Los triunviratos nunca acaban bien. La razón es muy sencilla: el poder no se puede compartir. Cada uno de los triunviros tiene la certeza de estar engañando a los otros dos y que acabará ganándoles la partida por la mano. Pero dos de ellos están siempre equivocados. El primer triunvirato de Roma acabó en guerra civil. El segundo, también. El surgido en Francia en 1799 como consecuencia del golpe de 18 de brumario y que hizo cónsules a Bonaparte, Ducos y Sieyès fue dominado de inmediato por el tirano corso, que bañó Europa en sangre.

La ingenuidad patrocina aún la idea de que lo que hay en Moncloa desde enero es un Gobierno de coalición formado por el PSOE y Podemos. Los hechos, en cambio, gritan a diario que estamos gobernados por un triunvirato. ¿Quién es el tercer hombre? Un Leviatán integrado por todas las fuerzas separatistas que están abiertamente conjuradas contra la Nación política española. El pequeño del pacto de los dos instalados en el Ejecutivo está alineado hasta la médula con el monstruo que pretende romper la unidad del sujeto político del que emanan los tres poderes del Estado y las libertades y derechos de los ciudadanos; y el grande, por su parte, no se alinea más que consigo mismo y está dispuesto a unirse al mismo demonio si hiciera falta con tal de obtener un beneficio personal. Los actos del Ejecutivo están dirigidos, en último término, por el triunviro en la sombra, el Leviatán separatista.

Del mismo modo que la función del Código Penal es proteger los distintos bienes jurídicos y éstos no se dejan en manos de la esperanza de que todas las personas sean ángeles, la de la Constitución es –entre otras– la de proteger el bien jurídico más valioso que existe: la Nación política

Esta situación no es fortuita. Es el genuino producto de lo que los finos analistas llaman la democracia que nos hemos dado. Si la Constitución de 1978 impide la elección directa del Gobierno por parte de los gobernados, en cambio habilita a los diputados para que sean ellos quienes lo elijan. Si el sistema de elección de diputados deja la formación de una mayoría sólida al azar electoral, la debilidad de los gobiernos resultantes no es una circunstancia coyuntural, sino el designio estructural de la carta del 78 en el caso de no producirse una mayoría absoluta. Que una cámara se atomice en un piélago de grupos parlamentarios no debería suponer ningún problema para el devenir político de una Nación, salvo que esa asamblea legislativa sea la habilitada para elegir al Ejecutivo –algo que Montesquieu describió como la liquidación de la libertad política–. En tal caso, esta fragmentación dará lugar a la elección de sucesivos gobiernos que serán inevitablemente débiles en tanto que sometidos a un chantaje político continuado. Este hecho no sólo tiene repercusiones en la acción política doméstica, sino que implica una flaqueza en el concierto internacional que será aprovechada por todas las potencias a las que apetezca una tajada –mucho ojo a este respecto con el deslealísimo Marruecos y los no mucho más leales aliados de la UE–.

Unamos esta realidad a otras dos prescripciones constitucionales: el establecimiento de un sistema electoral proporcional y la invención de que la Nación política –cuya más elemental característica es la singularidad– está compuesta por nacionalidades. Estos dos elementos tienen un efecto perpetuo de disolución gradual de la propia Nación. Por un lado, favorecen el establecimiento y consolidación de oligarquías regionales mediante la sobrerrepresentación localista que genera la normativa de los comicios. Por el otro, fomentan la deslealtad a la Nación –esto es, a todos los ciudadanos que la integran– por parte de estos oligarcas al otorgarles el estatus metafísico de nacionalidad sin Nación.

La suma de todas estas circunstancias constitucionales durante cuatro décadas tiene como resultado la España de 2020. La Nación es hoy un hombre con los miembros atados a caballos que tiran en direcciones opuestas. Quien aprieta los nudos es el Gobierno y lo hace con un único objetivo, mantenerse en el poder. Para ello ha puesto a la Nación en cambalache a cambio de un presupuesto.

La función –teórica– del Estado es servir a los intereses de la Nación –esto es, los de los ciudadanos– y su alta dirección es la tarea del Ejecutivo. El inquilino de la Moncloa, sin embargo, ha invertido estos papeles. Y aún peor, porque si grave es crear en el Estado intereses enfrentados a los de la Nación y someter a ésta a aquéllos, terrible es la realidad de que la Nación ha sido puesta al servicio de las ambiciones y de los intereses particulares de quienes tienen el encargo transitorio del Gobierno.

La actual es la segunda vez en la que el proceso de aprobación de un presupuesto desemboca en una amenaza directa a la unidad del sujeto constituyente español. El Gobierno de la Generalidad de Cataluña se avino en 2016 a la exigencia de la CUP de celebrar un nuevo referéndum ilegal de autodeterminación –tras el del 9N de 2014– a cambio de su apoyo a las cuentas regionales. Así lo verificaron las anotaciones de Josep María Jové (segundo de Oriol Juqueras en la Vicepresidencia de la Generalidad en aquel momento) en su cuaderno y las palabras de Carles Puigdemont en el Parlamento regional catalán el 28 de septiembre de 2016: Referéndum o referéndum. Lo que sucedió un año más tarde es de todos sabido: un golpe a la Nación. La similitud de las circunstancias es extraordinaria. En ambos casos, es un triunvirato en el que dos partes coaligadas integran el Gobierno y una tercera en la sombra lo dirige donde quiere. En ambos casos, el objetivo es la quiebra de la unidad de la Nación política española.

Pasan los días sin que este designio encuentre nada en su camino que lo frene. Los poderes Legislativo y Judicial se mantienen hoy –como sucedió en 2017– en la inacción. El temor a las graves consecuencias que generarán sus actos y que serán soportadas por 47 millones de ciudadanos no frenará a los actores de este triunvirato por dos razones: se saben impunes y son precisamente esas consecuencias lo que persiguen sin descanso.

La integridad de la Nación no debe estar –como sucede en la actualidad– al albur de la buena voluntad de las personas que, transitoriamente, ocupen los cargos de los que se componen los tres poderes del Estado. Del mismo modo que la función del Código Penal es proteger los distintos bienes jurídicos y éstos no se dejan en manos de la esperanza de que todas las personas sean ángeles, la de la Constitución es –entre otras– la de proteger el bien jurídico más valioso que existe: la Nación política. Tras cuatro décadas de vigencia, la de 1978 no sólo ha demostrado su incapacidad para salvaguardarla, sino que las reglas del juego político establecidas en ella desembocan inexorablemente en su liquidación.

Que nadie se llame a engaño, el único agente que puede operar sobre la unidad de un sujeto constituyente –sea el español o el de cualquier otra Nación política– es la violencia. Quebrar la Nación es apretar el gatillo de un arma cargada con el enfrentamiento civil.

Urgen cambios en las reglas del juego para revertir la situación que han creado las vigentes. El más esencial estriba en los medios de elección del poder Ejecutivo. Den a los gobernados el poder de elegir a su Gobierno de forma directa y por su nombre y desaparecerán todos los males que tienen su origen directo en sus medios de elección actuales. Y tanto como estos cambios, urgen actores políticos que se enfrenten a la realidad y los demanden.


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Javier Torrox
Javier Torroz (1973) es Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Granada y Máster en Periodismo por la Universidad del País Vasco. Ha sido traductor y ha desarrollado su carrera profesional como periodista en el Diario Sur, La Voz de Cádiz, ABC y El Independiente de Cádiz. Es colaborador habitual del Diario de la República Constitucional. En la actualidad es asesor de comunicación.

5 COMENTARIOS

  1. La Nación (que no nación) es otro artilugio liberal, del monacato-liberal para cortocircuitar el raciocinio.
    A menudo y de forma ritual se confunde con el patriotismo (la defensa de la tierra y costumbres del padre).

    Para empezar, tal y como se establece en 1812 la Nación corresponde exclusivamente a las Cortes (no de vacas, o de cerdos, o sí) sino de diputados.
    Que los diputados representan a los “nacionales” (nacidos en) es otro salto mortal del monacato-liberal. La verdad es que solo se representan a sí mismos,…

    El concepto de “ciudadano”, es en sí mismo otro artefacto liberal, vector pare sometimiento a unas oligarquías de gobierno (el Régimen de Gobierno Representativo-Sieyes).
    Que en esencia, estas sí son la cámara “anti-envidia” que citaba Montesquieu, la cámara aristocrática (a elección).

    El “bla, bla, bla” está bien para pasar el rato. Pero ahí están Guinea Ecuatorial o mismamente el Sáhara Occidental, los cuales tenían D.N.I. español.

    La primera era territorio europeo desde 1472, “español” desde 1778. “Más española” que Menorca 1782. Tan nacional como las Islas Canarias, Ceuta o Melilla; o medio Marruecos. Antes territorio de la Monarquía Hispánica, que no de la nación española.
    ¿Acaso existe tal cosa?

    ¿De que valen los citados DNI españoles*?

    La Nación es una filfa. La nacionalidad-ciudadana es una imposición cuyo única razón es un dominio jurisdiccional.

    En Suiza, como saben país “comunista y pobre”, el régimen cantonal funciona sin problemas. No hay Nación, hay “nacidos en”; de ahí quizá su patriotismo.
    Y como ven es un gran problema no tener capital (de jure). Igualmente es un problema “muy gordo” que bajo iniciativa popular se pueda derogar cualquier ley. Señal que no se fían mucho de la Nación y la “representación”,…, y hacen bien. Serán “anti-demócratas”, incluso no son políticos mercenarios, los parlamentarios, sino políticos milicianos. Algo similar a las fuerzas armadas,…

    El concepto Nación es puro dogma, dado el dominio político es previo a la libertad política. Fruto esta de la organización de abajo a arriba.
    El sistema dogmático liberal, con su Nación (censitaria en origen) ha tirado por el retrete todo tipo de organización política, local, comarcal, regional, … , para establecer puros apéndices del Estado. Como son los “a-yunta-mientos”.

    La tábula rasa de la “nacionalidad-ciudadana” ha barrido todo atisbo de libertad-política.
    Citemos una, que ha tratado de resucitar, después de matarla, sin éxito el “derecho romano del Estado”.

    “A veciña”:
    “se compone el Concejo de la aldea de todos los hombres mayores de edad, cada uno de ellos representando una de las familias de labradores u obreros 8 de las que habitan en la aldea. No es condición precisa que sean casados; basta con que cada uno represente la casa o familia a que pertenece, por lo cual forman parte de este organismo los hijos de viudas mayores y solteros que viven con sus madres, y aquellos otros que tienen casa separada de la paterna. Estos son los que
    deliberan y acuerdan; pero a las reuniones del Concejo pueden asistir todos los hombres de la aldea. Celebran las juntas los domingos y los días festivos, generalmente después de la misa de precepto, por más que en caso de urgencia se reúne el Concejo en los días de trabajo. Es costumbre convocarlo a toque de campana o voz de pregón; dos campanadas después del segundo toque es la señal de que comienza la junta, constituyéndose al aire libre y en el atrio de la iglesia. Preside, hoy el alcalde pedáneo, antes el postor 9 , elegido en concejo por los mismos aldeanos. En la reunión todos están de pie y cubierta la cabeza; el que preside se coloca en sitio más alto que los demás, para que así puedan oír mejor lo que dice. Abierta la sesión, el presidente da cuenta de los asuntos a tratar, primero uno,
    después otro y así sucesivamente. Cada aldeano de los que asisten tiene derecho a exponer
    su opinión acerca de lo que se discute, y toman los acuerdos con arreglo al parecer de la
    mayoría. Es costumbre que todos se cumplan con fidelidad por los vecinos de la aldea”

    Instituciones como “A veciña” de Galicia plagaban el territorio hispano. Pero ahora todo es “la Nación”, cosa para creyentes de credo fácil adoradores del Estado, es decir del poder, por el poder mismo. De ahí que los funcionarios estén en el rango alto de renta del país, especialmente los altos funcionarios, los cuales son top 1%.

    *: Por españoles se entendía los del otro lado de los pirineos, desde “Francia”.

  2. Estáis todos invitados a la fiesta de la Constitución española en su cuarenta y dos cumpleaños.

    No os la perdáis, habrá una gran piñata con fantásticas sorpresas. Os desvelo algunas de ellas, pero no las más importantes., La piñata que este año tiene el nombre de España contiene lingotes de oro de Venezuela, pateras, vacunas, periodistas, arena de playa, colas del hambres, inspectores de Hacienda, comisiones, mascarillas Louis Vuitton, un Mohamed, un jamón, una tesis para vagos, una docena de antifas camisas pardas, un programa informático de recuento electoral, un Casado y un soltero, un gay, una feminista, un título de bachiller para niños de tres años, una estatua de colon, un negro, una carta de libertad, y muchas cosas más que no os voy a desvelar.

    Como sabemos por lo acontecido en la celebración de aniversarios anteriores pedimos prudencia al triunvirato ,que luego pasa lo que pasa, las piñatas naciones entrañan sus riegos.

    Recomendamos a los asistentes que antes de asistir a la fiesta constitucional vean el vídeo.

    https://youtu.be/9RqS8-tIp7Q

    • El asunto me parece tan serio que he preferido tomármelo a broma. Se perfectamente que la miserable gentuza que nos gobierna no tiene medida y que nos podrá conducir sin ningún tipo de escrúpulos al peor escenario, de hecho ya estamos en un escenario terrible que solo cabe pensar ha sido intencionado, de no ser intencionado deberían haber dimitido por incompetentes hace varios meses. No sólo lo han hecho todo mal, es que han decidido a propósito lo peor para los españoles en cada una de sus decisiones.

      España es una piñata llena de políticos idiotas con otros idiotas con un palo, no se salva ninguno, ni del congreso, ni del Senado, ni de las comunidades autónomas, ni de los ayuntamientos.

      ¿Dónde están los miserables diputados del PSOE extremeño que en su cobardía robarán a sus votantes para dárselo a los catalanes? ¿Dónde estáis escondidos, cobardes miserables?

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