Se denomina corrección política al lenguaje, medidas o políticas dedicadas a evitar la ofensa o puesta en desventaja de ciertos grupos en la sociedad. Gran parte de la población suele considerar que las políticas a favor de grupos que históricamente han sido oprimidos es una cuestión de justicia, algo necesario para empoderar a estas minorías discriminadas por su sexo, raza, orientación sexual, etc.
No es una opinión personal. Según una encuesta de Metroscopia (de 2016), el 46% de los españoles están a favor de una representación mínima legal de mujeres en las instituciones políticas, y el 40% en empresas. Y lejos de avanzar hacia un marco legal que respete cada vez más las libertades de los ciudadanos sin cuotas ni imposiciones, el victimismo que promueven ciertos movimientos, como el feminista, ha experimentado un crecimiento inaudito.
Así, el 8 de marzo, España fue el ideal feminista a nivel mundial. Miles de personas en la calle, horas de publicidad en los telediarios y especial atención por parte de la clase política. Sin ser los porcentajes anteriormente citados en absoluto bajos, es seguro que mucha más gente ampara hoy estas ideas que en 2016.
A pesar de las críticas propias hacia cualquier movimiento de masas, los “justicieros” que las promueven no parecen darse cuenta de que se pegan un tiro en el pie que. El varapalo que infligen a su supuesta lucha es doble. Por una parte, al exigir leyes a favor de ciertos grupos, acusan públicamente y de forma disimulada a estos grupos de no ser lo suficientemente capaces para desarrollarse y llevar a cabo su proyecto vital sin el apoyo de otros, como si fuesen seres necesitados de la caridad e incapaces de desenvolverse en una cultura que premia el mérito y el esfuerzo.
Cuando se quebranta la igualdad ante la ley en beneficio de ciertos grupos, la discriminación no desaparece sino que se traslada a los demás
Por otra parte, esta medida demuestra su hipocresía. Al pedir privilegios legales para estos colectivos, no hacen sino sustituir a víctimas de una supuesta opresión por otras. Cuando se quebranta la igualdad ante la ley en beneficio de ciertos grupos, la discriminación no desaparece sino que se traslada a los demás. El resultado es una discriminación igual o peor que la que se pretendía erradicar.
Por supuesto, las consecuencias de la corrección política no sólo acaban con una discriminación inversa, también se terminan imponiendo medidas invasoras del ámbito privado de las personas y se limitan sus libertades individuales. Y se disimula el perjuicio ocasionado con eufemismos y expresiones sutiles. Valgo como ejemplo la retirada de un calendario benéfico de bomberos, pues, según Podemos, sus fotos no reflejaban la realidad mayoritaria y contribuían a perpetuar la discriminación que, según ellos, impera actualmente.
El partido que más clama por la libertad de expresión, imponía la censura al prohibir que unos bomberos mostraran sus cuerpos tal cual son. El PSOE no se queda atrás y propuso que toda relación sexual sin consentimiento expreso sea considerada violación. Ya no hay presuntos culpables, sino presuntos inocentes. Lo que encarnan estos partidos y sus afines es un puritanismo del siglo XXI dispuesto a silenciar al disidente, cueste lo que cueste.
Se ha llegado a un punto en el que muchos políticos, en vez de crear las condiciones y el marco legal necesario para promover la prosperidad, se dedican a imponer su moral a costa del libre albedrío de los individuos.
Quizá lo más revelador de la corrección política en España sea el plan que hay detrás. La izquierda, al ver que sus ideas han quedado obsoletas, procura recuperar el espacio perdido mediante la división de la sociedad en grupos antagónicos; mujeres y hombres, ricos y pobres, conservadores y progresistas, empresarios y empleados… opresores y oprimidos. Es estrategia. Para aumentar su popularidad, intentan identificar enemigos a los que combatir, como los totalitarios que señalan imaginarios enemigos exteriores para acaparar el poder. La diferencia es que, en este caso, el supuesto enemigo no está fuera sino en casa.
Los ciudadanos que antes, sin recurrir a la ley, resolvían por sí mismos la mayoría de los pequeños conflictos cotidianos, ahora parecen vivir en permanente desacuerdo insuperable. Se ha declarado la guerra a los hombres, a los ricos, a los autónomos, a los empresarios y, en general, a todo lo que simboliza un mundo libre, que no se somete a la desigualdad ante la ley, a la envidia y a la imposición. Y, al parecer, el discurso ha calado.
La corrección política ha apresado a los ciudadanos en una jaula dorada, reluciente, sí, pero inmoral y carente de libertad
Que muchas personas se dejen seducir por la dialéctica del victimismo tal vez se deba a una creciente sensación se soledad. Según el Informe Sobre el Estado de la Nación de 2017 más de la mitad de la población española se siente sola y, uno de cada diez españoles siente la soledad con “mucha frecuencia”. ¿Habrá encontrado esta gente consuelo en movimientos que les colectivizan? ¿Se sentirán mejor compartiendo con otros un objetivo común, aunque el objetivo sea bastante más que cuestionable?
La corrección política ha apresado a los ciudadanos en una jaula dorada, reluciente, sí, pero inmoral y carente de libertad. Se trata de crear una cultura donde la mitad de la población quede excluida del debate de las ideas, un nuevo mundo donde los tabúes superen a los principios.
La utopía soñada por la izquierda es una ciudadanía educada en la censura de sus iguales, en la que no hace falta la represión violenta del Estado para imponer determinadas ideas, tan solo una abrumadora presión social. Los ciudadanos, incluidos los admiradores de estas políticas, llevan ahora una camisa de fuerza que no les permite expresar su opinión sobre temas cada vez más numerosos. Se acaba así con la idea de individuos libres e iguales y se criminaliza a ese «viejo» mundo libre que un día fue. Esta, y no otra, es la peor amenaza para la sociedad abierta.
Foto: Paweł Czerwiński
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