Desde que en julio del año pasado la Comisión Europea firmó un acuerdo marco con los estados miembros de la Unión para la compra anticipada de vacunas contra la COVID-19 ha transcurrido ya el tiempo suficiente para evaluar unos planes de vacunación mal concebidos para llegar al objetivo de distribuir las vacunas que inmunicen a la mayoría de la población europea en el menor tiempo posible. “Por cada mes que se adelante su distribución, se salvarán vidas, puestos de trabajo y miles de millones de euros” rezaba una de las consideraciones iniciales del anexo del citado acuerdo.
En esencia los estados miembros confirieron un mandato a la Comisión para negociar y celebrar contratos de compra anticipada (APA, por sus siglas en inglés) con cada una de las empresas farmacéuticas, que ya en aquel momento avanzaban en la investigación y ensayo clínico de distintas vacunas. La celebración de contratos concretos, tras el anuncio de un determinado precontratos por parte de la Comisión, y la adquisición final de las vacunas y las obligaciones de pago corresponderían (art. 2) a los estados participantes en función de las cuotas asignadas a cada uno, salvo que se dispusiera otra cosa. En este sentido, las directrices del anexo del acuerdo perfilaron la posibilidad de que la Comisión Europea asumiera hasta el 50 por ciento del precio final, cuando se plantera una gran dificultad en distinguirlo del precio inicial adelantado a los fabricantes durante la fase de proyecto. Asimismo, la competencia para ejecutar las políticas de vacunación quedaban al arbitrio de los estados.
Las compras para garantizar una distribución e inoculación de vacunas gratuitas para la generalidad de la población no eran –ni son ahora una vez celebrados la mayoría de los contratos– incompatibles con la autorización a empresas o particulares que ya suministran otros medicamentos o adquirir las vacunas como consumidores finales
Cualquiera que sea el contenido exacto de cada uno de los acuerdos concretos suscritos con los fabricantes de vacunas – sometidos a confidencialidad, incluido el precio – según los últimos datos publicados por Ourworldindata, el conjunto de los países de la UE ha inoculado, al menos, la primea dosis de la vacuna a un 19´39 por ciento de su población[1], datos que palidecen frente al 61´96 por ciento de Israel, 48´66 del Reino Unido, 40´61 de Chile o el 39´85 de EE.UU. A la vista de estos resultados provisionales, el alcance de la ansiada inmunidad de grupo en la UE antes del verano se antoja imposible por los intervalos entre dosis de la mayoría de la vacunas hasta ahora aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento (EMA). Incluso si, como parece, las entregas se multiplican por la llegada de las que se vayan aprobando, los retrasos provocados por las suspensiones o limitaciones de la aplicación de AstraZeneca y Janssen[2] en la mayoría de los países no se van a compensar por los medios públicos desplegados y los anuncios de apertura al sector privado en el proceso de vacunación de dosis adquiridas previamente por los gobiernos[3]. No así de las compras, la distribución y la inoculación paralela.
Este fracaso no puede achacarse –al menos no fundamentalmente– a la Comisión Europea, puesto que el acuerdo marco no impedía a los estados miembros explorar otras vías, complementarías del programa de compras coordinado (notificando con cinco días de anticipación su voluntad de excluirse, una vez informados de la inminencia de cada contrato de venta anticipada- art. 5) ni les obligaba a gestionar el proceso al modo de un sistema de economía socialista centralizado. Dicho de otra manera, las compras para garantizar una distribución e inoculación de vacunas gratuitas para la generalidad de la población no eran –ni son ahora una vez celebrados la mayoría de los contratos– incompatibles con la autorización a empresas o particulares que ya suministran otros medicamentos o adquirir las vacunas como consumidores finales.
Si acaso cabe apreciar que, tanto los gobernantes europeos como la Comisión, partieron del sobreentendido de monopolizar la demanda en cada país y asumir el papel de prestadores únicos de las vacunas contra el Covid-19, impidiendo el funcionamiento de un mercado, que a través de sus precios proporcionaría una información muy valiosa[4] a nuevos productores de vacunas y una distribución mucho más eficiente a personas dispuestas a pagar por ello. Asimismo, demostraron una autoconfianza desmedida en la virtualidad de las compras centralizadas a través de comités de funcionarios públicos, que a cada paso tendrían que recabar la opinión y aprobación de los estados miembros y obviamente sobrevaloraron la influencia que tendría la financiación anticipada de determinados proyectos en las condiciones de entrega de las futuras vacunas.
Como señaló hace poco el profesor Pedro Schwartz sobre el caso concreto de España, “so capa de que las vacunas se distribuyen gratuitamente, se ha prohibido su compra por personas individuales, así como la vacunación en hospitales privados y farmacias”. Los gobiernos europeos, y muy singularmente el español por su obsesión de dominar todos los resortes de la sociedad desde el gobierno, han impedido que sus ciudadanos se beneficiaran del funcionamiento de un mercado de vacunas para conseguir el fin apetecido.
Incluso en una situación de oligopolio de facto de la producción de vacunas, los precios en el mercado mundial por unidad son tan ridículos que la idea de que deban proveerse “gratuitamente” a toda la población es un completo desatino. A cambio, los gobiernos han conseguido que los europeos se sometan mansamente a fallidas “estrategias de vacunación”, esperando con paciencia su turno, segmentados por grupos de edad o profesiones. Un remedo de los planes de racionamiento gubernamentales de las guerras y posguerras del siglo XX (y de modo estructural de los regímenes comunistas) que parecían indefendibles en los países libres para proveer bienes de consumo a gran escala. Como en aquellas viejas historias del “estraperlo” de la autarquía en España, afloraron casos de corrupción gracias a los contactos con el poder o se presentaron chivos expiatorios cuando algunas personas escaparon del sistema.
La pandemia del Covid-19 ha causado ya demasiadas muertes. Sin embargo, ante la probabilidad de que, debido a sus mutaciones, se haga necesaria la vacunación periódica, todo este esquema tiene que reconsiderarse totalmente. El punto de partida debería invertirse para que los estados europeos se limiten a comprar y distribuir vacunas a las personas que carecen de medios para hacerlo. En un momento en el que la destrucción de una parte de la infraestructura productiva es un hecho y los presupuestos públicos presentan gigantescos déficit, debe plantearse una alternativa clara al modelo que han colado políticos incompetentes o sedientos de poder, aprovechando el miedo y la incertidumbre generalizados.
Nos va en ello la libertad … y la vida.
[1] Curiosamente España, con un 20´51 por ciento está por encima de Francia, 18´63, y por debajo de Alemania, 20´63.
[2] El 20 de abril el comité de seguridad de la EMA dictaminó que, infrecuentes trombos con bajos niveles de plaquetas deberían relacionarse como un efecto secundario muy raro de ésta última.
[3] En este sentido, en el caso español, después de que se demandara por el gobierno de la Comunidad de Madrid, mediante el anuncio de acuerdos de colaboración con una fundación de la patronal CEOE para que las Mutuas de accidentes se conviertan en centros de vacunación
[4] Recuérdese como, paradójicamente, los negociadores de la Comisión Europea
José Antonio Baonza Díaz, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y Diplomado por la Escuela de Práctica Jurídica del ICADE de la misma ciudad. Abogado y profesor de español..
Foto: Spencer Davis.
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