la lengua regional, etc.) frente a los opositores libres.
Por supuesto los sindicatos son los primeros en exigir la funcionarización ilimitada.
Temible sentencia europea antes de final de año. Urge volver a la plena soberanía jurisdiccional.
Y luego se extrañan de que los ingleses hayan huido, aunque sea desordenadamente, con el Brexit.
