Leo en uno de los numerosos panfletos del Gobierno, que la asociación mayoritaria en la Guardia Civil ha criticado las órdenes recibidas del Ministerio del Interior para actuar contra los sabotajes que se estarían llevando a cabo en la carretera con ocasión de la huelga/paro de transportes que todos conocemos. Según se ha filtrado, entre otras medidas, el Ministerio ordena multar a los huelguistas del transporte por reunión ilegal si hay más de 20 en el mismo punto y hasta usar determinado lenguaje para referirse a estos acontecimientos. En paralelo, algunas Delegaciones Provinciales del Gobierno se han apresurado a denegar el derecho de manifestación en otros puntos o localidades.
El caso es que guardias civiles han criticado las órdenes de sus superiores. Órdenes que teóricamente están pensadas para atajar los actos violentos que se están produciendo, aunque no hay que ser un lince para comprender que de lo que se trata en verdad es de dinamitar la movilización. Numerosos asociados y dirigentes, según se indica, transmiten su preocupación por lo que consideran una «petición de más contundencia por parte de Interior» contra unas personas que no hacen más que ejercer los derechos constitucionales que les asisten ante una situación de precariedad laboral evidente. Nunca se pidió ni sugirió (más) contundencia en otras manifestaciones o protestas por todos conocidas. Alguna explicación habrá.
El cumplimiento del deber es por tanto un medio al cual se puede recurrir para sentirse seguro, arropado, cubierto y legitimado. Pero creo que hacen bien nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad al plantearse, con criterio propio, no ya solo la conveniencia, proporcionalidad o intensidad de las órdenes recibidas, sino incluso su legalidad o constitucionalidad
Este asunto nos lleva a un tema ya clásico como es el del derecho de huelga, el cierre patronal, el derecho de manifestación, su autorización, los límites de su ejercicio, la proporcionalidad de las medidas adoptadas, así como los contornos del conocido cumplimiento del deber por parte de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Me ahorro la jurisprudencia y régimen jurídico sobre el asunto porque, sinceramente, creo que es absurdo referirse a ello en un país en el que hace ya tiempo que el Estado de derecho no importa nada a sus principales destinatarios, esto es, a los gobernantes, las autoridades e incluso a parte de la magistratura. Llegados a este punto, no termino de comprender por qué nos deben importar estas cuestiones técnico-jurídicas a los ciudadanos y a la opinión pública en general, ni tampoco veo la utilidad porque, insisto, es al propio Gobierno y hasta al Parlamento a quienes poco o nada importan.
Y como esto es ya tristemente así, entonces mejor acudir a la literatura o la historia para analizar nuestra irritante e insoportable cotidianeidad. El Derecho ha dejado de tener el sentido como argumento de cara a la opinión pública. Se puede hablar ya sin miedo de un Estado constitucional en extinción, que es sin duda el gran mérito de esta legislatura.
Así las cosas, al leer ese panfleto gubernamental y la polémica suscitada por la Asociación de Guardias Civiles, me he acordado del escritor Alberto Moravia (1907-1990), quien en su obra La campesina (1957) enuncia por medio de uno de sus personajes que «Fascismo es maldad más sentido del deber». Para él, como para tantos otros que siguieron el pensamiento clásico, el hombre se define por sus actos, por su capacidad y voluntad de elegir de un modo y no de otro en determinadas situaciones. Y claro está que cuando nos encontramos en un ámbito como el aquí referido la cosa se complica más.
En una sociedad dominada por el fascismo, como era la Italia que describía Moravia y como es la España actual desde muchos puntos de vista, resulta que para sentirse cómodo e incluso acorde con los demás había que someterse servilmente a la ideología y a las necesidades del poder. Esto es esencialmente el fascismo y así es precisamente como se abraza de manera natural e incluso hasta de modo inconsciente. Así es como, en definitiva, son iguales o diferentes ropajes, pervive el fascismo entre nosotros.
El fascismo es por tanto maldad más sentido del deber. A este sentido del deber hay que recordar que se acogieron incluso los nazis durante los procesos de Nuremberg, cuando tuvieron que responder de sus fechorías y atrocidades. Todos aquellos criminales ya sabemos que se consideraban inocentes porque ellos en realidad cumplían órdenes. Basta estudiar un poco las crónicas y textos de la época para entender aquello de la banalidad del mal que citaba Hanna Arendt. Una banalidad que, en diferentes escalas e intensidades, sigue entre nosotros.
El cumplimiento del deber es por tanto un medio al cual se puede recurrir para sentirse seguro, arropado, cubierto y legitimado. Pero creo que hacen bien nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad al plantearse, con criterio propio, no ya solo la conveniencia, proporcionalidad o intensidad de las órdenes recibidas, sino incluso su legalidad o constitucionalidad. Y creo que hacen bien porque esos juicios de legalidad y constitucionalidad, en nuestras actuales autoridades, simple y llanamente no existe.
Si actúan de este modo guardias civiles y policías, afrontarán el escarnio de las plumillas del régimen, también acusaciones de ultraderecha, expedientes disciplinarios y hasta verán perjudicadas sus carreras profesionales, pero al menos dormirán como hombres decentes y no contribuirán al desarrollo de este nuevo fascismo de los antifascistas. Expresión que nos lleva a otro ilustre autor italiano, Pier Paolo Pasolini, sobre el cual me referiré próximamente para terminar de comprender la materia aquí referida hoy.
