El último esperpento, la creación de la figura política del «relator», de la que al final, y con urgencia, se ha tenido que desprender el actual gobierno, pone de relieve en clave de tragicomedia una realidad que es ya insoslayable: después de 40 años, la negociación con los nacionalistas ha terminado.
Ni siquiera una constitución tan elástica y maleable como la Constitución del 78 puede dar más de sí. Porque lo único que restaría sería poner por escrito lo que en la práctica es casi un hecho: que España ha desaparecido de Cataluña. Y eso y no otra cosa es lo que los amotinados exigen, para así instaurar su propia Justicia y quedarse el botín completo.
Desde el momento que el Tribunal Supremo puso pie en pared, el llamado consenso del 78, que había sido roto previamente por los separatistas, pasó a ser historia. Saltó hecho pedazos ante la atónita mirada de los llamados constitucionalistas y de un establishment al que cualquier modelo territorial o de Estado le vale mientras sus negocios sigan a buen ritmo.
Hoy son los restos del Partido Socialista de Sánchez los que pretenden arreglar lo que no tiene remedio, aunque sea a cualquier precio y, claro está, para aguantar en el gobierno lo que resta de legislatura. Pero mañana serán los otros partidos que ahora se echan a la calle enarbolando la bandera. En realidad, ninguno se atreve a reconocer que el invento es ya historia, aunque su discurso se vuelva aventurero para agradar a la opinión pública.
Pero así son las cosas. Con los nacionalistas amotinados, el pacto de la constitución del 78 se desmorona. Cuanto más tarden los agentes políticos en asumirlo, peor será para todos.
