Cuando en 1985 se dictó la Ley Orgánica del Poder Judicial actual, un elocuente y socarrón Alfonso Guerra dijo la famosa frase «Montesquieu ha muerto» en referencia al crimen nefando que figuradamente cometieron las Cortes Generales al privar a los jueces y magistrados de la posibilidad de elegir a doce de los veinte vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Ese día se consumó una gran lacra para este país que, pese a contar con una plantilla de jueces y magistrados independientes que han accedido por mérito y capacidad en un concurso objetivo, soporta la pegajosa sombra de la politización de la Justicia debido al espectáculo impúdico de quienes intercambian nombramientos como si se tratase de la colección de cromos de la LFP.

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Quienes defienden que los tres poderes emanan del pueblo y, por tanto, consideran legítimo que en España todos los vocales del CGPJ sean escogidos por las Cortes Generales -no solo los ocho previstos por el legislador constituyente-, no se han parado a pensar en lo vacío de esa afirmación. Además de que España, junto con Polonia, es el único país de la Unión Europea donde no se nos permite a los jueces elegir a ninguno de los vocales del CGPJ, no es cierto que los vocales del CGPJ sean elegidos por el Parlamento.

España se ha convertido en un Estado dirigido por clanes con traidores en su interior, en los que el jefe, como en la apocalíptica Mad Max, trata de mantener su estatus a toda costa y le pese a quien le pese. El pueblo sigue pensando que ha votado a sus representantes, pero en la práctica no se legisla, se ejecuta

En 2018 se completó todo el procedimiento administrativo para elegir a los nuevos vocales del CGPJ que finalizó en la proclamación de candidatos a vocales y presentación de estos ante las Cámaras. Sin embargo, ni Meritxell Batet -presidenta del Congreso- ni Pilar Llop -presidenta del Senado- han dado impulso a la culminación del proceso de designación. No han convocado a las Cámaras ni han incluido en el Orden del Día del Diario de Sesiones la votación de quiénes gobernarán a los jueces en los próximos cinco años. No hay explicación jurídica posible a tal pasividad. La única razón es política: las presidentas de las respectivas cámaras han decidido someter al Poder Legislativo con su falta de acción a los designios de los dos partidos políticos que tradicionalmente se han turnado en el gobierno de la Nación. Los vocales se mercadean en Ferraz y Génova, entre un señor que forma parte del Gobierno -el Ministro de Justicia- y otro que ni siquiera es Diputado aunque sí forma parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Así que no. El CGPJ no es elegido por el Parlamento, sino por dos partidos políticos que no tienen en cuenta la representatividad ciudadana bajo el escudo de una supuesta democracia, maquillando así su ansia por controlar los nombramientos de quienes pueden acabar juzgándoles.

Sin embargo, la desaparición del Poder Legislativo es incluso más preocupante (o debería preocuparnos más) que los intentos de control del Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo. Al menos aún tenemos la garantía de que quienes dictamos sentencias a diario no dependemos jerárquicamente de nadie ni nos ha nombrado nadie. Hemos aprobado una oposición objetiva y dictamos las resoluciones de forma independiente. Somos un Poder profesionalizado y técnicamente preparado. De no ser así no habríamos conocido ciertas sentencias que provocaron el ingreso en prisión de miembros de la Familia Real, ex ministros y otros políticos, la anulación de sangrantes actos de la Administración, o la revulsión del sistema financiero a través del control de abusividad de determinadas cláusulas incorporadas a contratos-masa. Mientras no toquen el acceso a la Carrera Judicial y no se pervierta el modo de cubrir las distintas plazas judiciales por antigüedad, mérito y capacidad, los ciudadanos aún tenemos una esperanza de defensa de nuestros derechos al contar con un Poder Judicial independiente.

La efectiva anulación del Poder Legislativo por parte del Ejecutivo es un ataque a la democracia, entendida como el gobierno de la mayoría elegida en las urnas. Entiéndase que esta dilución de la función de quien dicta leyes no sólo se produce en el Gobierno central, sino también en los gobiernos autonómicos. En un país donde no estamos acostumbrados a pactar ni a ceder y donde las discusiones no se conciben como un intercambio de opiniones con las que enriquecer nuestro conocimiento sino como una competición en la que debe haber un ganador, los consensos no son reales. No en balde en España tradicionalmente no ha bastado con la palabra dada, sino que nuestros negocios jurídicos han ido derivando cada vez más hacia una documentación creciente, incluso con fe notarial. Desdecirse de los compromisos asumidos es algo tan aceptado y común que a nadie le extraña que se incumplan las promesas. Cómo no iba a ser igual en la vida política.

Mientras el bipartidismo iba de mayorías absolutas o contundentes, no había problema para legislar. El parlamento de turno dictaba sus leyes y los demás las acatábamos, hasta que cambiaba el color del gobierno y se derogaban las anteriores para sustituirlas por otras leyes más acordes con la nueva ideología. No es que fuera un sistema perfecto, pero la técnica legislativa y la seguridad jurídica eran mejores. La irrupción de nuevas fuerzas políticas fruto del desgaste de los principales partidos, lejos de enriquecer la democracia, ha abocado a su desvirtuación. Y no me refiero a lo que me puedan parecer estos partidos, sino a la generalizada incapacidad para cumplir la palabra, a la ruptura sin pestañear de los pactos de gobierno, a la banalización del honor y de la honestidad, y al cambio de paradigma, en el que el poder se ha vuelto choni y discute en plena Carrera de San Jerónimo al nivel de un tronista de Mediaset.

Este hueco escenario en el que la democracia representa su función a diario se torna un espacio de equilibrio inestable, en el que no existe la serenidad y la reflexión y donde las formaciones de gobierno se convierten en actores de Macbeth, a la espera de ser traicionados o traicionar. Actores preocupados por no perder el asiento en el hemiciclo, para quienes los problemas sociales se sustituyen por problemas artificiosamente creados sobre los que no dejamos de hablar. No se legisla y, cuando se hace, se trata de parches, reformas y añadidos de leyes preexistentes que introducen contradicciones y lagunas legales de difícil aplicación. Esta falta de seguridad jurídica acarrea resoluciones jurídicas contradictorias.

Afuera, la vida sigue. La gente sigue naciendo, creciendo, reproduciéndose (cada vez menos), metabolizando y muriendo. Malviviendo en muchos casos. Esa sociedad a la que no se le ofrecen soluciones reales a problemas de verdad y a la que se le aplican analgésicos no curativos en forma de Real Decreto Ley. Este tipo de normas dictadas por el ejecutivo y concebidas para casos excepcionales, se utilizan abusivamente para tratar cuestiones que no son urgentes y que merecerían un consenso parlamentario.

Españoles: el legislativo ha muerto, como diría Alfonso Guerra mimetizado en Arias Navarro.

España se ha convertido en un Estado dirigido por clanes con traidores en su interior, en los que el jefe, como en la apocalíptica Mad Max, trata de mantener su estatus a toda costa y le pese a quien le pese. El pueblo sigue pensando que ha votado a sus representantes, pero en la práctica no se legisla, se ejecuta. Y mal. Tan mal que en demasiadas ocasiones estamos asistiendo al juego de que tenga que ser el Poder Judicial -ese a quien se trata de maniatar- quien deba resolver los entuertos políticos, eludiendo las responsabilidades de quienes tienen mucho por lo que rendir cuentas. El Poder Judicial, a quien no le corresponde ni legislar ni ejecutar, sino, simplemente, resolver en última instancia los problemas sociales, es quien tiene que componer el conflicto en Cataluña que no se arregla con sentencias, decidir si el Estado de Alarma puede cercenar determinadas libertades o si el Decreto de disolución de la Asamblea de Madrid de la Presidenta de la Comunidad de Madrid debe prevalecer sobre las mociones de censura presentadas por sendos grupos de la oposición.

Un país a la deriva, donde a la vez que se prostituye al Poder Judicial se le obliga a sacar las castañas del fuego de quienes no cumplen con sus obligaciones. Un país donde la soberanía popular es una entelequia. Un país donde, en realidad, quienes son candidatos a los respectivos gobiernos aspiran a gobernar sin control.

Si algo sale mal, ya tenemos a los jueces.

Foto: Benjamín Núñez González.


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Natalia Velilla
Soy licenciada en derecho y en ciencias empresariales con máster universitario en Derecho de Familia. Tras un breve periplo por la empresa privada, aprobé las oposiciones a las carreras judicial y fiscal, entrando en la Carrera Judicial en 2004. Tras desempeñar mi profesión en las jurisdicciones civil, penal y laboral en diversos juzgados de Madrid y Alicante y una época como Letrada del Gabinete Técnico de la Sala Primera del Tribunal Supremo, en la actualidad trabajo como magistrada de familia. He sido docente en la Universidad Carlos III, Universidad Europea de Madrid, Escuela Judicial, Instituto Superior de Derecho y Economía y otras entidades y a ratos escribo artículos de arte, derecho y opinión en Expansión, Vozpópuli, El Confidencial, El Español y Lawyerpress. Autora del ensayo “Así funciona la Justicia: verdades y mentiras de la Justicia española”, editada por ARPA.

5 COMENTARIOS

  1. «No se legisla y, cuando se hace, se trata de parches, reformas y añadidos de leyes preexistentes que introducen contradicciones y lagunas legales de difícil aplicación. Esta falta de seguridad jurídica acarrea resoluciones jurídicas contradictorias».

    Dudo que no se legisle o que el poder legislativo haya muerto, Natalia. Me atrevo a pensar que el legislativo ha mutado en un monstruo deforme que ralentiza y colapsa el funcionamiento de la administración publica que da servicio al ciudadano, al tiempo que multiplica la burocracia, dificulta y complica la vida a todos sus administrados y en todos los órdenes existentes.
    Que se legisle mal, que se se parchee o que se absorba ese poder por el ejecutivo no evita el exceso de legislación cada vez más contradictoria, inútil e inteligible recaiga como una losa en el ciudadano común. Un ciudadano que necesitan hacer uso de los servicios públicos sean sanitarios, sociales o administrativos o que ve su actividad profesional regulada de forma exhaustiva a través de una legislación caprichosa y arbitraria en muchos casos o como mínimo confusa, cambiante y asfixiante.

    Y no se trata solo de compatibilizar (en todos los órdenes jurisdiccionales) la copiosa legislación nacional con la autonómica, que a su vez se ramifica en otras normativas y leyes regionales, comarcales y locales; es que los textos legislativos tienen que armonizarse con las recomendaciones y normativas que producen los distintos organismos europeos o los distintos tratados internacionales.

    Las contradicciones y duplicidades abundan. Y si no lo hacen es peor, porque eso significa que necesitas integrar las prerrogativas de cuatro o cinco normativas distintas para dar un solo paso y lo más probable es que lo des en falso y acabes por contratar a un profesional jurídico para que consiga simplificar y descifrar lo esencial en esa enredadera legislativa que te impide el paso.

    Dice que «Mientras el bipartidismo iba de mayorías absolutas o contundentes, no había problema para legislar»
    ¿De verdad cree que la «seguridad jurídica y la técnica legislativa» eran mejores y que se ha pervertido por la entrada de otros partidos políticos? ¿No será que la técnica legislativa ha envejecido y se ha pervertido con el mal uso y abuso de estos mastodontes bipartidistas? ¿No deberían haber renovado, actualizado e informatizado los sistemas obsoletos de la administración Pública y de Justicia, en lugar de dejar que colapsen y que se tornen vulnerables a los ciberataques e ineficientes?
    Nada que objetar a jueces o magistrados, ni a otros funcionarios que ocupan una plaza por mérito. Como bien dice, han aprobado una oposición objetiva y en su mayoría dictan las resoluciones de forma independiente. Son un Poder profesionalizado y técnicamente preparado. Lo contrario de lo que pasa con los integrantes del ejecutivo que usurpan el legislativo y lo intentan con el judicial.

    La paradoja de nuestra «democracia» es que ese afán legislativo de control y regulación de todos los aspectos de la sociedad, contraproducente y abusivo para los gobernados y administrados, no opera en los políticos que acceden a la función pública. Al margen de que puedan ser unos analfabetos funcionales o unos trepas sin escrúpulos a la sombra de los partidos, el contrato imaginario que firman con los ciudadanos es una abstracción contenida en un programa de marketing engañoso que no necesita concretarse, materializarse, cumplirse, ni hacerse efectivo.
    Un juramento o promesa a viva voz de respetar y hacer cumplir la Constitución es lo único que les separa del acceso a la función pública. Y últimamente, hasta ese gesto es prescindible. ¿Hasta cuándo?

  2. Democracia formal u oligarquía partidocrática: Conflicto o Consenso (de intereses: eso es política)

    La partidocracia es una oligarquía: la ley de las minorías. La democracia es la ley de la mayoría. Nada que ver.
    En una oligarquía se (con)funde legislar y ejecutar y la nación se secuestra y difumina en el voto proporcional, no por mayoría. La palabra clave en una oligarquía es CONSENSO. Siempre que se escuche estamos ante un oligarca convencido o ignorante.

    En una democracia se separa-elige el legislativo en el que se elige TU representante al que puedes revocar: diputado de distrito. En elección INDEPENDIENTE se elige el presidente del gobierno: el ejecutivo. El poder judicial es INDEPENDIENTE y lo manejan los jueces: sin intereses políticos ni ideológicos.
    La palabra clave en una democracia es CONFLICTO de intereses, que se resuelve mediante votación y por mayoría.
    En una democracia la nación (el pueblo con conciencia política) elige y da sentido a la élite gobernante, elige por mayoría al que cree que es mejor.

    En una oligarquía de partidos el pueblo vota una lista de partido y el reparto lo determina los órganos del partido a su voluntad: votar una lista no es democracia, es tonto.

    En una democracia no hacen falta los partidos políticos para nada.
    En una oligarquía los partidos son fundamentales.

    Democracia: elección, separación y representación. Fácil.

    CONSENSO o CONFLICTO esa es la cuestión.

  3. Decía el jurista García Trevijano, más de uno debería leerlo, que la transición española se sustentaba en la corrupción. No hay más que observar el comportamiento del PSOE pre y post moción de censura para comprobar que esto es así. Podemos ha sido la culminación del régimen corrupto y Ciudadanos el «la colonia Nenuco» del régimen de partidos.

    Lo primero que deberíamos preguntarnos es como en cuarenta años no existe un juez condenado por corrupción. Único país del mundo, somos la leche, aún recuerdo la gracia, risas y carcajadas que me provocó la parte de la cinta filtrada a propósito y seleccionada con esfuerzo y trabajo que se tragaron todos los periodistas.

    Era gracioso ver a la futura fiscal del estado lanzando una indirecta a jueces menoreros, la cinta se la tragaron todos los medios previa exclusiva del tonto útil de Ok diario.

    • Yo quiero la transcripción completa de las cintas, los trozos filtrados no me sirven para nada, solo confirman la corrupción dirigida.
      ¿Algún juez valiente por ahí?

  4. La magistrado que escribe el artículo nos cuenta la filfa liberal como cuento fracasado. Cabría apuntar que ese “cuento fracasado” no es tal, sino el comportamiento esperable del aparato de Estado liberal.

    En el aparato de Estado liberal, sufragado como decía Argüelles (…se me ocurre una idea para que los PUEBLOS paguen…) se crea una ficción pseudo-mercantil (la contractualidad como forma de naturaleza) basada en una completa farsa.
    Dado tanto “poder” judicial (Montesquieu no habla de poder, sino de facultad) cobra del mismo que el legislativo (aristocrático-”representantes”*) y el ejecutivo, por lo tanto los intereses son concurrentes entre todos los integrantes del Estado (el Estado es materialmente las personas que lo forman).
    Algo de lo que sí habla Montesquieu, como forma a evitar, tratando establecer un mecanicismo (newtoniano) entre ellos para su equilibrio (ver El Espíritu de las Leyes). Lo establece como “obra maestra”.

    Todo ello deriva de establecer el Estado (las personas que lo conforman) como forma de descubrimiento y elaboración de la constitución material. Donde se truncan las formas de descubrimiento del derecho (recto, correcto) por fuentes de “el Derecho” (la legalidad). Lo cual, en última instancia se transmuta como en los regímenes despóticos (ver El Espíritu de las Leyes) en una simple lucha por el poder (“el Príncipe”). Dado, este con su violencia o coerción establece la corrección, lo recto, lo legal, “el Derecho”. El cual, los bien(mal)-pensantes liberales citan como “el legislador” y/o ejecutivo.

    Toda esa tendencia liberal, se manifiesta ahora que “el tercer estado” lo es “todo” (ver Sieyes) aunque no pueda ni derogar/aprobar una ley en referéndum (como por ejemplo en Suiza). Cuando la opresión fiscal debe ser de las más altas de la historia, superando el 60% o más de lo producido. Y el control se torna en Stasi con las nuevas formas de procesar la información. Y para más penalidad el contrapeso terrenal histórico (la Iglesia, sobre todo la religión cristiana) simplemente ha volatilizado su discurso en una forma de socialismo (religión de Estado) salvador de “la humanidad”.

    La representación política es una farsa; no cabe en cabeza no religiosa (ver Marsilio de Padua y los concilios con su Espíritu Santo). A partir de ahí todo es una farsa,…

    La idea de que los dedicados “al Derecho” elijan a los jueces la exponía Trevijano-Forte. No parece de lo más correcto; simplemente cuando se puede eliminar el fuero (priv-i-legio, ver el Espíritu de las Leyes); o mismamente la propia naturaleza del juez-estatal. Recordemos, en la península ibérica, las figuras del Concejo, la asamblea vecinal y los fueros.

    *: Sieyes, no representativo y censitario; en el origen, ¿y ahora?

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