Hace una semana leí un comunicado de prensa de UN Watch pidiendo al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que rechazase la candidatura de Michelle Bachelet, la expresidenta socialista de Chile, a la secretaría general de la ONU, alegando que durante su mandato de cuatro años como Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dedicó sus esfuerzos a criticar a las democracias liberales, mientras ignoraba los abusos cometidos por regímenes autoritarios. En palabras de Hillel Neuer, director ejecutivo de UN Watch, «el próximo secretario general debe ser alguien dispuesto a enfrentarse a los dictadores, no a protegerlos».
Las palabras de Neuer se basan en un informe de UN Watch de septiembre de 2022, «Blind Eye to Dictatorships» (Haciendo la vista gorda ante las dictaduras), que documentaba que, bajo el mandato de Bachelet, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU no criticó la persecución de los opositores en Rusia y guardó silencio público sobre la detención y el intento de envenenamiento de Alexei Navalny. Tampoco emitió ni una sola declaración sobre la detención de más de un millón de uigures en China ni hubo una sola declaración sobre las leyes iraníes que imponían el uso obligatorio del hiyab. Bachelet también eligió criticar más a Estados Unidos por la situación en Venezuela que al régimen de Nicolás Maduro, a pesar de las numerosas pruebas de detenciones arbitrarias, tortura y represión.
Este informe explica el absoluto descrédito y la creciente desconfianza hacia la labor de las Naciones Unidas, una institución en cuyas altas esferas prosperan radicales trasnochados y amigos de todos los enemigos de Occidente
Bachelet es una de las cinco candidatas que compiten por suceder al secretario general António Guterres, cuyo mandato finaliza el 31 de diciembre, y su gestión al frente de la Oficina de Derechos Humanos debería ser suficiente para descalificarla para el puesto. Sin embargo, su caso no es una excepción, es una muestra de la podredumbre ideológica y moral que corroe a las Naciones Unidas desde dentro, como ha destapado el nuevo informe de investigación de UN Watch, titulado «De vigilantes a ideólogos». Este informe revela que los principales expertos en derechos humanos de la organización promueven agendas politizadas, en muchos casos por dinero, y no actúan como observadores independientes, sino como agentes de países como Rusia, China o Catar.
“Si echas un vistazo a los titulares de los principales periódicos y medios de comunicación de todo el mundo, a menudo te encuentras con titulares del tipo: «Los expertos de la ONU afirman que Estados Unidos es culpable de atacar a Irán o a Venezuela, o de racismo, y de todo tipo de cuestiones importantes, según los expertos de la ONU». Pero ¿quiénes son esos expertos de la ONU?”, se pregunta Hillel Neuer, en un video en el que presenta las conclusiones de este informe.
El Consejo de Derechos Humanos cuenta actualmente con 59 mandatos de Procedimientos Especiales, procedimientos que no son remunerados, pero que reciben cierto apoyo financiero cuando desempeñan sus funciones oficiales. A sus titulares se les concede una amplia plataforma global para emitir comunicados de prensa de la ONU, celebrar ruedas de prensa y publicar informes de la ONU. Aunque sus conclusiones no son jurídicamente vinculantes, su influencia mediática es enorme y sus informes sobre violaciones de los derechos humanos son considerados creíbles por instituciones como la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional, gobiernos, medios de comunicación, universidades y actores de la sociedad civil de todo el mundo.
En este informe, UN Watch analiza a 13 relatores especiales, es decir, más de una quinta parte de los 59 mandatos, y ha detectado estos expertos en derechos humanos abusan de sus mandatos de la ONU para atacar a las democracias y proteger a regímenes autoritarios —como China, Rusia y otros— del escrutinio. Estos relatores presentan un perfil ideológico muy definido, conflictos de intereses financieros y conductas que no serían toleradas por ninguna institución, salvo la ONU. Hasta el momento, ninguno de estos treces relatores ha sido destituido. Veamos algunos de ellos.
Alina Duhan, de la Universidad Estatal de Bielorrusia, es la relatora especial sobre los efectos negativos de las medidas coercitivas unilaterales, que es como se denominan las sanciones en el lenguaje de las Naciones Unidas, desde marzo de 2020. Siempre que se imponen sanciones a una dictadura, este mandato afirma que todas las sanciones son ilegales y contrarias a los derechos humanos. En sus visitas a Venezuela, defendió que los problemas de Venezuela no se deben al régimen de Maduro, sino a las sanciones occidentales que han hundido la economía, y provocado el éxodo de 7 millones de personas. Ni una palabra sobre las violaciones de derechos humanos del régimen de Maduro.
Lo mismo hizo en Zimbabue, Irán, Rusia, China o Catar: denunció las sanciones y defendió al régimen. El informe de UN Watch revela que Alina Duhan recibió 50000 dólares de Catar y 265000 dólares de Rusia (115.000 en 2020 y 150.000 en 2021), cuando elaboró un informe favorable a Vladimir Putin y en contra de Occidente. Pero es que China, en cinco años, le dio 980.000 dólares. Es decir, una experta en derechos humanos de la ONU ha recibido más de 1,3 millones de dólares en donaciones directas de China Rusia y Catar.
Otro caso es el de Irene Khan, relatora especial de la ONU sobre la libertad de expresión. Kahn fue nombrada directora de Amnistía Internacional en 2001 y se vio obligada a dimitir en 2009 en circunstancias misteriosas; de hecho, recibió alrededor de 900 000 dólares, cuatro veces su salario anual, como parte de una indemnización secreta a cambio de su dimisión. Como señala el informe, en los últimos cinco años Khan ha recibido casi 800 000 dólares de un grupo llamado Wellspring Philanthropic Fund, una fundación estadounidense con una agenda de extrema izquierda. Recibir tanto dinero de una organización política no parece lo más correcto para un experto independiente, y en su desempeño en defensa de la libertad de expresión ha atacado mucho más a Estados Unidos que a China, dos críticas, o Venezuela, solo una.
En todos sus años de mandato no ha criticado a países como Cuba, Nicaragua o Corea del Norte, donde no hay libertad de expresión. Tampoco a Irán, cuando el régimen islámico cortó el acceso a Internet en 2022, o sobre Myanmar —un país que lleva tres años situándose a la cola de la clasificación de libertad en Internet junto con China— o Arabia Saudí, donde solo publicó un tuit en 2021 por la libertad de los periodistas. Por el contrario, condenó a Israel por su ataque selectivo con buscapersonas contra los terroristas de Hezbolá, calificándolo de terrible violación del derecho internacional y posible crimen de guerra. Curiosamente, la experta en libertad de expresión solo condena países donde sí existe libertad de expresión.
También tenemos antiguos políticos, como Georgios Katrougalos, exministro de Asuntos Exteriores de Grecia en el gobierno de la izquierda radical de Syriza, y ahora experto independiente de la ONU sobre un orden internacional democrático y equitativo, un mandato creado por Cuba y otros países no alineados para, básicamente, acusar a Occidente de todas las injusticias del mundo. En 2025, recibió 100 000 dólares de China; el mismo año en el que habló en Atenas en la inauguración de una escuela china y promocionó un libro de Xi Jinping, elogiándolo por su visión de apertura, desarrollo y diálogo.
Katrougalos tiene muy buenas relaciones con los dictadores, y en enero de 2025 visitó en La Habana a Miguel Diaz Canel, llegando a declarar que el hecho de que Cuba lo hubiera acogido demostraba que Cuba coopera con el sistema de derechos humanos de la ONU. Lógicamente, no visitó ninguna cárcel cubana. Recientemente, también visitó Teherán, acusando a Occidente de violar el orden internacional y lamentando los crímenes estadounidenses e israelíes. Sin embargo, el orden internacional no le preocupa tanto en el caso de Ucrania y, 10 días antes de la invasión rusa, criticó las sanciones contra Putin y abogó por la reintegración de Rusia en la arquitectura de seguridad europea.
Por último, aunque les recomiendo encarecidamente que lean el informe porque no dejaran de sorprenderse, tomemos a Ben Saul, el relator especial de la ONU sobre los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo. Saul es profesor de Derecho en la Universidad de Sídney y considera que la descolonización situó los derechos humanos en la agenda mundial y que Estados Unidos es una distopía. En 2020, escribió que la civilización occidental está acabando con la vida en la Tierra.
En cuanto a la lucha contra el terrorismo, escribió: «Occidente utiliza el derecho internacional como arma para sus fines políticos», y acusó a Occidente de imponer el imperialismo bajo el manto de la ley. Saul condenó la eliminación de Qasem Soleimani por parte de EE. UU. como ilegal y criticó a Estados Unidos por designar a los hutíes como organización terrorista. También ha pedido en varias ocasiones la detención del presidente Trump y del secretario de Defensa Hegseth por asesinato en masa y, por supuesto, ha condenado el ataque estadounidense contra Irán. En 2024, Ben Saul recibió 150.000 dólares de China.
El trabajo de UN Watch también denuncia que los informes de estos relatores especiales siguen siendo considerados fidedignos por tribunales internacionales, gobiernos y medios de comunicación, a pesar de que suelen basarse en fuentes anónimas e informaciones no verificadas de ONG. Este informe explica el absoluto descrédito y la creciente desconfianza hacia la labor de las Naciones Unidas, una institución en cuyas altas esferas prosperan radicales trasnochados y amigos de todos los enemigos de Occidente. La elección del próximo secretario general, salvo que Michelle Bachelet resulte elegida, puede ser el punto de inflexión para que la organización cambie de rumbo y deje de ser una herramienta al servicio de las peores dictaduras del mundo.
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