“No queremos que venga a vivir aquí gente de fuera, tal y como estamos ahora estamos bien…” Recuerdo esta conversación, hace unos diez años, con un natural de un municipio de “La España vacía”.
Si hay un tema recurrente de la política española es la referencia a la España vacía y a una serie de soluciones, algunas de ellas muy imaginativas, pero que tienen un factor común: más dinero público.
Añado otro factor común: la falta de espíritu crítico. Y es que la mayoría de la España vacía es la España que se quiso vaciar, cerrándose o ralentizando el ritmo, que en los tiempos actuales es prácticamente lo mismo, al avance de los tiempos mediante decisiones políticas tremendamente cortoplacistas que han supuesto, a medio plazo, la destrucción de su propio tejido económico.
Los más dramáticos son aquellos casos en los que son los propios ayuntamientos los que limitan el crecimiento cuando no directamente financian, con dinero público, el cierre de las instalaciones para darles un uso social o ecológico
La explicación es sencilla, cada año se incorporan a la vida laboral un determinado porcentaje de nuevos trabajadores, eso significa que, aunque una localidad tenga muy pocos habitantes, si no hay un crecimiento en su sistema productivo estos nuevos trabajadores tendrán que buscar oportunidades en otro sitio, además de que la evolución de la sociedad requiere de nuevas profesiones, nuevas cualificaciones y nuevos sectores, por lo que si las empresas e instituciones locales no se renuevan están condenadas a desaparecer.
En este sentido me he encontrado múltiples ejemplos, desde municipios que sólo permiten operar a empresas dedicadas a los mismos sectores que los ya existentes hasta los que, directamente, no dan licencias a la instalación de ningún nuevo centro productivo. Por no mencionar aquellos que promueven la prejubilación de los puestos de trabajo allí localizados, lo que en muchos casos se acompaña del cierre de las instalaciones.
Los más dramáticos son aquellos casos en los que son los propios ayuntamientos los que limitan el crecimiento cuando no financian, con dinero público, el cierre de las instalaciones para darles un uso social o ecológico, lo que elimina cualquier creación futura de puestos de trabajo.
Las soluciones que estos ayuntamientos ofrecen, una vez que el daño ya está hecho, no son mucho mejores: cesión muy limitada e insuficiente de suelo industrial o terciario (conozco el caso de un ayuntamiento limita el tamaño de las nuevas parcelas industriales a 1.500 m2), veto a determinados sectores, curiosamente los que tienen una mayor rentabilidad, o la exigencia a la contratación de personal local, en la mayoría de los casos no adecuadamente cualificado, frente a la llegada de profesionales foráneos, que son precisamente los que van a repoblar la localidad.
No queremos que vengan pijos de ciudad.
Este es el enfoque que suele estar detrás de las políticas descritas anteriormente y de las iniciativas más de moda, la cesión o alquiler a bajo precio de terrenos para su explotación agrícola, con lo complicado que es decidir que es “bajo precio” en unos terrenos abandonados, con la condición de dedicarlas a unos productos concretos, lo que satura la demanda y supone una bajada de precios a medio plazo, y con limitaciones muy estrictas de tamaño y producción, lo que no permite optimizar los costes ni aplicar economías de escala. Es decir, una política que obliga a llevar una economía de subsistencia con unos costes que pueden parecer muy bajos en comparación con los de otros territorios con alta productividad, pero que resultan muy elevados para el valor que producen. La típica solución que da una persona que nunca ha trabajado en el sector privado.
Claro que hay otra solución más imaginativa (permítanme la ironía): exigir inversiones públicas mediante la formación de asociaciones, agrupaciones de electores y nuevos partidos políticos que se venderán al mejor postor a cambio de una subvención. El dinero público actúa, literalmente, como una droga que aparenta solucionar el problema a corto plazo para aumentarlo exponencialmente a continuación, principalmente por el aumento de deuda de los beneficiarios. Un auténtico desastre.
Pero no sirve la excusa de culpar a los políticos locales, a estos los ponen los ciudadanos que, en la mayoría de los casos, aplauden este tipo de ocurrencias y se acostumbran reduciendo su competitividad, y que los podrían quitar si realmente quisieran cambiar la situación.
Es por esto por lo que no me gusta utilizar el término “La España vacía” sino que lo sustituyo por el de ”La España que se quiso vaciar”.
Foto: Simon Matzinger
