Los derechos humanos son un buen invento, permiten formalizar y llevar a la práctica visiones éticas o morales de la justicia. No son mera retórica de aquellos que quieren demostrar sus buenos sentimientos hacia sus compañeros de especie, sino instrumentos jurídicos que permiten una ordenación moralmente aceptable en la sociedad. Al respecto, peca de ingenuo el típico progre actual que vive en sus mundos felices de yupi pensando que repartir derechos —cuantos más y a más gente mejor— depende sólo del buen corazoncito de los ciudadanos-votantes, y que si no hay más derechos humanos por el mundo adelante es por la existencia de unos indeseables fachas o fascistas que son malas personas y se dedican a poner obstáculos.
Siempre que nos movemos en la realidad y no en el mundo de los ideales, debe uno considerar las condiciones materiales que pueden hacer posible ese reparto de derechos, y en particular las condiciones económicas que pueden permitir su ejercicio. Por decirlo con claridad: los derechos cuestan dinero, y bien está defenderlos, pero sólo si se tiene dinero suficiente para costearlos, de lo contrario es mejor cerrar el pico y dejar de hacer demagogia llenándose la boca con promesas que no se pueden cumplir. De nada sirve por ejemplo defender los derechos de la infancia en países en vías de desarrollo sin capital: impedir que niños de 10 años trabajen implicaría matarlos de hambre si no hay un apoyo económico que les permita dejar de trabajar e ir a la escuela.
La mayor parte de esos dineros se queda en los chiringuitos que viven del cuento de la defensa de los derechos de la mujer o colectivos homosexuales, y sólo una pequeña parte llega a mujeres realmente necesitadas o personas vulnerables
Los derechos individuales son invenciones humanas, son pura construcción social. Sólo se puede hablar de derechos de un individuo insertado en una sociedad, en una cultura, en una civilización, en una tribu o en una mafia. En el momento en que el individuo se sale del grupo no tiene derecho alguno, entendiendo el derecho como ley-contrato, pues aquellos sólo vienen de su pacto con la sociedad. El individuo aislado no tiene derecho a nada. No cabe pensar que en algún sitio de la naturaleza está escrito que el hombre deba tener una vivienda digna, por ejemplo. Hacer creer a la población de votantes que son portadores de unos derechos por el mero hecho de haber nacido, que es inherente a su propio ser el obtener o hacer algo, es camelarlos. El hombre, o la mujer, es una colección de hechos, no de derechos. Ni siquiera existe algo como el derecho a la vida, pues la naturaleza a veces es cruel, no entiende de justicia ni de injusticia. Si bien, en la medida de lo posible, hay que procurar que se cumplan tales derechos en tanto que objetivos de una sociedad ideal. Si se puede, hay que ofrecer buenas condiciones de vida a la mayoría de los individuos de una comunidad, no sermonearlos con palabras abstractas y vacías.
“Gran error es creer que pueda existir un derecho, en general, flotando, por decirlo así, sobre las cosas, independiente de los intereses politicoeconómicos. […] Todo derecho encierra en forma reducida la imagen de su creador, y toda imagen histórica contiene una tendencia politicoeconómica que no depende de tales o cuales ideas teóricas, sino de la voluntad práctica de la clase que tiene en sus manos el poder efectivo y, por lo tanto, que crea el derecho. Todo derecho ha sido creado siempre por una sola clase social en nombre de la generalidad” (Oswald Spengler, La decadencia de Occidente).
Con frecuencia, las naciones democráticas intervienen en otros países para tratar de derribar su gobierno bajo la excusa de que en tales no se respetan los derechos humanos. Hipocresía. En el momento que la nación criticada en cuestión posee algunos factores que hacen beneficiosa una negociación con la misma, se olvidan los politicastros charlatanes de tales derechos y atienden a lo que se considera prioritario entre hombres sin principios: el interés económico. Casos como el de China son significativos al respecto: por un lado se tilda a esa nación de poco cumplidora con los derechos humanos, pero no renuncian las indignas naciones democráticas a tener tratos con la gran economía emergente. Ante la posibilidad de que otros hagan negocio antes que nosotros, se dejan de lado las cuestiones de los derechos y prima el “business as usual”. La defensa de los derechos humanos a escala internacional es sólo la excusa; en el fondo prevalecen otros intereses menos sensibles y más ligados a la lucha por el poder. Viene además siendo común en la canallesca política internacional de los Estados Unidos subvencionar económicamente y proporcionar armas a rebeldes de países que no se someten a las órdenes del gran imperio yanqui, para que creen revueltas violentas en contra de sus gobernantes. Con la lógica reacción de mano dura de los dirigentes que ven alterado el orden en sus naciones, a los ojos de la manipulada opinión pública occidental se les acusa de tiranos que maltratan y asesinan a su pueblo, lo que justifica una invasión en nombre de la defensa de los débiles. Es un ejemplo más de cómo bajo la piel de cordero del defensor de los derechos humanos se esconde la voluntad de poder del perverso credo vulgocrático que lo ampara.
Un caso particular dentro del amplio espectro de reparto de derechos es el que promulga que las condiciones laborales y los criterios de selección en la contratación no deben hacer distinción de géneros. Es un buen ejemplo de aplicación de la máxima de que “los derechos cuestan dinero”, porque aquí se da la circunstancia asimétrica de que las mujeres dan a luz y los hombres no, y usualmente son más las mujeres que los hombres las que se toman las bajas por gestación. El quid de la cuestión es saber quién va a pagar esas bajas por maternidad, es decir, quién va a pagar a quien substituya a la mujer que se tome sus meses de baja por maternidad cobrando su sueldo íntegro. Si lo paga el Estado o algún organismo público, ¡estupendo!, porque entonces se hace realidad el derecho, pero si un empresario, pongamos el caso, tuviera que pagar de su bolsillo tal baja de maternidad, eso conllevaría que hubiera cierta reticencia a contratar mujeres en la empresa, y no por una actitud sexista, sino porque se ahorraría dinero contratando a un hombre al que no tenga que pagar un substituto ante eventuales bajas.
Por ello es realmente importante que los organismos públicos que quieran animar a empresarios a contratar mujeres en la misma medida que contratan hombres, en vez de sacar leyes forzando la paridad con un sistema de cuotas, en vez de parlotear sobre la discriminación sexista, ofrezcan garantías económicas de compensar las posibles pérdidas adicionales que suponen la contratación de substitutos mientras las empleadas con su baja de maternidad siguen cobrando su sueldo íntegro. Y, por supuesto, debe la administración pública dar ejemplo. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el Estado no es un maná infinito de dinero para promocionar derechos sociales.
Desafortunadamente, no se da siempre un buen ejemplo por parte de los organismos públicos. Seguramente hay miles de casos que se podrían señalar, pero voy a dar aquí uno solo que yo mismo he presenciado atónito. Se trata del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el tercer municipio en población de las islas canarias; no añado lo de “Excmo.” porque la excelencia hay que ganársela, no viene de serie, y me parece que en este caso dejan bastante que desear sus acciones, más bien podría decir el “Lamentabilísimo Ayto. de…”:
En una Escuela Municipal de Música, sufragada por dicho ayuntamiento y por las matrículas de los alumnos, se dio el caso de que una profesora se tomó una baja por maternidad. La Escuela dejó sin clases a sus alumnos durante 2-3 meses (desde el 4-12-2018 al 25-2-2019), llegando una substituta después de tal largo periodo. Preguntados los responsables de la Escuela acerca del motivo por el que no contrataron a alguien inmediatamente después de empezar la baja, algo que se puede prever en el tiempo y que no surge de un día para otro, la respuesta fue “cuando haya crédito”. Por ello, en enero de 2019, he presentado al Ayuntamiento una reclamación solicitando una compensación económica, dado que había pagado una matrícula y no he recibido los servicios contratados, y, además, como ciudadano de San Cristóbal de La Laguna, pago mis buenos impuestos a este Ayuntamiento y no puedo yo decir cada vez que tengo que pagar el IBI o el impuesto de rodaje de vehículos que ya pagaré cuando haya crédito.
Es inconcebible que se gasten inmensas cantidades de dinero y personal en la promoción de los derechos de la mujer, o que se entretengan fustigando a un concejal por unas tonterías sobre unas gracias sexistas en mensajes privados, y que, cuando realmente hace falta actuar y cubrir una baja por maternidad —derecho fundamental de las mujeres trabajadoras—, no haya dinero, ni interés en mover tierra y cielo por ello; así lo he manifestado en la reclamación escrita. Recibí el acuso de recibo, pero ninguna contestación más. Al cabo de más de 10 meses volví a enviar otro escrito al área respectiva del Ayuntamiento recordándoles que estaba pendiente de contestación. Recibí también otro acuso de recibo diciendo que me contestarían en menos de tres meses (todo esto que relato está justificado documentalmente). Han pasado doce meses más desde ese último acuse de recibo y no me han contestado.
Desde luego, el valor económico de la reclamación es una nimiedad, y de hecho el asunto de la reclamación es una cosa menor, pero su silencio administrativo me parece de mayor gravedad, muestra un desprecio al ciudadano decirle que le van a contestar a sus requerimientos para después no hacerlo. Si un ciudadano pide explicaciones de por qué hay dinero para propaganda feminista y no hay dinero para poner un substituto por una baja de maternidad, es su obligaciones contestar y dar explicaciones, o como mínimo dar disculpas y decir que no volverá a suceder, o que fue un error administrativo o algo de eso. Pero en vez de eso, ignoran cualquier requerimiento. Dan a entender algo así como que ellos son los amos y los ciudadanos los vasallos, y que pueden hacer lo que les dé la gana sin dar explicaciones, en vez de estar al servicio de los ciudadanos que es como debiera ser. ¿O quizá deba interpretar que el que calla otorga, y realmente me dan la razón?
El asunto de fondo que creo que tiene importancia es el tema de la propaganda ideológica institucional del feminismo y los derechos de la mujer trabajadora. En el escrito que presenté se hacía énfasis en que no es coherente gastar grandes cantidades de dinero en tal propaganda y luego no soportar con dinero del erario público el coste de tales derechos. Si el Ayuntamiento no da ejemplo cubriendo (inmediatamente) la plaza de una mujer que coja su baja por maternidad para evitar perjuicios al ciudadano, también la empresa privada podría hacer lo mismo, lo que redunda en un malestar en el ciudadano consumidor de los productos de tal empresa, y que resultará en quejas de ciudadanos y afectará a la futura contratación de las empresas de mujeres, pues la empresa se mostrará reacia a aceptar que puedan cogerse bajas por maternidad y suponer una reducción de su productividad. El buen funcionamiento de las bajas por maternidad es clave para defender la no discriminación de la mujer en el trabajo.
Por otro lado, es vergonzoso que un Ayuntamiento cobre al ciudadano por unos servicios (la matrícula en la Escuela de Música, que no es gratis), y luego no preste esos servicios alegando que no tiene dinero, y no devuelva el importe de la matrícula tampoco y ni siquiera dé contestación a las quejas. Esto es más propio de una empresa pirata sin escrúpulos que de un organismo público. Ciertamente, podría poner una demanda contencioso-administrativa y probablemente ganase la causa, pero no merece la pena perder el tiempo con algunos miserables politicuchos y chupatintas de tal administración. La cuestión económica carece de hecho de importancia, y lo que se muestra con su actitud es más bien la falta de honor y de escrúpulos en esta ralea de parásitos. Por mucho que uno pleitee con la administración, lo máximo que conseguirá será una pequeña compensación económica tras años de pleitear, pero no cabe esperar disculpas de quien no tiene vergüenza.
Es éste un caso minúsculo dentro de las contradicciones de la administración pública, lo sé. Casos muchos más sangrantes se dan, pero el espíritu es el mismo: tenemos un Estado y una administración pública que se gasta una fortuna del erario público en propaganda sobre los derechos de la mujer. Pensemos por ejemplo en la friolera de los 450 millones de euros anuales asignados en los últimos presupuestos del Estado para fomentar la igualdad, con una subida de un 150% con respecto al año anterior —no está mal para ser un año de vacas flacas—; superando así en más de un 50% lo que está asignado a la Iglesia Católica, lo cual no es de extrañar dado que el feminismo y otros contenidos de la ideología progre tratan de convertirse en la nueva religión de Estado. Esto es sólo por parte de la administración central, falta añadir todo lo que otras administraciones ponen. Lo lamentable es que la mayor parte de esos dineros se queda en los chiringuitos que viven del cuento de la defensa de los derechos de la mujer o colectivos homosexuales, y sólo una pequeña parte llega a mujeres realmente necesitadas o personas vulnerables, o la defensa real de unos derechos.
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Otras disquisiciones del autor sobre el tema de los derechos humanos en el capítulo 13 (o capítulo 3 del segundo volumen) “Vulgocracia” de Voluntad. La fuerza heroica que arrastra la vida.
Foto: Luzencor
