El PNV, que es un partido corrupto, ha tomado la decisión de echar del poder al Partido Popular, que ha creado una máquina de expolio desde su espina dorsal, para entregárselo al PSOE, que es la corrupción hecha política. Y todo ello en nombre de la limpieza y la honradez. El portavoz de los nacionalistas vascos en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, suma el escarnio a la desvergüenza, al preguntarse qué país es esta España cuyo gobierno depende de ellos. El escarnio es una recreación en una verdad oprobiosa; es un cinismo con saña, que no cae en una sima moral porque tiene el suelo de la verdad. Y la verdad es que España depende de un partido que la odia abierta y sinceramente; un odio que han convertido en un gran negocio.

El PNV duda si dar el paso secesionista a la vista de que el expolio del resto de España le resulta tan conveniente

El negocio es la clave del cambio de gobierno impreso por el Congreso de los Diputados, y que ha colocado a Pedro Sánchez en la Moncloa. Sánchez ha recibido el apoyo de 180 diputados procedentes de ocho grupos, y en los que sus 84 escaños son una minoría. Le llevan en volandas quienes ven a España como un obstáculo o una amenaza para su visión de lo que quieren hacer en este amplio solar de la Península Ibérica. Pablo Iglesias ha declarado que España para él es una realidad política que hay que derribar después del resultado de la Guerra Civil. De ERC y PDeCAT no será necesario añadir nada a este respecto. El PNV duda si dar el paso secesionista a la vista de que el expolio del resto de España le resulta tan conveniente; lo mismo cabe decir de Nueva Canarias. Compromís es el qué hay de lo mío desde una perspectiva progresista, valenciana y universal.

Se abre una oportunidad única, la de poder repartirse los despojos de España antes de quedar abandonada a su suerte. En un momento en el que el último bastión de la nación son los jueces y la Corona en las instituciones, y los españoles que no han caído en el descreimiento en la calle, el gobierno se ha convertido en una empresa de demoliciones. Esto es lo que parece que ocurrirá antes de las próximas elecciones, en la medida en que la parte más decente del PSOE lo permita.

La fuente del derecho, y de las instituciones, no será ya el pueblo español, sino algunos de sus pueblos por medio de las élites políticas del lugar

España, como realidad histórica, como comunidad política, queda en entredicho. La fuente del derecho, y de las instituciones, no será ya el pueblo español, sino algunos de sus pueblos (Cataluña, Vascongadas…) por medio de las élites políticas del lugar. El propio Sánchez se refirió durante la moción al portavoz del PDeCAT como representante de “los catalanes”. Podemos, que tiene como objetivo mediato acabar con la Constitución Española, “saludará”, con ese lenguaje medido y manoseado que utilizan, los “procesos democráticos” que, como el del primero de octubre, asienten una nueva legitimidad que haga añicos la del 78. PNV y Bildu están pactando un nuevo Estatuto que, entre otras cosas, diferencia entre gudaris y maketos. Eso no tiene por qué salir tal cual, pero el proyecto de crear una nueva ciudadanía vasca está ahí.

Es necesario acabar con el poder que no controlan del todo, como es el judicial. Eso se intentará identificando el funcionamiento de la maquinaria judicial con un ejercicio autoritario que aplasta los legítimos derechos políticos de quienes no quieren ser españoles. Desde el gobierno se seguirá conspirando contra el país, pero ya no por medio de la inacción sino por iniciativa de los grupos que sostienen a Sánchez.

Aún queda una gran operación política que es condición sine qua non para la celebración de unas nuevas elecciones democráticas, y es la deslegitimación del centro y la derecha en España. El PSOE recuperará, con el apoyo de Podemos y del resto de grupos, la reforma de la Ley de Memoria Histórica que prevé nada menos que la censura de aquéllas obras de historia que pudieran considerarse favorables al bando nacional, entre otras medidas. Los restos de Franco dejarán de descansar en el Valle de los Caídos, y se esparcirán sus cenizas sobre media España para provocar enfrentamiento civil y deslegitimación política y social.

La nueva Ley de Memoria Histórica saldrá casi seguro. Pero el nuevo gobierno también tiene una posición muy difícil

Todo ello se intentará. La nueva Ley de Memoria Histórica saldrá casi seguro. Pero el nuevo gobierno también tiene una posición muy difícil. Tiene oposición, para empezar, con Ciudadanos y el Partido Popular. En segundo lugar, el equilibrio de la coalición frentista es muy difícil. Sólo Sánchez puede convocar elecciones cuando él quiera, pero si hay perspectiva de que su partido suba en las encuestas a costa de Podemos, los de Pablo Iglesias pueden pararle los pies. O forzar nuevas elecciones si son ellos los que crecen.

Mientras, comprobaremos hasta qué punto España se ha convertido en un desguace o todavía tiene fibra como para mantenerse en pie.

3 COMENTARIOS

  1. “Es necesario acabar con el poder que no controlan del todo, como es el judicial. Eso se intentará identificando el funcionamiento de la maquinaria judicial con un ejercicio autoritario que aplasta los legítimos derechos políticos de quienes no quieren ser españoles”

    No le digo que no lo intenten, José Carlos, pero será una inmensa contradicción difícil de resolver. A PP y PSOE les interesa que los ciudadanos sigan pensando que existe separación de poderes e independencia jucidial, aunque el PP, por razones de supervivencia se haya desmarcado un poco de ese supuesto.
    Puig y cía pronto comprobarán que el hecho de que gobierne Rajoy o Sánchez es indiferente en este sentido. Los procesos judiciales abiertos seguirán su curso, con la diferencia de que ahora, los portadores del lazo amarillo tendrán difícil seguir vendiendo la moto a Europa y a sus paísanos de que España es un estado fascista y represor de sus libertades. Aparte que, el electorado socialista no toleraría ni permitiría cualquier desliz en este sentido.

    Por otro lado, después de la sentencia Gürtel, se entiende mejor la injerencia judicial y “solidaridad” de ministro Catalá con la víctima de la Manada en sede parlamentaria. Curiosamente, el voto particular y en extremo discordante de aquella sentencia que provocó un estallido de indignación social (ya que la sentencia por sí misma no hubiera sido capaz de exaltar tanto los ánimos ni de motivar tanto revuelo), fue criticado y cuestionado también por Catalá como si fuera un ciudadano común de a pie (incluso nos enteramos gracias a él de los “problemas” del juez en cuestión). Y es precisamente en la demoledora sentencia de la Gürtel en la que destaca otro voto particular que la contradice. Sería interesante que algún medio o periodista filtrara la afinidad o los “problemas” de ese juez en la emisión de su voto particular, porque está claro que en esta ocasión, por el ministro Catalá no vamos a enterarnos.

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