Lo que resta hasta llegar a las urnas el 29 de noviembre se asemeja mucho a los inacabables minutos de descuento de una gran final de fútbol que ha consumido el tiempo reglamentario y la prórroga. Una final, además, en la que el juego limpio ha brillado por su ausencia. Un partido bronco desde el primer minuto, trabado, en el que uno de los equipos ha practicado ese juego subterráneo que no consiste tanto en cometer faltas descaradas como en propinar golpes sutiles, impedir que el balón circule y convertir cada intervención del árbitro en una bronca. Uno de esos encuentros tediosos e irritantes en los que apenas queda rastro del espectáculo y todo cuanto sucede sobre el césped parece obedecer a una única finalidad: ganar a cualquier precio.
Así vivimos los españoles este tramo final de una legislatura también trabada, sucia, subterránea y tramposa, en la que, para nuestra desgracia, uno de los árbitros principales, el Tribunal Constitucional, no solo ha dejado pasar faltas clamorosas del Gobierno, sino que incluso ha pitado a favor del infractor. No hay nada épico ni elevado en semejante conducta, por más que se adorne con las habituales palabras de progreso: igualdad, seguridad, solidaridad, justicia. No se persigue el interés general, ni siquiera el de alguna porción de eso que llaman pueblo. Se trata del poder por el poder, de ganar para seguir mandando. Todo lo demás, incluidas aquellas palabras solemnes, se sacrificaal servicio de esa ambición.
España necesita salir de estos años con algo más que un cambio de nombres. Necesita recuperar la confianza en que tanto esfuerzo, tanta paciencia y tanto tiempo perdido aún pueden desembocar en un mejor porvenir
Si esto ha sucedido durante lo que metafóricamente podríamos llamar el tiempo reglamentario, en el descuento, en ese tramo breve pero inacabable que nos separa de las urnas, cabe esperar que todo lo que pueda empeorar empeore. La cercanía del desenlace añade presión y exacerba el juego sucio.
Cada vez se hace más evidente que existe relación entre una instrucción torticera, introducida por la puerta de atrás, y las esperanzas electorales del PSOE. En esa lógica encaja el recurso del Defensor del Pueblo ante el Constitucional contra la suspensión del voto de los afectados por la instrucción de la llamada «ley de nietos». Políticamente, la iniciativa sirve a Sánchez: lleva ante un tribunal de mayoría progresista la posibilidad de desactivar la decisión del Supremo. Y lo hace solicitando medidas de urgencia. No sería necesario esperar a una sentencia sobre el fondo para alterar la situación antes de las elecciones. En este partido, confiar en que los tiempos judiciales impedirán la siguiente jugada es de una ingenuidad suicida.
Podríamos perdernos entre tecnicismos para discutir hasta dónde puede llegar esta penúltima entrada con los pies por delante. Como no soy jurista, me limitaré a señalar dos cuestiones. La primera desmiente que el Defensor del Pueblo no pueda acudir al TC por no haberse personado en la causa: tiene legitimación propia. La segunda sí plantea una dificultad: el carácter subsidiario del amparo. Si el Supremo ha abierto a los afectados una vía para defender sus derechos y todavía debe pronunciarse, hay que justificar por qué se reclama ya la intervención del Constitucional. ¿Está agotada esa posibilidad de reparación? La proximidad de las urnas da urgencia al asunto, pero no responde por sí sola a la pregunta. Tener derecho a recurrir no significa que cualquier momento procesal sea el adecuado.
La otra jugada de Sánchez ha sido pactar la concurrencia al Senado con el Frente Amplio. El propósito inmediato resulta evidente: concentrar el voto de la izquierda para obtener los senadores que la dispersión podría hacerle perder. Pero ¿por qué el Senado adquiere ahora tanta importancia? Entre otras razones, porque propone cuatro de los 12 magistrados del Constitucional por una mayoría de tres quintos de sus miembros, incluidos los de designación autonómica. Si PP y Vox alcanzaran juntos ese umbral, podrían sacar adelante las propuestas sin necesitar al PSOE. No supondría cambiar el tribunal a voluntad ni de un día para otro, pero sí disponer de la capacidad para modificar su equilibrio cuando la circunstancias, los plazos y los procedimientos lo permitan.
Basta repasar los antecedentes para comprender lo que está en juego. El Constitucional ha dado motivos para reprocharle que actúe como un tribunal de supercasación, corrigiendo al Supremo más allá de lo que corresponde a su función. Por eso no es aventurado temer que una futura legislatura de la derecha nazca en buena medida hipotecada si la mayoría del TC sigue sirviendo a los intereses socialistas. Toda reforma de calado, toda iniciativa decisiva para rectificar el rumbo del país, podría terminar allí y quedar neutralizada. El riesgo es que los españoles voten un cambio y ese cambio acabe deshecho, pieza a pieza, después de las elecciones. Que haya alternancia en el Gobierno sin una posibilidad real de corregir la trayectoria del país.
Entonces, se preguntarán muchos, ¿por qué PP y Vox no acordaron también una candidatura conjunta al Senado? La explicación más verosímil hay que buscarla en la lógica de los partidos. Una coalición exige renuncias, obliga a repartir puestos y disgusta a quienes daban por suyo un escaño. Apostar a que el PSOE no llegaría a un acuerdo permitía ahorrarse esos costes. Si ese fue el cálculo, el error ha sido grave. Sánchez ha cerrado su pacto y sus adversarios vuelven a encontrarse ante un hecho consumado. Mientras unos calculaban lo que podían perder dentro de sus organizaciones, el otro preparaba cómo conservar poder incluso después de una derrota.
La cuestión es si PP y Vox han comprendido el alcance de esta jugada. Se habla de una posible alianza en 12 circunscripciones, además del acuerdo entre PP y UPN en Navarra. Pero quizá esos cálculos se queden cortos. Una cosa era sumar algunos senadores frente a una izquierda dividida y otra conservarlos frente a una izquierda coaligada. El terreno de juego ha cambiado. Donde antes parecía asegurada la victoria, ahora puede haber partido. Y donde se contaba con ganar por separado, la división puede entregar el triunfo al adversario.
Imaginemos una provincia donde la izquierda coaligada obtuviera el 36 % de los votos, el PP el 31,5 % y Vox el 18,7 %. Si los electores respaldaran a los candidatos de su formación, la izquierda podría llevarse tres senadores y el PP uno. Vox, ninguno. Más de la mitad de los votos para la derecha y tres cuartas partes de los escaños para la izquierda. Así funciona la elección en las provincias que eligen cuatro senadores. Naturalmente, los porcentajes no son uniformes en todos los territorios, pero el ejemplo vale para advertir el peligro: se puede tener una mayoría de españoles detrás y perder por no haber sabido ponerla de acuerdo ante la papeleta.
Por eso, incluso si el pacto en esas 12 circunscripciones se confirma, quedaría por saber si sería suficiente. No se trata solo de arañar senadores donde antes se perdían, sino de evitar que se pierdan donde se daban por ganados. La coalición de la izquierda obliga a revisar todas las cuentas. No olvidemos que la mayoría absoluta no basta: hacen falta tres quintos para revertir el equilibrio del TC sin depender del PSOE. De lo contrario, Sánchez puede perder el Gobierno y conservar una posición clave para condicionar lo que venga después.
Como verá, querido lector, después de ocho años y dos legislaturas tremendas, este tiempo de descuento se nos va a hacer muy largo. La percepción del tiempo depende de la intensidad con que se vive cada segundo, y todavía quedan demasiados por consumir con la respiración contenida. Sánchez y quienes medran a su sombra no se marcharán de buen grado. Practicarán el juego subterráneo hasta el último minuto e intentarán dejar preparado el siguiente partido antes de que termine el que aún no ha concluido. Habrá que echarlos en las urnas, con la cabeza fría y a la altura de un desafío que no admite más errores de cálculo.
Nada está escrito. Por mucho que Sánchez fuerce las reglas, el desenlace también dependerá de la inteligencia y la generosidad de sus adversarios, de su capacidad para anteponer lo que está en peligro a lo que cada uno espera obtener. De la necesidad nace la virtud, se dice. Quizá esta hora difícil todavía pueda arrancarles una grandeza que hasta el momento han administrado con excesiva prudencia. Y quizá esa virtud sobreviva al apuro, decante el partido y alcance al tiempo político que venga después. España necesita salir de estos años con algo más que un cambio de nombres. Necesita recuperar la confianza en que tanto esfuerzo, tanta paciencia y tanto tiempo perdido aún pueden desembocar en un mejor porvenir. Quienes aspiran a gobernarla tienen la ocasión de empezar a merecerlo antes de llegar al poder.
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