La política es un juego en el que unas personas, organizadas, utilizan al Estado para transferir renta y riqueza de unos grupos sociales a ellos, y a otros grupos que les sirven de apoyo. Es el latrocinio revestido de progreso y justicia. Por eso yo lo que espero de ella es que me deje en paz, a mí y a la sociedad en la que vivo, en la medida de lo posible.
Esta idea, que me parece esencial para salir a la calle, me ha vuelto a la cabeza en cuanto leí una extraordinaria serie de artículos que he querido resumir y exponerles. He de hacerlo por dos motivos. El primero es que el trabajo lo ha hecho otro autor, y el segundo es que lo que cuenta tiene una gran relevancia.
Jorge Sánchez de Castro, que ya nos ilustró sobre el derecho a portar armas como ideal republicano, tiene un blog titulado El único paraíso es el fiscal, homónimo de un libro publicado por Ediciones Isabor. En él, publicó un primer artículo en el que expone lo que sigue.
Los partidos que han ocupado el Gobierno están sentando las bases de una democracia puramente formal, en la que las elecciones son a la democracia lo que el Monopoly a la economía; unas elecciones en las que la oposición hace de refrendo de un gobierno dictatorial
Se refiere a la SAREB, el “banco malo” español. Es una sociedad anónima participada al 45,9 por ciento por el Estado (FROB) y al otro 54,1 por un conjunto de sociedades que fueron intervenidas o que están en proceso de reestructuración. El objeto de la SAREB es que estas entidades liquiden sus activos de un modo ordenado y rentable. Entre sus principales accionistas están el Banco Santander, Caixabank, Banco Sabadell o Kutxabank, que juntos concentran el 43,6 por ciento del capital. Sólo el Banco Santander, que recordemos adquirió el Banco Popular en junio de 2017, concentra el 22,3 por ciento del capital.
La SAREB tiene en su balance enormes cantidades de activos inmobiliarios a los que le cuesta sacar una rentabilidad adecuada. Un 44,1 por ciento es vivienda, el resto es, sobre todo, suelo en desarrollo y suelo finalista (otro 38 por ciento), más suelo rústico, terciario e industrial, más otros activos.
Siguiendo los pasos del artículo, en enero Merlín Properties (léase Banco Santander) pide a José Luis Ábalos, ministro de Transportes, que el Estado compre el 100 por ciento de la Sareb. Y le pone en bandeja al ministro el argumento político: Con esa vivienda solucionará el problema del precio de los alquileres. Si la cuestión es que el Estado intervenga con su patrimonio, recién adquirido, el mercado de alquileres, ¿por qué habría que comprar el 65,9 por ciento de la SAREB que no es vivienda?
Vamos al 9 de marzo. Recuerden, el día en que el Gobierno se da por enterado de que el virus amenaza la salud de los españoles, y las televisiones hacen de altavoz de la sobrevenida preocupación de Pedro Sánchez y su equipo. Ese día la entidad pide que se cambie la ley para que el Estado pueda adquirir sus activos, evitando así que se disuelva debido a sus pérdidas patrimoniales. Su petición es atendida por el Gobierno al día siguiente, dentro de un real decreto-ley que incluye diversas medidas de carácter económico. Un día necesitó el Gobierno para prever los efectos del COVID-19 y de las medidas de distanciamiento social sobre la cartera de la SAREB, y actuar con decisión asumiendo el planteamiento de la entidad el 9 de marzo.
Y, ahora, vamos al negocio. La orden TMA/336/2020, de 9 de abril, prevé la concesión de ayudas al alquiler. Según prevé la norma, el Estado concede una ayuda que puede llegar “hasta 600 euros al mes y hasta el 100% de la renta o precio de ocupación del inmueble”. Pero “en supuestos debidamente justificados podrá alcanzar hasta 900 euros al mes y hasta el 100% de la renta o precio de ocupación establecido”. Estas ayudas, según prevé la norma, tienen un plazo máximo de cinco años. Pero nada impide al Gobierno de progreso de dentro de un lustro extender esas ayudas.
Por otro lado, la orden, que se integra en el Plan de Vivienda, también prevé la entrega de “hasta 200 euros al mes para atender los gastos de mantenimiento, comunidad y suministros básicos con el límite del 100% de los mismos”. Como señala Sánchez de Castro, este Gobierno no se ha olvidado de las grandes empresas energéticas.
Recapitulando, el Gobierno se prepara el terreno para adquirir los activos de la SAREB. Finalmente no lo hace, aunque Ábalos mostró su disposición a que el Estado compre sus inmiebles desde 2018, como se recuerda en el artículo. Por otro lado, concede unas ayudas al alquiler que, como todas, benefician sobre todo a los propietarios. En este caso, de forma muy directa a la SAREB, que puede beneficiarse de estas ayudas gracias a los acuerdos a que llega habitualmente con Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, que hacen la labor de gestión y colocación de los activos inmobiliarios entre los colectivos beneficiados. La clave es que en ningún momento el Gobierno prevé que esas ayudas puedan computarse en una futura compra de activos de la SAREB. De modo que la sociedad, y por tanto los bancos, se benefician de esas ayudas y mantienen íntegra la propiedad sobre sus activos. Riega a los bancos (no a todos, ojo) con dinero público, a fondo perdido, pero no se guarda la baza de comprar sus activos mediante la fórmula de que todo el dinero transferido a las cuentas de resultados de los bancos compute en el pago de futuras compras de activos.
El Gobierno, con el apoyo en la gestión de CCAA y Ayuntamientos, facilita que los bancos obtengan una rentabilidad de esos activos, y lo hace por medio de una transferencia que va de nuestros bolsillos a la cuenta de resultados de los bancos
Pensará el lector que este decreto del Gobierno habrá causado un enorme revuelo en la prensa, y está en lo cierto. Pero por otros motivos. En la redacción del mismo se sugiere la posibilidad de que el Gobierno expropie determinadas viviendas. Dice el texto, bajo el epígrafe “Solución habitacional”: “Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y de Melilla pondrán a disposición de la persona beneficiaria una vivienda de titularidad pública, o que haya sido cedida para su uso a una administración pública, aunque mantenga la titularidad privada”. Y sigue: “Cuando no se disponga de este tipo de vivienda, la ayuda podrá aplicarse sobre una vivienda adecuada, de titularidad privada o sobre cualquier alojamiento o dotación residencial susceptible de ser ocupada por las personas beneficiarias, en los mismos regímenes”. Pero no era más que un señuelo para la prensa. Es creíble, por la presencia de Podemos en el Gobierno, pero que sólo podría ser efectivo violentando la Constitución. Lo escandaloso era la transferencia de fondos públicos a los bancos. Y pasó (casi) desapercibida.
El plan de Vivienda del gobierno de Mariano Rajoy preveía que las ayudas se destinasen a las familias objeto de lanzamiento de su vivienda habitual, por una ejecución hipotecaria o por dejar de pagar el alquiler, pero sólo si la unidad familiar tenía ingresos inferiores a 3 salarios mínimos. El Plan Ábalos no. Ahora, con independencia de los ingresos y de la causa de resolución del contrato, cualquier persona o familia que sea desahuciada tendrá derecho a un alquiler financiado en todo o en parte por el Estado. Por tanto, se incentiva el impago de la renta para ser desahuciado. Con lo cual el Estado introduce la competencia desleal con los pequeños propietarios que alquilen su segunda vivienda como forma de complementar sus ingresos familiares.
El Gobierno socialista, además, amplía el catálogo de beneficiarios, incluyendo a “víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables”. Aquí se ve la doble función de este esquema: comprar a la banca, por un lado, y comprar también el voto de determinados grupos sociales. Y ello con una enorme intervención del Estado en el mercado del alquiler, que conlleva una importante serie de efectos perversos.
Es aquí donde el primer párrafo adquiere todo su sentido. Los partidos que han ocupado el Gobierno están sentando las bases de una democracia puramente formal, en la que las elecciones son a la democracia lo que el Monopoly a la economía; unas elecciones en las que la oposición hace de refrendo de un gobierno dictatorial. Como un parásito, que mantiene el aspecto exterior del huésped y le permite vivir en un organismo enfermo y que pierde su propósito, así ocupan PSOE y Podemos la democracia española.
El mismo dinero sirve para comprar votos de ciudadanos incautos y voluntades de entidades financieras. Y no olvidemos que además de ministro de Transporte, José Luis Ábalos es el número dos del PSOE. Están asentando los apoyos del nuevo Estado. Aquí, una parte importante de la banca española. Allá, el duopolio televisivo. Y más allá, mucho más allá, los votantes agradecidos porque su dinero acabe en los balances de unos cuantos bancos.
