El pasado 24 de octubre Pablo Casado, en una sesión parlamentaria de control al gobierno, acusaba a Pedro Sánchez de ser cómplice del golpe de Estado llevado a cabo por el independentismo catalán contra el sistema constitucional español. Pablo Casado fundamentaba su acusación en las presiones que su gobierno está ejerciendo sobre el Poder judicial para lograr una absolución o una condena menor de los principales procesados por los presuntos delitos de rebelión y sedición que se pudieron haber cometido durante el denominado ‘proces’ catalán.

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En seguida comenzó una verdadera cacería mediática contra aquellos políticos, intelectuales o periodistas que habían defendido que lo acaecido en Cataluña, al menos desde el 2014, constituye un golpe de Estado de manual. Se procedió a comparar lo sucedido en Cataluña con diversos pronunciamientos militares que tuvieron lugar en diversos momentos de la historia de España, todos ellos de signo conservador, poniendo el acento fundamentalmente en dos de los episodios que más utiliza la izquierda en España para desprestigiar a sus rivales políticos en las filas conservadoras: el llamado alzamiento nacional del 18 de Julio y el fallido pronunciamiento militar del 23 de febrero de 1981.

Según los proponentes de esta tesis, en Cataluña no ha habido golpe de Estado porque no ha habido violencia, ni insurrección militar alguna. Tan sólo una libre, espontánea y democrática expresión de un anhelo largamente sentido por una gran mayoría de la población catalana de ser preguntada por el tipo de relación política que esta desearía mantener con el estado español. La calificación de los hechos ha variado según los actores políticos.

La postura de la izquierda española en relación a la cuestión de los llamados golpes de Estado no es nueva. Bebe de la tradición clásica francesa del siglo XIX

El PSOE han mantenido un doble discurso, en un primer momento ha estado aparentemente cercano al gobierno durante la gestión de la crisis catalana con ligeras críticas a la intervención policial en la jornada del 1-O para luego defender la tesis, expresada por la ministra portavoz Carmen Calvo, de que lo que ocurre en Cataluña es sencillamente un conflicto constitucional que sólo la política puede resolver.

Podemos y en general los sectores vinculados a la extrema izquierda, enemigos declarados del sistema constitucional de 1978, no han ocultado nunca, incluso suscitando la perplejidad de una buena parte de su electorado, sus simpatías hacia el independentismo catalán, en la medida en que han visto en la crisis catalana una grieta en el sistema constitucional español que buscan demoler.

La postura de la izquierda española en relación a la cuestión de los llamados golpes de Estado no es nueva. Bebe de la tradición clásica francesa del siglo XIX que viene representada por los análisis que, sobre el final de la II República francesa y la constitución del II imperio con Napoleón III Bonaparte, realizaran autores como Víctor Hugo, Marx o Proudhon. Según esta visión el golpe de Estado no deja de ser la reacción autoritaria y conservadora de cierto sector de la burguesía, apoyado por el ejército, contra la deriva socialista de un régimen republicano.

Frente a la visión positiva del golpe de Estado propia de la razón de estado barroca en la obra de Gabriel Naudé, que lo justifica como una solución extrema para salvar al Estado de una situación de anarquía, en el siglo XIX la izquierda contribuyó a crear una imagen negativa del golpe de Estado y darle el sentido de acto político antidemocrático y violento que tiene en la actualidad.

La izquierda siempre ha obrado con maestría a la hora de justificar el empleo de formas de violencia política

Aun cuando el golpe de Estado no tiene ideología, sino que es expresión de una patología política subyacente, la izquierda ha logrado trasmitir el mensaje de que los golpes de Estado perpetrados sobre la base de ideas izquierdistas, como pueden ser la llamada Revolución de octubre rusa o la revolución cubana, no son más que epifenómenos de insurreciones de base popular con sentido progresista.

En general la izquierda siempre ha obrado con maestría a la hora de justificar el empleo de formas de violencia política, transformado el sentido de instituciones, como la huelga, que en su origen no tenían ese sentido radical y revolucionario que alcanzan, por ejemplo  en la obra de autores como Georges Sorel.

La  realidad es que salvo contadas excepciones, por ejemplo algún artículo de los catedráticos de derecho constitucional Teresa Freixes o Jorge de Esteban o del historiador Eduardo González Calleja, pocos análisis rigurosos se han llevado a cabo sobre sí los hechos acaecidos durante los meses previos a la celebración del referendum ilegal de secesión catalán del 1 de Octubre del 2017 constituyen o no un verdadero golpe de Estado, al menos desde los análisis teóricos que sobre esta forma de violencia política se llevan haciendo desde el siglo XVII hasta la actualidad.

Sólo desde analísis asépticos ideológicamente se puede analizar con rigor si lo acaecido en Cataluña desde hace unos años es constitutivo o no de un golpe de Estado. En primer lugar, frente a la idea de que el golpe de estado es un acto violento y sanguinario hemos de concluir que se trata simplemente de un mito político. Como muy bien se apunta en los estudios de Curzio Malaparte, Rose Marie O’Kane o Ekhart Zimmerman la mayoría de los golpes de Estado no son violentos. Precisamente una de las características del golpe que lo diferencia de otras formas de violencia política, como la guerra civil, es la búsqueda de la conquista del poder con la menor cantidad de violencia posible, ahí radica precisamente una de las características que hacen exitoso el golpe de estado: la ausencia de violencia y el sigilo en su ejecución a fin de evitar que se produzca un vacío de poder.

Una de las diferencias del golpe de Estado frente a otras formas de violencia política, como la guerra civil, es la conquista del poder con la menor cantidad de violencia posible

Otro de los grandes mitos vinculados a la idea del golpe de Estado es su necesaria conexión con el ejército. Según esta visión el golpe de Estado es sinónimo del pretorianismo. El ejército, institución marcadamente conservadora según la izquierda, haría el papel que desempeñaba la guardia pretoriana en el Imperio Romano: servir a sus propios intereses grupales poniendo o deponiendo gobiernos según su conveniencia.

Tampoco es precisa la intervención del ejército en la preparación de un golpe, ni en su ejecución. La constitución de la II república española, en flagrante contradicción con la legalidad del sistema político de la restauración, el Allendismo chileno o la ley habilitante de 1933 que concedió plenos poderes al nuevo canciller Adolf Hitler son claros ejemplos. Esto lleva a ciertos teóricos, como el jurista Hans Kelsen, a defender la tesis de que un golpe de Estado es fundamentalmente un acto político de naturaleza inconstitucional que busca quebrantar el orden legal al margen de los procedimientos legalmente previstos. Algo que es precisamente lo que buscaban los impulsores del ‘proces’, ya fuera desde el propio gobierno de la Generalitat, como desde las asociaciones cívicas o como los comités de defensa de la república, y así obligar al gobierno a saltarse el mandato constitucional que establece taxativamente que la soberanía del Estado radica en el conjunto de la ciudadanía y no sólo en una parte que se cree investida de unos inveterados derechos anteriores a la constitución de la propia modernidad.

Por otra parte, el golpe de Estado a diferencia de la rebelión o la insurrección política es llevado a cabo desde el propio del estado. En el caso catalán, desde el propio Gobierno de la Generalitat que, no es un gobierno anterior y ajeno al propio sistema constitucional español, como sostiene el independentismo, sino una emanación del mismo, y que pretendió imponer al propio Estado la independencia de Cataluña, algo que sólo puede ser decidido por el conjunto de la ciudadanía si así tuviera a bien disponerlo a través de una reforma de la propia constitución.


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