«Me debo a quien me designa y tiene la potestad de cesarme en cualquier momento».
La frase la pronunció Manuel Llamas, director adjunto operativo de la Guardia Civil, ante una comisión del Senado. Hay que leerla despacio. No porque sea compleja —no lo es—, sino por su brutal claridad. Llamas no invocó la ley. Tampoco la Constitución, el Estado de derecho o el uniforme que viste. Dijo, sencillamente, que se debía a quien lo había colocado en el cargo y conservaba el poder de apartarlo. En ese puñado de palabras se sitetiza una grave dolencia institucional: el cargo como favor, el nombramiento como deuda y la obediencia como pago.
Un alto mando no es el mayordomo de un ministro. Su misión no consiste en adivinar los deseos del político de turno ni en renunciar a su criterio para conservar el sillón. Se debe a la justicia y a los ciudadanos. Quien lo nombra puede firmar su cese, pero no compra su conciencia. Sin embargo, esa distinción se desvanece cuando las instituciones son colonizadas. Entonces, el servidor público tiende a olvidar que es el depositario temporal de una función y empieza a sentirse el agraciado de una lotería personal. Aprende a ser sumiso, a interpretar silencios, a anticipar sonrisas y a descifrar qué decisiones impulsan una carrera y cuáles la destruyen. Al final, el poder ya ni siquiera necesita impartir órdenes. El subordinado ha aprendido a anticiparlas.
Cuando todos se deben a quien los nombra, las instituciones dejan de servir a los ciudadanos y empiezan a servir al poder. Después, esa obediencia desciende por toda la sociedad hasta convertir la cobardía en sensatez, el servilismo en responsabilidad y el silencio en virtud
En 1961, la filósofa Hannah Arendt viajó a Jerusalén para asistir al juicio de Adolf Eichmann, uno de los cerebros del Holocausto. Esperaba encontrarse con un monstruo; encontró a un burócrata. Lo que verdaderamente horrorizó a Arendt no fue la crueldad de un fanático, sino la normalidad gris de un funcionario diligente. Eichmann no hablaba como un sádico, sino como el empleado del mes de unos grandes almacenes. Él no había decidido la «solución final», alegaba; él solo organizaba los trenes y cuadraba los horarios.
De ahí nació el concepto de la banalidad del mal. Porque el mal no siempre se presenta con el rostro del mal. A menudo adopta la apariencia de personas corrientes que ha decidido dejar de pensar. Individuos que anestesian su conciencia, reciben instrucciones y las cumplen. En ellos, el organigrama ocupa el lugar del juicio moral.
Por supuesto, equiparar la España actual con la Alemania nazi sería una barbaridad, como también lo sería comparar a Llamas con Eichmann. No se trata de equiparar hechos, responsabilidades o regímenes, sino de reconocer un mecanismo que puede reproducirse en cualquier época: el refugio en la obediencia. «Yo solo cumplía órdenes». «El protocolo es así». «Me debo a quien me nombró». Son distintos disfraces de una misma renuncia.
Pero esa renuncia no se extingue en un funcionario ni en el desprestigio de unas siglas. La verdadera catástrofe comienza cuando la servidumbre contagia a la sociedad. El horror del siglo XX no floreció únicamente por la existencia de tiranos y criminales, sino porque millones de personas corrientes aprendieron a no preguntar, a mirar hacia otro lado y a encontrar excusas para normalizar lo intolerable. Convirtieron la sumisión en virtud, la cobardía en prudencia y el silencio en supervivencia.
Ese es el peligro real: que la sumisión se convierta en pedagogía. Cuando una sociedad comprueba que los obedientes ascienden, los sumisos son premiados y los independientes son purgados, aprende una lección devastadora: el criterio propio resulta demasiado caro y la decencia puede arruinarte la vida.
La enfermedad se propaga. Lo que empieza en el despacho de un ministerio termina reproduciéndose en una fiscalía, una redacción periodística, una universidad o una reunión de amigos. La pregunta deja de ser «¿esto está bien?» y pasa a ser «¿a quién beneficia?». Primero se tolera una injusticia porque daña al rival. Después se abraza una mentira porque protege a los nuestros. Hasta que un día no queda ningún principio en pie. Solo bandos, consignas e intereses.
En España, la frase de Llamas resuena como un eco. La reproducen los fiscales que confunden al Gobierno con el Estado; los miembros del Tribunal Constitucional que parecen continuar atados al partido que los promovió; los periodistas que convierten la servidumbre política en deontología profesional; los tertulianos que ya no interpretan los hechos, sino que fabrican coartadas; y los ciudadanos que aplauden en su bando lo mismo que apedrean en el contrario.
Mientras los sumisos hacen carrera, quienes cometen el pecado de cumplir con su deber soportan presiones, campañas de desprestigio y ostracismo. No hace falta castigar a todo el mundo. Basta con castigar a unos pocos de manera pública y ejemplar para que los demás capten el mensaje. Así se domestica un país: prometiendo ascensos, exhibiendo castigos y alimentando ese miedo profundamente humano a meterse en problemas.
El honor de un servidor público no consiste en obedecer siempre. A veces consiste, precisamente, en decir no. En comprender que existen decisiones que ninguna jerarquía puede justificar y órdenes que dejan de ser aceptables cuando exigen renunciar a tu conciencia.
Hoy la libertad ya no suele pagarse con la vida, como ocurrió en los totalitarismos del siglo XX, pero continúa teniendo un precio: el ostracismo, la difamación, la pérdida de ingresos, el despido o la condena al silencio. Es un precio doloroso para quien debe asumirlo, pero pequeño frente al daño que sufre una sociedad en la que nadie está dispuesto a pagarlo.
Cuando todos se deben a quien los nombra, las instituciones dejan de servir a los ciudadanos y empiezan a servir al poder. Después, esa obediencia desciende por toda la sociedad hasta convertir la cobardía en sensatez, el servilismo en responsabilidad y el silencio en virtud.
La frase de Manuel Llamas no fue un simple patinazo. Fue la confesión involuntaria de una enfermedad que ya no corroe únicamente las instituciones, sino a una sociedad que parece haber perdido casi todos sus anticuerpos.
¿Por qué ser mecenas de Disidentia?
En Disidentia, el mecenazgo tiene como finalidad hacer crecer este medio. El pequeño mecenas permite generar los contenidos en abierto de Disidentia.com (más de 3.500 hasta la fecha), que no encontrarás en ningún otro medio, y podcast exclusivos (más de 300) En Disidentia queremos recuperar esa sociedad civil que los grupos de interés y los partidos han silenciado.
Ahora el mecenazgo de Disidentia es un 10% más económico al hacerlo anual.
