La palabra más repetida en las redacciones ha sido “demoledora”. Es como se refieren los periodistas a la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla sobre el caso de los ERE, a pesar de los denodados esfuerzos de la última juez instructora, María Núñez Bolaños. Verdaderamente lo es.
La sentencia retrata cómo la Junta de Andalucía creó un sistema para dar ayudas sin control y con la libertad de poder concederlas de forma arbitraria. Opacidad y arbitrariedad concedían a la Junta una amplia libertad para repartir el dinero de los contribuyentes entre los apoyos al régimen socialista andaluz, y a los allegados personalmente a los dirigentes socialistas.
Era un dinero que cae en racimo, de la Junta a las empresas, y de éstas a los empleados que se quedaban en la calle tras un expediente de regulación de empleo (ERE, de ahí el nombre). En la nómina de los beneficiarios colaron a los llamados “intrusos”, aunque no hubiesen cotizado en esas empresas. Pronto ese método fue insuficiente, y el dinero se dirigió a empresas sin más criterio que el de los dirigentes de la Junta. Para todo ello, la Junta de Andalucía creó una agencia que se situaba a sí misma al margen de los sistemas de control administrativo y contable: la agencia IDEA.
Se convirtió la autonomía andaluza en un sistema dizque democrático, en el que no sólo se compraba votos, sino que forjó un vínculo irrompible entre el poder y el ciudadano
El interventor general de la Junta, Manuel Gómez, emitió decena y media de informes en los que advertía del carácter irregular de las ayudas, y esos informes llegaron a las manos de los consejeros José Antonio Griñán (Hacienda, futuro presidente de la Junta), Francisco Vallejo (Innovación) y Antonio Fernández (Empleo). Chaves y Griñán sabían de este procedimiento de compra masiva de voluntades y, en realidad, lo crearon con ese objetivo. La Audiencia apunta sobre la creación de este programa de corrupción en la época de Chaves: “La decisión de dar estas ayudas no partía de la Consejería de Empleo, sino que era una decisión del gobierno en su conjunto”. Y dice de José Antonio Griñán: “el encausado era plenamente consciente de la palmaria ilegalidad de los actos en los que participó”. No hay resquicio a la duda. Es, con diferencia, el mayor caso de corrupción de la historia de España desde el robo del oro del Banco de España
Todo esto lo sabemos. Lo sabemos desde hace años, cuando el hedor de la corrupción batió la natural anosmia de los medios de comunicación. El latrocinio es tan grande que desborda nuestro sofá, nuestra mesa y se desparrama por el suelo. Tenemos que hacer algo con él, algo que no sea sólo observar la Copa Davis de las declaraciones políticas, y recordar la sentencia en los resúmenes del año que ya se apuran en las redacciones. Urge plantear una teoría de la corrupción, pero a los efectos basta fijar una prelación del latrocinio del dinero público.
En la base de la pirámide estaría el ladrón, quien entiende que lo que es del común es del ningún, que el dinero público no es de nadie, pero que él es alguien a quien le vendría muy bien esas migajas del pastel. Luego estaría el que roba para financiar al partido; así Filesa y varias decenas de casos de corrupción socialistas, y la Gürtel. La prensa ha señalado como esta corrupción violenta el proceso democrático, pues financia con fondos obtenidos de forma ilícita, y por la mera cercanía con el poder, las máquinas de propaganda de los partidos.
En el caso de los ERE, estamos hablando de un escalón más en la pirámide. Una Administración, que se confunde con un partido, reparte de forma sistemática centenares de millones de euros para comprar el apoyo político y asegurar la reelección del PSOE. Así, se convierte la autonomía andaluza en un sistema dizque democrático, en el que no sólo compra votos, sino que forja un vínculo irrompible entre el poder y el ciudadano. Éste ha aceptado un acuerdo ominoso, por el que entrega su derecho al voto y suspende su sentido crítico hacia el poder a cambio de quedarse con el dinero de sus conciudadanos, y romperlo arruinaría los beneficios y sólo dejaría la vergüenza. Hay todavía un escalón más, y es la corrupción para crear un grupo terrorista desde el Estado. Y aún podemos añadir otros.
No hay corrupción socialista que no sea rebajada, justificada o defendida por los dirigentes del PSOE, o por una pléyade de escritores. La líder del socialismo andaluz, hija política de Griñán, Susana Díaz, ha mencionado el asunto como una sentencia contra “Pepe y Manolo”, como si fuese una cuestión personal, y no una trama organizada cuando ella progresaba en la Junta. La secretaria de Estado de Comunicación, Isabel Celaá, dice que el asunto no afecta en absoluto al PSOE, a pesar de que todos los condenados fuesen socialistas, y dos de ellos ex presidentes del PSOE.
A la defensa del PSOE por su lacerante corrupción se suma ahora Podemos. Pablo Iglesias ha reaccionado con estas palabras: “El bipartidismo trajo corrupción y arrogancia. Llegarán más sentencias como esta que retratan una época. España ha cambiado y no volverá a tolerar la corrupción. Ahora se abre la oportunidad de defender la justicia social y garantizar la limpieza de las instituciones”. Unidas Podemos ha llegado para limpiar una izquierda corrompida, la del PSOE, en la que no va a volver a caer porque ahora les acompañan ellos en un gobierno de progreso.
La prensa ha defendido al PSOE con más ingenio. El diario El País señala que el PSOE afronta “su sentencia más difícil”. No la más dura, no la más lesiva para sus intereses, o la más justa con los contribuyentes. Es la más difícil de responder, la más difícil de encajar en un relato exculpatorio, que es lo único que importa. Por si acaso, el propio diario se pone manos a la obra, en un editorial para la historia.
La trama era “un sistema heterodoxo de agilización de pagos que vulneraba el procedimiento establecido y esquivaba los controles económicos y de la Intervención”. No dice que se diseñó ese procedimiento para lograr esquivar los controles económicos y de la intervención. No menciona la vinculación de la concesión de dinero con el apoyo electoral al PSOE, partido que no menciona. Y concluye que sus impulsores no obtuvieron rédito alguno, como si perpetuarse en el poder no fuera suficiente.
Vamos con otros relatores. Ignacio Escolar se teme lo peor, y dice en Twitter: “La derecha aprovecha la sentencia de los ERE para responsabilizar directamente a Pedro Sánchez y pedir su cabeza”, como si la lógica que justificó la moción de censura que puso a Pedro Sánchez en el poder no valiese para sacarle. Su diario dice que aquéllo condena a una pasada generación del PSOE, una forma de exculpar subrepticiamente al PSOE actual. En un blog se señala que la sentencia procede de “un juicio de intenciones”.
Y la última línea de defensa es la “paz social”. Sí, hubo cuatro mangantes que se quedaron con el dinero, pero la gran mayoría se lo merecía, no porque lo hubiesen ganado, sino por su condición económica. La corrupción no lo es si los beneficiarios del expolio son potenciales votantes del PSOE.
Lo que subyace a todo esto es la concepción de que la corrupción es justificable si alimenta gobiernos progresistas, porque es su ejercicio y no su origen lo que les justifica. Mientras que la corrupción es intolerable en el PP porque es él, o el centro derecha, lo intolerable.
Foto: PSOE Extremadura
