Como una invasión que no cesa, Italia sufre cada vez más desembarcos. Los centros de acogida están abarrotados y el colapso ya es un hecho. En lo que va del año, según datos oficiales actualizados, han llegado 12.906 inmigrantes ilegales, tres veces más que el año anterior, que fueron 4.701, y 3.728 en 2021. El 46,5% de los desembarcos tuvo lugar en la última semana con 5.636 llegadas al suelo italiano, alcanzando una nueva cifra récord.
A pesar de la implementación del decreto Piantedosi, impulsado por el ministro del interior italiano, el cual limita la permanencia de los barcos de las ONG frente a las costas a la espera del trasbordo de inmigrantes, el flujo parece no detenerse a pesar del cambio de gobierno y de su política migratoria. Según lo publicado por Il Giornale, el aluvión de inmigrantes interceptados en estas fechas han partido de Sfax, en Túnez, y de Zuwara y El-Agelat, en Libia. Han desembarcado también pakistaníes, egipcios, bengalíes, sudaneses y congoleños, además de ilegales provenientes de Guinea, Costa de Marfil, Camerún, Burkina Faso y Sierra Leona. Italia emplea todos los instrumentos legales disponibles en el ejercicio del derecho a la defensa de sus fronteras y advierte a la Unión Europea del peligro que conlleva al conjunto de sus miembros la laxitud con el flujo constante y en aumento del ingreso ilegal a su territorio.
En el fin de semana del 17 al 19 de febrero, el número de inmigrantes fue de casi 3.000 personas. La pequeña isla de Lampedusa está colapsada totalmente y en Agrigento, Sicilia, los centros de acogida están desbordados
El trafico de inmigrantes ahora se realiza en barcazas sobrecargadas que son interceptadas en el mar, a diferencia de las habituales pequeñas embarcaciones con unas pocas personas. Desde los puertos antes mencionados zarpan embarcaciones más grandes capaces de hacer frente a una travesía más larga, y que finalmente y en apariencia, se topan con barcos de las ONG que completan el trabajo sucio.
En el fin de semana del 17 al 19 de febrero, el número de inmigrantes fue de casi 3.000 personas. La pequeña isla de Lampedusa está colapsada totalmente y en Agrigento, Sicilia, los centros de acogida están desbordados. A esta situación insostenible debe sumarse la marea de desembarcos autónomos habituales, cuyos pasajeros se dispersan por el territorio eludiendo los controles sanitarios y de identificación.
¿Cuál es la reacción del gobierno italiano frente al caos migratorio de estos días? El gobierno Meloni está actuando de forma cautelosa pero con firmeza en una complicada situación de equilibrio que le permita cumplir su programa y compromiso electoral, intentando sumar a sus socios europeos con una política migratoria efectiva y ordenada, que vele también por la protección de fronteras. Evidentemente todo esto no es nada fácil ni de efectos inmediatos, pero sí se han dado los primeros pasos necesarios empezando por el cumplimento de la legalidad.
El ministro de Interior Matteo Piantedosi impulsó el decreto que pone límite a las ONG cuando un barco más pequeño los transfiere a un barco más grande para poder continuar operando, obstaculizando los rescates múltiples que enmascaran el trafico de seres humanos en manos de las mafias migratorias. El decreto también obliga a solicitar puerto seguro a Italia, solo e inmediatamente después de haber realizado el primer salvamento. El país ejerce así su soberanía y es quien tiene la última palabra. En caso de no cumplirse la normativa se contempla la aplicación de duras sanciones económicas e incluso la consfiscación de la nave. La reglamentación no da lugar a dudas. “El naufragio y el salvamento son algo ocasional, no una búsqueda sistemática que induce a las salidas”, afirmó el ministro del interior y agregó que “La presencia de las ONG invita a las barcazas precarias a zarpar. Esto es un hecho comprobado”.
La iniciativa con el decreto sicurezza desató la furia de las ONG y de la izquierda, dentro y fuera de Italia, que promueven las “fronteras y puertos abiertos”, así como de los organismos europeos e internacionales. La Comisión Europea se pronunció respecto a la aprobación de dicho decreto en la Cámara de Diputados de Italia. Helena Dalli, comisaria europea de Trabajo e Igualdad, entrevistada por el diario La Repubblica, manifestó que “Por lo que respecta a la gestión eficaz de las fronteras, ésta debe ser respetuosa con los derechos fundamentales, incluida la dignidad humana y el principio de no devolución. La Comisión espera que las autoridades nacionales investiguen las posibles devoluciones y las denuncias de violencia, con el fin de establecer los hechos y hacer un seguimiento adecuado de cualquier irregularidad”. Dalli afirmó también que salvar a los inmigrantes en el mar es un deber, no un derecho, y agregó que “Existen disposiciones de derecho internacional y europeo que establecen claramente el deber de rescatar para garantizar la seguridad de la vida en el mar, independientemente de las situaciones que hayan provocado la puesta en peligro de las personas”. De manera coincidente pero no casual, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volter Türk, ha criticado duramente el decreto ONG del gobierno de Meloni, afirmando que el mismo genera “serias preocupaciones sobre una propuesta de ley en Italia que podría obstaculizar la prestación de asistencia para salvar vidas por parte de las organizaciones humanitarias de búsqueda y rescate en el Mediterráneo central, lo que provocaría más muertes en el mar”.
Lo evidente es el arribo incesante de inmigrantes ilegales que llegan a Italia, ya sea mediante barcazas precarias, barcos nodriza que los acercan a la costa o por naves de diversas ONG. Ese tráfico humano sin control además de inmoral y de ser una flagrante ilegalidad, se ejerce en su inmensa mayoría con una población que culturalmente se encuentra en las antípodas de la civilización occidental, alejada e incompatible con la europea. Paradógicamente, esto es fomentado y auspiciado por gobiernos europeos y organismos internacionales enmarcados en el buenismo ideológico de lo políticamente correcto.
El gobierno italiano también tiene límites y es consciente que tiene una oposición férrea que no sólo está en su Parlamento, sino también en Europa. Contar con la fuerza suficiente en la UE no es sencillo y va más allá de las buenas intenciones. Es un trabajo arduo que lleva tiempo, determinación y constancia para lograr los compromisos suficientes y efectivos que respalden en todos los ámbitos las políticas migratorias de Italia pactadas en la coalición de centro-derecha gobernante, y que no defrauden a sus votantes que de manera clara y contundente hablaron en las urnas.
La cuestión de la inmigración ilegal y su urgente solución es una carrera contra reloj de la que tanto Fratelli d’Italia, Lega y Forza Italia son conscientes. Los ministros italianos de Interior, Matteo Piantedosi y de Exterior, Antonio Tajani, han llevado el problema hasta el seno de la Unión Europea, buscando compromisos concretos para dar solución a un problema que no afecta solo a Italia. En este sentido el gobierno Meloni está jugando una carta valiosa en Europa en una partida que recién comienza.
La Cámara de Diputados aprobó el 15 de febrero el decreto ONG con 187 votos a favor, 139 en contra y tres abstenciones. Ahora pasará al Senado que tiene tiempo hasta el 3 de marzo para la transformación definitiva del decreto en ley. Sólo el tiempo y la audacia del gobierno en alcanzar sus objetivos pondrán las cosas en el lugar que corresponde.
