Hay una manera infalible de impedir que se resuelva un problema: considerar inmoral que se trate. Es lo que está sucediendo en este país con las pensiones, asunto que algunos han decidido convertir en territorio sagrado y, en realidad, granja de votos con guardias armados vigilándola. Basta con que alguien pregunte cómo vamos a financiarlas durante las próximas décadas para que alguien grite «¡quieren robar a nuestros abuelos!» o «¡quieren una guerra intergeneracional!». No me dirá que no es irónico que quien se niega a debatir y tal vez a negociar acuse a los demás de emplear tácticas belicistas.
Las pensiones son, por definición, una tensión intergeneracional institucionalizada, esto es, un equilibrio inestable. En nuestro sistema de reparto, quienes trabajan sostienen a quienes se han jubilado, esperando que los trabajadores futuros hagan lo propio con ellos. Es una conquista civilizatoria extraordinaria, pero también un compromiso cuyas condiciones dependen de la demografía, los salarios, la productividad y la longevidad. ¿Cómo podría ser inmoral discutirlo? ¿Desde cuándo negociar las obligaciones recíprocas constituye una declaración de guerra entre generaciones? Me respondo: desde que tratar a los votantes como menores de edad da muchos votos.
En Doce hombres sin piedad, Henry Fonda se enfrenta a otros once jurados dispuestos a condenar a muerte a un muchacho. «Solo quiero hablar», les dice. Una pretensión que, por lo visto, también se ha vuelto intolerable en nuestra política
En septiembre de 2026, España abonaba más de 10,5 millones de pensiones, con una nómina mensual cercana a los 14.500 millones de euros. Según las proyecciones del INE, la población mayor de 65 años, aproximadamente una quinta parte del total en 2024, podría representar cerca de un tercio hacia mediados de siglo. La AIReF ha advertido de un aumento considerable del gasto durante las próximas décadas. Vivimos más años —magnífica noticia, salvo para quienes consideran que la aritmética es una conspiración neoliberal— y, por tanto, cobramos pensiones durante más tiempo. Las cotizaciones no bastan por sí solas para financiar todas las obligaciones del sistema, que necesita importantes transferencias del Estado.
La célebre «hucha» de las pensiones merece capítulo aparte. Se nos presenta su crecimiento como prueba de solvencia, cuando se alimenta principalmente de una cotización adicional que pagan trabajadores y empresas, mientras el sistema necesita cuantiosas transferencias públicas para abonar las pensiones corrientes. Además, la reserva está invertida casi íntegramente en deuda del propio Estado. No es que sobre dinero: estamos apartándolo para el futuro mientras financiamos obligaciones presentes con impuestos y deuda. La hucha existe, pero su crecimiento no acredita ahorro neto del conjunto de las administraciones, porque no hemos descubierto el milagro de ahorrar lo que no tenemos. Quienes mencionan la «hucha» confunden deliberadamente una reserva financiera con la solvencia del sistema. Luego añaden un «saneado» como abracadabra y listos.
Según la AIReF, por cada euro cotizado, los pensionistas recibirán, en promedio, 1,6 euros en prestaciones. No significa que todos cobren más de lo cotizado ni que sus pensiones sean ilegítimas; significa que existe una transferencia entre generaciones. Cuando las cotizaciones no alcanzan, la diferencia se cubre con impuestos o deuda, que también pagarán quienes hoy son jóvenes. No hay cuenta que se arregle pronunciando la palabra «derechos» a modo de sortilegio.
Sería estupendo resolver la cuestión afirmando que nuestros mayores se lo merecen todo. También sería estupendo duplicar los salarios por decreto y construir hospitales y carreteras sin dinero. La política no consiste en enumerar cosas deseables, sino en decidir qué afrontar con lo que tenemos. Ahí empiezan la ética y la política adulta, cuando varios bienes legítimos entran en conflicto y defender uno exige reconocer lo que sacrificamos del otro. Quien solo está dispuesto a hablar de derechos, y nunca de sus costes, es un trilero. Hay algo trágico, en el sentido más noble y antiguo de la palabra, en este asunto. Los jubilados tienen razones poderosas para exigir estabilidad y protección, que se respete «lo pactado». Los jóvenes tienen razones igualmente poderosas para reclamar que no se les impongan cargas desproporcionadas ni se comprometa su propio futuro. Necesitan vivienda, salarios suficientes, oportunidades para formar familias y una expectativa razonable de protección cuando envejezcan. Ambas reclamaciones son legítimas y, sin embargo, pueden resultar parcialmente incompatibles. La justicia distributiva existe precisamente porque las necesidades legítimas pueden exceder los recursos disponibles.
Pero llega la campaña electoral y el dilema desaparece milagrosamente. Basta un «os quieren robar las pensiones» para que la complejidad económica se transforme en un cuento infantil con ladrones y salvadores. No hace falta decir quién juega a Robin Hood y a quién le endilgan el papel de sheriff de Nottingham. Los pensionistas constituyen un colectivo numeroso, con elevada participación electoral y comprensible sensibilidad ante cualquier amenaza a sus ingresos. Convertir esa inquietud en instrumento de movilización es mucho más sencillo que explicar las condiciones de sostenibilidad del sistema. Atribuir a cualquier discusión sobre las pensiones una intención de despojo es sustituir la política por el chantaje emocional, y hacerlo desde el Gobierno resulta especialmente grave e irresponsable. El Pacto de Toledo data de 1995, cuando España tenía poco más de 39 millones de habitantes, apenas un 15 % superaba los 65 años y la esperanza de vida era casi cinco años menor que hoy. Treinta y un años después, invocarlo para impedir que se revisen los equilibrios sobre los que se construyó es miserable.
Conviene además abandonar la ficción de que los pensionistas constituyen una categoría moral homogénea. No todos tienen las mismas necesidades ni trayectorias laborales comparables ni patrimonios semejantes. Hay jubilados que apenas llegan a fin de mes y otros con ingresos y propiedades que les permiten vivir desahogadamente. Hay quienes han soportado trabajos físicamente devastadores y quienes alcanzan el retiro en excelentes condiciones. De esto no habla nadie —porque se trata de gustar a todo el mundo—, pero ahí va un baño de realidad: es muy probable que los trabajadores del conocimiento tengamos que jubilarnos bastante más tarde. Por lo demás, ignorar el aumento de la esperanza de vida es absurdo; es de primero de justicia social no tratar igual a los desiguales.
Sánchez asegura que las pensiones gozan de «extraordinaria salud» y advierte contra «enfrentar a los mayores con los jóvenes». Diagnóstico de curandero y chantaje moral para quien se atreva a echar cuentas. Mientras la izquierda monta la escandalera habitual para arañar unos votos, muchos jóvenes contemplan cómo se alejan las condiciones materiales que permitieron prosperar a sus padres. Así alimentamos un círculo vicioso: dificultamos que los jóvenes formen familias y agravamos el declive demográfico que mañana hará todavía más difícil pagar las pensiones. Sería injusto atribuir todos estos males al gasto en pensiones, pero es mucho más deshonesto negar que los recursos tienen costes de oportunidad. Cada compromiso presupuestario condiciona los demás, y el creciente coste de las pensiones estrecha el margen para sanidad, educación, infraestructuras y defensa.
Los jóvenes no necesitan que se les conceda graciosamente permiso para participar en esta discusión. Son una de sus partes constitutivas. «Chicos, nada que mirar aquí, los pensionistas no tienen la culpa de nada». ¿Qué clase de argumento es ese? Tampoco los jóvenes tienen la culpa de haber nacido en una sociedad envejecida ni de las condiciones económicas que dificultan sus proyectos vitales. Hablar de culpas colectivas es un dislate —incluido culpar al malvado empresario, obviamente—. Nadie tiene la culpa de una sequía y, sin embargo, debemos establecer prioridades en el uso del agua. La cuestión, ahora y siempre, es si podremos forzar a los políticos a que dejen de jugar con ilusiones y falsedades y reconstruir un pacto que trate el problema seriamente. Otra opción es ponerse orejeras y tapones y salir a quemar cosas, que es en lo que están, por ejemplo, en el país vecino.
Una economía más productiva produce mejores salarios, pero para eso hacen falta inversiones. El presente y el futuro bailan en toda sociedad un complicado tango; para que no se pisen hay que hablar de impuestos, cotizaciones, prestaciones, incentivos para prolongar voluntariamente la vida laboral, edad efectiva de retiro y protección de las pensiones bajas. ¿Qué enfermedad nos impide discutir quién paga, cuánto y a costa de qué otras necesidades? Tenemos, además, una responsabilidad hacia quienes todavía no han nacido. Como decía Edmund Burke, toda sociedad es una asociación entre los vivos, los muertos y los que están por venir. No somos propietarios absolutos de las instituciones que hemos heredado, sino administradores temporales de bienes que deben seguir sirviendo a nuestros sucesores. Podemos endeudarnos, naturalmente, y hay inversiones cuyo beneficio justifica hacerlo. Pero convertir cualquier gasto presente en una obligación futura sin preguntarnos qué recibirán a cambio quienes deberán atenderla es malvender el porvenir desde la repugnante tranquilidad de que ese marrón se lo comerá otro.
Criminalizar esta discusión necesaria nos está destrozando. Quien pregunta por la sostenibilidad es tachado de insolidario; quien reclama evaluar las consecuencias de una reforma es acusado de enfrentar generaciones; quien recuerda que los recursos son finitos es señalado como enemigo del Estado del bienestar. Pero las matemáticas son muy puñeteras. Lo que hoy se silencia regresará mañana convertido en un conflicto mucho más áspero. Una sociedad adulta debe ser capaz de proteger a quienes ya no pueden trabajar sin desentenderse de quienes apenas empiezan a hacerlo. Debe distinguir entre el derecho a una vejez digna y la pretensión de que toda regla de cálculo o actualización sea perpetua e intocable. Por descontado, no habrá una fórmula que satisfaga íntegramente a todos: habrá desacuerdos razonables y el reparto de sacrificios siempre dejará decepciones. Pero precisamente por eso necesitamos política de altura y no flautistas de Hamelín, de los que ya estamos sobradamente servidos.
En Doce hombres sin piedad, Henry Fonda se enfrenta a otros once jurados dispuestos a condenar a muerte a un muchacho. «Solo quiero hablar», les dice. Una pretensión que, por lo visto, también se ha vuelto intolerable en nuestra política. Hablar de pensiones no es declarar una guerra contra nuestros mayores; es un ejercicio de madurez democrática. Conversar y echar cuentas jamás crearon una guerra. Son incontables, en cambio, las que ha iniciado la demagogia. Las cuentas no cuadrarán por mucho que prohibamos discutirlas. Si no lo hablamos ya, descubriremos que haber llamado «guerra» a lo que no deja de ser una negociación fue lo que incubó el huevo de la verdadera guerra.
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