A menudo nos encontramos con personas que en su discurso habitual diferencian la vida real de las redes sociales, como dos mundos paralelos independientes entre los cuales hay una relación de jerarquía, donde el mundo real sería «el de verdad» y las redes sociales una suerte de fantasía o entretenimiento que algunos «toman demasiado en serio». Este sentir se retroalimenta con quienes no solo no disponen de cuentas activas en redes sociales, sino que consideran una debilidad usarlas.

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Lo cierto es que, de un tiempo a esta parte, las redes sociales han dejado de ser excentricidades de gente un poco friki para convertirse en «mundo real», para introducirse en nuestras rutinas y constituir un ágora público de debate. El antiguo foro romano ha sido sustituido por un ilimitado espacio digital al que cualquiera puede acceder para decir lo que se le pase por la cabeza, democratizando la expresión humana hasta límites jamás imaginados con anterioridad. Tan es así, que muchos afirman que estamos en una nueva Era de la Historia —como lo fueron la Edad Media o la Contemporánea—, que ha trastocado las estructuras sociales y ha dotado de nuevos contenidos a los derechos tradicionalmente considerados fundamentales. Como ha sucedido en otros momentos históricos, la sociedad ha ido más rápido que el derecho y la política y las plataformas de comunicación nos han pillado con el pie cambiado y mirando para otro lado.

Twitter es mucho más que una empresa privada que ofrece un entretenimiento o una difusión de contenidos. Es un foro público de titularidad privada, en el que cualquier persona puede convertirse en influencer, donde las instituciones como la Unión Europea o los Ministerios tienen cuentas oficiales y en la que se hace política y se generan noticias que posteriormente son recogidas en los medios de comunicación ordinarios

Pretender entender las relaciones jurídicas entre usuarios y redes sociales con la mentalidad del siglo XX es emplear herramientas inadecuadas para ello. Las normas han de ser interpretadas conforme a la realidad social en que han de ser aplicadas (artículo 3.1 del Código Civil) y, si la norma se ha quedado obsoleta porque ha dejado de encajar con la realidad, hay que cambiarla.

Las redes sociales —especialmente Twitter— se han convertido en un instrumento esencial de comunicación de masas. Hace unas décadas un ciudadano no tenía más ambición de ser oído que poder hablar en asambleas, con la pretensión de ser escuchado por un reducidísimo número de personas. Únicamente las personalidades públicas contaban con medios de comunicación como la prensa o la televisión para colocar su mensaje. Actualmente, cualquier persona, por humilde que sea, es capaz de convertirse en líder de opinión en las redes sociales. Y no solo eso: los mítines electorales se han convertido en reliquias de contenido más folklórico que real, puesto que los líderes políticos utilizan Twitter para difundir sus programas o para hacer política en general, especialmente los partidos de más reciente creación. ¿Podemos seguir creyendo que las redes sociales son el resultado de un contrato privado entre particulares o debemos empezar a pensar que su dimensión pública impide afirmarlo?

La conocida sentencia Knight First Amendment Institute At Columbia University v. Trump, de 23 de mayo de 2018 dictada por la Corte de Segundo Distrito de Nueva York, estableció una quirúrgica -y, en mi opinión, forzada- diferencia entre la naturaleza privada de Twitter y la consideración de “foro público” de la cuenta oficial de Donald Trump tras su proclamación como presidente de los Estados Unidos, dado que se hacía un uso público de la misma. Por ello, el tribunal prohibió al entonces presidente electo bloquear a siete usuarios de la red que promovieron la acción judicial contra el presidente, al dotar de naturaleza pública a las opiniones del presidente —que hacía política a través de sus cuentas oficial (@POTUS) y particular (@realDonaldTrump)— vertidas en la red, pese a considerar la misma red como privada.

Los defensores de la decisión de Twitter y de otras redes sociales de cancelar sine die la cuenta del presidente de los Estados Unidos producida tras el asalto al Capitolio el pasado 6 de enero, apelan precisamente a la naturaleza privada de la red social. Amparan tal decisión en el hecho de que por parte de Trump se han incumplido las condiciones de uso que todos debemos aceptar cuando nos creamos una cuenta, al emitir un discurso potencialmente peligroso. Afirman, además, que, al igual que los distintos diarios y medios de comunicación tienen una marcada línea editorial, Twitter también tiene derecho a eliminar aquellos mensajes contrarios a sus normas de uso. Si Instagram elimina los pezones (femeninos) de las fotografías sin que a sus usuarios parezca importarles que les traten como a niños de primaria, cómo sorprenderse de que Twitter elimine la cuenta de quien aparentemente incumple el contrato.

Esta posición, bastante mayoritaria, encuentra cierta correspondencia con aisladas decisiones judiciales dictadas en los pocos procedimientos entablados en nuestro país contra decisiones del gran pajarito azul. El derecho «de las lentejas», nadie te obliga a estar en Twitter y, si estás, atente a las consecuencias. Curiosamente esta afirmación procede tanto de sectores liberales conservadores, defensores a ultranza de la libertad empresarial, como de la izquierda, si bien sospecho que la postura de esta última corriente ideológica se debe más a que en este caso se trata de Trump.

Me encuentro entre los defensores de la idea de que la decisión de Twitter es una barbaridad gravemente atentatoria contra la libertad de expresión y una peligrosa puerta abierta a arbitrariedades, por lo que me veo moralmente obligada a explicar los motivos por los que estamos llegando tarde a poner freno al poder omnímodo de las redes sociales.

En primer lugar, no podemos aferrarnos a la idea de que Twitter es una empresa privada. También lo son las empresas de telecomunicaciones, los bancos o las compañías eléctricas y nadie cuestiona que las decisiones que adoptan se encuentran en parte intervenidas por los poderes públicos, precisamente porque el sector en el que actúan es de interés general. En el caso de las redes sociales, además, la regulación del mercado se hace aún más perentoria porque nos hallamos ante oligopolios (si no monopolios) en los que no hay alternativas posibles que presten un servicio semejante. Los particulares y empresas no disponen de medios de difusión de sus ideas del alcance y la potencialidad de Twitter o Instagram.

En segundo lugar, porque las empresas privadas se hallan sometidas al control de abusividad de sus condiciones generales, al considerarse sus condiciones de uso como contratos de adhesión en los que el consumidor no tiene capacidad de decisión sobre el contenido. De esta manera no basta con la mera inclusión de una cláusula de uso para que el particular se vea compelido por ella, sino que es necesario que dicha condición general no sea abusiva. Dejar a la libre decisión de una de las partes el cumplimiento del contrato sin posibilidad de rebatir la decisión de su resolución, no parece algo muy equitativo. Curiosamente quienes apoyan esta idea no se sorprenden, sin embargo, de que los tribunales hayan declarado ilegales cláusulas incorporadas masivamente en contratos financieros, como las cláusulas suelo, por poner un ejemplo.

En tercer lugar, porque Twitter, como he avanzado, es mucho más que una empresa privada que ofrece un entretenimiento o una difusión de contenidos. Es un foro público de titularidad privada, en el que cualquier persona puede convertirse en influencer, donde las instituciones como la Unión Europea o los Ministerios tienen cuentas oficiales y en la que se hace política y se generan noticias que posteriormente son recogidas en los medios de comunicación ordinarios. Dejar en manos de una empresa privada la decisión sobre el cierre de cuentas de forma unilateral bajo la premisa de considerar que subjetivamente se han incumplido las condiciones de uso es un peligro real para tratar de influir en corrientes sociológicas y en resultados electorales.

En cuarto lugar, porque el artículo 16 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, en desarrollo de la Directiva de Comercio Electrónico del año 2000, sólo permite y obliga a los prestadores de servicios de la información como Twitter a poner fin a infracciones o impedir actos ilícitos. Pero los derechos fundamentales se ven afectados por la actuación de un particular cuando decide de forma subjetiva qué es ilícito, en lugar de hacerlo un tribunal o una autoridad administrativa neutral, cuya decisión sea susceptible de revisión por los órganos judiciales. Con la censura de mensajes y cuentas se está afectando la libertad de expresión de los usuarios, pero también otros derechos que, en tiempos de pandemia y confinamiento, únicamente pueden ejercitarse a través de las redes sociales, como son los derechos de manifestación y de reunión. Quien debe decidir qué es ilícito ha de ser un juez o, en su defecto, una autoridad administrativa cuyas decisiones sean susceptibles de revisión judicial.

En quinto lugar, porque las plataformas de redes sociales no tienen «líneas editoriales» al no ser medios de comunicación, sino espacios de intercambio de opiniones de sentido bidireccional. Son meras anfitrionas, no generadoras de contenidos, por lo que no puede atenerse a líneas editoriales o ideologías.

Y en sexto y último lugar, porque, en el caso concreto de Donald Trump, las razones esgrimidas por Twitter para censurar su cuenta se deben a lo que pudiera hacer con la misma en el futuro. Es decir, se trata de una censura prospectiva, «por lo que pudiera pasar», no por lo que ha hecho, una censura previa en toda regla que contraviene los principios de legalidad y tipicidad de cualquier procedimiento sancionador, al más puro estilo Minority Report (película de 2002).

En definitiva: la amenaza que se cierne sobre nuestro sistema democrático de derechos fundamentales pese a ser de gran envergadura, no parece preocupar a los ciudadanos, muchos de ellos juristas. En mi opinión, ello puede deberse a la falta de perspectiva sobre la importancia de las redes sociales en la vida pública y a aplicar paradigmas legales del pasado en un entorno que ha evolucionado a pasos agigantados. La sociedad, satisfecha con la decisión de censurar a Trump, no es consciente de que hemos cambiado un tirano por otro, dando legitimidad a decisiones amparadas en el beneficio mercantil frente a acciones de alguien con legitimidad en las urnas, por muy censurables que sean sus ideas. Peligrosa deriva la de nuestra sociedad. Esperemos que tenga vuelta atrás.

Foto: Chema Muñoz Rosa.


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Natalia Velilla
Soy licenciada en derecho y en ciencias empresariales con máster universitario en Derecho de Familia. Tras un breve periplo por la empresa privada, aprobé las oposiciones a las carreras judicial y fiscal, entrando en la Carrera Judicial en 2004. Tras desempeñar mi profesión en las jurisdicciones civil, penal y laboral en diversos juzgados de Madrid y Alicante y una época como Letrada del Gabinete Técnico de la Sala Primera del Tribunal Supremo, en la actualidad trabajo como magistrada de familia. He sido docente en la Universidad Carlos III, Universidad Europea de Madrid, Escuela Judicial, Instituto Superior de Derecho y Economía y otras entidades y a ratos escribo artículos de arte, derecho y opinión en Expansión, Vozpópuli, El Confidencial, El Español y Lawyerpress. Autora del ensayo “Así funciona la Justicia: verdades y mentiras de la Justicia española”, editada por ARPA.

20 COMENTARIOS

  1. Yo tampoco tengo Twitter, apenas uso Facebook y hasta el fía de hoy utilizaba el foro de Vozpopuli… pero eso no significa que no le dé una tremenda importancia a esas redes sociales.
    Puedes despreciar las si quieres, pero ignorar su importancia es ridículo. Máxime teniendo en cuenta la decadencia de los mediis de comunicación tradicionales y su consiguiente pérdida de influencia.
    Sobre el artículo, poco más puedo argumentar. Es un asunto ya tratado judicialmente en Usa, en los casos que tengo constancia se redactaron sentencias que daban la razón a las redes sociales en contra de la libertad de expresión (caso PragerU contra YouTube). Aceptar esta situación es colocar a estas empresas que dominan las opiniones públicas como si fueran periódicos con su propia línea editorial. Ser un foro y casi un monopolio de la expresión de ideas y establecer una línea editorial no deberia ser por separado y no debe ser conjuntamente bajo ningún concepto.

  2. «Como ha sucedido en otros momentos históricos, la sociedad ha ido más rápido que el derecho y la política y las plataformas de comunicación nos han pillado con el pie cambiado y mirando para otro lado»

    Efectivamente, Natalia. Ha fundamentado la reflexión de una manera muy realista y certera, ubicando el fenómeno de las redes sociales en el lugar que les corresponde y que, desde luego, no es el foro insignificante de cuatro frikis como pudo ser en el inicio, sino que la magnitud de su alcance o repercusión social crea la suficiente alarma para ser considerada de interés general y para merecer una regulación jurídica adaptada a este nuevo ecosistema digital que no colisione con nuestro derechos democráticos. Por fortuna, la Unión Europea está tomando cartas en el asunto. Esperemos que puedan llevarse a la práctica y no se queden sobre el papel.

    Pienso que existe una diferencia fundamental entre estas plataformas y otras compañías o grandes empresas privadas de interés general, para que las primeras hayan crecido sin freno y sin responsabilidad por el ingente volumen de tráfico de información e interacciones de sus usuarios, que han aceptado desde un principio sus condiciones de uso e implícitamente su letra pequeña. Y esta diferencia es la gratuidad de su uso.

    Un servicio formalmente gratuito en el que el se han cobrado de la pieza (los datos facilitados por los usuarios) y que no solo les ha concedido poder, influencia y privilegio en las sociedades frente a otras empresas privadas, es que les ha permitido hasta ahora eludir su responsabilidad directa sin dejar de hacer negocio con los datos. Con determinación y tesón han construido un inmenso foro público de debate en el que cabemos todos y en el que objetivamente siguen sin cobrarnos un euro por la entrada.

    A diferencia de otras empresas privadas con las que nos relacionamos a nivel de clientes y que al proveernos de servicios esenciales es más fácil intervernir y detectar sus abusos, en las grandes plataformas de redes sociales nuestra condición solo es a nivel de usuarios y no necesitan cobrarnos la entrada para lucrarse o sacar rédito económico.

  3. Acabo de ver en la revista de la cual el otro día se puso aquí un artículo traducido -del que disentí- que las ideas progres son buenas para la salud y que hay que desprogramar a los carcas que votan a Trump porque tienen problemas psiquiátricos.
    https://quillette.com/2021/01/21/politics-vs-mental-health-how-the-culture-war-blocked-my-healing-process/

    La cuestión es suprimir por completo la libertad, sea con la excusa de la agenda 2030 o sea con la excusa de la salud mental. ¡Qué fea es esta distopía en la que los perversos, los tramposos y los psicópatas deciden lo que es la salud mental!

    • Es la técnica de la URSS, el comunismo no era malo, el problema era que los disidentes estaban locos y había que reprogramarlos.

      Al parecer ya han acordado el «Salvoconducto» para poder viajar, claro que en España un juez que debería tener una experiencia de al menos viente años sobre los efectos secundarios de la «cacuna».ya había obligado a vacunarse a una anciana contra su voluntad.
      Al parecer en España solo.pioneros.en todo lo malo.
      Yo no sé si cabe un tonto más.

      • Seguro que si caben. Ex-paña es líder mundial en producción de tontos.

  4. En todo este debate lo que más me preoupa es que no se le concede lugar alguno a la verdad en relación con la comunicación digital, como si la verdad fuera imposible en el terreno de las telecomunicaciones digitales degradadas que son las de las redes sociales.

    Si yo quiero saber lo que de verdad piensa alguien sobre algún asunto, lo llamo por teléfono y atiendo su voz, sus silencios, sus titubeos, sus énfasis, sus ganas por terminar la conversación, sus ganas por cambiar de tema, etc. Ese es el nivel de telecomunicación que me interesa y las redes sociales no me dan eso y por so no las empleo. Se les concede una relevancia que yo no comparto.

    • Las redes solo tienen la capacidad de la información de hechos: explosión en Madrid, secuestro, tortura y asesinato por el gobierno en Venezuela, fraude electoral en EEUU, o que Ávalos está en Barajas pe dando en llevarse de compras a la Delcy por Madrid. Pero es una información absolutamente inútil ya que de la misma manera que no hemos podido evitar la explosión tampoco podemos evitar la dictadura ni la prevaricación, y encima te arriesgas a las represalias «legalmente totalitarias».

      La gente ya no sabe lo que es la libertad. Ese es el problema.

  5. Que los españoles nos estemos preocupando de la censura de las redes sociales en lugar de preocuparnos de la ley socialista de Belloch que se atrevió a dar más veracidad a la palabra de una autoridad que a la del acusado, algo a lo que no se atrevió ni franco, con el beneplácito de los jueces cargándose la presunción de inocencia por primera vez, que no se pueda educar a tu hijo en español en muchas partes de España con el beneplácito del Tribunal Constitucional, que un juez pidiera amparo al poder judicial por ser insultado al investigar la corrupción política y obtuviera la callada por respuesta, que el Tribunal Constitucional haya permitido la absurda, ineficaz y totalitaria ley de violencia de género, que un golpe de estado sea una ensoñación, etc, etc, o que un juez no viera delito alguno en Barajas, eso sí es preocupante.

    Estamos en una dictadura avalada por el Tribunal Constitucional y nos preocupamos de la censura de Twitter.

    Más le vale a los jueces de las juntas electorales estar ojo avizor si no quieren que las próximas elecciones sean como las de Venezuela o EEUU.

    • Aunque me temo que el nombramiento de los jueces de las juntas electorales es uno de los factores entre otros muchos por los que el PSOE tiene un desmesurado interés prevaricador en la renovación de los jueces.

    • https://www.periodistadigital.com/politica/justicia/20210104/hijos-mujer-fingio-maltrato-desmontan-irene-montero-papa-hecho-mama-bebe-noticia-689404413917/

      «Al llegar los agentes, los hijos les contaron que su madre estaba ebria y quería salir de casa a las cinco de la madrugada para coger el coche en pleno toque de queda. Su esposo se lo impidió. El niño de seis años explicó a los agentes: «Papá no ha hecho nada, mi mamá bebe». Su hermana de 17 años mostró a los patrulleros un vídeo que ella había grabado con su móvil donde se observa que la madre se tira al suelo y grita acusaciones contra su marido, que era inocente», cuenta el periódico gallego.

      • El problema es que en España como en gran parte del mundo occidental no se pueda rebatir la idiotez.

        Ya he contado en varias ocasiones que el día que se aprobó la ley me aposté con dos amigas que aumentarían los crímenes pasionales, tanto por la ley haciendo de detonante sicológico como por la inmigración y culturas extrañas que estábamos introduciendo.

        Gané la apuesta, al año siguiente hubo más muertes.España era entonces el primer o segundo país con menos crímenes pasionales por millón de habitantes.

        Pensar que las mujeres no mienten es como pensar que los policías o los jueces no prevarican.

  6. Buenos días Doña Natalia

    Aceptando que las redes forman ya parte del mundo real, lo que no se puede aceptar es que:

    1/ Se las siga llamando medio de comunicación. Se las debería de llamar de MANIPULACIÓN. Ya que su éxito se deriva del apoyo implícito que se les ha dado desde arriba, precisamente por que son la herramienta perfecta para manipular.

    Y si algo se ha demostrado con lo de Trump es que cuando alguien pervierte ese estatus quo, se le da con al regla en los dedos y punto. Aunque sea el POTUS ese. «Quien se ha creído que es el Presidente USA para escribir ahí lo que se salga de los nísperos» piensan los Jacks del mundo, en esa nueva versión de Humpty Dumpty barbada y con gorro ridículo.

    2/ De lo anterior se deriva que cuando usted comenta

    «… ilimitado espacio digital al que cualquiera puede acceder para decir lo que se le pase por la cabeza, democratizando la expresión humana hasta límites jamás imaginados con anterioridad…» tampoco es completamente cierto. Si al POTUS ese le censuran que no harán con los vulgares mortales si interesa.

    Ese es el mundo real de las redes, el que nos toca vivir. Me parece muy bien que usted intente combatir las injusticias que se producen en esa «ampliación» de nuestra «realidad», pero para ello es necesario empezar a llamar de una vez a las cosas por su nombre (mientras nos dejan) y poner la palabra MANIPULACIÓN donde antes estaba la de COMUNICACIÓN y dejar de alimentar la leyenda urbana de que todos estamos en igualdad de condiciones en esa nueva selva.

    Al final volveremos al ciclostil, ¿quien lo diría hace 50 años?

    Un cordial saludo

    • Yo he desempolvado el que tenía escondido debajo de la cama ahora solo me falta comprar el alcohol.

      Creo que unas octavillas pueden ser más efectivas que Twitter. Seguro que el hecho de tener que agacharse para ver qué dicen causa más efecto que millones de tuits.

  7. La decisión de Twitter es algo así como si Torquemada te cortara el suministro eléctrico por enchufar un vibrador.

    El asunto es que no podemos sorprendernos cuando gobiernos españoles han limitado derechos y la libertad de expresión con el aplauso de las plañideras mediáticas de uno y otro bando.

    Ahí está la ley mordaza de Rajoy aplaudida por su meapilas votantes y guardada como un tesoro de valor incalculable por los dictadores socialistas bolivarianos.

    Quizás lo menos importante en estos momentos sean las redes sociales que solo contribuyen a la desinformación por exceso de opinión y falta de análisis,
    La brevedad y rapidez del tuit no permite la reflexión y asunción de una circunstancia.

    La gravedad de la política española y el totalitarismo criminal descarado del PSOE no es algo que se vea perturbado por las redes, como tampoco lo fue el chavismo, me parece mucho más criminal el colaboracionismo periodístico convertido en dictadura mediática como hemos podido ver en los Estados Unidos y vemos todos los días (el que los vea o lea) en periódicos y televisiones españolas.

    La verdadera dictadura global desde hace años es la de los medios de comunicación que contribuyen a mantener el discurso confuso y estéril de las redes

  8. Paso de Twitter y de toda esa porquería. Vivo más tranquilo y me parece una perdida de tiempo que millones de personas se pasen el día enviando mensajitos y comentarios sobre noticias o generándolos ellos mismos. Eso indica que hay mucha gente ociosa, que no tiene nada mejor que hacer, lo que da idea de la decadencia de nuestra sociedad y civilización. A mi, con Disidentia me sobra y pienso a veces que le dedicó mucho tiempo a leerla.

    • Yo he eliminado hasta WhatsApp porque no me dejaba hacer nada si le prestaba atención, y si dejaba que los mensajes se acumularan para leerlos por la noche tenía que dedicarle un par de horas para contestar.

      Ahora solo me comunico por llamadas para asuntos importantes y el teléfono móvil se queda en casa cuando salgo y si viajo va en la maleta apagado.

      En realidad Disidentia es de las pocas publicaciones a las que le dedico tiempo de lectura, en otras solo ojeo titulares para ver por dónde va el señuelo y si me interesa algún asunto concreto lo investigo por mi cuenta en terrenos que no pisan los periódicos.

      Todavía estoy esperando que algún periodista me diga cómo se repartieron las maletas de la Delcy, dónde, quiénes y para qué.
      Estamos en una dictadura criminal y ruinosa y los periódicos hacen como que no pasa nada.

  9. La pregunta es si las instituciones hoy, están en situación de poder-independencia frente a las dictaduras soberanas de ejecutivo-legislativo, para garantizar la neutralidad de las redes. Desde mi punto de vista, no.

    • Aparte del cuestionado poder-independencia también debemos preguntarnos si tienen algún interés o le beneficia de algún modo la libertad de los usuarios.

      Personalmente creo que es un error del usuario conceder a las redes un poder que no tienen en ninguna circunstancia. Aunque estoy de acuerdo con el autor en que la acción de Twitter es una aberración democrática creo que en general el usuario ha sido subsumido por la red.

      Si partimos de la premisa del sabio,.»la inacción es la cordura» entonces los usuarios son sabios, aunque yo sigo pensando que son la cosa más estéril e inútil que se ha inventado en mucho tiempo, algo así como los fuegos de artificio sin explosión.

      • Coincido con Ud. en que el mito de las redes no solamente es estéril e inútil, sino destructivo. Un láudano estúpido y paralizante que se imagina y funge como «democratización». Como decía Ud. hace poco, el ingenuo demos «se cree que está haciendo la guerra», cuando lo que hace es tirar su energía por el retrete. Es el mito de la democracia deliberativa y participativa, una especie de bucle sin fin. Un mito que neutraliza la democracia como paliativo realista a fin de limitar el poder y largar a las élites oligárquicas cuando ya solo gobiernan para sí mismas.

        Me parece muy positivo el que las redes se manifiesten por fin como no neutrales. Aunque creo que su mito prevalecerá, porque la credulidad en la técnica, convertida en un culto, sigue ahí como centro de gravedad de la época.

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