Terminaba la primera entrega de esta serie de artículos sobre la Agenda 2030 mostrándoles mi asombro sobre la “omnisciencia” que parece adornar a la clase política moderna, omnisciencia impostada, evidentemente, pero que les consolida a ellos en lo alto de la pirámide de poder al tiempo que nos hurta a los demás toda capacidad de debate. Queda marcado y definido el camino hacia una democracia teledirigida por un gobierno académico-tecnocrático totalitario.
Resulta que la Agenda 2030 fue adoptada en Naciones Unidas como resolución. Las resoluciones de la Asamblea General de la ONU son principal, y mayormente, recomendaciones. No son vinculantes según el derecho internacional. Sobre esta particularidad no leeremos nada en la pagina web del gobierno español dedicada al tema. La Agenda 2030 contiene un total de 17 objetivos para el desarrollo sostenible, algunos de los cuales pueden entrar en conflicto entre sí. P.ej. El Objetivo 8 (“Trabajo decente y crecimiento económico sostenible”) y el Objetivo 10 (“Reducción de las desigualdades”) o el Objetivo 15 (“Proteger los ecosistemas terrestres”) compiten entre sí (hablaremos más delante de ello).
Verdaderamente preocupante es el hecho de que, según parece, un gran número de personas prefieren “creer” lo que propone el gobierno antes que sentarse a comprobar si lo que se nos impone está justificado
Por lo tanto, qué medidas de política específicas se derivan de la Agenda 2030 depende de cómo se ponderen normativamente cada uno de los objetivos individuales. El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 no aborda este problema normativo. Según los documentos ministeriales, lo que la Agenda 2030 significa no es la apertura de un debate sobre las posibilidades reales de llevar adelante los objetivos marcados, es la demanda concisa de cambio en los estilos de vida de los ciudadanos y en las políticas empresariales de casi todos los sectores industriales. En palabras del ministerio: un nuevo contrato social que no deje a nadie atrás.
Según esta concepción del Estado, el principio constitucional de soberanía popular se invierte: no es el pueblo el que determina la política del gobierno en función de sus preferencias políticas, sino que el gobierno utiliza los impuestos recaudados y el poder de las instituciones para cambiar las actitudes del pueblo según las ideas y modelo del gobernante.
Verdaderamente preocupante es el hecho de que, según parece, un gran número de personas prefieren “creer” lo que propone el gobierno antes que sentarse a comprobar si lo que se nos impone está justificado. Si repasamos la historia, esta fe ciega en el “buen amo” caracteriza a todas las sociedades de vasallos… mientras hay pan y circo. Cuando se acaba el pan, el circo ya no basta y las revoluciones están a la vuelta de esquina. Tal vez por ello, si abrimos la información referida al ODS (Objetivo de Desarrollo Sostenible) número 13, “Acción por el clima”, la primera falsedad con que nos encontramos sirve para consolidar un miedo esencial: nos quedaremos sin comida. Leemos
«Entre 1880 y 2012, la temperatura media mundial aumentó 0,85 grados centígrados. Esto quiere decir que por cada grado que aumenta la temperatura, la producción de cereales se reduce un 5% aproximadamente. Se ha producido una reducción significativa en la producción de maíz, trigo y otros cultivos importantes, de 40 megatones anuales a nivel mundial entre 1981 y 2002 debido a un clima más cálido».
Ignoro -asombra la desfachatez con que los comunicados informativos del Ministerio evitan escrupulosamente citar la fuente de sus datos- de dónde salen esos números. Independientemente de que disponemos de datos consolidados hasta 2018, basta con dar un vistazo a los números de la FAO (Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura) para darse cuenta de que no sólo NO hay reducción significativa en las cosechas de trigo, maíz u otros cultivos importantes, si no que estamos ante un crecimiento sostenido en la productividad de prácticamente TODOS los cultivos.
El resto de “datos” que nos ofrecen desde la web ministerial es apenas un popurrí de cifras y mensajes encaminados a hacernos ver la irreversibilidad de las consecuencias del Cambio Climático si no hacemos exactamente lo que el Ministerio propone. En una entrevista para el semanario alemán Spiegel publicada recientemente, el investigador climático Jochem Marotzke, director del Instituto Max Planck de Meteorología en Hamburgo y uno de los autores principales del último informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), preguntado por los famosos “puntos de no retorno” respondía
«No podemos descartarlos, pero la evidencia de tales puntos de no retorno hasta ahora ha sido bastante débil. Un calentamiento de 2 grados probablemente podría hacer que la capa de hielo de Groenlandia se derrita, provocando que el nivel del mar suba siete metros a largo plazo, lo que sería un cambio muy dramático. Pero incluso si lo hiciera, el proceso tardaría 3000 años. Todos los demás supuestos puntos de no retorno, como la detención de la Corriente del Golfo o el derretimiento de la Antártida Occidental, son poco probables en un futuro previsible. Desafortunadamente, a menudo perdemos nuestro sentido de la proporcionalidad en el debate climático».
Obviamente, el Ministerio de Derechos sociales y Agenda 2030 no solo pierde el sentido de la proporcionalidad, se abstiene deliberadamente de una presentación de los hechos tan diferenciada porque relativizaría la urgencia de sus demandas políticas.
Las “recomendaciones” realizadas por el Ministerio en el área 12, “Producción y consumo responsables” tienen un problema similar. Al acogerse a las propuestas de consumo sostenible de alimentos nacidas de la Conferencia de Río + 20, nos encontramos con un “programa” de decidido apoyo a la «agricultura ecológica». El Ministerio no proporciona ninguna evidencia científica para esta recomendación. Tampoco proporciona información sobre opiniones alternativas sobre el tema de la “agricultura ecológica”. Numerosos estudios científicos en los últimos años han revelado importantes debilidades en la «agricultura ecológica». En un amplio metaestudio, Tuomisto y otros científicos llegan a la conclusión de que el consumo de tierra en la agricultura orgánica por unidad de rendimiento en Europa es, en promedio, un 84 por ciento más alto que en la agricultura convencional. Según los resultados de Tuomisto, la principal razón del alto consumo de suelo de la «agricultura ecológica» es la renuncia a los fertilizantes producidos artificialmente. Dado que la proporción de la agricultura orgánica en la producción agrícola mundial es actualmente inferior al uno por ciento, la superficie utilizada para la agricultura tendría que incrementarse al menos 1.8 veces en todo el mundo si hubiera una conversión del 100 por ciento a «agricultura orgánica». Es difícil imaginar que la pérdida de hábitat asociada no pueda suponer una carga drástica sobre los ecosistemas y la biodiversidad.
Y es aquí donde empezaremos, la próxima semana, con la tercera entrega de esta serie.
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Acceder al primer artículo de esta serie: «La Agenda 2030. ¿Camino de servidumbre? (I)»
Foto: UN Women
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