A propósito de la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, Carlos Alsina planteó en Onda Cero una pregunta que parecía dirigida a un autor literario: «Siempre es difícil separar al artista de su obra… Con los políticos es aún más difícil. ¿Puede separarse al imputado de su obra?». Evidentemente, Zapatero no es un autor literario, es un actor político. Y su obra no se limita a un expediente judicial, por grave que sea. La pregunta relevante, por tanto, no es solo qué hizo Zapatero después de abandonar La Moncloa, que es lo que ahora dirime la Justicia. La pregunta que debería interesarnos es qué hizo mientras estuvo en ella y qué dejó instalado en la vida pública española.
La caída del hombre, si finalmente se produce, será importante. Pero para España lo será mucho más la caída de su legado. El problema de Zapatero nunca fue solo Zapatero. Fue la mutación política que puso en marcha emboscada en gestos amables, casi beatíficos, perfumados con aquella expresión que hizo fortuna: el buen talante. Zapatero se presentó como un político dialogante, afable, casi angelical; un hombre de sonrisa permanente, gestos suaves y tono bajo. Pero debajo del envoltorio había algo bastante menos inocente: una vehemencia ideológica, una pulsión redentora y una visión peligrosamente excluyente de la democracia.
La imputación del expresidente importa, pero España no se juega solo el destino judicial de un hombre. Se juega la necesaria liquidación de su legado político que convirtió la discrepancia en sospecha y la democracia en patrimonio de parte
Zapatero no inventó la polarización, pero sí le dio un fuerte impulso moralista. Hasta entonces, la democracia española se sostenía, con todas sus imperfecciones, sobre una idea clave: las disputas políticas, ideológicas y de poder debían dirimirse dentro de un marco común con reglas iguales para todos. La izquierda y la derecha podían odiarse cordialmente, pero aceptaban que el adversario era simplemente eso, el adversario, no una amenaza ontológica. Zapatero rompió ese equilibrio introduciendo una premisa: la democracia solo podía ser de izquierdas. Todo lo demás no era una opción política legítima, sino una anomalía reaccionaria, una amenaza, un peligro para las libertades, un residuo de la historia que debía ser aislado y reciclado.
De ahí surgió la lógica del cordón sanitario. No como un recurso excepcional frente a una amenaza real, sino como un método de exclusión de la derecha y de todo lo que no se situara dentro de las estrictas coordenadas de la izquierda. El adversario fue convertido en enemigo y sometido a cuarentena. Una vez aceptado el sistema de identificación amigo-enemigo, todo lo demás vino rodado: los secesionistas dejaron de ser vistos como socios peligrosos para convertirse en aliados preferentes; el consenso constitucional pasó a ser una trasto viejo y sospechoso; la Transición dejó de ser un acuerdo imperfecto pero fructífero para convertirse en un pecado original que había que purgar retrospectivamente.
Así hay que entender la Ley de Memoria Histórica de 2007. Porque lo verdaderamente importante no es lo que decía formalmente, sino la operación política que ponía en marcha. Zapatero, con su habitual sonrisa, la presentó como una reparación moral, pero el objetivo era la ruptura unilateral del espíritu de reconciliación de la Transición y la transformación de la historia en campo de batalla. El pasado dejó de ser objeto de estudio, duelo o memoria familiar para convertirse en munición ideológica.
Algo similar ocurrió con el Estatut de Cataluña. La promesa de Zapatero de apoyar cualquier texto que saliera del Parlament no fue un simple desafuero de campaña. Fue la apertura intencionada de una caja de Pandora que el sistema constitucional a duras penas había mantenido cerrada. Zapatero necesitaba a los nacionalistas para cerrar su cinturón sanitario. Y para ganárselos empezó a presentar la Constitución como obstáculo, no como garantía. Aquello fue el punto de inflexión que dio paso al Procés… y al progresivo desmantelamiento del modelo constitucional desde dentro.
La negociación con ETA fue otra ruptura. Zapatero, ya en el poder, abrió un proceso de diálogo que legitimaría como interlocutor político a una organización criminal, quebrando por la base uno de los últimos grandes consensos de Estado y llevando la lucha antiterrorista al terreno del enfrentamiento partidista.
Ya antes de que llegara a La Moncloa, Zapatero animó el Pacto del Tinell. En él, el PSC, ERC e ICV acordaban la exclusión del PP en Cataluña y de cualquier institución estatal. Ahí ya quedó en evidencia que el zapaterismo no se contentaría con ganar al adversario, sino que su objetivo era impedirle participar en la gobernabilidad del país. Esa fue la verdadera aportación de Zapatero a la España política: sustituir el consenso por el cerco, la alternancia por la deslegitimación, el pluralismo por la división entre buenos y malos.
Así, España empezó a deslizarse por una pendiente inclinada en la que cada desacuerdo dejaba de ser político para convertirse en moral. Quien discrepara de la Ley de Memoria Histórica era un franquista encubierto. Quien cuestionara las cesiones al separatismo era un reaccionario. Quien se opusiera a las negociaciones con ETA era enemigo de la paz. Y quien hiciera una lectura liberal o conservadora de la democracia era, sencillamente, un antidemócrata. Una forma de debate en la que una parte habla desde la supuesta superioridad moral y la otra pide perdón por existir.
Esa psicología política explica en buena medida al personaje que salió de La Moncloa. Zapatero no se retiró como un expresidente discreto, dedicado a sus memorias, sus conferencias y sus paseos por León. Se convirtió en un mediador internacional, un operador de relaciones opacas, un ocupante habitual de espacios neblinosos donde la separación entre diplomacia, influencia, negocios y propaganda se vuelve difusa. Su papel en Venezuela y sus relaciones con el chavismo se desarrollaron en ese terreno oscuro. Ahora, con la investigación del caso Plus Ultra, lo que era un secreto a voces se ha hecho evidente: el expresidente no actuó como mediador solo por altruismo o ideología, sino que, presuntamente, aprovechó para enriquecerse de manera ilícita.
Esta es la clave moral del zapaterismo. Zapatero parece haber creído siempre que sus elevados fines ideológicos justificaban sus medios. Si él contribuía a proyectar la causa de la izquierda en Iberoamérica, si conectaba regímenes ideológicamente afines, si creaba espacios de influencia para líderes que compartían una visión antioccidental y posliberal del mundo, ¿por qué no iba a obtener también reconocimiento, poder, influencia o incluso beneficios económicos? Así Zapatero se absolvía a sí mismo. Si sus fines eran nobles, los medios… y los beneficios personales estaban justificados. “No hago esto por mí, sino por la causa”. Las sociedades, contratos, asesorías, vuelos, facturas o rescates públicos son circunstanciales.
Esa misma autoindulgencia que aplica en Venezuela sirve para China. No hace falta convertir a Zapatero en un agente del Partido Comunista Chino para denunciar su papel como facilitador, legitimador y devoto promotor de la estrategia de penetración económica, tecnológica e institucional de Pekín en España, Europa e Iberoamérica. Y derivadamente, cómo ha ejercido de maestro de ceremonias con Pedro Sánchez para entregar España a Xi Jinping y alejarla del eje Atlántico. La cuestión no es si Zapatero recibe órdenes de Pekín. Esto no es una novela barata de espías. Es algo más sutil y más inquietante: cómo su visión ideológica lo ha convertido en un activo para intereses que no son precisamente los de la soberanía española ni los de las democracias occidentales.
El caso Zapatero no puede reducirse a un escándalo de corrupción económica. Sería incluso tranquilizador que todo el asunto se redujera a eso. Un expresidente imputado, unas facturas, unos intermediarios, unas comisiones, unos empresarios, un juez, unos titulares y, al cabo de los años, una condena o el archivo de la causa. Ese frustrante itinerario sobradamente conocido en España. Lo importante es que el expediente judicial arroje luz sobre una trama política mucho más amplia: la del socialismo español posterior a 2004, su alianza con los secesionistas, su connivencia con los autoritarismos latinoamericanos, su devoción por China y su empeño en presentar cualquier resistencia democrática a ese proyecto como fascismo.
Si cae solo Zapatero, la izquierda encontrará la forma de sacrificarlo, enterrarlo y olvidarlo. De hecho, buena parte de ella ya lo está haciendo. La vehemencia ideológica lleva aparejada una capacidad admirable para enterrar a sus patriarcas en tumbas sin lápida cuando dejan de ser útiles. Un día son referentes morales; al siguiente, corrupciones personales. Un día encarnan la historia del partido; al siguiente, “el auto de imputación parece serio”. Así escriben los camaradas la necrológica de los grandes hombres cuando amenazan con arrastrar a los demás en su caída.
Pero si cae su legado, la cosa cambia. Porque Pedro Sánchez no es una anomalía caída del cielo. Es, en buena medida, la evolución descarnada del método zapaterista. La idea de que la democracia pertenece moralmente a la izquierda; la deslegitimación del adversario; la ocupación de las instituciones envolviéndose en la bandera democrática; el uso del miedo como pegamento; la transformación de la política en un plebiscito permanente entre progresismo y fascismo. Todo eso, que la Transición adormeció durante un tiempo, despierta con Zapatero. Sánchez lo ha heredado, lo ha radicalizado y lo ha despojado de cualquier ingenuidad ideológica.
La diferencia entre ambos existe. Zapatero es vehemente. Cree en la causa y se ve a sí mismo como el ungido que debe pilotarla. Su peligro está en esa combinación de suavidad de cara al exterior y fanatismo íntimo, esa sonrisa indulgente que le absuelve anticipadamente de cualquier exceso porque el fin es luminoso. Sánchez, en cambio, cree sobre todo en Sánchez. La ideología le sirve cuando le resulta útil; la abandona, la invierte o la recrea si conviene a su supervivencia. Zapatero ha justificado sus actos porque se engañaba a sí mismo diciéndose que servía a un fin elevado. Sánchez justifica los suyos porque el fin es él mismo.
Por eso, Sánchez intentará acelerar la caída de Zapatero. No por un escrúpulo moral, por su puesto, sino por cálculo. Necesita que el expresidente deje de ser la raíz del socialismo vigente y pase a ser un mero lastre. Que, entre los suyos, el zapaterismo ya no sea percibido como fundamento sino como anomalía. Que la responsabilidad quede circunscrita al hombre y no contamine la obra.
El problema, sin embargo, es que la obra está por todas partes. Está en la política de bloques, en el secuestro moral de la democracia, en la dependencia de los socios secesionistas, en la afinidad con determinados regímenes, en la internacionalización de redes de influencia y en esa convicción, ya casi oficial, de que media España debe someterse a la otra media.
La pregunta de Alsina, por tanto, debe llevarse hasta sus últimas consecuencias. ¿Puede separarse al imputado de su obra? En el caso de Zapatero es imposible. Porque sus actos no son una desviación de su trayectoria, sino la prolongación de una forma de entender el poder: la superioridad moral como salvoconducto, la causa como absolución, el adversario como amenaza y la democracia como propiedad de una parte.
Si Zapatero cae en solitario, habrá mucho ruido pero las consecuencias finales serán irrelevantes. España necesita que se aclare judicialmente qué hizo Zapatero, con quién, por cuánto y para quién. Pero, sobre todo, necesita algo mucho más difícil: revertir el daño de su legado. Por eso, Zapatero, en su caída, debe llevárselo consigo y a quien lo ha heredado. Dos décadas de sonrisas amables al servicio de políticas implacables y corrupción sistemática son suficientes.
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