Las revoluciones clásicas entraban en las ciudades con violencia, banderas y consignas. Necesitaban asaltar los ministerios, ocupar las plazas, derribar las estatuas, incendiar los archivos o, en el mejor de los casos, conquistar una mayoría que les abriera de par en par las puertas del Estado. Las nuevas revoluciones son distintas. Han aprendido a ser más discretas.
No asaltan el poder: se presentan como asesoramiento técnico. No prometen destruir el sistema: prometen modernizarlo. No hablan de lucha de clases, sino de «hojas de ruta», «transiciones justas», «resiliencia», «gobernanza» y «consensos científicos». No recurren a la tosca movilización revolucionaria, sino a la participación de los ciudadanos, a la presión regulatoria, a la concienciación de la sociedad civil y a la construcción de un nuevo sentido común.
Para entender qué esá pasando hay que volver al momento en que una parte de la izquierda europea perdió su batalla ideológica y tuvo que idear un nuevo lenguaje para seguir persiguiendo sus viejos objetivos
Su mayor triunfo consiste en lograr que una opción política cuestionable deje de parecer una opción política. Que una preferencia ideológica se convierta en necesidad técnica. Que un colosal programa de transformación social aparezca como el simple resultado de escuchar a los expertos y científicos.
Europa lleva décadas viviendo dentro de esa operación.
No se trata de negar que la energía o la contaminación son importantes. Se trata de advertir algo que debería ser elemental: que la ciencia puede describir riesgos, medir emisiones o estimar escenarios, pero no puede decidir por sí sola qué industria debe desaparecer, qué tipo de coche podrá comprar una familia, cuánto debe costar calentar o enfriar una vivienda, qué sacrificios habrán de asumir los trabajadores de una industria o qué poder debe tener una burocracia supranacional sobre la vida cotidiana de cientos de millones de europeos.
Esas decisiones no son científicas. Son políticas. Y para entender de dónde procede esa política, qué ideas la alimentan y cómo ha logrado presentarse como una mera necesidad técnica, hay que volver al momento en que una parte de la izquierda europea perdió su batalla ideológica y tuvo que idear un nuevo lenguaje para seguir persiguiendo sus viejos objetivos.
Después de la derrota
La caída del Muro de Berlín produjo una ilusión extraordinaria en Occidente. Muchos pensaron que la historia había terminado, que el comunismo se había hundido con la Unión Soviética y que las grandes ideologías del siglo XX habían quedado reducidas a restos arqueológicos: viejos libros, siglas olvidadas y un puñado de nostálgicos de una causa perdida. Pero la izquierda revolucionaria no desapareció. Simplemente se adaptó al nuevo escenario.
La genialidad de esa operación consistió en envolver una agenda de transformación económica, industrial, social y cultural dentro de una causa universal
Quienes habían creído en la transformación radical de la sociedad comprendieron que ya no podían presentarse ante el público con el lenguaje de la revolución, la dictadura del proletariado o la expropiación. El fracaso soviético había dejado demasiados cadáveres, demasiada miseria y demasiadas pruebas sobre la mesa. Había que encontrar otra puerta.
Y la encontraron. La cuestión climática ofrecía una oportunidad casi perfecta. Permitía armar una gran causa moral difícil de rechazar en público. ¿Quién iba a declararse partidario de destruir el planeta? ¿Quién podía oponerse a evitar una catástrofe? ¿Quién quería aparecer como enemigo de la ciencia, de los jóvenes o del futuro?
La genialidad de esa operación consistió en envolver una agenda de transformación económica, industrial, social y cultural dentro de una causa universal. La vieja batalla contra el capitalismo podía reaparecer, ahora purificada, bajo la forma de una lucha contra el carbono, el consumo, el crecimiento, la movilidad individual, los cárteles energéticos o la industria pesada. La revolución ya no necesitaba llamarse revolución. Podía llamarse transición.
La biografía que sintetiza un método
Para entender cómo una causa ambiental ha podido convertirse en una operación de ingeniería social de una escala sin precedentes, hay biografías que iluminan mejor una época que cien informes. La de Laurence Tubiana es probablemente la más esclarecedora.
Laurence Tubiana no es una figura menor del mundo climático. Es uno de los personajes que más han contribuido a definir el lenguaje, las instituciones y la estrategia climática europea e internacional. Fundó el IDDRI, dirigió la negociación francesa en torno a la COP21 y al Acuerdo de París, ocupa la dirección ejecutiva de la European Climate Foundation (ECF) y ha desarrollado una carrera que combina academia, diplomacia, fundaciones, cargos públicos, redes internacionales y organizaciones de presión. Su recorrido político resulta bastante más que revelador.
No hacía falta derribar las instituciones; bastaba con transformar su lenguaje, condicionar sus prioridades, redefinir su legitimidad y convertir la administración en una maquinaria de transformación, no de gestión
La evolución de Tubiana no fue una repentina epifanía ni significó una renuncia a las antiguas ambiciones de transformación. Fue una adaptación al nuevo entorno. Cuando el viejo lenguaje de la revolución perdió prestigio, la lucha dejó de presentarse como un asalto frontal y empezó a desplazarse hacia la universidad, los organismos técnicos, los centros de estudio y la administración. La política no desaparecía: cambiaba de vocabulario. La militancia se convertía en especialización; la lucha ideológica, en gobernanza; la promesa de derribar el sistema, en la ambición más discreta de desmontarlo desde dentro.
Tubiana recorrió precisamente ese camino. A finales de los años ochenta y comienzos de los noventa se fue asentando en la investigación agraria y económica, en el entorno del INRA, un espacio desde el que las cuestiones de desarrollo, producción, recursos y regulación ya podían presentarse con una apariencia estrictamente técnica. Tubiana comenzaba a dejar atrás la imagen de la militante para adquirir la de una experta en políticas públicas.
El siguiente paso fue decisivo. Años después, Tubiana sería asesora de Lionel Jospin entre 1997 y 2001, durante su etapa como primer ministro francés. Jospin tampoco era un personaje cualquiera en esa historia. Durante décadas negó su pasado trotskista, hasta que en 2001 tuvo que reconocer su vinculación con la Organización Comunista Internacionalista, dirigida por Pierre Lambert. El propio Jospin admitió que había entrado en el Partido Socialista francés procedente de ese entorno.
No se puede afirmar que Tubiana fuese escogida por Jospin debido a ese origen común. Pero la coincidencia sí desmonta una ficción: la de que la nueva tecnocracia verde surgió de la nada, sin tradición ideológica, sin genealogía política y sin vínculos con la antigua izquierda revolucionaria.
De hecho, Tubiana demuestra cómo una parte de esa izquierda supo adaptarse al nuevo clima de los años noventa. En lugar de desaparecer con el colapso soviético, evolucionó hacia formas de influencia adaptadas a un mundo que ya no atendía a discursos revolucionarios, pero sí aceptaba —e incluso demandaba— soluciones expertas aparentemente neutrales.
Un think tank no necesita dictar órdenes para ejercer influencia. Le basta con determinar qué preguntas se consideran serias, qué soluciones parecen razonables, qué conceptos reciben financiación, qué expertos son escuchados y qué alternativas quedan automáticamente relegadas al territorio de lo inaceptable, lo anticuado o lo ignorante
No se trata de caer en la teoría de la conspiración, sino de observar la continuidad del método. La vieja izquierda aprendió que no era necesario conquistar el Estado desde fuera cuando podía infiltrarlo. No hacía falta derribar las instituciones; bastaba con transformar su lenguaje, condicionar sus prioridades, redefinir su legitimidad y convertir la administración en una maquinaria de transformación, no de gestión.
Tubiana encarna ese proceso con una claridad deslumbrante.
Después de su etapa como asesora de Jospin, fundó en 2001 el Instituto para el Desarrollo Sostenible y las Relaciones Internacionales, el IDDRI, que dirigió hasta 2014. Allí construyó una plataforma situada justamente en el punto donde el poder contemporáneo se vuelve más difícil de identificar: entre la investigación, la política pública, la diplomacia, la empresa, las ONG y la confección de marcos intelectuales. Un think tank no necesita dictar órdenes para ejercer influencia. Le basta con determinar qué preguntas se consideran serias, qué soluciones parecen razonables, qué conceptos reciben financiación, qué expertos son escuchados y qué alternativas quedan automáticamente relegadas al territorio de lo inaceptable, lo anticuado o lo ignorante. Antes de que una ley llegue a Bruselas, ya se ha delimitado el terreno de juego.
Pero la carrera de Tubiana no acaba en el IDDRI. Sigue escalando posiciones, creando nuevos entornos cada vez con más recursos, mayores redes y más capacidad de acción. Si el IDDRI funcionaba como un laboratorio de ideas capaz de fijar marcos intelectuales, la siguiente etapa de su trayectoria introduce algo decisivo: la capacidad de financiar, coordinar y escalar esas mismas ideas a través de una red mucho más extensa. Ese salto se materializa en su llegada a la dirección de una entidad mucho más grande, compleja y poderosa: la European Climate Foundation (ECF).
El poder que no parece poder
La ECF no es un partido político. No presenta candidatos. No tiene urnas, oficinas de distrito ni militantes que peguen carteles en las farolas. Sin embargo, su capacidad de influir en el entorno intelectual y político europeo es enorme; y también en los entornos populares, a través de organizaciones que se presentan como autónomas y ciudadanas, pero que comparten con la izquierda ecosocialista buena parte de sus cuadros, su lenguaje, sus prioridades y su misión transformadora.
Pero esa capacidad no ha surgido por generación espontánea. Desde 2017, la ECF está dirigida por Laurence Tubiana. Conviene no perderlo de vista: la ECF es la plataforma más poderosa de una mujer que ha pasado por la militancia trotskista, la tecnocracia, los centros de pensamiento, la diplomacia internacional y, finalmente, la construcción de una red de influencia capaz de penetrar en la política europea desde muchos frentes a la vez.
La ECF selecciona aliados, financia proyectos y multiplica voces que después se presentan ante la opinión pública como si hubieran surgido espontáneamente de la sociedad civil
No estamos ante una fundación sin rostro que reparte dinero alegremente. Estamos ante una estructura dirigida por un personaje cuya biografía es clave para entender la lógica de todo el mecanismo.
La propia ECF se define, entre otras cosas, como «financiadora de proyectos y moldeadora de narrativas». En 2024 concedió 1.165 subvenciones a 705 organizaciones. Nada es clandestino ni ilegal. Financiar centros de estudios, campañas, plataformas cívicas, proyectos de comunicación o redes de activismo forma parte de la realidad cotidiana de las democracias occidentales.
Pero precisamente por ser legal debemos observar este ecosistema con mucha más atención. Las subvenciones no se distribuyen mediante sorteo ni las estrategias caen del cielo: responden a unas prioridades, a una determinada visión de la transición y a una idea concreta del poder. Nadie necesita imaginar a Tubiana firmando personalmente el destino de cada euro. Lo relevante es que, bajo su dirección, la ECF selecciona aliados, financia proyectos y multiplica voces que después se presentan ante la opinión pública como si hubieran surgido espontáneamente de la sociedad civil.
En España esa conexión ideológica parece no esconderse demasiado. No adopta la forma rudimentaria de una jefatura, desde luego. Es más sofisticada, más flexible y bastante más eficaz: un circuito de personas con la misma inclinación ideológica que pasan de la política al activismo climático, del activismo a las fundaciones, de las fundaciones a la administración y de la administración a la definición de las políticas climáticas.
El ejemplo más claro es Rosa Martínez. Antes de incorporarse al Gobierno como secretaria de Estado de Derechos Sociales y Agenda 2030, trabajó en la European Climate Foundation gestionando proyectos relacionados con la llamada crisis climática. Antes aún había sido diputada por Vizcaya en las listas de Podemos y Unidas Podemos, portavoz adjunta en la Comisión de Energía y responsable política del grupo Elkarrekin Podemos en el parlamento Vasco. No es una mera sospecha: es una trayectoria profesional y política perfectamente documentada.
Rosa Martínez no es un caso aislado. Forma parte de una estrategua más amplia: la que conecta partidos, fundaciones, activismo e instituciones y refuerza, mediante recursos y capacidad de presión, a organizaciones que no conciben la política climática como una mera defensa del medioambiente.
Ecologistas en Acción formó parte de una plataforma respaldada y subvencionada por la ECF para aumentar la presión de los movimientos climáticos sobre las instituciones. No hablamos de una organización dedicada únicamente a promover políticas ambientales. Ecologistas en Acción sitúa el decrecimiento y la crítica al capitalismo en el centro de su discurso. En su Revista Ecologista nº 119 llaman a no perder el «norte anticapitalista» y reclaman una transformación profunda del modelo económico.
La Fundación 1º de Mayo, vinculada a Comisiones Obreras, ha desarrollado también proyectos sobre transición energética y movilidad libre de carbono con apoyo de la ECF. Fundación Renovables, integrada en las redes de la presión climática, reconoce también financiación de la ECF. No se trata de denunciar que sindicatos, fundaciones o asociaciones defiendan ideas; se trata de constatar que determinadas ideas reciben recursos, asesoramiento y difusión de la ECF mientras que a otras se les niegan los medios y la visibilidad.
La Alianza por el Clima reproduce este mecanismo a una escala mucho mayor. Agrupa a centenares de entidades, entre ellas Ecologistas en Acción, CCOO, Fundación Renovables, ECODES, Amigos de la Tierra, ATTAC y otras muchas organizaciones que comparten el mismo objetivo de transformación social. La propia plataforma participa en el Consejo Nacional del Clima, presenta alegaciones en consultas públicas, interviene en comités de expertos e impulsa nuevas “asambleas climáticas”. Es decir, no se limita a protestar desde fuera: está dentro del circuito institucional en el que se elaboran las normas, se definen los objetivos y se legitiman las decisiones regulatorias posteriores.
La sinergia entre estas “asambleas ciudadanas” y la construcción de nuevas redes de activismo se reconoce sin ningún disimulo. En julio de 2025, un encuentro organizado por Political Watch con colaboración de la ECF reunió a representantes de 34 organizaciones para estudiar cómo integrar la agenda climática en la llamada profundización democrática. Una de las preguntas fue cómo promover a quienes habían pasado por asambleas ciudadanas y cómo transformar esa experiencia en «activismo democrático». Entre las propuestas figuraba articular asociaciones, redes o alianzas, y convertir las ideas aprobadas en las asambleas en medidas legislativas y regulatorias mediante la intervención de “expertos” elegidos a la carta.
El ciudadano soporta después decisiones europeas sobre vehículos, vivienda, energía, agricultura, calefacción, emisiones o industria y cree que son el resultado de un debate político equilibrado, guiado por el consenso científico. Pero no es así
Ahí se comprende para qué sirven y qué son realmente las asambleas ciudadanas. La selección de sus participantes quizá puede parecer neutral, pero todo lo que sucede antes y después de esa selección no lo es. Alguien —y no precisamente el ciudadano de a pie— decide qué problemas se señalan, qué expertos participan, qué documentos se debaten, qué alternativas salen adelante y cuáles quedan fuera. En Baleares, por ejemplo, la ECF financió el estudio de viabilidad y diseño de una Asamblea Ciudadana por el Clima. No había, sin embargo, ninguna demanda ciudadana. El proyecto arrancó con una arquitectura intelectual, organizativa y financiera diseñada desde arriba.
Éste es el verdadero sentido de la red. No hace falta que cada entidad sea una sucursal del PSOE, de Podemos, de Izquierda Unida o del Partido Comunista. Ese es el error: buscar vínculos directos. Basta con que los mismos cuadros basculen entre partidos, fundaciones, sindicatos, plataformas y administraciones; que compartan lenguaje, prioridades y enemigos. La apariencia de pluralidad sirve para ocultar una dirección mucho más homogénea.
Cuando una organización con determinada orientación dispone de suficientes recursos como para financiar informes, promocionar expertos, crear plataformas ciudadanas, producir contenidos para periodistas, engrasar asociaciones locales y alimentar campañas en Bruselas y en las capitales de los países miembros de la Unión Europea, deja de ser una mera organización. Se convierte en un campo de fuerza.
El ciudadano soporta después decisiones europeas sobre vehículos, vivienda, energía, agricultura, calefacción, emisiones o industria y cree que son el resultado de un debate político equilibrado, guiado por el consenso científico. Pero no es así. Tales políticas son el producto de la red de fundaciones, grupos de presión y estructuras internacionales que durante años han ido preparando el terreno.
La decisión aparece al final. El poder actúa mucho antes. Y, en el caso de la European Climate Foundation, ese poder vuelve a llevarnos al mismo nombre: Laurence Tubiana.
El socio funcional
La relación de Tubiana y del IDDRI con China merece un capítulo separado, no porque pruebe una subordinación política al régimen chino —no la prueba en un sentido jurídico—, sino porque revela algo más profundo: hasta qué punto el proyecto climático ha servido como puente entre élites europeas y estructuras del Estado chino, incluso hoy en día, cuando Europa empieza a descubrir el impagable precio de su propia dependencia.
En 2008, Tubiana copresidió con el profesor Jiang Yi, de la Universidad de Tsinghua, un grupo de trabajo vinculado al Consejo Chino para la Cooperación Internacional sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Sus conclusiones fueron remitidas al Gobierno chino y a ministerios y gobiernos provinciales en 2009. La cooperación internacional en materia ambiental no tiene por qué ser sospechosa. El problema surge cuando Europa asume en carne propia la transición como una cruzada moral mientras China la instrumentaliza y la usa como una palanca de poder industrial, tecnológico y geopolítico.
En una conversación publicada en 2025, celebró la transformación de la cuestión climática en una forma de acción política que desplaza poder desde la diplomacia tradicional hacia la movilización social; habló de una «toma de control por parte de los ciudadanos» y vinculó el momento actual con el fin de la hegemonía estadounidense
Pekín no necesita compartir —mucho menos sufrir— la religión climática europea para aprovechar sus consecuencias. Puede tomar ventaja en la electrificación, acaparar las cadenas de suministro, subvencionar de forma masiva su producción, asegurar minerales, ampliar su capacidad industrial y convertir la dependencia tecnológica en influencia política. Europa, en cambio, ha reducido la transición a una prueba de virtud moral: cuántas más sean las víctimas sacrificadas en el altar del clima, más elevada es la conciencia moral de los europeos.
Desde esa perspectiva, el activismo climático ofrece una palanca extraordinaria. Permite cuestionar no sólo determinadas políticas energéticas, sino las bases materiales del sistema: la industria, el crecimiento, el consumo, la movilidad, la competencia y la autonomía económica de los individuos. No se presenta como una impugnación del capitalismo, pero sus efectos erosionan precisamente el modelo del que Estados Unidos sigue siendo el principal exponente.
Por eso, el debilitamiento de la hegemonía estadounidense no se contempla únicamente como un cambio geopolítico. Representa una oportunidad histórica para acelerar la sustitución del orden económico y político que Estados Unidos simboliza.
Tubiana ha asumido esa visión con bastante franqueza. En una conversación publicada en 2025, celebró la transformación de la cuestión climática en una forma de acción política que desplaza poder desde la diplomacia tradicional hacia la movilización social; habló de una «toma de control por parte de los ciudadanos» y vinculó el momento actual con el fin de la hegemonía estadounidense:
“Lo que está sucediendo es aún más violento porque estamos asistiendo al fin de la hegemonía estadounidense, al fin del imperio. […] Europa se convierte en enemiga precisamente porque cuestiona la visión mesiánica del progreso que defiende Estados Unidos. Esta relación con el medio ambiente, la naturaleza y la colectividad global se está convirtiendo en un eje estructurante de la geopolítica”.
La confesión es reveladora.
El clima deja de ser únicamente un problema de emisiones y se convierte en un instrumento para rebalancear el poder: entre Estados y organismos internacionales, entre parlamentos y tribunales, entre empresas y fundaciones, entre ciudadanos que votan y minorías organizadas que presionan, bloquean o reclaman hablar en nombre de la humanidad.
Tubiana no disimula esa ambición. En la misma entrevista describe la ecología como una fuerza política transformadora y revolucionaria, capaz de alterar la estructura misma de la política. No hace falta atribuirle palabras que no ha pronunciado. Las ha pronunciado ella.
El ciudadano que no vota
La palabra más engañosa de esta nueva política es “participación”. Suena bien. Casi siempre suena bien. ¿Quién podría oponerse a que los ciudadanos participen? El problema empieza cuando esa participación se utiliza para desplazar la representación, cuando una red asamblearia, vasta y capilar, creada mediante estructuras opacas y subvenciones adquiere una autoridad moral superior a un parlamento elegido por todos, o cuando el litigio en un entorno regulatorio climático cada vez más intrincado se convierte en un atajo que permite imponer por vía judicial lo que no se ha obtenido con una mayoría política.
La promesa es liberar a la humanidad de una amenaza planetaria. El resultado es una transferencia masiva de poder
El modelo es muy útil para quienes consideran que la democracia representativa avanza demasiado despacio, que los votantes están mal informados o que las mayorías electorales de los países son un obstáculo para alcanzar objetivos considerados superiores.
En ese punto, la transición energética se convierte también en una tecnología de control social. Porque controla las condiciones materiales de la vida cotidiana: qué energía se puede usar, qué coche podrá circular, cuánto costará una vivienda, qué reformas deberán acometerse, qué actividades serán penalizadas, qué sectores recibirán financiación pública y cuáles serán sentenciados como reliquias del pasado.
El control no tiene por qué presentarse como control. Puede llegar envuelto en subvenciones, reglamentos, incentivos, objetivos de emisiones, créditos verdes, certificaciones energéticas y sanciones administrativas. Su apariencia es tecnocrática. Sus efectos son ideológicos, interesados y profundos.
La promesa es liberar a la humanidad de una amenaza planetaria. El resultado es una transferencia masiva de poder desde los ciudadanos y los parlamentos hacia una constelación de expertos, fundaciones, burocracias, activistas profesionales y organismos supranacionales que nadie ha elegido directamente y que emanan un rancio olor a viejas ideologías.
La pregunta prohibida
Laurence Tubiana no es importante porque sea una excepción. No lo es. Hay muchos más como ella, aunque menos sobresalientes, operando desde la sala de máquinas de esta nueva revolución. Tubiana es importante porque es un paradigma.
Su trayectoria muestra cómo una militante de la izquierda revolucionaria puede convertirse, sin necesidad de renegar de su ambición transformadora, en una figura central de la tecnocracia global. Basta con cambiar el vocabulario, adaptar el método y sustituir el asalto frontal por la ocupación paciente e incremental de las instituciones.
La ciencia es necesaria. El cuidado de planeta también. La innovación tecnológica, más aún. Pero ninguna de ellas puede sustituir el debate democrático sobre el tipo de sociedad que queremos conservar
La revolución ya no exige derribar el capitalismo. Puede dedicarse a hacerlo inviable. Puede encarecer la energía, condicionar la movilidad, debilitar la industria, penalizar el consumo, multiplicar la dependencia exterior y redefinir cada espacio de autonomía individual como un problema que requiere regulación. Todo ello, naturalmente, en nombre de un bien superior.
Europa debería recuperar una pregunta que, extrañamente, ha dejado de formularse: ¿quién decide los costes de la transición?, ¿quién se beneficia de sus consecuencias y qué poder queda en manos de quienes deben pagarlas? La respuesta no puede seguir ocultándose detrás de un panel de expertos con pasado trotskista.
La ciencia es necesaria. El cuidado de planeta también. La innovación tecnológica, más aún. Pero ninguna de ellas puede sustituir el debate democrático sobre el tipo de sociedad que queremos conservar, ni acabar con la autonomía y la libertad que nos han permitido prosperar y llegar hasta el presente en condiciones infinitamente mejores de las que partimos en el pasado.
Una política energética que destruye industria, aumenta dependencias y reduce drásticamente la libertad no deja de ser mala política —o una política peligrosa— por llevar adherida una etiqueta verde. Como tampoco una revolución totalitaria deja de serlo porque, en vez de la violencia política, utilice gráficos, informes y presentaciones de PowerPoint.
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