Si necesitas una moto y encuentras una china que te gusta, funciona bien y cuesta bastante menos, lo normal es comprarla. Bastantes problemas tienes para llegar a fin de mes como para asumir, además, la obligación de salvar la industria europea. Lo mismo vale para un coche, una lavadora o un teléfono. Hasta ahí, nada que objetar. El salto viene después, cuando del alivio de nuestro bolsillo extraemos una conclusión bastante más ambiciosa: Europa debería copiar el modelo chino. Acabamos de probar una moto y ya hemos aprobado un sistema político y económico entero.
La fascinación se entiende. Vemos robots que bailan con una coordinación asombrosa,drones que dibujan figuras en el cielo y fábricas capaces de producir a una velocidad que aquí parece inconcebible. Después miramos nuestros precios, nuestros trámites y nuestros políticos, y la comparación resulta devastadora. Algo estaremos haciendo mal. Desde luego. Pero para saber qué deberíamos cambiar debemos mirar más allá del deslumbrante escaparate del vecino.
Comprar una lavadora china no equivale a respaldar una dictadura. Organizar nuestra prosperidad sobre una dependencia creciente merece una reflexión algo más seria que celebrar lo barata que nos ha salido
China tiene ingenieros excelentes, empresarios audaces y una industria que ha aprendido a fabricar productos cada vez mejores. Negarlo sería una estupidez. También lo sería olvidar que buena parte de su transformación llegó cuando el régimen dejó espacio a la iniciativa privada y al comercio. El problema empieza cuando todos esos logros se atribuyen a la clarividencia del Partido Comunista y se presentan como prueba de que un puñado de tipos con camisas de cuello Mao, desde un despacho, saben organizar nuestras vidas mejor que nosotros.
Detrás del precio hay, además de conocimiento y capacidad industrial, un colosal sistema de ayudas: subvenciones, ventajas fiscales, suelo barato y crédito en condiciones privilegiadas. Un estudio publicado por el FMI estima el coste equivalente de ese apoyo en torno al 4 % del PIB anual. Aplicado al tamaño de la economía china de 2024, hablamos, en números redondos, de 750.000 millones de dólares. Detengámonos detenerse un momento en esa cifra, porque el precio de una moto cabe en una etiqueta; semejante respaldo público, no.
Esto no significa que cada producto chino se venda a pérdidas. Significa que el precio que paga el comprador no basta para saber cuánto ha costado producirlo ni quién ha enjuagado la diferencia. Una empresa puede ofrecerte un buen producto y, al mismo tiempo, disfrutar de unas condiciones que su competidor no tiene. El ahorro para ti es real. La factura completa también, aunque se remita a otra dirección.
Aquí está el truco más eficaz del intervencionismo: sus resultados visibles se exhiben; las oportunidades sacrificadas quedan ocultas. Si un Estado concentra cantidades colosales de dinero, suelo, energía y talento en un sector, conseguirá levantar fábricas y presentar avances espectaculares. Habrá fotografías, inauguraciones y vídeos que darán la vuelta al mundo. Lo difícil es fotografiar las empresas que no llegaron a nacer, los proyectos que se quedaron sin financiación o las necesidades que fueron pospuestas para pagar aquella exhibición.
La fábrica tiene fachada, empleados y un político cortando una cinta con sonrisa de dentífrico. La alternativa que se quedó por el camino nadie la ve. Por eso resulta tan fácil confundir la demostración de fuerza con la creación de riqueza. Sabemos lo que se ha construido. Para juzgar el resultado necesitamos saber también qué se ha consumido, qué se ha perdido y si aquello puede sostenerse sin seguir pasando la gorra. Una coreografía de robots no responde a ninguna de esas preguntas.
El mecanismo se agrava cuando todas las provincias quieren su parte del milagro. Pekín señala un sector como prioritario y los dirigentes locales compiten por atraer fábricas, inversión y empleo. Cada uno quiere inaugurar la suya. El problema es que una fábrica nueva no trae bajo el brazo nuevos compradores. En 2024, China disponía de capacidad para fabricar paneles solares equivalentes a casi el doble de toda la potencia fotovoltaica que el mundo instaló aquel año, según los datos de IEA PVPS. Mucha capacidad para producir. Otra cosa es conseguir vender todo eso y hacerlo, además, con algún beneficio.
Ahí empieza la pelea a cara de perro. Bajar precios, apretar al proveedor, aplazar los pagos y aguantar hasta que caiga el de al lado. En China se habla de neijuan, involución: una carrera de ratas en la que todos corren cada vez más para avanzar cada vez menos. La preocupación ha llegado al propio Gobierno chino, que lleva años intentando poner freno a la competencia destructiva que él mismo ha incentivado. La advertencia no viene solo del exterior, también de dentro del país que nos presentan como modelo para el mundo.
Y debajo de los balances hay personas. Cuando una empresa se queda sin margen, la presión se traslada a los ingresos, los horarios y la estabilidad de sus trabajadores. El famoso «996» resume otra cara de esa carrera: de nueve de la mañana a nueve de la noche, seis días por semana. Ahora imaginemos esa semana en nuestra propia casa. El robot baila alegremente. ¿Cuándo vive quien trabaja así?
La huida hacia delante tampoco se detiene necesariamente cuando una fábrica deja de ser viable. Para el dirigente local, cerrarla significa asumir desempleo, protestas y un fracaso que puede arruinar su carrera. Mantenerla abierta permite aplazar el problema. Un préstamo más, una ayuda más, una deuda que se renueva. Así puede mantenerse en pie una empresa zombi: incapaz de sostenerse por sí misma, pero suficientemente importante para que alguien siga sosteniéndola con dinero ajeno.
Lo perverso es que esa supervivencia tiene víctimas más allá de sus paredes. El crédito, la energía y los trabajadores que consume también podrían servir a proyectos viables. Y sus competidores tienen que enfrentarse a una empresa que puede prolongar sus pérdidas gracias al respaldo político. El empresario acaba recibiendo un mensaje bastante claro: además de convencer a tus clientes, procura hacerte indispensable para quien reparte las ayudas. La competencia por fabricar mejor empieza a desviarse hacia otra menos saludable: la de conseguir mejores contactos.
Todo esto no convierte al mercado en infalible. El mercado es imperfecto. Los empresarios también se equivocan, y mucho. La cuestión es quién asume el error y qué obliga a corregirlo. Cuando una inversión fallida se convierte en una causa de Estado, reconocer el fracaso deja de ser una decisión empresarial y pasa a ser una cuestión política. Y ya sabemos cuánto les gusta a los políticos reconocer un fracaso cuando todavía queda dinero de otros para disimularla.
Desde Europa vemos llegar productos baratos y pensamos que mejor para nosotros. A corto plazo, puede serlo. Pero también vivimos de trabajar, producir y vender. No habitamos un universo paralelo. Si la competencia subvencionada elimina empresas viables y nos deja dependiendo de unos pocos proveedores, el descuento de hoy puede tener una factura bastante más larga. El riesgo es acabar con escaparates estupendos y cada vez menos empleos capaces de pagar lo que se expone en ellos.
La dependencia tiene, además, una peligrosa dimensión política. El poder que se extiende a través de la industria, los suministros y la distribución pertenece a un régimen de partido único. Sus dirigentes no responden ante los ciudadanos europeos, y los ciudadanos chinos tampoco pueden sustituirlos libremente en las urnas. Cuanto más difícil resulte prescindir de sus productos y sus redes, mayor será el coste de llevarles la contraria. Comprar una lavadora no equivale a respaldar una dictadura. Pero organizar nuestra prosperidad sobre una dependencia creciente merece una reflexión algo más seria que celebrar lo barata que nos ha salido.
Nada de esto descarga a Europa de sus propios errores. Una empresa china no tiene la culpa de cada impuesto, cada permiso interminable o cada directiva que encarece nuestra energía. Tenemos tareas de sobra para hacer en casa: facilitar la inversión, contar con energía competitiva, eliminar toneladas de regulaciones inservibles y perseguir la competencia desleal. Lo que cuesta entender es que, después de complicarle la vida al que produce, nuestros gobernantes se presenten como sus salvadores porque han ideado otra subvención que repartir.
Copiar a Pekín es un atajo tentador: elegir ganadores, concentrar recursos y presumir de resultados. Pero también está la tentación de protegerse cuando te equivocas y de exigir a los ciudadanos que sigan pagando para no tener que reconocer el error. Cambiar al modelo chino no resuelve ese problema. Copiar fábricas tampoco crea compradores por arte de magia. Si todos fabricamos más de lo que conseguimos vender y confiamos en colocar fuera los excedentes, alguien tendrá que comprarlos. No podemos exportar a Marte.
La bomba de relojería está en confundir una y otra vez la capacidad de producir con la capacidad de prosperar, mientras se acumulan pérdidas, deudas y dependencias que nadie quiere reconocer. Puede haber avances tecnológicos extraordinarios dentro de un sistema que está malgastando recursos extraordinarios. Ambas cosas pueden suceder a la vez, aunque una de ellas quede fuera de la fotografía.
Por eso, quien compra una moto, un coche o una lavadora china no tiene por qué dar explicaciones. Quien arruina la industria europea y luego propone importar el modelo chino, sí. Tendrá que explicar quién paga, qué se sacrifica y qué ocurrirá cuando el ahorro en el concesionario se traduzca en la pérdida de empleos y oportunidades. Porque necesitamos un país donde podamos comprar esa moto. Y donde nuestro sueldo alcance para elegir otra.
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