El Financial Times publicó hace unos días un artículo de Ravi Gurumurthy titulado How state control of companies can drive innovation, (Cómo el control estatal de las empresas puede impulsar la innovación). El título parece anticipar una discusión meramente económica. Sin embargo, hay en él una ambición mucho más antigua e inquietante: ordenar desde arriba la actividad humana y entregar a unos pocos el poder de decidir el futuro de todos.

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En la reseña del autor figura que Gurumurthy es director ejecutivo del grupo Nesta. El cargo tiene una sonoridad empresarial que puede llevar a engaño. Nesta es una fundación británica dedicada a la innovación, nacida con fondos de la lotería nacional; es decir, dinero público. Antes de dirigirla, Gurumurthy pasó catorce años en el Gobierno británico y fue asesor y redactor de discursos del ministro David Miliband. Hoy dirige también el Behavioural Insights Team, la antigua «Nudge Unit» de Downing Street —centro neurálgico del poder ejecutivo en el Reino Unido—, y ocupa cargos en diferentes organismos públicos.

China no es un modelo a imitar. Es una advertencia. Cuando el Estado ha eliminado todos los cruces de caminos y sólo permite avanzar en una dirección, el tráfico no demuestra que el planificador tuviera razón. Demuestra que ya no queda alternativa

Su trayectoria puede parecer la de un brillante directivo, pero Gurumurthy no es realmente un empresario. Es un burócrata de alto nivel: alguien cuya vida profesional ha transcurrido adosada al Estado y que cree que casi todos los problemas pueden resolverse aumentando su capacidad de intervención.

No señalo su currículum para invalidar sus ideas, sino para comprender qué las anima. Porque donde yo veo a millones de personas probando, equivocándose, rectificando y cooperando, Gurumurthy ve descoordinación. Y cuando ve descoordinación siente la llamada del poder. Alguien debería poner orden, decidir adónde debe ir el dinero y anticipar qué necesitaremos los ignorantes mortales dentro de veinte años. Gurumurthy es ese alguien.

Para conseguirlo reclama «arquitectos de sistemas» con grandes conocimientos técnicos, instalados en instituciones cada vez más poderosas y con autoridad para decidir el rumbo de sectores enteros. No quiere que el Estado se limite a construir una carretera, asegurar las reglas del juego o evitar que las grandes empresas abusen de su posición dominante. Quiere que decida el destino de todo. Inteligencia artificial, energía, movilidad: nada parece demasiado complejo si se concede suficiente poder al tecnócrata. La palabra arquitecto es un eufemismo porque sugiere inteligencia, orden y belleza. Pero toda construcción necesita materiales. Y en ésta, los materiales somos nosotros.

El viejo planificador que creímos enterrar con el colapso de la Unión Soviética no ha desaparecido. Ha aprendido inglés corporativo y ahora se hace llamar arquitecto de sistemas. Pero ningún grupo de especialistas, por muy preparados que estén, reúne todo lo que saben millones de personas. El número importa. James Surowiecki lo explicó de forma tan amena como convincente en Cien mejor que uno: la multitud puede ser más inteligente que una minoría acreditada cuando conserva la diversidad, la independencia y la libertad para que cada persona actúe a partir de lo que sabe. Necesita, en otras palabras, casi todo lo que la planificación termina eliminando.

Cien pueden saber más que uno porque saben cosas distintas y cometen errores distintos. Cuando miles de personas prueban respuestas diferentes, ocurre algo parecido a un milagro: los aciertos se propagan y los errores se corrigen o desaparecen. Cuando un planificador obliga a todos a seguir su camino, su error se convierte en política pública. El particular que se equivoca puede perder su empresa y su patrimonio; el funcionario que se equivoca con el dinero de los demás encarga un informe, pide más presupuesto y proyecta sobre el error un plan todavía más ambicioso.

El éxito de la cooperación humana posee esa dimensión milagrosa porque nadie la dirige. Millones de desconocidos fabrican, transportan, distribuyen, compran, venden e inventan persiguiendo sus propios fines y, al hacerlo —he aquí el milagro—, hacen posibles los fines de los demás. El tecnócrata desconfía de ese orden porque no puede encerrarlo en una hoja de cálculo ni atribuirse su mérito. Lo llama caos o fallo del mercado para sustituir el conocimiento de millones de personas por el criterio de un comité de expertos: la forma aseada de decir que unos pocos van a decidir por todos.

Lo que plateo en este artículo es mucho más profundo que una discusión sobre eficiencia económica, porque está en juego quién tiene derecho a elegir nuestro destino. Es decir, si cada persona puede decidir qué desea construir y qué riesgos está dispuesta a correr, o si debe someter su vida al futuro imaginado por una minoría con títulos, presupuesto y poder. La planificación no ordena únicamente la economía. Hace algo mucho más trascendente. Reduce la vida humana a lo que cabe dentro de un plan.

El planificador cuenta además con una ventaja imbatible: puede eliminar los cruces de caminos. Subvenciona una tecnología, encarece o prohíbe las demás y acaba demostrando que la suya era la correcta. ¿Cómo no iba a serlo, si ha suprimido las alternativas? Cierra todas las carreteras menos una y presenta el atasco consiguiente como prueba de que todo el mundo quería ir en esa dirección. Es de cajón: la realidad no puede llevarte la contraria si antes has prohibido cualquier alternativa.

Por eso BYD ocupa un lugar clave en el artículo. Gurumurthy presenta a la colosal corporación china como la demostración de que el Estado puede crear un mercado, estimular la competencia y dejar que una selección darwiniana corone al campeón. Es cierto que BYD es una gran corporación, con tecnología muy avanzada y una capacidad industrial que sus rivales despreciaron estúpidamente.  Pero China no se limitó a abrir el mercado y esperar. Decidió que los automóviles eléctricos debían ganar, subvencionó su compra, concedió créditos baratos, regaló suelo a las fábricas y proporcionó ventajas fiscales, protegió a los fabricantes chinos de baterías y levantó barreras contra las empresas extranjeras. Se puede admirar a BYD y reconocer lo evidente: jugaba con una ventaja enorme.

Tampoco existió el inspirador darwinismo que ensalza Gurumurthy. El Partido Comunista Chino señaló los sectores favorecidos y los gobiernos regionales se lanzaron a atraer fábricas con toda clase de ayudas. Surgieron marcas y proyectos como churros porque el dinero era barato y el poder había ordenado dónde ponerlo. La producción creció más que la demanda, los márgenes se desplomaron, estalló una guerra de precios y muchas empresas se convirtieron en zombis. Cuando el descontrol se hizo evidente, Pekín cerró el grifo para forzar la criba. Gurumurthy llama darwinismo al momento en que el Estado comienza a deshacerse del problema creado por el propio Estado. No dice una palabra del pienso público con el que antes había llenado el gallinero.

La intervención pública puede alumbrar una empresa exitosa. Lo que jamás podrá mostrarnos es todo lo que ese éxito impidió nacer. Vemos la gigantesca BYD, sus coches eléctricos baratos y sus intimidantes cifras de exportación. No vemos las empresas que se quedaron sin recursos por culpa del dirigismo del PCCh, los inventos que nunca pudieron siquiera probarse ni lo que millones de personas podrían haber creado si se les hubiera permitido decidir. El coste del error estatal no desaparece, simplemente se difumina porque queda repartido entre millones de personas que nunca fueron consultadas. También se vuelve invisible algo imposible de medir: la vida que cada uno habría seguido de haber tenido otros caminos.

El artículo de Gurumurthy presenta a China como ejemplo y como guía para Occidente. No es el único. Para la clase tecnocrática europea, China se ha convertido en una tentación irresistible. Su éxito industrial es real y por eso resulta tan seductor. Allí el Gobierno puede escoger una industria, dirigir hacia ella cantidades ingentes de dinero, crear la demanda desde cero y proteger el mercado hasta levantar un campeón colosal. Después lo muestra al mundo como prueba de que la planificación funcionó. BYD y sus cifras de exportaciones salen en la fotografía; la sobreproducción, las empresas mantenidas artificialmente, las ciudades endeudadas, la libertad perdida y las alternativas suprimidas quedan fuera del encuadre.

Lo más alarmante es la conclusión que va ganando peso en Occidente. Puesto que China compite con una planificación centralizada que se salta las reglas, nosotros debemos parecernos cada vez más a China. Para defendernos de la economía dirigida por el todopoderoso PCCh, dirigiremos la nuestra; frente a sus subvenciones, multiplicaremos las nuestras; frente a sus planificadores, promocionaremos a nuestros propios planificadores. En vez de proteger la libertad y exigir reciprocidad, imitaremos al adversario hasta que la diferencia entre él y nosotros sea sólo cuestión de matices. Eso no es una alternativa. Es una rendición travestida de estrategia.

No se trata de dejar a nuestras empresas a los pies de los caballos ni abrir el mercado europeo a quien no respeta las reglas. Las naciones europeas deben apostar por la competencia, proteger los sectores ligados a la seguridad nacional y responder con contundencia a las prácticas desleales. Podemos financiar la investigación y proyectar infraestructuras que mejoren las oportunidades de todos. Lo que no debemos hacer es confundir crear las condiciones necesarias para ser competitivos con decidir el resultado. Porque ese es exactamente el método de China, cerrar todas las salidas hasta que sólo quede la que figura en el plan.

Gurumurthy quiere que sus arquitectos tengan más poder, más dinero y que la sociedad tenga cada vez menos capacidad para estorbar sus decisiones. Y da un último paso. Una vez que el Estado elige el negocio y dirige hacia él el dinero de todos, propone que también participe de la propiedad de la empresa y se quede con parte de sus beneficios. El círculo se cierra: el mismo poder que obliga a caminar por una dirección única, acaba convertido también en socio a la hora de repartir las ganancias. Las empresas seguirán siendo privadas sobre el papel, pero ya no tomarán sus propias decisiones. Serán simples ejecutoras de un futuro diseñado desde arriba.

Tampoco explica Gurumurthy quién vigila a los arquitectos ni cómo se les obliga a reconocer sus errores. Si el futuro que imponen fracasa, no lo admitirán. Dirán que el diseño aún necesita completarse. Pedirán más poder y más recursos para terminarlo.

Una economía no es un puzle con un dibujo predefinido donde las personas no son más que piezas esperando que alguien decida donde colocarlas. Tampoco el mercado es valioso porque sea perfecto. No lo es. Nada lo es. Es valioso porque permite que mucha gente ensaye respuestas distintas y evita que el error de uno se convierta en la condena de todos. Aquello que el tecnócrata llama falta de coordinación es el bien más necesario para la prosperidad y el progreso: la libertad.

China no es un modelo a imitar. Es una advertencia. Cuando el Estado ha eliminado todos los cruces de caminos y sólo permite avanzar en una dirección, el tráfico no demuestra que el planificador tuviera razón. Demuestra que ya no queda alternativa. Una sociedad libre que aspira a sobrevivir no necesita un comité de expertos que planifique su futuro. Necesita asegurarse de que nadie tenga poder suficiente para borrar todos los futuros posibles.

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