Uno de los síntomas más claros de la enfermedad que asuela nuestras instituciones es el estado de la administración de justicia. Entiéndase justicia en el más amplio sentido del término. La legalidad se aplica de forma arbitraria y discrecional conforme entienda el funcionario en algunos casos o, lo que es aun más peligroso, de la manera que entienda el político.
Retorcer la aplicación de la ley sirve tanto para fines políticos en las altas esferas como para el sometimiento del ciudadano medio a pie de calle. Podemos utilizar las leyes y el poder que de ellas emana para intervenir una comunidad autónoma cuando si así nos place (en el momento de escribir este artículo Madrid no había sido intervenida) como para amedrentar a un honrado empresario so amenaza de cierre del negocio que sustenta a su familia.
Es mucho más rentable, tanto para nuestros bolsillos como para nuestra salud mental, acatar sin protestar demasiado decisiones que son injustas a todas luces que acudir a la justicia
La Comunidad de Madrid está teniendo un pésimo rendimiento en lo que a contener la pandemia se refiere, pero existen otras muchas zonas de España cuyos números son igual de malos o peores, sin embargo solo se amenaza a ésta desde el ejecutivo y no a Navarra, por ejemplo, básicamente por ser de un color distinto desde hace muchos años y, por lo tanto, un grano en el culo del orgullo socialista. No sé que pensarán en Madrid, pero si están intranquilos con Ayuso, tienen las mismas razones o más para estar descorazonados bajo el mando de Simón, Illa o Sánchez, cuyos méritos son terroríficos. Solo porque la prensa está comprada, estas reflexiones sencillas están fuera del debate público.
De la misma manera, en acciones más pedestres, la aplicación desnaturalizada de la ley sirve a fines más oscuros, de los que no conviene hablar. ¿Nunca se han preguntado por qué cuando hay una denuncia sobre ruidos en la calle se multa una y otra vez al dueño del negocio y rara vez – jamás diría yo – a los que arman jaleo en la puerta? No digo que no haya negocios, muchos bares y multitud de pubs que molesten a sus vecinos. Los hay y son muchos. Digo que quien aplica la ley se ceba en aquellos de quienes puede sacar rédito y obvia a otros, tan culpables o más porque le resulta más enrevesado sacar tajada. El modus operandi consiste, generalmente en aplicar el rodillo sobre aquel que conviene y, si la resolución es injusta, ya se dará de bruces con la justicia ordinaria, que es enormemente lenta y enrevesada, con toda la intención, obviamente, para crear un desamparo manifiesto.
Es mucho más rentable, tanto para nuestros bolsillos como para nuestra salud mental, acatar sin protestar demasiado decisiones que son injustas a todas luces que acudir a la justicia, puesto que más es probable que esto nos provoque úlceras purulentas tanto en nuestro estómago como en nuestra cuenta corriente. Así es como debe ser, para que las cosas funcionen de la manera liberticida a la que estamos acostumbrados- De ello se sirven y no parece que haya nadie que esté dispuesto a cambiarlo en el Hemiciclo.
La justicia saturada y politizada es solo un síntoma. Un Estado intrínsecamente corrupto es la enfermedad, como ya apuntaba Tácito y sabían los romanos, por lo que no está de más preguntarse a quien sirve todo este embrollo. Viniendo de lejos y siendo algo conocido, cualquiera que realmente quiera que las cosas funcionen de un modo razonablemente sensato, pondría coto a todos estos despropósitos, pero la realidad es que parece interesar más que las cosas sean complicadas hasta el absurdo. Esto son realidades fehacientes. No me parece opinable el hecho de que ya llevamos suficientes años de democracia como para tener claro que si alguien realmente hubiera querido cambiar las cosas hubiera metido mano a este despiporre hace ya lustros. Por un lado, hay que eliminar leyes y sustituirlas por nada, por otro es urgentísimo sacar las manos de los políticos de la justicia y finalmente hay que modificar un sistema garantista que no funciona por algo que realmente sea útil a los ciudadanos.
Yo, personalmente, entiendo un sistema legal útil como aquel en el que no merece la pena dejar pasar injusticia alguna, porque la resolución llega en tiempo y forma adecuados. Algo funciona muy mal cuando es más rentable pagar una multa injusta que recurrirla.
Complicar las cosas jamás será mejor que hacerlas sencillas. El Estado, por lo tanto, no legisla por nuestro bien. Lo hace por el suyo. Ese Estado cuya soberanía reside en el pueblo que somos sus ciudadanos se queda en hermosa palabrería vacua. La Constitución Española, como cualquier otro papel puede decir lo que quiera, el papel lo aguanta, a efectos prácticos esa soberanía está hurtada y mantenida en manos de unos pocos que la utilizan en su propio beneficio. Esa es la realidad.
Todo es confuso a propósito. Todo es interpretable. Puesto que no puede existir un orden perfecto dejemos de perseguirlo acumulando corolarios. Solo cabe la simplificación en la persecución de la justicia. De otra forma pagan justos y pecadores. Se encierra en sus casas a sanos y enfermos, por ponerlo en términos más actuales. Es más cómodo ejercer el poder así. Sale más rentable asumir el mal que buscar el bien.
