Lo que estos días contemplamos en el Supremo, junto con el eco debilitado del asunto Bárcenas/Rajoy, vuelve a mostrar en su desnudez elemental una de las caras más desagradables de la política española: la notabilísima ausencia de una decencia elemental en buena parte de los líderes políticos y la dificultad para castigar de manera dolorosa y eficaz a los corruptos. Insisto, todos nos hacemos una idea precisa de qué es lo que ha pasado, pero no estamos en posesión de un sistema de castigo ni rápido, ni proporcional ni eficaz, que sería lo único que acabaría haciendo más difícil este tipo de corrupción política, ya que hablar de erradicarla sería tanto como creer en que el poder político se ejerce entre y por sujetos arcangélicos.
Esta impotencia moral se ve acibarada por la forma de funcionamiento de la justicia penal que, inspirada en un candoroso garantismo, se ve impotente para sancionar las responsabilidades últimas. La prueba del fracaso del sistema está en que estas conductas, que se desarrollan amparadas por la supuesta disculpa de la financiación del partido gobernante, se han venido repitiendo desde hace muchos años, una veces de manera más sutil, otras de forma más chapucera.
Es esencial comprender que los paganos de todas las mordidas que se obtienen de las diversas empresas a las que se extorsiona exigiendo un pago en negro para obtener tal o cual contrato no son ni esas empresas ni sus accionistas o beneficiarios, sino que somos todos los españoles, sin excepción, quienes soportamos tales sobrecostes
La idea de que los electores acaban castigando electoralmente estas conductas no acaba de estar clara y, en cualquier caso, es notoriamente insuficiente, aparte de que es obvio que registraría diversas maneras de sanción según que la corrupción viniese por uno u otro lado del espectro. Es muy notable, por cierto, la forma con la que ahora aborda buena parte de la izquierda los casos que la afectan porque han pasado de defender a capa y espada su honradez y su desapego a la riqueza, Largo Caballero decía que en las cosas del dinero había que poner al más decente y vigilarle como si fuera un bandolero, a exhibir una mezcla vergonzosa de patriotismo de partido y de cinismo.
Sólo un crecimiento del nivel de exigencia de los electores y de los medios de comunicación, aunque en esto hayamos avanzado algo, hará que la ética del poder político en la aplicación correcta de los presupuestos mejore de manera sustancial. Para eso se necesita que crezca una idea que se oculta tan radicalmente como se puede a los españoles de a pie, la convicción de que el dinero que manejan y gastan los poderes públicos es de nuestro bolsillo, que no hay ninguna caja milagrosa de la que los políticos puedan sacar oro molido para darnos un maná que no se acabe pagando con nuestros sudores.
Si los españoles fueran conscientes de que en años recientes nuestras rentas personales han disminuido de manera real mientras que han aumentado muy fuertemente los impuestos y el gasto público sin que el beneficio efectivo sea congruente no tendrían la paciencia que tienen con los políticos que engordan el gasto, como ocurre con esa segunda vicepresidencia que se ha inventado la señora Guardiola por el bien de su partido, menos aún con los que roban a manos llenas con el descaro que estamos viendo.
Es esencial comprender que los paganos de todas las mordidas que se obtienen de las diversas empresas a las que se extorsiona exigiendo un pago en negro para obtener tal o cual contrato no son ni esas empresas ni sus accionistas o beneficiarios, sino que somos todos los españoles, sin excepción, quienes soportamos tales sobrecostes. Es evidente que cualquier comisión que se paga por obtener un contrato se hace a cargo de un aumento en la dotación económica del encargo o, peor todavía, haciendo chapuzas en la obra pública que permitan disminuir costos a las empresas que apoquinan lo necesario como las que es muy probable que acabemos viendo en la red ferroviaria a propósito del descarrilamiento de Adamuz.
También sería necesario que el electorado dejase de tomar en cuenta distinciones como la que se supone existe entre robar para uno mismo y pedir comisiones para el partido. Lo curioso del caso es que hay quien pretende que políticamente es menos grave que alguien robe para su beneficio personal que si lo hace para su partido. El PSOE, aunque haya sido muy reacio, parece conformarse con que tres de la tropa del Peugeot hayan resultado ser una banda de trincones, pero pone el grito en el cielo si se insinúa que el partido se haya podido financiar de manera ilegal. Si se mira el asunto un poco de cerca se verá que tal distinción es pura hipocresía. Lo vamos a ver brevemente.
Cuando un político pide dinero a una empresa es de rigor que lo haga en nombre del partido para tratar de ennoblecer de alguna manera el atraco. Eso justifica, además, que le dinero tenga que ser en negro, normalmente en chistorras para facilitar el manejo, puesto que las donaciones están controladas por la ley y resultarían sospechosas, además de que impedirían el beneficio de los habilidosos intermediarios.
El oscuro procedimiento favorece que quien actúa en nombre del partido se quede casi siempre con la parte del león y haga llegar a las arcas de su grupo lo mínimo necesario para que nadie sospeche de su actividad recaudadora, nada en ocasiones porque la justificación exhibida puede ser perfectamente falsa ya que los partidos en España no están faltos de financiación, ni mucho menos. Lo que llega al partido se suele emplear para que nadie levante la voz y se acomode con la parte que le corresponda. Cuando alguien infringe el pacto tácito en esta clase de cuestiones puede caer en desgracia con facilidad, no sería la primera vez que sucediese.
Querer mantener por encima de todo la honorabilidad del partido se hace para que el militante decente y el ciudadano crédulo puedan continuar en Babia, pero cualquiera que haya visto, aún de lejos, cómo funciona este tipo de operaciones sabe que el que tiene salvoconducto para moverse en semejantes terrenos suele estar muy bien retribuido: robar para un tercero es un oficio insólito y siempre pagado con la mayor de las esplendideces, podríamos decir.
Al final con lo que nos encontramos es con que la corrupción en los contratos públicos es un caso más de la falta de una ética pública exigente. Si se puede otorgar una cátedra en una universidad a una persona allegada al poder político, si se puede colocar en plazas públicas a personas cercanas a ministros para que cobren sin ir a trabajar, si se pueden crear consejerías y cargos públicos perfectamente innecesarios, con el costo que suponen, sólo para satisfacer las ansias de poder de personajes del partido, si se pueden hacer promesas que nadie piensa cumplir, si se hacen políticas contrarias a lo que se ofreció, si se pueden nombrar embajadores que no conocen su oficio ni el idioma del país al que van destinados, si se puede saltar el escalafón funcionarial o militar para colocar a fieles adictos, si se gobierna la nación como si fuera un cortijo… ¿cuál es la razón para no sacar unos euros de las oportunidades que se presentan?
Bajo la promesa de mejoras públicas se oculta siempre un incremento del gasto que es la condición necesaria, y a veces suficiente, para que quien pueda consiga convencer a cualquier empresa de que le merece la pena pagar una comisión o contratar a una empresita de mierda para hacer una obra multimillonaria… porque eso es lo que quiere quien tiene el poder, en especial si cada vez controla más medios que debieran controlarle a él, como el Congreso, en primer lugar, los órganos constitucionales, los tribunales, los medios de comunicación, etc. etc. en especial si nos dice, como hace Pedro Sánchez, que necesitamos ocho años más de su medicina para llegar a ser un país verdaderamente progresista en el que, por ejemplo, el Tribunal Constitucional pueda acabar proclamando, como ha hecho, que el caso de los ERE de Andalucía, condenado en todas las instancias judiciales ordinarias, nada tiene de delictivo, porque los presupuestos no delinquen… ¿y quién controla los presupuestos? Pues eso.
Foto: Markus Spiske.
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