Cualquier persona con buena intención que participase en la redacción de la Constitución de una monarquía parlamentaria después de haber vivido unos largos siete años bajo el gobierno de Pedro Sánchez definiría la figura de quien dirige el gobierno con una serie de cautelas que está ausentes por completo en la vigente Constitución española. La razón es muy simple: ni uno sólo de los constituyentes de 1977 fue capaz de imaginar que pudiera llegar a este cargo un personaje como el que ahora mismo soportamos con estupefacción.
Sin ser, ni de lejos, especialista en derecho constitucional, me voy a guiar por criterios puramente políticos para subrayar algunas cosas que Sánchez ha hecho y que, a mi modesto entender ciudadano, desbordan por completo la figura constitucional de presidente de gobierno. Para empezar, se debería cambiar esa denominación que da lugar a muchos equívocos y que, en manos de un desaprensivo, favorece que lo que debiera ser un primer ministro, como ocurre en el Reino Unido, se convierta en una mezcla de ayatola ideológico y dictador caribeño con las manías de grandeza de un monarca absoluto. Lo mucho que le molesta a Sánchez la presencia y la simple existencia de Felipe VI, que además es más alto y elegante que este pívot mediocre, es una muestra del desvarío político en el que se ha instalado este personaje, pues actúa como si creyese que la monarquía le priva injustamente de lo que considera merecidos derechos y honores.
Sánchez se ha propuesto resistir con un gobierno quemado, sin la menor capacidad de iniciativa política y entregado únicamente a una sucesión de gestos y ocurrencias fuera de lugar con las que intenta llegar medianamente entero al final inevitable
De manera sumaria el artículo 98.2 de la Constitución le encarga de nombrar a sus ministros, estructurar y coordinar sus trabajos, incluyendo la política de defensa, presidir las reuniones del Consejo de ministros y presentar proyectos de ley al Parlamento. También es el único que puede plantear, si lo estima oportuno, una cuestión de confianza al Congreso y tiene la capacidad de disolver las cámaras en los términos que marca la ley.
Son funciones de enorme importancia capaces de ocupar las veinticuatro horas de trabajo de cualquier político, pero hay muchas cosas que Pedro Sánchez ha hecho para las que no tiene ningún refrendo constitucional especial y ha podido hacerlas porque nuestra Constitución sí quiso evitar que el gobierno fuese débil e inestable, pero nunca previó que el gobierno llegase a estar presidido por un personaje autoritario que se saltaría a la torera toda clase de obstáculos que el buen sentido y un mínimo de decencia política pudieran exigirle.
Sánchez ha dinamitado la tradición de contar con la oposición en asuntos de especial gravedad y lo ha hecho por entender que esa era la única manera de mantener los votos parlamentarios de los grupos separatistas enemigos de la unidad nacional y dispuestos a extorsionar cuanto sea posible al conjunto de los españoles. Una vez instalado en esta anomalía ha procedido a degradar hasta la caricatura el principio de separación de poderes, a colonizar de manera vergonzosa todas las instituciones del Estado y a entrometerse en el gobierno de grandes empresas privadas con el dinero de los presupuestos generales.
Gobernar sin el Parlamento ha sido una consecuencia inmediata de ese proceder porque, sencillamente, decide librarse del bochorno que le supondría defender sus proyectos ante un parlamento con capacidad de debatir y decidir sin la atadura antipolítica de los votos hostiles a los intereses nacionales. Para perpetrar esa política impensable en una democracia ha debido previamente de convertir al PSOE en su partido, reduciéndole a un mero bunker en el que los empleados le deben fidelidad perruna al jefe porque si no son expulsados sin el menor miramiento.
De no haber hecho esa jibarización con su partido no hubiera podido aprobar una vergonzosa ley de amnistía ni lucrarse del voto solícito de los herederos de ETA. A su vez esta maniobra ha impedido cualquier control parlamentario del ejecutivo, pues el Congreso se ha visto maniatado por unas mayorías mínimas pero férreamente empeñadas en mantener una situación beneficiosa para sus intereses, lo que ha hecho imposible un voto de censura que nunca ha estado tan justificado como ahora, lo que hará necesaria una modificación de la Constitución para que nunca pueda volver a suceder algo semejante.
Sus políticas han sido subsidiarias de sus intereses personales para mantenerse en el gobierno y para ello no ha vacilado en auténticas enormidades, como ceder el Sahara a Marruecos sin consultar siquiera a su consejo de ministros o cambiar en minutos su diagnóstico sobre la invasión marroquí de Ceuta pasando de ser un atentado a la soberanía nacional a ser un mero problema humanitario que los ceutíes han debido soportar mientras Sánchez veraneaba a cuerpo de rey en La Mareta y cuyas penosísimas consecuencias tendrán que aguantar, al menos, mientras Sánchez siga en la Moncloa.
Pese a presentarse como un paladín en la lucha contra la corrupción se ha visto rodeado por ella en todas las maneras imaginables pero se ha limitado a defenderse de sus consecuencias políticas con lo que es su arma preferida, la mentira que empieza por llamar mentirosos a los que le recuerdan las evidencias que no quiere reconocer.
Lleva años incumpliendo la Constitución al no presentar ley de presupuestos y, casi lo peor, ha convertido la política exterior de un Estado de mediano tamaño y acreedor de respetabilidad internacional, en una chapuza ideológica destinada a mantener los votos de la extrema izquierda pues sabe que ha perdido por completo el apoyo de quienes alguna vez vieron en el PSOE un partido nítidamente español, con peso en la centralidad política y en verdad preocupado por favorecer el ascensor social de los más débiles, mientras que Sánchez se ha limitado a gastar ingentes cantidades de dinero para comprar la voluntad política de sectores enteros definidos no por sus carencias económicas sino por su ridículo extremismo cultural.
Sánchez se ha propuesto resistir con un gobierno quemado, sin la menor capacidad de iniciativa política y entregado únicamente a una sucesión de gestos y ocurrencias fuera de lugar con las que intenta llegar medianamente entero al final inevitable. Ante una conducta tan escasamente sensata cabe imaginar dos posibles alternativas: o pretende llamar a una revuelta contra la monarquía y el actual sistema político, que es lo que imaginan algunos, lo que le llevaría a un fracaso sonado, o se conforma con limitarse a perder las elecciones de otra manera manteniendo su poder en el PSOE para encabezar luego la misma política destructiva desde la oposición.
Ambas perspectivas son tremendas dada la situación económica, política e internacional de España en la actualidad, pero, por desgracia, no está en manos de todos sino de unos pocos reconducir esa situación y restaurar el clima de convivencia política y de normalidad institucional que permita una reforma constitucional razonable y que pudiera darnos unos cuantos lustros de paz y de prosperidad. Por dramático que parezca son muy pocas las bazas que ahora mismo puedan estar en manos de los optimistas, pero también es verdad que España, esa gran nación que no se va a arrugar ante las tretas del sultán ni ante la traición de unos cuantos miserables, ha salido otras veces de aprietos mayores.
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