La palabra “autobús” es un engendro de trucha (el prefijo de origen griego “auto”) y mono (el sufijo de origen latino “bus”). Así, “autobús” resulta de la unión de un prefijo y un sufijo sin raíz que les dé un sentido. El prefijo proviene de automóvil, y el sufijo de ómnibus (es decir, “para todos” en latín). Llamaron a los coches de varias filas de asientos ómnibus porque, efectivamente, es un transporte para todos; hoy diríamos un transporte “público”. Pero ómnibus se cayó pronto del uso, quizás porque sonaba demasiado arcaico, y nos quedamos con el sufijo colgando de un vacío. Sólo le hemos sacado de la soledad añadiéndole un prefijo. En fin.
Si la palabra tenía visos de sobrevivir siempre sería de la mano de los abogados. La materia con la que trabajan, el Derecho, tiene su origen principalmente en Roma, de modo que siempre tuvo opciones de mantenerse viva. Y se utiliza para las leyes-saco en las que se mete todo tipo de reformas legales de ámbitos muy distintos. Son leyes ómnibus porque son “para todo”.
Milei no se enfrenta sólo a un sistema legal y económico concebido para una corrupción generalizada. Se enfrenta a quienes se beneficiaban masivamente de esa corrupción, a costa de una mayoría social que se empobrece a cada cambio en el calendario
Javier Milei rompió a gobernar con un decreto ómnibus, podríamos decir, en el que eliminó más de tres centenares de leyes, regulaciones y disposiciones. La figura legal es Decreto de Necesidad y Urgencia, DNU, y es de aplicación directa, aunque puede ser expulsado del orden jurídico si las dos Cámaras lo rechazan. El Senado está en manos peronistas y de la izquierda, mientras que en el Congreso de los Diputados podría formar una mayoría suficiente para convalidarlo.
El objetivo del decreto es restituir la economía de mercado en Argentina. La mitad de las regulaciones que deroga el decreto fueron aprobadas durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, o durante la de Videla-Viola. Eso no ha impedido a la izquierda defender esas regulaciones como a su propia vida. En realidad, no podría ser de otro modo. No es sólo que hayan gobernado con ellas durante décadas, sino que las han hecho suyas. Y ¿cómo no iban a coincidir en la regulación del mercado los espadones con los peronistas? Ambos entienden la economía como una relación jerárquica, en la que ellos están arriba y deciden por los ciudadanos, cuya función es la de obedecer.
Este miércoles ha enviado al Parlamento una Ley ómnibus (Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos) que incluye infinidad de cambios legales en todo tipo de ámbitos: la regulación económica, el derecho penal, el sistema electoral, el sistema de pensiones… Parece que nada se le escapara a esta ley atrapalotodo.
Como la materia es amplia y diversa, lo mejor será ir deteniéndose en lo más relevante. A corto plazo, no renueva los contratos de 5.000 empleados públicos. Quienes protestan por esta medida no han explicado por qué era necesario mantenerlos. Qué aportaban a la sociedad argentina desde el Estado, y si merecía la pena el coste que suponen. Quizá algún día lo hagan.
También prevé la privatización de 41 empresas. No son cualquier compañía. La lista incluye a YPF, Operadora Ferroviaria S.E., Banco de la Nación Argentina, Correo Oficial de la República Argentina, Aerolíneas Argentinas… Muchas de ellas han admirado al mundo por los niveles de mala gestión y corrupción que han alcanzado.
La mejor teoría económica y la práctica explican que la gestión privada es mucho mejor que la pública. Las empresas públicas están al servicio de quienes las gestionan y de los intereses políticos. Las privadas están al servicio del beneficio empresarial. Es una dura disciplina que les obliga a producir para los consumidores (el público general) bienes y servicios que sean más valiosos que los que se podrían haber producido con los medios que utilizan (coste).
Todo el mundo sabía, desde el mismo instante en que los resultados se decantaban por el león libertario, que iba a haber protestas en la calle. Así congelase y ampliase la morralla de regulaciones y programas empobrecedores del peronismo, Javier Milei no iba a quedar impune de liderar un proyecto político que les ha expulsado a ellos del poder. Pero, además, como ya demostró con el DNU, se ha propuesto borrar de un plumazo, o quizá de un puñado de ellos, toda la tela de araña peronista. Iba a haber protestas. Ya las ha habido. Y va a haber muchas más.
Desde el Gobierno, la ministra Patricia Bullrich aprobó un protocolo para limitar la incidencia de las protestas en la vida ciudadana. Como la efectividad de una protesta está ligada, en parte, al caos que cree en la ciudad, la limitación de ese caos no puede dejar de verse como una forma de cercenar el derecho de protesta.
La Ley ómnibus incide en ese camino. Eleva las penas previstas para distintas situaciones. Quien “sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes”, corte el agua y demás, se enfrentará a penas de hasta 3 años, no sólo dos como antes. Y añade agravantes de 2 a 4 años para quienes lleven un arma o causen un daño físico, y de 2 a 5 años para quienes «dirijan, organicen o coordinen una reunión o manifestación» que impida o entorpezca la circulación.
La izquierda ha alimentado una mitología de la violencia en la calle. Cualquier violencia utilizada para avanzar en sus luchas es automáticamente legítima. Por eso entienden que estas medidas son represivas, porque advierten de que el Gobierno no va a tolerar la metonimia entre protestas y violencia. Pero poner coto a la violencia es, quizás, la única función legítima del Estado.
Otro cambio espectacular de esta Ley de bases se refiere al sistema electoral. Prevé eliminar las PASO y sustituir el sistema actual, de listas con aplicación de la ley D’Hondt, por circunscripciones uninominales. Yo he defendido siempre ese sistema, y apoyo por completo a Milei en este aspecto. El actual sistema político está pensado para que sea muy difícil, casi imposible, que un outsider pueda penetrar en él. El primero que lo ha hecho ha llegado a presidente. Las circunscripciones uninominales imponen muchos límites al poder de los partidos políticos. Es decir, de sus dirigentes, y del capitalismo de amiguetes que maneja la política en Argentina, como en casi otro país. Por otro lado, la reforma de Milei prevé acercar el reparto de escaños al criterio de la población, lo cual beneficiaría a Buenos Aires en detrimento del resto del país. Me parece inadecuado, pero no voy a entrar en ello.
Por último, la ley prevé otorgarle a él, como presidente, unos poderes casi totales. El texto declara la “emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025”. También establece que “dicho plazo podrá ser prorrogado por el Poder Ejecutivo nacional por el plazo máximo de dos años”. Esto le permitirá gobernar sin necesitar apenas al Poder Legislativo. Y esto ha causado reacciones de indignación, no todas sinceras, y de preocupación.
Este último movimiento resulta muy preocupante. Sí, en la tradición política argentina se les concede a los presidentes una suerte de período de gracia al comienzo de su mandato en el que hacen básicamente lo que quieren. Y sí, la izquierda y el peronismo no están dispuestos a que Javier Milei se beneficie de esta costumbre. Puede parecer injusto, pero lo que es inadmisible es que se suspenda el juego democrático simplemente porque hay un nuevo presidente. Y Milei no sólo no acaba con esa costumbre antidemocrática, sino que la quiere convertir en una realidad durante dos o cuatro años.
Por otro lado, las leyes ómnibus son un atentado a la democracia, en cualquier formulación que le queramos dar a esa palabra. No permite el debate. Y, aunque se extendiese el debate en los próximos dos años, en realidad no tendría ningún efecto real, porque no se puede votar cada disposición por separado. Es más, si bien es posible que en la negociación con los diversos grupos parlamentarios se modere o anule tal o cual aspecto de la ley, el texto sólo puede pasar el trámite rechazada por el Parlamento o aprobado en su práctica totalidad.
Entiendo los motivos que mueven a Javier Milei. No se enfrenta sólo a un sistema legal y económico concebido para una corrupción generalizada. Se enfrenta a quienes se beneficiaban masivamente de esa corrupción, a costa de una mayoría social que se empobrece a cada cambio en el calendario. Sabe que tiene que actuar rápido y cortar por lo sano.
Puede fracasar y no sacar adelante ni el DNU ni la Ley ómnibus. Pero si triunfa, no dejará de ser peligroso. De hecho, muy peligroso. Las razones no son inmediatas, pero es imposible dejarlas de un lado. La libertad queda mejor protegida en un sistema político entorpecido por el funcionamiento de contrapesos que obliguen a las partes, cuantas más mejor, a negociar. Y mejor será, en general, cuanto menos efectivo sea en los cambios que pretende hacer. El ideal de un sistema político es que impida que se realicen las grandes ambiciones. Y que obligue al lento y meditado cambio de pequeños aspectos específicos.
Javier Milei es una gran esperanza para la libertad en Argentina y en Hispanoamérica. Lo paradójico del asunto es que si triunfa su ejemplo puede resultar letal para esa misma libertad.
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