La Revolución francesa supuso un choque frontal entre al menos tres tipos de legitimidades: la monárquica, que hacía depender el mandato regio del derecho divino; la popular, que entronca la única forma legítima de dominación política con lo que Spinoza llamaba imperii democratici fundamenta; y la oligárquica burguesa.

La revolución comienza con un serio cuestionamiento del absolutismo regio que desemboca en la constitución de una monarquía constitucional, con un rey inviolable, que ostenta el poder ejecutivo pero que es políticamente irresponsable de sus actos, que son objeto de refrendo por parte de los ministros del rey. A ese frustrado intento de configurar una monarquía limitada con un equilibrio de poderes, que se frustra con los dramáticos sucesos del 10 de Agosto de 1792 con el asalto al palacio de las Tullerías por parte de los llamados sans-culottes y la posterior revocación de las funciones regias por parte de la Asamblea legislativa, le sigue el intento francés de explorar una forma de legitimidad democrática radical.

El régimen de 1978 dista mucho de reflejar fielmente el ideal republicano auténtico, sin embargo la principal insuficiencia del mismo poco tiene que ver con que la jefatura del Estado sea vitalicia o hereditaria

La llamada fase exaltada de la revolución, durante los años de la convención, supone el segundo gran fracaso histórico en la práctica del ideal democrático radical después del fracaso de la experiencia ateniense. Este choque de legitimidades populares y monárquicas que se vive en Francia entre fines de 1792 y comienzos de 1793 con la destitución y procesamiento del rey de Francia posibilitará el surgimiento de una nueva forma de legitimación política de corte oligárquico durante la llamada época del directorio.

Este choque de legitimidades vivida en el seno de la revolución francesa parece volver a repetirse en estos últimos tiempos en España a raíz de una serie de desencuentros que han tenido como protagonistas al gobierno de España y a la figura del jefe del estado, Felipe VI. La marginación del monarca en multitud de actos protocolarios o el cuestionamiento del sentido y la legitimidad de la institución por parte del vicepresidente del gobierno y ministros vinculados a Podemos  han sido relativamente frecuentes en estos últimos meses.  Hasta el punto de que  en estos momentos es claramente perceptible la falta de sintonía entre el ejecutivo y la más alta magistratura del estado, cuyos cometidos constitucionales son dos básicamente: simbolizar la unidad y la permanencia del estado junto con la función de arbitrar y moderar el correcto funcionamiento de los poderes del estado.

Las últimas declaraciones del ministro de consumo Alberto Garzón parecen acercar cada día más y de una manera muy inquietante la situación de la monarquía en España a la situación vivida por el propio Luis XVI en los tiempos de la revolución. Garzón considera que la conversación de carácter informal mantenida por el monarca Felipe VI y el presidente del CGPJ Carlos Lesmes constituye una traición al gobierno y una maniobra antidemocrática del monarca, impropia del titular de un órgano constitucional que debe guardar una postura de  imparcialidad política ante las decisiones del ejecutivo.

Según la versión del ejecutivo la ausencia del monarca no obedece a ningún tipo de pacto tácito del ejecutivo con el independentismo catalán, sino exclusivamente a un decisión de prudencia política al no poder garantizar la seguridad del rey ante los disturbios que se avecinan como consecuencia de la más que probable inhabilitación judicial del presidente Torra. Que el jefe del Estado manifieste una cierta perplejidad ante el hecho de no haber sido formalmente invitado a participar en la ceremonia anual de entrega de despachos a los nuevos jueces recién salidos de la Escuela judicial parece comprensible a todas luces. La propia constitución asigna al jefe del estado la función de moderar el normal funcionamiento de los poderes del estado, en este caso se trata de un acto capital vinculado a uno de los tres poderes del estado: el poder judicial. El ingreso formal de una nueva promoción de jueces, de importancia capital para el correcto funcionamiento del Estado, parece ser uno de los supuestos exigidos en esos actos solemnes de carácter institucional que la constitución asigna al monarca en su famoso artículo 56. Ese artículo que para Alberto Garzón constituye el paradigma del golpismo real  que permite al monarca involucrarse en todo de tipo de actividades conspirativas.

Garzón, que se declara un rendido admirador del neo-republicanismo cívico, parece seguir la estela también de sus amados jacobinos, los cuales desde la Asamblea legislativa francesa acusaron a Luis XVI de conspirar contra la revolución, planeando su huida de Francia o conspirando con Austria para derrocar la revolución. Como bien apunta Pierre Gaxotte el modelo de monarca que parecía defender el ala más exaltada de la revolución era la figura del rey preso, confinado diríamos hoy, desprovisto de casi cualquier cometido no ya de carácter político, algo impensable en un régimen constitucional, sino tan siquiera protocolario. Un rey sometido a una suerte de pena infamante de por vida derivada del hecho de ostentar la más alta magistratura del Estado por mor del nacimiento y no por razón de la voluntad popular. Los enemigos de la monarquía en España buscan colocar a Felipe VI en una especie de arresto domiciliario a la espera de que éste cometa alguna torpeza, al estilo de lo que le ocurrió a Luis XVI, que justifique la abolición de la institución monárquica.

Garzón, que se declara republicano, no puede entender la afirmación del jurista alemán Jellinek según la cual las modernas monarquías parlamentarias son  en realidad repúblicas coronadas en el sentido de que el rey ya no detenta ya soberanía con lo cual no rivaliza con el demos en la decisión última sobre el sentido de la acción política del Estado, sino que permanece como figura simbólica que representa la unidad y la permanencia histórica del Estado. En la misma línea se ha pronunciado recientemente Felipe González al caracterizar a la monarquía española actual con un aparente oxímoron: monarquía republicana.

Si Garzón no puede entender que la monarquía parlamentaria actual en sus líneas maestras, más allá de ciertos comportamientos impropios del anterior jefe del Estado, es perfectamente compatible con el ideario clásico del republicanismo político, entonces Garzón tiene en mente una noción de república que no es verdaderamente republicana en el sentido defendido por los clásicos antiguos como Cicerón, Harrington o los modernos como Quentin Skinner o Hans Baron.

El republicanismo auténtico, como ya expliqué en un antiguo artículo que escribí en Disidentia, presupone lo que Cicerón en el Libro I De re publica caracteriza como el gobierno de la cosa pública que se caracteriza por ser una forma de gobierno de una “multitud asociada por un mismo derecho y un mismo bien común”. Es por lo tanto una forma de gobierno donde la soberanía se encuentra atribuida por la ley al pueblo que la ejerce de forma directa o indirecta, por medio de la representación política. Ese atribución del poder sobre la res publica a la multitud exige la sumisión al derecho del gobierno, su obligación de rendir cuentas y de respetar las leyes que el demos se ha dado a sí mismo. El republicanismo exige como bien apuntara Harrington que  en la república reinara  el gobierno de las leyes y no de los hombres. Una república como la defendida por Pablo Iglesias en la que es el propio gobierno y no los ciudadanos el que determina quién gobierna y quién está en la oposición no es en absoluto republicana. Tampoco puede ser verdaderamente republicano un Estado en el que el gobierno vacía de contenido las funciones constitucionales del jefe del Estado. Jean Jacques Rousseau caracteriza al régimen republicano como aquel donde sus gobernantes experimentan aquello que él caracteriza como  “l’amour des lois”, el amor a las leyes.

En el republicanismo auténtico el amor a la ley no ser deriva como en el puro positivismo jurídico de la consideración de la ley como algo simplemente vinculante por proceder del poder, sino que el republicano ama la ley porque esta es expresión de la libertad política del pueblo. El republicano obedece la ley porque esta es expresión de su propio mandato, es expresión en definitiva de la ausencia de dominación externa al propio demos.

Ciertamente el régimen de 1978 dista mucho de reflejar fielmente el ideal republicano auténtico, sin embargo la principal insuficiencia del mismo poco tiene que ver con que la jefatura del Estado sea vitalicia o hereditaria. Una república con Pablo Iglesias a la cabeza no sólo no sería republicana en el sentido anteriormente descrito, sino que tampoco sería realmente democrática en el sentido real del término. No cumpliría los requisitos de pluralismo ideológico,  presencia de libertades, opinión pública libre o respeto a la ley con la que el politólogo Robert Dahl caracteriza a las democracias modernas. Para describir estas sociedades libres o abiertas, en terminología de Karl Popper, Dahl prefiere utilizar la denominación de poliarquía de raigambre hegeliana ya que el término democracia es anfibológico e impreciso ya que permite englobar regímenes históricos muy diversos que poco tienen en común.

Nuestro régimen político sufre multitud de defectos, algunos de origen como la propensión a la partidocracia o la tendencia a la disolución del propio Estado como consecuencia de los nacionalismos. Sin embargo es mucho más republicano en el diseño fundamental de los cimientos institucionales que lo que abogan los partidarios del renacer de la II república. Si esta concepción de la república se instaurase definitivamente en España, estaríamos más cerca de vislumbrar una monarquía de corte neo-soviético que el ideal republicano harringtoniano.

Foto: Rafesmar


Por favor, lee esto

Disidentia es un medio totalmente orientado al público, un espacio de libertad de opinión, análisis y debate donde los dogmas no existen, tampoco las imposiciones políticamente correctas. Garantizar esta libertad de pensamiento depende de ti, querido lector. Sólo tú, mediante el pequeño mecenazgo, puedes salvaguardar esa libertad para que en el panorama informativo existan medios nuevos, distintos, disidentes, como Disidentia, que abran el debate y promuevan una agenda de verdadero interés público.

Apoya a Disidentia, haz clic aquí

5 COMENTARIOS

  1. «El republicanismo exige como bien apuntara Harrington que en la república reinara el gobierno de las leyes y no de los hombres. Una república como la defendida por Pablo Iglesias en la que es el propio gobierno y no los ciudadanos el que determina quién gobierna y quién está en la oposición no es en absoluto republicana»

    Muy de acuerdo con su exposición, Carlos. En la ofensiva al rey Felipe y en el intento de asalto al poder judicial, se propone la disyuntiva trampa de monarquía o república, obviando que en la monarquía parlamentaria rige prácticamente la misma arquitectura constitucional y el mismo reconocimiento a las leyes que gobiernan. Leyes que emanan del pueblo, destinadas a procurar la real separación de poderes y a proteger los derechos de los ciudadanos de los abusos de los gobernantes.

    Se da la paradoja de que este gobierno con «alma republicana», que no democràtica, junto a sus satélites independentistas de ERC han traicionado de facto todos los principios legales que regirían en una auténtica república. Y no solo porque estos últimos participaran activamente en el asalto al parlament de Cataluña, expulsando a los partidos de la oposición y en contra de la mayoría social de la población (que no dieron su voto y consentimiento para semejante golpe y abuso de poder),
    es que se ha extrapolado la estrategia al gobierno central de la mano de los mercenarios de Podemos para hacerle el trabajo sucio al capo Sánchez, al que por cierto, sus electores no le votaron para gobernar con Iglesias y meterlo en el CNI. Tampoco para pactar con los indepes y negociar con ellos indultos y presupuestos. No hablemos ya de ponerle la mordaza al Jefe de Estado y pretender usurpar sus funciones.
    De manera que, el inclumplimiento de la ley vigente que puedan tener Psoe, Podemos y ERC es el mismo incumplimiento y burla con sus electores, que parecen consentir el abuso de confianza de sus gobernantes, para que decidan por ellos a quien poner o quitar del escenario o que ley se les antoja que deben cumplir.

    El intento de acoso y derribo al monarca ha despertado las alarmas de Garamanedi y el presidente del círculo de empresarios. Al menos, aparentemente, han advertido de la inseguridad jurídica y de la mala imagen para los inversores extranjeros, especialmente las multinacionales de EE.UU, sabedoras de la estabilidad que la Corona da a nuestro país. Han recordado que, en su día, los invitados a la Casa Blanca por Trump fueron Felipe y Leticia, y no el inquilino de Moncloa.
    Añado que, un inquilino problemático y difícil, cuya mala fe desde el principio, ha sido la de okupar de forma vitalicia la moncloa y la de violar nuestro Estado de Derecho democrático. Esperemos que resista el poder judical. Las maniobras orquestales de Redondo a plena luz del día, ejecutadas por dos chusqueros como Iglesias y Garzón, debería alertar y motivar a los jueces para rebelarse con más intensidad contra este gobierno fake, al que le escocieron las loas de los magistrados al Jefe del Estado, con ese: «Viva el Rey».

  2. Hoy tiene un punto divertido ver cómo la sentencia de la Audiencia Nacional carga contra las chapuzas de la fiscalía anticorrupción en el caso de la salida a bolsa de Bankia. Esta fiscalía queda retratada como incompetente por corrupta o corrupta por incompetencia y anteojereas ideológicas. Da casi igual.
    Esto viene a ilustrar que lo que tenemos es una república bananera y que no estamos frente al precipicio sino que llevamos cayendo en el abismo desde el golpe catalán que ahora dirige Fraudez. Mucha gente sigue sin darse cuenta de lo bajo que hemos caido ni de la aceleración vertiginosa que nos lleva a lo más oscuro y siniestro de nuestras opciones como españoles.

    El régimen del 78 podría haber optado por el camino de las reformas sensatas en pro de la democracia pero optó por dar poder a los caciques regionales y fomentar así la corrupción disolvente de la nación. Ese poder de los caciques regionales ha ido de la mano de una partidocracia que ha instalado los modos de las mafias y la ineficiencia en la administración. El sistema está agotado y los narcos se están haciendo con todo a gran velocidad.

    • Nos alejamos del tema del artículo, no es un problema de la fiscalía, es un problema del Supremo, que considera que un consejero como Sánchez no debe salir perjudicado porque el Banco de España y la CNMV pueden autorizar las cuentas falsificadas por acuerdo de Rato y compañía.

      Rato siempre me cayó bien, pero pensar que no estamos ante un fraude monumental donde la corrupción patria llega desde el gobierno al último consejero de Caja Madrid pasando por el banco de España y la CNMV es ser bastante ingenuo.

      Es usted demasiado inteligente para hacer análisis o juicios desde la ideología. Bankia es la muestra de la corrupción del sistema porque no creo que el Supremo vaya a por los responsables en el Banco de España y la CNMV.

  3. » Una república con Pablo Iglesias a la cabeza no sólo no sería republicana en el sentido anteriormente descrito, sino que tampoco sería realmente democrática en el sentido real del término»

    Ese es el gran problema en España, y donde pone Pablo Iglesias puede poner otro cualquiera, al menos de los de la España actual.

    El Rey y el Poder Judicial
    El Rey y la Constitución de 1978

    Yo estoy harta de decir que es un estropicio dicha Constitución, pero nadie quiso reformarla

    Art 117.1

    La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.

    Este artículo es una mentira de principio a fin.

    Art 122.3

    «El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años. De estos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión»

    Artículo farragoso desde su inicio que encima deja su desarrollo a una Ley Orgánica la primera sobre el tema la de 1980 y luego sucesivas que a cada una más estropicio, la última de 2001 que a fechas de hoy nadie claro de que va la película de los nombramientos.

    No es el momento, desgraciadamente en España nunca es el momento pero de esta Constitución surgieron todos nuestros males actuales, desde nacionalismos, competencias de CCAA que conllevan que cada una vaya a su bola, privilegios en unas CCAA frente a otras, una Jefatura del Estado con funciones que no son funciones y ya no entro en temas de como establece el sistema de elección de Jefe del Estado, mayor sobre el menor, el varón sobre la mujer……(prefiero ni profundizar, me vuelvo republicana absoluta de golpe), y en el tema de la Justicia, ni el Rey , ni el Gobierno deberían formar parte de esa Institución o al menos no en los términos que la Constitución y las sucesivas leyes orgánicas han desarrollado su funcionamiento y elección de miembros.
    Mientras no exista una independencia judicial no podemos hablar de democracia.

    Transitamos hacia el precipicio

    • Era inevitable, una vuelta de tuerca más de un sistema sustentado en la corrupción política con todo el PSOE pringado hasta las cejas en corrupción bolivariana, lamiéndole las botas a cambio de unas monedas al globalismo feudal y bajándose los pantalones en las fronteras españolas, el asunto pinta feo, aunque en realidad el mayor problema es la falta de valor y valores de los políticos españoles, capaces de conocer todas la mezquindades de la vida, pero incapaces de un mínimo acto heroico o simplemente altruista.

      He ahí el político español, Aguado como ejemplo, Sánchez como confirmación y Celia Villalobos como intrigante del PP. ¿Se puede pedir más? El desastre es seguro, eso España lo tiene descontado.