Que la ley es igual para todos es una proclama que se repite machaconamente como sabemos. Suena bien en un acto solemne, en una toma de posesión, en un manual de educación cívica, en la inauguración del año judicial o la entrega de despachos a jueces.
El problema es que basta con salir a la calle, consultar un expediente administrativo o preguntar a un policía municipal para descubrir que esa igualdad tiene, en la práctica española de hoy día, y también en la europea, una geometría muy variable según quién la invoque.
Cuando el Estado decide, caso por caso, a quién le aplica el peso completo de la ley y a quién le concede prórroga indefinida, no está siendo compasivo. Está enseñando a sus ciudadanos que cumplir es, cada vez más, una opción de estúpidos
No hablo de teorías conspirativas ni de prejuicios. Hablo de la experiencia acumulada, silenciosa pero constante, de quienes trabajan en la Administración, en los juzgados o en la gestión municipal del día a día, y que off the record, porque decirlo en público cuesta caro, reconocen que existe una zona de tolerancia diferenciada en la aplicación de las normas. Un umbral de exigencia que baja, discretamente, cuando el infractor es extranjero en situación irregular o recién llegado.
Empecemos por el tráfico, terreno aparentemente neutro donde la norma debería ser ciega. Cualquier agente sabe que la circulación sin permiso, sin seguro o con documentación falsa o con sobrecarga de peso, genera ciertos protocolos de «gestión» antes que de sanción, es decir, retirada del vehículo sin denuncia penal, expedientes que se archivan por imposibilidad de identificación fehaciente, o multas que nunca llegan a ejecutarse porque no hay domicilio donde notificarlas o por que no se sabe exactamente la identidad del infractor.
El ciudadano español que circula sin ITV sabe que el sistema lo alcanzará tarde o temprano. El extranjero de paso o el establecido, que hace lo mismo, entra, de facto, en una zona de impunidad administrativa que no es benevolencia sino simple abandono de la función coactiva del Estado.
En la ocupación de suelo público el fenómeno es más visible aún, porque tiene rostro y tiene plaza. Manteros, asentamientos, vendedores de alimentos, ocupaciones de naves o solares: la respuesta oscila entre la mediación permanente y el desalojo que se anuncia con semanas de antelación, como si el objetivo fuera precisamente que no se produjera. Compárese con la celeridad de la actividad administrativa cuando de un nacional se trata, con todos sus bienes y recursos bien localizados, y la asimetría queda servida.
No es que la ley prevea excepciones por origen, es que su aplicación se ha vuelto discrecional en función de un cálculo político que teme el coste reputacional de la firmeza que resulta exigible por ese principio de igualdad jurídica, hoy reducido a no se sabe muy bien qué.
En materia de extranjería, la paradoja es ya estructural porque un sistema pensado para ordenar flujos ha terminado premiando la infracción sobre el cumplimiento.
Quien solicita un visado desde su país de origen, aporta documentación, espera meses y cumple los requisitos, compite en desventaja frente a quien entra sin autorización y accede, tras un periodo de irregularidad tolerada, a vías de regularización por arraigo que no exigen prácticamente nada salvo persistencia y un padrón municipal complaciente.
El mensaje que se envía, no sabemos si involuntariamente, es que el procedimiento reglado es una vía para ingenuos, parias y pagafantas.
Y luego está el terreno donde el Estado, en teoría, nunca perdona a nadie. La recaudación tributaria.
El autónomo español que se retrasa tres meses en un pago a la Seguridad Social conoce el recargo, la vía de apremio, el embargo, y en ocasiones, la ruina. La economía informal que sostiene buena parte de la actividad de determinados colectivos migrantes —talleres, locutorios, comercio ambulante— opera con una inspección que, cuando existe, rara vez culmina en el mismo rigor ejecutivo. No es que Hacienda tenga dos varas de medir por escrito; es que la vara real depende de la capacidad efectiva de cobro, y esa capacidad es sistemáticamente menor cuanto más informal y menos arraigado está el sujeto pasivo.
El resultado de todo esto es la erosión cada vez menos silenciosa del principio que sostiene cualquier convivencia posible, el de igualdad. Es decir, que las normas obligan a todos por igual. Cuando el Estado decide, caso por caso, a quién le aplica el peso completo de la ley y a quién le concede prórroga indefinida, no está siendo compasivo. Está enseñando a sus ciudadanos que cumplir es, cada vez más, una opción de estúpidos, introduciendo en el sistema todo un elenco de incentivos y estímulos que acaban obviamente imponiéndose.
Por eso, ese aprendizaje, una vez interiorizado, es muy difícil de revertir. Y por eso, sociedades ordenadas y prósperas, acaban convertidas en vertederos.
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