72.000 personas atraviesan irregularmente en apenas un día la frontera de un país y, una semana después, el Gobierno pretende que discutamos sobre cualquier cosa menos sobre la frontera. Ahí está la maniobra: acelerar el tiempo político, convertir lo ocurrido ayer en un asunto amortizado hoy y obligar a la sociedad a discutir mañana sobre otra cosa.
El Gobierno trabaja en dos direcciones complementarias. Hacia atrás, intenta reducir lo sucedido a un mal sueño: la inmensa mayoría regresó a Marruecos, así que aquí no ha pasado nada. Circulen. Hacia delante, desplaza la discusión hacia los menores que permanecen en Ceuta, su atención y su reparto «solidario» entre las comunidades autónomas. Borrar el pasado y moralizar el presente. Salir del banquillo y subir al púlpito.
Un Estado puede sobrevivir a muchos errores. Puede soportar mala gestión, ministros patanes y mediocres, propaganda e incluso años de incompetencia. Lo que no puede permitirse es fracasar en sus funciones más elementales y decir que no ha pasado nada
Pero una frontera no es una raya pintada en un mapa. Es una de las expresiones más elementales de la existencia del Estado. Significa que dentro de ese perímetro existe una autoridad capaz de decidir quién entra, de proteger a quienes viven bajo sus leyes y de responder cuando alguien desafía ese límite. Por eso lo sucedido en Ceuta no fue simplemente una «crisis migratoria». Fue la suspensión material de una función esencial del Estado. Unas 72.000 personas entraron irregularmente en la ciudad. Eso ocurrió. Y nada de lo que haya sucedido después puede hacer que deje de haber ocurrido.
La primera operación consiste precisamente en borrar el hecho mediante su desenlace. La mayoría regresó rápidamente a Marruecos, se nos dice. El Gobierno ha utilizado ya ese argumento, incluso en su pulso con Italia, para defender que la situación está controlada. Muy bien. Mejor que hayan vuelto. Pero que decenas de miles de personas regresen no convierte en irrelevante que antes pudieran entrar como Pedro por su casa. Apagar un incendio no demuestra que no hubiera fuego.
Confundir la resolución parcial de una crisis con la inexistencia de la crisis es una forma bastante burda de prestidigitación política. La pregunta de verdad relevante no es cuántos quedan por regresar a Marruecos. Es cómo pudieron entrar. Qué falló. Qué se sabía. Quién lo sabía. Qué órdenes se dieron. Por qué no se reforzó la frontera a tiempo. Y, sobre todo, por qué un país miembro de la Unión Europea permitió que una de sus fronteras exteriores se evaporara ante una avalancha humana que llevaba días anunciándose.
Lo cierto es que sí hubo advertencias. El diario The Objective informó de que el CNI había advertido en varias ocasiones a Interior sobre el riesgo de una entrada masiva, formación de la que luego se hizo eco la Cadena SER; también habían alertado el Ministerio de Inclusión y el Área de Menores de Ceuta. De hecho, la ministra de Defensa, Margarita Robles, salió después en defensa del trabajo de los servicios de inteligencia, porque no habrían estado desprevenidos, sino que habrían hecho su trabajo. Es decir: ya no se puede presentar lo sucedido como un rayo caído de un cielo totalmente raso. Hubo señales. Hubo avisos. Y si hubo avisos, debe haber responsabilidades.
Ahí entra la segunda operación. Mientras la primera intenta cerrar la carpeta de Ceuta con un «ya han vuelto casi todos», la segunda cambia de carpeta. El problema deja de ser el derrumbe de la frontera y pasa a ser la atención a los menores que permanecen en la ciudad. El Gobierno habla de solidaridad, de reparto entre comunidades autónomas, de derechos de la infancia. La Fiscalía ha instruido incluso a sus fiscales para actuar ante las autonomías que obstaculicen la acogida. Y la resistencia a ese reparto permite reemplazar el escenario de la criminal incompetencia por el de la superioridad moral: el Ejecutivo ya no comparece como responsable de una catástrofe de seguridad, sino como defensor de los vulnerables frente al egoísmo de los demás. Es maravilloso: el acusado se convierte en fiscal.
Naturalmente que ningún niño puede convertirse en instrumento de una disputa partidista. Precisamente por eso resulta tan obsceno utilizarlos para ocultar el hecho que los puso en esa situación. La obligación humanitaria del Estado no anula su obligación de proteger la frontera. Son dos deberes distintos y simultáneos. Más aún: en este caso están relacionados. Un Estado que pierde el control de su frontera no solo pone en riesgo la seguridad de quienes están dentro; también deja a merced del caos a quienes intentan cruzarla.
La tradición occidental entendió esto mucho antes de que inventáramos los gabinetes de comunicación. Cicerón formuló una máxima que atravesó el tiempo: «Salus populi suprema lex esto»; que la seguridad y el bien del pueblo sean la ley suprema. Locke añadiría después que los hombres se unen en comunidad política para preservar sus vidas, libertades y bienes. Esa es la raíz. Antes que proveedor de relatos o administrador de servicios, el Estado es la estructura que hace posible vivir bajo una ley común y a salvo de la violencia, la arbitrariedad y la invasión.
La frontera importa. No porque una nación deba vivir encerrada y aislada del mundo ni porque el forastero sea por definición un enemigo, sino justamente por lo contrario: porque solo una comunidad capaz de gobernar su casa puede decidir a quién recibe, en qué condiciones, con qué derechos y con qué obligaciones. Cuando esa capacidad desaparece, no aparece la hermandad universal. Aparece el caosy todo lo que el caos trae consigo. Eso es lo que no hay que olvidar de Ceuta.
El Gobierno puede explicar que la mayor parte de quienes violentaron la frontera ya han regresado. Debe atender a los menores. Puede pedir cooperación a las comunidades autónomas y exigir el cumplimiento de la ley. Lo que no puede hacer es utilizar esas cuestiones posteriores para borrar la realidad anterior. 72.000 entradas irregulares no se convierten en una anécdota porque casi todos salgan después.
Tampoco puede exigirnos que aceptemos como debate principal el que más le conviene. La cuestión no es si una comunidad autónoma debe recibir veinte, cien o doscientos menores. Esa discusión lamentablemente existe y habrá que resolverla. La cuestión es cómo fue posible que la frontera desapareciera, quién fue el responsable, qué decisiones tomó y qué garantías hay de que no vuelva a suceder.
Un Estado puede sobrevivir a muchos errores. Puede soportar mala gestión, ministros patanes y mediocres, propaganda e incluso años de incompetencia. Lo que no puede permitirse es fracasar en sus funciones más elementales y decir que no ha pasado nada. Y eso es, ni más ni menos, lo que pretende Pedro Sánchez. Primero borrar la frontera y después borrar la memoria.
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