Hay una vieja costumbre en el periodismo de parte que consiste en buscar al sabio extranjero que diga, en otro idioma y sobre otro país, aquello que uno quiere escuchar sobre el propio. El viajero ilustre no siempre sabe que le están usando. O lo sabe y le importa poco, porque su diagnóstico es, después de todo, técnicamente impecable.
El problema no está en lo que dice, sino en el uso que se hace de ello.
Sabino Cassese es uno de los grandes juristas europeos del siglo. Exmagistrado del Tribunal Constitucional italiano, teórico del «gobierno de los jueces», hombre de una independencia intelectual que muy pocos en su país podrían reivindicar con igual autoridad. Nada de lo que aquí se diga cuestiona su talla. Lo que sí merece cuestionarse es la operación editorial que lo convierte en munición para un debate que él no ha protagonizado y en el que, casi con toda certeza, no se reconocería del todo.
Si la justicia española funcionara con los estándares de independencia y actividad que tiene la italiana, buena parte del actual Consejo de Ministros estaría desde hace tiempo en prisión preventiva
Agenda Pública lleva meses desarrollando con tenacidad una tesis: que la crisis de la justicia en España es, en el fondo, cosa de los jueces. Que la politización judicial viene de la toga, no del Boletín Oficial del Estado. Que el problema no es un Gobierno que ha designado a su hombre al frente de la Fiscalía General, que ha intentado amnistiar delitos para salvar su mayoría parlamentaria, que ha convertido la renovación del CGPJ en moneda de cambio política; sino los magistrados que, investidos de una peligrosa autonomía corporativa, se comportan como actores políticos con toga.
Para sostener esa tesis, han acudido a Roma. Han traído a Cassese —que habla de Italia— y han tendido el puente con una fórmula editorial tan socorrida como deshonesta: su diagnóstico, se nos dice, ofrece claves valiosas no solo para Italia, sino también para comprender las tendencias que atraviesan otras democracias europeas, incluida la española.
Porque lo que Cassese describe en Italia no es lo que ocurre en España. Pero es que, además, si trasladáramos a España no el modelo institucional italiano sino la práctica judicial italiana, el resultado sería precisamente el contrario al que Agenda Pública pretende sugerir. En Italia, la Fiscalía actúa con una autonomía del poder político que en España es desconocida. En Italia, los jueces de instrucción no preguntan al ministro antes de abrir una investigación. En Italia, un presidente del Consejo de Ministros cuyos colaboradores más próximos están siendo investigados por corrupción, cuya esposa ha sido imputada por tráfico de influencias, cuyos socios de gobierno acumulan causas pendientes, no acude a televisión a calificar de «lawfare» la acción de los tribunales. Acude al tribunal.
Dicho sin rodeos: si la justicia española funcionara con los estándares de independencia y actividad que tiene la italiana —esos mismos que Cassese critica por excesivos—, buena parte del actual Consejo de Ministros estaría desde hace tiempo en prisión preventiva. Y no por persecución política, sino por aplicación ordinaria de los mismos criterios que en Italia han llevado a presidentes del Gobierno, ministros, presidentes regionales y alcaldes ante los jueces.
Esa es la paradoja que Agenda Pública prefiere no ver: invocan a Cassese para alertar del exceso de celo judicial italiano y, simultáneamente, presentan la tibia justicia española como una amenaza al poder.
Si la medicina italiana mata, ¿qué nombre recibe la enfermedad española? ¿Qué calificativo merece un sistema donde el Fiscal General del Estado es nombrado a dedo por el Ejecutivo, donde la renovación del órgano de gobierno de los jueces llevó bloqueada años por interés partidista, donde la mayoría de magistrados del Tribunal Constitucional no concluyen nunca contra los altos intereses del Gobierno, donde, en fin, quien ahora exige más imparcialidad judicial es precisamente quien más ha hecho por colonizar las instituciones que la garantizan?
Cassese tiene razón en que la percepción de imparcialidad importa. Pero la pregunta pertinente no es si los jueces españoles aparentan imparcialidad, sino quién la ha deteriorado. Y la respuesta, que los propios datos de la Comisión Europea recogen con precisión implacable, es que el cuarenta por ciento de los ciudadanos señala como primera causa de la desconfianza judicial la presión del Gobierno y los políticos. No la corporación judicial. El Gobierno y los políticos.
Hay algo profundamente revelador en que un medio que se presenta como analítico y plural viaje hasta Roma para buscar al jurista que diagnostique los males de la justicia italiana y los ofrezca luego, convenientemente reencuadrados, como radiografía de la española.
Es el viejo método del espejo cóncavo: uno elige el reflejo que más le conviene. Y Cassese, que es un hombre de una pieza, merece algo mejor que servir de reflejo prestado para una tesis que en Italia tiene nombre propio —la de quien quiere reformar la magistratura porque le estorba— y que en España, trasladada así, sin matices ni contexto, se convierte en coartada académica para lo que, en cualquier otra latitud, se llamaría sin eufemismos captura del Estado.
El testigo prestado es el argumento del que carece de argumento propio. Qué vergüenza.
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