Nadie prohíbe hoy hablar de pensiones. No hay ministerio que lo vete ni juez que lo sancione. Ahora bien, podemos comprobar un fenómeno que resulta incluso más eficaz. Consiste en que el primer candidato que se atreva poner en duda su sostenibilidad, a la mañana siguiente, pensionistas asustados saldrán en todos los telediarios preguntándose si podrá pagar la cesta de la compra o pagar la factura de la luz.
Las pensiones, y los pensionistas, pertenecen a quien jure no tocarlas, y quien proponga revisarlas habrá entrado en un terreno que le imposibilitará ser alternativa de gobierno
La censura de hoy ya no necesita censor. Basta la inoculación del miedo en el electorado.
Esta es la forma más refinada del control del discurso en las democracias contemporáneas, y la más difícil de combatir, porque no tiene autor ni rostro. Nace de un equilibrio perverso entre partidos y medios que conforman el sistema y que han aprendido a convertir cada tema delicado en una trinchera.
Las pensiones, y los pensionistas, pertenecen a quien jure no tocarlas, y quien proponga revisarlas habrá entrado en un terreno que le imposibilitará ser alternativa de gobierno.
Con los tributos sucede algo parecido. Los impuestos y los principales beneficiarios de las numerosísimas figuras impositivas pertenecen a quien prometa más gasto. Quien sugiera bajarlos será acusado de querer desmantelar el Estado del bienestar y, con ello, desproteger a la población. Sobre todo a esa ya suficientemente empobrecida como para alterarse con estos anuncios.
La seguridad no queda al margen y ya pertenece a quien invoque los derechos. Toda propuesta para garantizarla será presentada, según convenga, como la antesala de un régimen policial o uno que se desliza por la pendiente del racismo y la xenofobia.
Y así es como la democracia, sobre todo en campaña electoral, se ha convertido en una especie de reparcelación. Cada territorio tiene su propietario y su cartel de «prohibido el paso».
El resultado es inquietante. Los candidatos compiten, pero sobre un tablero al que previamente se le han retirado las casillas más importantes. Y los ciudadanos, convocados cada cuatro años a decidir, descubren que no hay en verdad gran cosa que vaya a cambiar de manera notable el escenario actual.
Alexis de Tocqueville advirtió que las democracias podían engendrar una forma nueva de despotismo que puede parecer más suave. que no tortura el cuerpo pero degrada el espíritu. Stuart Mill fue aún más lejos al señalar que la tiranía social puede ser más temible que las opresiones políticas, porque deja menos vías de escape y penetra mucho más hondo en la vida cotidiana.
Ninguno de los dos pensó, eso sí, en las pensiones ni en los programas electorales, pero describieron el mecanismo. Cuando el precio de disentir es la excomunión pública, la gente deja de disentir o resulta extremadamente complicado disentir. Y cuando los políticos dejan de disentir, dejan también de gobernar.
Se limitan a administrar la inercia, que resulta igualmente insoportable y nada civilizada. Por esta razón en toda Europa nuestra clase política y mediática es tan hostil a los actuales presidentes de Estados Unidos y otros países americanos.
La consecuencia más grave no es que se mienta en campaña, que siempre se ha mentido, sino que se renuncia a decir la verdad a sabiendas de que el adversario la usará como arma. Así se llega a gobiernos que llevan en la cabeza un programa que no se atrevieron a presentar, o que presentaron tan edulcorado que no sirve para nada. Y cuando alguno, por convicción o por desesperación, intenta cumplir lo que cree necesario, se encuentra con la segunda fase del mecanismo: la calle.
No una calle espontánea, sino una calle convocada y organizada previamente. Una calle que no discute la reforma, sino que la incendia porque han sido adiestrados en eso y basta sólo una señal para activarse.
Francia nos ha enseñado que se puede perder un país durante semanas por querer retrasar un par de años la edad de jubilación. España ha intentado lo propio con unos decretos a modo de bomba de racimo para terminar de aniquilar el mercado de la vivienda, pero no ha resultado. Vendrán otras cosas.
Se instala así una paradoja asfixiante. Para reformar hace falta ganar unas elecciones, pero para ganarlas hay que callar la reforma. Y para aplicarla una vez ganadas habría que haberla explicado antes, con lo que se vuelve al principio.
La democracia queda atrapada en un círculo en el que el elector no sabe qué se le propone, el gobernante no sabe qué mandato tiene y el reformador no sabe con qué legitimidad actúa.
¿Es esta la evolución inevitable del sistema? ¡Es este el precio del pluralismo? Pues seguramente. La sensibilidad puede aceptarse incluso como una virtud, el chantaje, en cambio, no. Un sistema político que solo admite propuestas que no molesten a nadie acaba produciendo políticas que no resuelven nada y que acaban dinamitando todo aquello que medio funcionada y que tanto trabajo costó construir.
La salida no es sencilla, pero empieza por un gesto elemental. Hay que negarse a aceptar que los temas tengan dueño. Las pensiones, los impuestos o la seguridad son de todos, y de todos debe ser el derecho a discutirlos sin que el debate se convierta en un delito moral.
Mientras no recuperemos esta libertad, seguiremos votando con libertad formal en un espacio cada vez más reducido. Y eso, aunque lleve urnas, sellos y escrutinio, se parece demasiado a una censura. En definitiva, vivir en una democracia aparente.
Foto: Priscilla Du Preez.
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