Hace pocos días un destacado político del PP decía que, tras las próximas elecciones, les esperaba una tarea hercúlea y que temía que ante semejante escenario se encontrasen demasiado solos. Creeo que tenía toda la razón porque el panorama político e institucional con el que se tendría que enfrentar el nuevo gobierno es de una complejidad extrema debido a dos razones de fondo.
En primer lugar, que los años transcurridos desde que se inició, con el archihipócrita de Zapatero, el desmantelamiento moral de la transición ha causado un enorme daño tanto a las instituciones como a la cultura política popular y la muestra más evidente de ello es la polarización creciente de buena parte de la sociedad española y el que puedan circular con facilidad enormes falsedades, y abundantes estupideces, con tal de que sean interesantes para la facción correspondiente.
Nadie previó que pudiésemos llegar a tener un presidente de gobierno con tan escaso aprecio a la libertad como el que tenemos
En segundo lugar, es difícil evitar la sensación de que, si como parece, la derrota de la izquierda va a ser muy amplia, la oposición que se enfrentaría al gobierno sería absoluta, guerracivilista. Una muestra del nivel al que eso podría llegar la hemos visto estos días con la demagógica explotación de un desahucio que ha conseguido movilizar a miles de personas para atacar a políticos que, al margen de sus méritos respectivos en otras áreas, nada tienen que ver con el caso. Hemos visto a Sánchez mentir con absoluto descaro y responsabilizar del asunto a quien le ha convenido, manipulación que será creída con singular convicción por sus partidarios, decrecientes pero decididos a acabar de cualquier manera con lo que no les gusta.
En esas circunstancias no bastará con gobernar bien, sino que será necesario llevar a cabo reformas de calado en el sistema constitucional y legal para recuperar la senda democrática que la Constitución delineaba pero que no ha resultado posible mantener. El problema número uno será que se hace inevitable poner límites nítidos al poder ejecutivo y que, lo que representa una gran paradoja, eso ha de hacerlo un gobierno que creerá necesitar del máximo poder para enderezar las cosas. Desde más de un punto de vista, la situación va a recordar a lo que hubo de hacerse para que la transición política llegase a buen puerto, que los poderes políticos accediesen a dejar paso a otra realidad constitucional en la que nadie les garantizaba su continuidad.
La Constitución se redactó bajo la influencia, consciente e inconsciente, de las profecías del franquismo que anunciaron siempre que la democracia sería ingobernable y que los partidos traerían la ruina de España. Para evitarlo, la Constitución puso toda clase de murallas y contrafuertes que garantizasen la estabilidad de los gobiernos. Lo que ha sucedido es que nadie previó que pudiésemos llegar a tener un presidente de gobierno con tan escaso aprecio a la libertad como el que tenemos, con un personaje dispuesto a emplear sus poderes para neutralizar radicalmente cualquier posible alternativa: basta con oírle ahora mismo que hemos de escoger entre él y el desastre, entre el progreso y la reacción, entre los avances sociales y el retroceso a la barbarie del fascismo.
No estaría mal empezar por cambiar la denominación, muy equívoca, de presidente del gobierno para empezar a considerarle como lo que es, como un mero primer ministro. Hay que acabar con el culto a la gobernabilidad y poner límites a su ejercicio cuando no se cumplen unos estándares básicos. Ahora sólo se puede destituir al gobierno mediante una moción de censura constructiva, pero habría que establecer que el gobierno debiera cesar si no mantiene una mayoría suficiente del Congreso, para lo que se podría definir una moción de censura técnica para preparar con un plazo corto y bien tasado las nuevas elecciones, y, desde luego, habría que destituir al gobierno cuando no sea capaz de aprobar los presupuestos generales.
Todo esto requeriría una reforma del reglamento del Congreso que diese libertad de voto a los diputados para que esa cámara vuelva a ser el seno de un diálogo político constructivo y deje de ser el frontón de reproches e insultos en que parece haberse convertido. Los reales decretos y decretos leyes debieran limitarse en número y exigir la declaración y aprobación previa de la excepcionalidad que los requiera. Es una burla cruel de la democracia y del sentimiento ciudadano el que se hayan aprobado decenas de decretos leyes absolutamente arbitrarios y que ni siquiera se haya planteado la necesidad de una norma de este tipo para afrontar con eficacia y rapidez un caso como el de Ceuta.
Se tiene que volver a garantizar una separación rigurosa de los tres poderes del Estado, liberando a los diputados y senadores de su sumisión a los dictados del grupo y del partido, reestableciendo la elección directa del órgano de control del Poder Judicial por los jueces y magistrados en activo y eliminando el Tribunal Constitucional, que ha sido violentamente captado por los partidos, sustituyéndolo por una sala especial del Tribunal Supremo.
Los partidos tendrán que hacerse un cierto harakiri porque buena parte de estos problemas tienen su origen en el severo recorte de los valores democráticos que se lleva a cabo en el gobierno de los partidos. La Constitución establece que los partidos se han de regir democráticamente, que han de ser órganos de participación y de debate político y es público y notorio que no son ninguna de estas cosas. Se necesita una ley de partidos valiente y clara que permita su regeneración y haga que sea posible una flexibilidad política mucho más alta que la existente e impida que sus líderes los conviertan en bandas, con frecuencia mafiosas. No será fácil hacerlo todo de un golpe pero es evidente que hay que avanzar en este terreno si no queremos acabar en algo más parecido al putinismo o al majzén que a una democracia liberal decente.
Por descontado hay que suprimir todos los aforamientos de diputados, senadores, concejales y cargos públicos reservando este privilegio para casos muy específicos y en muy pocos cargos. En lo que se refiere a los regímenes autonómicos hay que establecer de una buena vez un sistema claro de competencias que evite el desmadre y la confusión actuales lo que hará, a la larga, posible que los parlamentos autonómicos se reduzcan a lo indispensable y que el Senado pueda convertirse en una cámara de diálogo territorial.
Si a todo esto se le añade la dificultad de gobernar un país con un nivel de gasto público insostenible, la de recuperar un sistema educativo y universitario que vuelva a servir de ascensor social, el enorme desembolso que hay que hacer para restaurar el estado de nuestras infraestructuras, del ferrocarril y de las carreteras, y la ineludible reforma de la administración pública contaminada por miles de enchufados políticos de toda condición, se comprenderá que el pronóstico con el que empezaba este texto es mucho más tímido que catastrofista.
Terminaré con una nota optimista, el caso de Ceuta nos ha mostrado una nación que ha podido parecer muerta pero está viva, unos ciudadanos dispuestos a defenderse de la arbitrariedad y el abandono y nada convencidos de que la palabra del gobierno merezca una mínima credibilidad. Nadie se ha tragado que lo de Ceuta nada tiene que ver con Marruecos, en lo que ha insistido torpemente el gobierno, ni que haya sido lógico que Pedro Sánchez se pasase unas generosas semanas de relax en la Mareta mientras la invasión marroquí asentaba sus reales en una Ceuta martirizada, pero ni derrotada ni muerta.
Foto: Rafesmar.
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