A mediados de enero de 2018 el Papa viajaba a Chile. En el país andino tuvo problemas con la prensa. Y toma por calumnias las críticas de encubrimiento de abusos sexuales que recaían sobre al obispo chileno Juan Barros, al que defiende. Sin embargo, y pese a apoyar a este prelado, a los pocos días el Papa, una vez en Roma, informa por comunicado de prensa que va a enviar a Santiago de Chile al Presidente del Colegio para el examen de recursos (en materia de delitos más graves), Charles J. Scicluna, con el fin de conocer los testimonios de las presuntas víctimas. Ante una indisposición temporal de Scicluna el oficial de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el español Jordi Bertomeu, se haría cargo de la misión papal, destinada a aclarar las actuaciones del obispo Barros.
Entonces se descubrió que Barros había estado vinculado a Fernando Karadima, un sacerdote chileno, acusado de abusos sexuales con adolescentes. Y no solo eso. Terminada la investigación, el Papa recibió el informe de Scicluna y Bertomeu, de más de 2.300 páginas, con 64 testimonios recogidos en Santiago de Chile durante el mes de febrero de 2018.
El 11 de abril de 2018 el líder de la Iglesia Católica reconoce en carta pública haber “incurrido en graves equivocaciones de valoración y percepción de la situación»
Conocidos los datos del citado informe, el 11 de abril de 2018 el líder de la Iglesia Católica reconoce en carta pública haber “incurrido en graves equivocaciones de valoración y percepción de la situación, especialmente por falta de información veraz y equilibrada”. Además, el Papa Francisco pide “perdón a todos aquellos a los que ofendió” y concluye que todos los testimonios investigados “hablan de modo descarnado, sin aditivos ni edulcorantes, de muchas vidas crucificadas y les confieso que ello me causa dolor y vergüenza”, confiesa el Obispo de Roma.
Convocada en el Vaticano una Conferencia Episcopal integrada por las autoridades eclesiásticas chilenas, los obispos Luis Fernando Ramos y Juan González Errazuriz se presentaban en rueda de prensa el 18 de mayo de 2018 y ofrecían dimitir de sus cargos. El Papa les había acusado de esconder la existencia de pruebas y no haber investigado los escándalos de abuso sexual con menores.
Y ahora Pensilvania
Igual que ocurrió en la diócesis de Boston entre los años 1984 y 2002, en Pensilvania acaba de destaparse otro escándalo sexual de idéntica magnitud. Según el informe de 1.356 páginas realizado por un equipo judicial, en 6 de las 8 diócesis de Pensilvania había una activa red de pederastas. Hablamos de 300 miembros del clero que abusaron sexualmente de 1.000 personas -el número asusta- durante siete décadas, incluyendo violaciones, prácticas sadomasoquistas, uso de somníferos, etc.
Si se desperdicia la oportunidad de extirpar esta clase de delitos, habrá más dosieres y seguirán los incidentes de libertinaje
¿Ha habido en Boston una indemnización económica destinada a las víctimas de abusos, como exigía en 2002 el cardenal Bernard Law? En absoluto. ¿Habrá en este 2018 signos de apertura dentro de la Iglesia Católica? Es decir, ¿el Papa Francisco entregará el informe “Scicluna-Bertomeu” a los representantes de la justicia chilena, como esta viene demandando?, ¿facilitará también el camino a los fiscales civiles de Irlanda, de EE UU… para que se hagan cargo de la investigación sobre los sacerdotes católicos que presuntamente han cometido abusos sexuales?
Si se desperdicia la oportunidad de extirpar esta clase de delitos, habrá más dosieres y seguirán los incidentes de libertinaje, de impunidad en que aún quieren vivir unos delincuentes que, además de ser miembros de una Ecclesia, se esconden tras ella para encubrir sus pedófilas fechorías.
Así que ¿dimisión de los obispos? Cuando menos, resulta una propuesta novedosa. Ahora bien, en el momento en que han fracasado en su responsabilidad de salvaguardar a las niñas y niños, y decidieron no investigar echando tierra a los excesos de sus sacerdotes, ellos son culpables, pues no han sabido, tampoco querido resguardar a los pequeños del peligro de los depredadores sexuales.
Ante tanto caos y desolación, hace unos días, en una carta abierta a la comunidad cristiana, el guía de la Iglesia Católica asume que “es imprescindible que como Iglesia podamos reconocer y condenar con dolor y vergüenza las atrocidades cometidas por personas consagradas, clérigos e incluso por todos aquellos que tenían la misión de velar y cuidar a los más vulnerables”, que “nunca será poco todo lo que se haga para generar una cultura capaz que evite que estas situaciones no solo no se repitan, sino que no encuentren espacios para ser encubiertas y perpetuarse”.
Las disculpas son bienvenidas y, no obstante, insuficientes, ya que a la hora de atajar la pandemia de la parafilia que pone en peligro la supervivencia de la Iglesia lo propio sería expulsar de su seno y sin miramientos a esos sacerdotes corruptos y usar contra ellos las armas de la justicia civil, de modo que no se consienta ningún ejercicio de despotismo en quienes se aprovechan de su edad y de su posición, y se valen para su beneficio de la manipulación psicológica y sexual sobre adolescentes y niños.
¿Cualquiera puede ser víctima?
Una de cada cinco niñas y uno de cada 20 niños son víctimas de maltrato sexual. La situación de indefensión en que viven los más pequeños resulta altamente preocupante. Y de ella dan fe los datos estadísticos. Solo la Sociedad Americana de Psiquiatría Infantil y Juvenil apuntaba en 2004 la existencia de 80.000 casos al año de abuso sexual sobre niñas y niños norteamericanos, pero el número de casos sobre los que ni se informa ni se denuncia es bastante superior.
En 2016 un total de 57.460 niños y niñas, un 8,5% de los menores, fueron sometidos a abusos sexuales
Al hilo de esto, sabemos que el departamento norteamericano dedicado a la Administración para Niños y Familias posee desde el año 1999, y a diferencia de otros países occidentales, un registro de casos de abuso sexual. En 2016, aún no está disponible el informe de 2017, un total de 57.460 niños y niñas, un 8,5% de los menores, fueron sometidos a abusos sexuales mientras que 123.032, un 18,2% de los pequeños, padecieron abusos físicos. Hablamos pues de 180.492 víctimas infantiles y juveniles, un monto verdaderamente escalofriante. Y si sumamos estas cifras, que son solo la punta del iceberg, a las de todas las naciones del mundo, el problema de los agravios a la infancia se multiplica. Y exponencialmente.
Estos datos vienen a cuento porque al criticar sin tibiezas los escándalos, terribles, que azotan a la curia de la Iglesia Católica me encuentro con que desde 2006 a 2010 la coalición Amor Fraternal, la Libertad y la Diversidad (PNVD) buscó retornar al status legal holandés de 1990 que toleraba las relaciones sexuales entre adultos y niños de 12 años, aunque bien es verdad que recientemente, y en dirección inversa al PNVD, el partido alemán de los Verdes ha pedido perdón a las víctimas de abuso sexual tras reconocer que en los años 80 la pedofilia estaba presente en su programa electoral, ¿quizás influidos los Verdes por sus vecinos, los partidos holandeses Laborista, Democrático Socialista, y Socialista Pacifista que en junio de 1979 firmaban un documento en el que reclamaban al Ministerio de Justicia la legalización de la pedofilia?
El burka infantil
En los Países Bajos y desde la década de los 80 la organización COC (Cultuur en Ontspannings Centrum o Centro para la cultura y la diversión) ha incluido la pedofilia en la liberación homosexual de los gays. En España subsisten cuotas de pederastia, pues por estos lares las autoridades gubernamentales pasadas, con los Zapatero y las Leire Pajín et alii, admitieron la licitud de establecer relaciones sexuales consentidas a partir de los 13 años. Pasados los años, los dignatarios del gobierno español modificaron el tramo de edad y lo elevaron de 13 a 16 años.
Los Zapatero y las Leire Pajín et alii, admitieron la licitud de establecer relaciones sexuales consentidas a partir de los 13 años
Entre tanto, supimos de la existencia de “El monstruo de Amestten”, que mantuvo cautiva a su hija durante 24 años, y de “El monstruo de St. Peter Am Hart”, que encarceló a sus dos hijas abusando de ellas cerca de 40 años y desde que tenían 12 y 4 años de edad, respectivamente. Y como los hechos son durísimos, dejemos las cosas bien claras: que un adulto se aproveche de su superioridad cronológica y mental para satisfacer su libido con menores y preadolescentes no casa demasiado bien en un sistema. La permisividad, unida a la búsqueda de la inmunidad, es explicable desde la arrogancia de quienes, en el ejercicio de su poder, quieren desplegar su influencia sexual sobre los sectores más desamparados de la población.
Consiguientemente, y como ya dije, constituye un desafuero antidemocrático no proteger a los menores solo por el deseo de dar cabida a relaciones sexuales que, asimétricas en edad y en mentalidad, alientan el imperio dictatorial del adulto. Por tanto, únicamente queda una salida: impedir que los pederastas sigan saqueando la vida de jóvenes y pequeños, robándoles su infancia y su felicidad. Para eso, padres, madres, familiares… deben involucrarse y estar atentos a los estados de ánimo de los hijos. Y, cuando hay sospechas, impedir cualquier contacto del menor con el adulto. Y, si hay pruebas, interponer la correspondiente denuncia.
Foto Liliia Beda
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