Hay múltiples y fundadas razones para sugerir a los ciudadanos que establezcan, o potencien, una relación de desconfianza con todos los poderes públicos y las instituciones, sin excepción. Es decir, desconfiar de su organización, funcionamiento, personal, y también de sus decisiones, que deben estar continuamente expuestas a escrutinio los responsables últimos de la organización social. No es activismo subversivo ni tampoco un alineamiento con las tesis de eso que llaman «democracia directa o participativa», pues estamos convencidos de la necesidad de las instituciones, así como de un ordenamiento jurídico efectivo que permita al ciudadano ocuparse en condiciones de seguridad y tranquilidad de sus quehaceres para contribuir así al bien común. Se trata pues de redefinir la relación que tradicionalmente se nos exige para mejorar el sistema e incluso conservar la comunidad.

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La confianza o desconfianza en los poderes públicos no es desde luego un tema nuevo, pero sí es un asunto de actualidad. Nos hace reflexionar sobre el sistema en su conjunto y nos obliga a analizar y conocer lo sucedido en nuestro mundo desde la Antigua Grecia hasta nuestros días. Una actitud activa o pasiva con relación a lo que acontece en la esfera pública, desde un ayuntamiento o concesionario de servicio público, hasta las cámaras legislativas, tribunales, y también en el resto de los poderes del Estado o entidades que conforman eso que llamamos Res Publica. Una organización de poder y presencia casi omnímoda que en ocasiones puede convertirse en una amenaza, si es que no lo es de modo permanente. Una organización que cuando detecta que los ciudadanos abdican de sus deberes de control, seguimiento y fiscalización, no tardará en construir una tiranía. No es novedad tampoco que la comunidad política se destruye desde las propias instituciones del Estado y que esto suceda mientras le piden a usted «paciencia y confianza».

La degradación de las instituciones, su conversión en colmenas despóticas, desde los hemiciclos a los tribunales pasando por el Consejo de Estado, en los márgenes incluso que consienten las leyes, no es sino el paso previo que lleva a una comunidad política a cometer errores históricos

Así, cuando se nos pida confiar en las instituciones, en primer lugar, debemos preocuparnos por lo que ya pueda estar sucediendo, y acto seguido responder que no. Que nuestro deber cívico es precisamente desconfiar de quienes tienen un poder, una capacidad y una posición en el sistema jurídico y político que nosotros no disponemos; y esto con independencia del principio de legalidad, que en teoría nos obliga a todos por igual y está llamado precisamente a hacernos confiar en las instituciones. Comprobado que esto no es así, y créanme, esto no es así, entonces nuestro deber no puede ser otro que desconfiar en las instituciones para conservarlas: identificar y denunciar sus frecuentes mentiras, artimañas, excesos, errores y desviaciones; fiscalizar y someter a control y denuncia todo su ser, entramado, organización, motivaciones, recursos humanos, actos y decisiones. Esto es lo que nos hace buenos ciudadanos.

Cuando James Wilson pronunció aquello de que los ciudadanos tenemos el derecho vital, según el cual conservamos perpetuamente el derecho a abolir, alterar o enmendar, ni más ni menos, que la Constitución, seguramente estaba pensando en algo parecido. Por eso, antes de apuntar o que nos hagan apuntar a la Constitución como causa de nuestros males, los ciudadanos debemos preocuparnos por el funcionamiento de nuestros poderes públicos e instituciones, por quienes las habitan y dirigen. Comprobar si lo hacen de modo reglado, arbitrario o despótico. Verificar si trabajan para su mejora o para su destrucción. Porque la degradación de las instituciones, su conversión en colmenas despóticas, desde los hemiciclos a los tribunales pasando por el Consejo de Estado, en los márgenes incluso que consienten las leyes, no es sino el paso previo que lleva a una comunidad política a cometer errores históricos y diagnósticos equivocados sobre los males o frustraciones que padece.

Nuestro deber como ciudadanos es por tanto desconfiar en todos y cada uno de los poderes públicos y organismos. Sobre todo, en un clima «prerrevolucionario» como el actual. Es decir, cuando los subversivos, más o menos declarados, se encuentran dentro de las instituciones. Condicionando la labor de la Res Publica en su conjunto, también la opinión pública e incluso las decisiones de jueces y tribunales gracias a las posibilidades que permite el control de la Administración y el Boletín Oficial del Estado. Y si añadimos el evidente y deliberado uso temerario de las finanzas públicas, la obsesión con la ideología, la incapacidad total y absoluta para ocuparse racionalmente de las cosas más elementales que afectan verdaderamente a la ciudadanía, no sólo debemos ya desconfiar, sino también intensificar la preocupación por nosotros mismos, nuestros bienes, derechos, perspectivas y familias.

Cuando ya no es una sensación, sino una certeza, que los inquilinos de nuestras instituciones están trabajando, todos ellos, en un nuevo programa de ordenación social que necesita o pasa por crear problemas donde no los había y precipitar a los ciudadanos unos contra otros so pretexto de no se sabe muy bien qué, urge advertir de la necesaria desconfianza hacia todos ellos. Decía Cicerón que la naturaleza ha dotado a los seres animados del instinto de defender su vida, huir de todo lo que les pare perjudicial, buscar y preparar lo necesario para vivir lo mejor y más seguro posible. El hombre, en cambio, está dotado de la razón, que le permite distinguir los efectos y ver las causas de las cosas, prever sus procesos y, sobre la base de los antecedentes, comparar las semejanzas, enlazar el pasado con el presente y el futuro, ver el curso de la vida y preparar lo necesario para ella. Este el privilegio de la naturaleza racional, percibir lo que es el orden y el desorden, lo conveniente y la medida en los hechos y las palabras. Seamos pues racionales y desconfiemos de todas las instituciones y poderes públicos, tal vez sea la única manera de que hagan correctamente su trabajo.

Foto: Wai Siew.


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4 COMENTARIOS

  1. Para aquellos, no vándalos, vemos cierta virtud en la barbarie germánica (en forma de comunidad germánica), e incluso en su incivilidad (véase suevos y sus ausentes escritos, por lo tanto “carencia” de historiografía),…, Algunas palabras retumban de forma sospechosa, una de ellos es “bien común”.

    Sin citar a Popper y su crítica a ese fin (dictatorial) compartido; sí se podría citar el antecedente común del andamiaje (mendicante) actual (de la modernidad civil) del asunto.

    Ello se plasma en la doctrina social de la Iglesia. Y su encomienda al Estado de:
    “La responsabilidad en la promoción del bien común compete, además de a las personas particulares, al Estado, ya que el bien común es la razón de ser de la autoridad política.”

    El lector avispado, se dará cuenta, ni la propia persona sabe lo que es “el bien o el mal” para él mismo en el momento de tomar una decisión. Dado ello requiere de ciencia infusa,…, solo al alcance de Dios.
    Por el momento parece cierta arrogancia (puede ser fatal al estilo Hayek).

    Otra cosa, son los intereses personales, a la suma, por mucho se digan, llevan a la colisión directa (e incluso violenta) entre individuos. Aquí está la razón de la política y ello mismo es la política.

    Encauzar los intereses mayoritarios de una comunidad política para perseguir “lo que sea”, incluso el desastre. Es el papel de las “instituciones” creadas por esa comunidad,…

    Para que ello sea aproximado al término mayoría (de adultos), se debe tener en cuenta la raíz última de la política, por lo cual la cesión (de las armas*) al Estado lleva a mal camino. Dado la política, como se puede inferir a la inversa de Carl von Clausewitz, es la guerra por otros medios.
    Cuando la policía reparta caramelos sin pistola, quizá cambie de opinión.

    Dicho lo cual, la figura del representante (otra figura religiosa, el “Espíritu Santo” conciliar) no parece la mejor idea; especialmente cuando es mercenario (merc-es, pago) del Estado y no de la comunidad política. Dado, esta ha sido subsumida en aquello que la Constitución de 1812 escribe en mayúscula, la Nación. En esencia el parlamento a elección ex-miembros de la ex-comunidad política (aquello de Montesquieu, la elección frente al sorteo).

    *: “Just est in armis”

  2. «Cuando ya no es una sensación, sino una certeza, que los inquilinos de nuestras instituciones están trabajando, todos ellos, en un nuevo programa de ordenación social que necesita o pasa por crear problemas donde no los había y precipitar a los ciudadanos unos contra otros so pretexto de no se sabe muy bien qué, urge advertir de la necesaria desconfianza hacia todos ellos.»

    Ni más ni menos. Es la más elemental medida de autoprotección. Los sucesivos fracasos del marxismo con su supuesta racionalidad predictiva acerca de cómo debía derrumbarse el capitalismo, han llevado a la izquierda a necesitar la creación de problemas, disturbios, miseria, arbitrariedad o apoyo a toda clase de repugnantes delincuentes, para instalarse y mantenerse en el poder. Ahora la izquierda tiene un aliado temible que son las grandes tecnológicas. Estas han aparentado ofrecer gratuitamente, como si fueran un estado socialdemócrata muy rico, muchas funciones comunicativas.

    Por eso no solo hay que desconfiar de los que se han apoderado de las instituciones sino también de las grandes tecnológicas que colaboran con el nuevo plan totalitario global.

  3. Confiar en un gobierno (y más como los españoles) es una estupidez y una manera de dejarse engañar. Los gobiernos no están ahí para ocuparse del bien común, sino para ocuparse de mantener el «status Quo» y a quienes lo controlan: la clase dirigente y los poderes financieros. Todos los demás son comparsa. No pido un gobierno en quien confiar, pido un gobierno que me deje en paz.

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