Sin ánimo de resultar exagerada, creo que una de las mayores amenazas que sufren las democracias liberales occidentales es el resurgimiento del identitarismo. Si bien es cierto que este movimiento surgió a finales del siglo XX como una variante del nacionalismo que, en lugar de exaltar la supremacía de la nación poniendo el acento en diferencias raciales, lo pone en elementos étnicos; su evolución en los últimos años evidencia que ha extendido sus oscuros tentáculos a otros ámbitos sociales.

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Que existen diferencias entre los pueblos, y que estos tienen distintas tradiciones, culturas, y mentalidades es algo palmario, por lo que ponerlo de manifiesto no convierte a nadie en seguidor o gurú del identitarismo. Lo que de verdad define a esta corriente del pensamiento es su exigencia de que esa “diferencia”, que normalmente viene referida a una característica indisponible para la persona, justifique un trato legal e institucional distinto, de forma que aquellos que no reúnan todas o algunas de esas señas de identidad sean merecedores normativamente de un trato desigual. En resumen, lo que define al movimiento identitario es que promulga la institucionalización del privilegio por razones étnicas.

El identitarismo está muy presente en la escena política actual, y al contrario de lo que pudiera parecer, no es únicamente patrimonio de un sector de la derecha política. Efectivamente, desde la izquierda llevan años abrazando o, cuando menos, justificando esos mismos discursos identitarios que tradicionalmente solían provenir de la derecha nacionalista.

Pero si hay algo que resulta novedoso, más allá de la asunción por la izquierda de determinados eslóganes identitarios como propios, es que desde esa misma izquierda se le haya dado otra vuelta de tuerca al identitarismo para trasladarlo a nuevos ámbitos sociales para que los inicialmente no estaba conceptualmente concebido, como por ejemplo a las políticas de género.

Se trata de transformar una cualidad biológica del ser humano como el sexo, en una fuente de privilegios legales y laborales, aunque para ello se ponga en cuestión las bases en las que se asienta la democracia liberal y el Estado de Derecho

Efectivamente, esta mal llamada revolución feminista postmoderna, fruto en nuestro país de la tergiversación política y mediática de una sentencia recaída en un caso jurídicamente dudoso, es una manifestación palmaria de un nuevo constructo social: el identitarismo de género.

Mientras que el feminismo hunde sus raíces en el liberalismo, en tanto que propugna la igualdad ante la ley de hombres y mujeres, instando a que desde las instituciones se remuevan los obstáculos y barreras que impiden o dificultan a la mujer desarrollarse personal y laboralmente en igualdad de condiciones; el identitarismo de género propugna el privilegio legal o, dicho de otro modo, la legalización e institucionalización de la discriminación por razón de género.

Es cierto que, constitucionalmente, no todo trato desigual determina la existencia de discriminación (la llamada discriminación positiva), siempre y cuando la finalidad de este trato discriminatorio sea, precisamente, la de alcanzar o fomentar esa plena igualdad ante la ley.

El identitarismo de género, al igual que el étnico, no persigue la consecución de la igualdad ante la ley, sino la subversión de dicha máxima de nuestro ordenamiento jurídico. Efectivamente, se trata de transformar una cualidad biológica del ser humano como el sexo, en una fuente de privilegios legales y laborales, aunque para ello se ponga en cuestión las bases en las que se asienta la democracia liberal y el Estado de Derecho.

Prueba de ello es que llevamos meses asistiendo atónitos a declaraciones de destacados líderes políticos y personas de relevancia institucional y mediática que, de forma más o menos directa, ponen en cuestión la presunción de inocencia en delitos relacionados con la violencia contra la mujer, afirmando sin pudor que cuando una mujer denuncie unos de estos delitos debe ser creída sí o sí por el mero hecho de ser mujer, lo que consecuentemente determina que sea el hombre acusado quien deba demostrar su inocencia. Ni que decir tiene que son conscientes de que, hoy por hoy, esta premisa tiene un encaje legislativo imposible en tanto que choca frontalmente con el principio acusatorio y la presunción de inocencia, ambos pilares sobre los que se sostienen las democracias constitucionales occidentales. Ello explica que su misión ahora sea menos elevada pero sin perder de vista el fin, esto es, la implantación sutil de medidas que propicien un cambio de mentalidad en la sociedad para que, llegado el momento, la modificación legislativa que los identitarios de género ansían no sea contestada, ni por los ciudadanos en general, ni por el poder judicial en particular. De hecho, muestran especial empeño en formar a los miembros del poder judicial en cuestiones de género, y hablan abiertamente y sin tapujos de la necesidad de que se imparta justicia con “perspectiva de género”.

También tenemos ejemplos en el ámbito laboral. Todos recordamos a una alta responsable institucional afirmar en una entrevista que, desde el punto de vista laboral, debe exigirse a las empresas públicas y privadas cuotas femeninas, al igual que con los discapacitados, porque favorecen al más débil.

Amén de encontrarnos ante un nuevo intento de instaurar un privilegio por razón de género, los identitarios parten de una concepción frágil y condescendiente de la feminidad y de un modelo estereotipado de mujer que nada tiene que ver con el feminismo. Para el feminismo no puede ni debe existir un modelo correcto, uniforme y social y políticamente aceptable de mujer, sino que existen MUJERES a secas, libres para desarrollarse personal y profesionalmente de la manera que estimen oportuna y sin obstáculos que, por razón de su sexo, les hagan más difícil su camino o las detengan.

El identitarismo, tanto en su vertiente étnica como en su vertiente de género, necesita de la división social como caldo de cultivo, porque es consciente de que encuentra su fuerza en la confrontación. La historia nos ha dejado numerosas muestras de ello y no podemos dejar que triunfe. No esta vez.

Foto: «Pinto_8M19_074» by cgt.sovzonasur is licensed under CC BY-NC-ND 2.0 


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