Hay palabras o expresiones que ya son sospechosas y no precisamente por lo que significan. Problemas complejos, retos, desajustes o escenarios, son algunas de ellas. Sobre todo, cuando se usan para hablar de inmigración.
Preferimos el eufemismo o el lenguaje alternativo a la evidencia, y así llevamos años, construyendo un relato que se sostiene menos en los datos que en la voluntad de no mirarlos.
Desengáñese, nada de esto es humanismo, sino la manera más segura de que, dentro de una generación, no quede humanismo que ofrecer
Porque los datos, cuando se consultan sin prejuicio y sin intencionalidad, no dejan demasiado margen para la ambigüedad. Y esto sirve igual para Suecia, Dinamarca, Alemania, Francia, Italia o también España.
Un informe del grupo de trabajo de Amenazas Globales de la fundación NEOS, en la misma línea que otros informes europeos, cifra el coste neto del exceso de inmigración para las arcas públicas en al menos 30.000 millones de euros anuales. Una cantidad que resulta de estimar en torno al 50% del PIB per cápita el gasto medio que genera cada persona en paro nacida en el extranjero.
La Fundación Disenso ha llegado a conclusiones similares en un estudio paralelo, que nos recuerdan la advertencia que hizo en su día un reconocido Juez de menores de Granada, ya jubilado, en el sentido de que un menor extranjero de los que entra a diario por nuestras fronteras costaba unos 7.200 euros al mes al contribuyente.
Un informe del Ministerio de Finanzas del gobierno socialdemócrata danés cuantificó en 2018 el impacto fiscal neto de la inmigración cruzando datos administrativos de toda la población, desagregado además por país de origen. Se ha ido actualizando, y resulta que el coste fiscal neto agregado de la inmigración de origen MENAPT (Oriente Medio, Norte de África, Pakistán y Turquía, proyecta un coste medio de 11.000-13.000 euros anuales por inmigrante.
Es decir, el saldo, lejos de ser el motor de prosperidad que se prometió, resulta deficitario en la mayoría de los escenarios conocidos o estudiados a medio plazo.
La inmigración masiva y las políticas de acogida pueden llevarse bien con el argumentario, pero muy mal con la aritmética. Pero quien lo menciona o sostiene en público, quien hace o se hace preguntas, es tratado como si escupiera odio, no como quien invita al debate, la reflexión y cita una cifra.
Es decir, ya hemos llegado a aquello que decía G.K. Chesterton, que hay que batirse en duelo para defender que el césped es verde.
Pero hay más desajustes o escenarios complejos vinculados a la inmigración. Incluso más graves que el meramente fiscal, porque afecta también al Estado de derecho. Un ordenamiento jurídico se sostiene sobre la ficción necesaria de que la ley es igual para todos y de que su cumplimiento no admite excepciones culturales.
Esto, que costó siglos construir, empieza a resquebrajarse cuando se normalizan regímenes de facto paralelos, cuando se mira hacia otro lado ante prácticas incompatibles con el marco constitucional, o cuando se exige a los tribunales una comprensión contextualizada que en cualquier otro ámbito llamaríamos, sencillamente, trato desigual ante la ley.
Un Estado de derecho que empieza a hacer excepciones deja, poco a poco, de ser tal cosa para convertirse en otra muy diferente.
El más visible de todos es el que reflejan las estadísticas oficiales de criminalidad. Pese a los esfuerzos de las autoridades y medios de comunicación por diluirlo y crear confusión, se llega un punto en que ya no se puede esconder tan abrumadora realidad.
Sea en Suecia, que Alemania, Luxemburgo o Italia, los extranjeros representan un porcentaje muy superior al que les correspondería por población. En España son 32,7% de la población reclusa en España, según los últimos datos de Instituciones Penitenciarias, frente a un 13,8% de población de nacionalidad extranjera sobre el total.
La sobrerrepresentación de origen extranjero, y muy especialmente la de una determinada procedencia (Marruecos encabeza con el 27,5%), es un escándalo que, además, se ceba en los barrios más vulnerables, donde no viven los planificadores ni la dirigencia que intenta cotidianamente de convencernos de lo contrario, con sus acusaciones de racismo, xenofobia o sus corazones muy anchos y grandes.
No hace falta apelar a ningún prejuicio étnico para constatarlo, basta con leer los propios boletines oficiales o estar en contacto con algún juez, policía o funcionario de prisiones para saber lo que está ocurriendo.
Negar esta realidad no protege a nadie, solo desplaza el problema hacia las familias y personas con menos recursos para protegerse. Porque las consecuencias de la inmigración descontrolada nunca las pagan quienes la animan, fomentan, financian y celebran desde sus zonas residenciales acomodadas con protección.
¿Qué decir el desorden cultural que ya aflora en no pocos lugares? Quizá el desajuste más difícil de medir y, por eso mismo, el más fácil de negar. No hablamos de diversidad, sino de la importación de patrones de convivencia, jerarquías familiares o concepciones del papel de la mujer que colisionan frontalmente con siglos de evolución jurídica y social europea.
Una sociedad que no exige la asimilación de sus principios básicos, como por ejemplo hizo Estados Unidos a principios del siglo XX, no está integrando, sino que está fragmentándose en círculos que conviven sin mezclarse y, con frecuencia, sin respetarse.
Los servicios públicos no escapan al reto, cada vez más ociosa palabra. Sanidad, educación, vivienda, servicios sociales, ya diseñados con estrecheces crónicas para la población existente, se ven sometidos a una presión de demanda que ningún gobierno ha planificado ni pensado.
Y por último, la seguridad. Porque la infiltración de radicalismos religiosos y políticos es un hecho que hasta las autoridades reconocen sin demasiados eufemismos en reuniones y conversaciones privadas.
Sólo en España, en 2025 se registró un centenar de detenidos por yihadismo y la expulsión de 25 personas por actividades de radicalización, nueve de ellas imanes de reconocidas mezquitas.
Pero hay más. Porque entre los más jóvenes ya es tendencia. 14 menores de edad detenidos y 37 jóvenes de entre 18 y 25 años, síntoma de una radicalización cada vez más precoz y que las propias autoridades vinculan a la porosidad de los sistemas de control que genera el flujo migratorio masivo, tal y como hemos visto recientemente en Ceuta.
¿Cuánto cuesta al contribuyente esta demencial de negligencia?
El mundo que viene no parece prometedor. Debe usted saberlo. Y ninguno de los desafíos o retos vinculados a la inmigración de estas décadas se resuelve con eslóganes de bondad universal ni con la caricatura fácil de quien señala estos problemas como si fuera, por ello, el enemigo.
Se sabe que se resuelve con determinación en el control efectivo de fronteras, criterios de entrada vinculados a la capacidad real de absorción, exigencia firmeza en el cumplimiento del marco legal y expulsión efectiva de quien lo incumple y también de quienes abusan de las coberturas y oportunidades que nuestro país ha ofrecido. Pero por alguna razón no se está precisamente en esto, y si se propone, eres un fascista xenófobo.
Desengáñese, nada de esto es humanismo, sino la manera más segura de que, dentro de una generación, no quede humanismo que ofrecer, porque el país que lo sostenía se habrá desajustado hasta quedar irreconocible. Como de hecho ya lo es en muchos sitios.
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