No soy, y nunca he sido, un anti-vacunas. Cuando mi único hijo era pequeño, ni su madre ni yo dudamos en que recibiera la gama completa de vacunas infantiles, al igual que mis propios padres no dudaron en que, en la década de 1960, recibiera toda la gama de vacunas disponible para los niños. Y cuando las vacunas Covid-19 estuvieron disponibles hace unos meses, obtuve la dosis completa.
Pero soy, y siempre he sido, un antiautoritario. Y siendo así, me opongo a los esfuerzos del gobierno para ordenar la vacunación o castigar a las personas que no están vacunadas. En este mundo real nuestro, el Estado no tiene por qué imponer sanciones a cualquiera que decida no inyectarse o ingerir ciertos medicamentos. Tal intromisión en los asuntos privados de los individuos es poco ética e inconsistente con los principios de una sociedad libre. Todos los padres deben tener derecho a rechazar la vacunación de sus hijos. Todo adulto debe tener derecho a rechazar la vacunación para sí mismo. No debería exigirse ninguna explicación para esta negativa más allá de un simple «No».
¡Externalidad!
La respuesta más común a quienes nos oponemos al castigo estatal de las personas que rechazan las vacunas es alegar que las personas anti-vacunadas ponen en peligro la salud, e incluso la vida, de terceros inocentes. Lea, por ejemplo, la columnista del Washington Post Leana Wen, cuya fuerte obsesión por la vacunación obligatoria se corresponde con su escasa capacidad para poner los datos en la perspectiva adecuada. En econojerga, el cargo es «¡externalidad!». Se alega así que un individuo no vacunado transmite injustamente a otras personas patógenos peligrosos cuando ese individuo está en público.
En una sociedad liberal y abierta, la carga de responder a preguntas pertinentes de manera que se justifique cualquier mandato gubernamental recae en los defensores del mandato y no en los defensores de la libertad
Pero el grito «¡externalidad!» no es la carta de triunfo que muchos economistas (y no economistas) suponen ingenuamente que es. En un mundo en el que no todos los seres humanos viven una existencia aislada, es decir, en nuestro mundo, cada uno de nosotros actúa incesantemente de formas que afectan a los extraños sin justificar las restricciones impuestas por el gobierno a la gran mayoría de estas acciones. Por lo tanto, la justificación de la injerencia gubernamental en los asuntos ordinarios de la vida requiere mucho más que la identificación de algún impacto interpersonal.
La justificación de la vacunación obligatoria también requiere más que una gran imaginación. Los estudiantes inteligentes pueden describir situaciones hipotéticas en las que toda persona razonable podría estar de acuerdo en que la vacunación forzosa está justificada. (“¡¡¡Imagínense un virus tan supercontagioso y letal que, con un cien por ciento de certeza, matará literalmente a todos los seres humanos del país si una sola persona permanece sin vacunar!!!”). El caso de la vacunación obligatoria debe abordarse en función de la realidad tal como la conocemos. Además, en una sociedad libre, la carga de la prueba no recae en quienes se oponen a la vacunación obligatoria, sino en quienes afirman que la externalidad es real y lo suficientemente grave como para justificar la obligatoriedad de la vacunación.
Es indiscutible que la decisión de permanecer sin vacunar contra Covid crea algunos riesgos para terceros. Sin embargo, este hecho acerca de tal elección no la diferencia de muchas otras opciones con consecuencias similares, casi todas las cuales, nuevamente, no justifican la intervención del gobierno, un hecho que es cierto incluso si limitamos nuestra atención solo a acciones que ponen en peligro en mayor medida la salud física de los demás.
La decisión de conducir hasta el supermercado crea riesgos para la salud de los peatones y otros conductores. La decisión de no hacerse la prueba de la gripe y luego seguir con la vida normal crea riesgos para la salud de los demás. La elección de zambullirse en una piscina comunitaria crea riesgos para la salud de los demás. La opción de usar un aseo público crea riesgos para la salud de otras personas. En cada una de estas situaciones, se cree que los beneficios de permitir que las personas tomen libremente tales decisiones son mayores que los beneficios que se derivarían de la imposición de nuevas restricciones a tales opciones.
Entonces, ¿qué pasa con la Covid y las vacunas?
Entonces, ¿hay algo especial en la Covid-19 que justifique el paso autoritario inusual de hacer que la vacunación sea obligatoria? No.
Primero, está una importante y relevante realidad que merece ser repetida dada la extraña pero extendida creencia de que esta realidad no es importante ni relevante: la Covid reserva sus peligros de manera abrumadora para los ancianos y enfermos, es decir, para grupos fácilmente identificables cuyos miembros pueden tomar medidas para protegerse de la exposición al virus sin requerir que la gran mayoría de la humanidad, muy pocos de cuyos miembros corren un riesgo real ante la Covid, paralice y ponga patas arriba sus vidas.
En segundo lugar, e incluso sin contar con el primer punto, el hecho de que las vacunas sean bastante efectivas para proteger a las personas vacunadas de contraer y sufrir Covid debería ser suficiente para cuestionar la vacunación obligatoria. Sin embargo, los defensores de las vacunas obligatorias tienen una réplica. Creen que su caso se basa en el establecimiento de dos hechos. El primero de estos hechos es que la vacunación no solo protege a las personas vacunadas de Covid, sino que también reduce la posibilidad de que las personas vacunadas transmitan Covid a otras personas. El segundo hecho es que no todo el mundo puede vacunarse. Estos dos hechos improvisan un trampolín desde el cual los promotores de la vacunación obligatoria saltan a la conclusión de que, por lo tanto, el Estado debe exigir la vacunación de todas las personas que médicamente pueden vacunarse.
Pero este salto es ilógico, ya que ignora varias cuestiones pertinentes. Y las personas que soportan la carga de la prueba no están en condiciones de ignorar las preguntas pertinentes.
Entre las preguntas pertinentes ignoradas y, por lo tanto, no respondidas, se encuentran las siguientes:
- ¿Cuánto reduce la vacunación la posibilidad de que una persona transmita el coronavirus? ¿Vale esta reducción todos los costos de exigir la vacunación?
- ¿Cuántas personas tienen condiciones médicas que les impiden vacunarse contra Covid? ¿Y qué porción de estas personas están en grupos cuyos miembros corren un riesgo especialmente alto de sufrir Covid?
- ¿Qué significa tener una condición médica que impida que alguien sea vacunado contra Covid? ¿Significa que esas personas, si estuvieran vacunadas, tendrían un cien por ciento de posibilidades de morir a causa de la vacunación? Seguramente no. Pero si no es así, ¿a qué niveles de riesgo específicos sometería la vacuna Covid a estas personas? ¿Son estos riesgos lo suficientemente altos como para constituirse en un caso creíble de vacunación obligatoria?
- ¿Cuál es el costo para el grupo ‘incapaz de ser vacunado’ de protegerse de Covid de otra manera en comparación con el costo de exigir que todos los demás sean vacunados?
- La mera existencia de un grupo de personas para quienes las vacunas Covid son demasiado peligrosas implica que las vacunas Covid no están libres de riesgos para nadie. (Incluso aparte del riesgo aleatorio ‘natural’ inherente, aunque suficientemente pequeño, que representa cualquier tratamiento médico, cada uno de nosotros tiene alguna posibilidad positiva de padecer, sin saberlo, una o más de las afecciones que, según se reconoce, hacen que la vacunación contra la Covid sea demasiado arriesgada). ¿Por qué, entonces, debería exigirse a todo el mundo, salvo a las personas del grupo formalmente exento, que se vacunen y, por lo tanto, que estén sujetos a algún riesgo de sufrir daños físicos a causa de la vacuna?
- Si, como implican las vacunas obligatorias, cualquier acción que represente un riesgo para la salud de terceros es una acción que el gobierno debería tratar como una «externalidad» y evitar por la fuerza, ¿por qué no debería el gobierno tratar todas las expresiones de argumentos en apoyo de la vacunación obligatoria como externalidades que deben ser prohibidas por la fuerza? Debido a que la vacunación en sí misma no está libre de riesgos, obligar a las personas a vacunarse es someter a la fuerza a algunas personas a un riesgo que preferirían evitar. Además, abogar públicamente por la vacunación obligatoria aumenta el riesgo de que se implemente una política de vacunación obligatoria, lo que significa que abogar públicamente por la vacunación obligatoria (de acuerdo con la lógica de los mismos promotores de la obligación) expone a otros inocentes al riesgo de que el gobierno, para prevenir, esté sujeto a obligaciones.
Conclusión
Por supuesto, me opondría a los esfuerzos por acallar el discurso de los vacunadores obligatorios con la misma energía y sinceridad que animan mi oposición a sus esfuerzos para imponer a la humanidad su medida autoritaria. Pero el hecho de que la lógica de las vacunas obligatorias se pueda utilizar fácilmente para argumentar a favor de despojarlos por la fuerza de su libertad de defender pacíficamente la vacunación obligatoria revela cuán endeble es el caso de la vacunación obligatoria.
Ese caso, repito, no puede resolverse en abstracto con la mera entonación de la palabra «externalidad». Las preguntas antes formuladas (y quizás algunas otras) sobre los hechos deben responderse. Y en una sociedad liberal y abierta, la carga de responder esas preguntas de manera que justifique cualquier mandato gubernamental recae en los defensores del mandato y no en los defensores de la libertad.
*** Donald J. Boudreaux, profesor de economía.
Foto: Mufid Majnun.
