Votar no es sinónimo de democracia. Lo sabemos (casi) todos. El sufragio es un acto que puede vaciarse de contenido con facilidad si quien está en condiciones de conseguirlo se lo propone.
El sistema democrático es, muy resumidamente, un conjunto de contrapesos, garantías e instituciones que aseguran, entre otras cosas, la libertad de expresión y de prensa para que el voto exprese la voluntad libre de una ciudadanía informada, no la reacción condicionada de una masa convenientemente trabajada por quien controla y dirige la Administración pública y su presupuesto.
Cuando esas garantías desaparecen o se degradan, sigue habiendo votos, pero ya no hay democracia. Hay un reflejo, una fantasmagoría, una apariencia. Y la apariencia, sabemos también que puede ser más peligrosa que la ausencia declarada.
La clase crítica, racional y disidente, el anticuerpo del poder, es reducida a la condición de desecho social o elemento incómodo, francotirador del sistema al que hay que aislar antes de rebatir
En una democracia aparente, el poder se ejerce esencialmente pensando en las elecciones. Por eso el sistema electoral y el censo están sometidos a ingeniería que hace de la regla «un persona, un voto», una aspiración lírica antes que un principio fundamental y operativo.
No hace falta por tanto suprimir el sufragio, basta con administrarlo. Quién vota, desde dónde vota, a quién o quiénes se amplía el voto, cómo se cuentan los votos y, sobre todo, a quién beneficia esas maniobras: ahí reside la aritmética del poder en los sistemas que se llaman democráticos sin serlo del todo. Don Alexis de Tocqueville ya advirtió que la tiranía no necesita cadenas, le bastan las reglas bien diseñadas. Y en esto parece que estamos en casi toda Europa.
En una democracia aparente, además, la propaganda no es un instrumento excepcional de guerra sino el aceite que engrasa la maquinaria cotidiana del gobierno. Existen medios que viven exclusivamente de fondos públicos otorgados por el poder, medios que no informan, sino que justifican, medios que no buscan la verdad, sino que la ocultan; medios que no preguntan, sino que amplifican a beneficio de inventario; que no fiscalizan, sino que protegen selectivamente.
El ciudadano cree estar informado cuando en realidad está siendo formateado y tensionado. Creo que fue Mark Twain quien proclamó aquello de que «si no lees la prensa no estás informado, pero si la lees, estarás seguramente desinformado». Y el ciudadano que los financia con sus impuestos, sin saberlo ni consentirlo, paga su propia desinformación.
Podemos ya decir abiertamente que pocas fechorías e injusticias han sido o son tan elegantes como lo que estamos viviendo en esta época.
En una democracia aparente los jueces que no se alinean con el poder o con las necesidades ideológicas del Gobierno, son vilipendiados con una eficacia que el aparato propagandístico antes descrito hace posible. El escarnio público no es un efecto secundario sino método. Le llaman lawfare, que suele ser real en algunas ocasiones, pero casi nunca en las que se alega machaconamente, como en nuestro caso.
El objetivo de estas maniobras es evidente: que el magistrado independiente entienda el precio de su independencia antes de ejercerla.
Esto para los que ya están en uso de la toga, los que llegan, en cambio, vienen ya medio formateados: primero en las universidades, esa especie de viveros ideológicos, luego ya, una vez superada la oposición, refinados en las escuelas judiciales. No se trata de nombrar a los afines, que también, sino de que los imparciales o discrepantes ni siquiera existan en número suficiente para incomodar. Que vivan silentes, exiliados, arrinconados, en la nada más absoluta.
En una democracia aparente, el Tribunal Constitucional, que en un Estado de Derecho sería el guardián imparcial de la norma suprema, deviene intérprete autorizado de los intereses del gobierno. «Constitucional será lo que diga el Tribunal Constitucional». Así es como la Constitución deja de ser límite para convertirse en recurso, en argumento disponible para cualquier uso, en texto que dice lo que conviene que diga según quien lo lee y quién lo aplica.
En paralelo, la Fiscalía deja de ser acusadora pública y garante del cumplimiento de la legalidad, para ser acusadora – y defensora – selectiva. Determinadas salas del Tribunal Supremo aprenden, con el tiempo y con los nombramientos adecuados, a guardar los silencios necesarios o a interpretar correctamente, siempre en interés de quien ahí les ha puesto.
Así funciona la captura institucional: no por asalto sino por erosión, no por revolución como sucedía una época, sino por un proceso de sedimentación ante el que nada ni nadie se opone con la fuerza y determinación necesaria, ni siquiera quienes constitucionalmente tienen esa obligación.
En una democracia aparente, además, se expande eso de que los impuestos son el precio de la civilización, abriéndose así la puerta al uso temerario de las finanzas públicas, al despilfarro más obsceno y a niveles tributarios de confiscación. Hay, además, millones de empleados públicos, más que contribuyentes del sector privado. Dato que no es anecdótico, pues el empleado público depende del Estado para su sustento, para su estabilidad y su horizonte vital.
El Estado que lo emplea no es una abstracción: es el gobierno que aprueba los presupuestos, quien negocia los convenios, mejoras salariales y laborales, decide las oposiciones, baremos, requisitos, temarios… Quien condiciona, en definitiva, su voto.
Esta dependencia estructural, en efecto, genera una simpatía difusa, a veces inconsciente, por quienes garantizan que el sistema que los alimenta continúe funcionando. No hace falta comprar voluntades, basta con crear las condiciones para que la gratitud actúe sola. Decía también Tocqueville que hubo un tiempo en el que los puestos públicos se compraban, hoy se hace más, se entrega uno a sí mismo.
En una democracia aparente, por lo demás, se agita, se divide, se crea tensión permanente. Es el nuevo método. La clase crítica, racional y disidente, el anticuerpo del poder, es reducida a la condición de desecho social o elemento incómodo, francotirador del sistema al que hay que aislar antes de rebatir.
Y para esto, ya no hay apelativos suficientes: fascistas, negacionistas, trumpista, putiniano, ultraderechistas, racistas, xenófobos…
Por último, en una democracia aparente la política exterior se convierte asociacionismo de malhechores travestido de multilateralismo. Porque en una democracia aparente, la dimensión internacional importa. Por eso el enemigo exterior no es quien amenaza a los ciudadanos, sino quien se atreve a decir lo que dentro ya no se puede decir. Entre Ayatolás, Hamás, Al Shabab, Hizbolla y Donald Trump, este último es el más peligroso, fiscalizado y vilipendiado por la opinión pública.
Lo grave no es que esto ocurra, que está ocurriendo. Lo grave es que ocurra con el aplauso de quienes creen estar aplaudiendo la democracia.
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