Michel de Montaigne pasa por ser uno de los padres del moderno escepticismo. Sus famosos ensayos pasan por ser para muchos el comienzo del giro subjetivista a la hora de afrontar los problemas filosóficos. Montaigne, que ocupó durante buena parte de su vida cargos políticos, consideraba que existía una separación entre la vida pública y privada del político. Mientras que la política descansa en el cinismo, la mascarada y la mentira, la vida privada refleja la autenticidad del individuo. Es en la esfera privada donde se manifiesta la verdadera naturaleza del individuo. Esta concepción de Montaigne no debe interpretarse como una exaltación del cinismo en la política sino meramente como la constatación de que la política impide, por su propia naturaleza de juego de poder, mostrarse tal y como es uno realmente. Si lo que se persigue es triunfar en la política uno no debe mostrarse tal cual es. La postura de Montaigne es a todas luces comprensible, dados sus más que probables orígenes criptojudíos, en pleno siglo XVI marcado por la intolerancia religiosa y las guerras de religión que asolaban la Francia de ese momento.
Recientemente hemos tenido constancia de hechos que ponen de manifiesto como la vida privada de muchos de nuestros políticos no parece compadecerse demasiado bien con la imagen pública que quieren transmitir. Óscar Puente, alcalde socialista de Valladolid, ha visto como ha trascendido ante la opinión pública informaciones relativas a sus pasadas vacaciones de verano en Ibiza y Formentera. Según las informaciones aparecidas en algunos medios, el regidor vallisoletano habría disfrutado de unas lujosas vacaciones costeadas, presuntamente, por el empresario Sergio Zaitegui. Éste había suscrito contratos públicos con el ayuntamiento de Valladolid durante la pandemia. Más allá de lo que nos pueda parecer de estético y de ético el hecho en cuestión lo que resulta de todas formas llamativo es la reacción del regidor pucelano ante las informaciones aparecidas. Puente alega su derecho a la vida privada para no tener que dar explicaciones acerca de la naturaleza, alcance y financiación de sus vacaciones. Estas declaraciones dejan a las claras dos cosas. Primero el escaso apego que tienen buena parte de nuestros políticos a la idea expresada por el pensador italiano Norberto Bobbio de la democracia como una forma de gobierno pública, en la los actores políticos deben en todo momento someterse al escrutinio riguroso de la opinión pública.
A aquellos ciudadanos que expresan su alarma por que unos octogenarios ex militares manifiesten su irrefrenable deseo de fusilar a buena parte de sus conciudadanos cabría recordarles lo siguiente: mientras que estos octogenarios no tienen acceso al BOE buena parte de los émulos de Robespierre en el gobierno, siempre tan dados a sacar la guillotina a pasear, sí que lo tienen
En segundo lugar la apelación a la disociación entre la vida pública y privada del político. Esta disociación sugiere, en la línea expresada por Montaigne, una diferencia entre la esfera de lo público, presidida por los eslóganes, las estrategias de comunicación y los protocolos institucionales, y la esfera de lo privado que reflejaría mejor la verdadera naturaleza del individuo. Este al asumir la condición de político simplemente asumiría un disfraz o un mero corsé que le obligaría a mostrar lo que no es para así lograr convencer al votante que “compra” discursos retóricos e ideologías y al que poco o nada le importa la verdadera catadura moral del político que lo representa. Circunstancias similares se han producido con otros políticos con ocasión de las restricciones a la libertad personal de los ciudadanos durante la pandemia del COVID-19. En esta se están produciendo escenas en las que determinados miembros del gobierno desconocen en su vida privada las restricciones que éstos mismos, en cuanto políticos, imponen a los ciudadanos.
Junto a este fenómeno se observa justo el contrario cuando se trata de meros ciudadanos. Estos parecen tener una esfera privada cada vez más reducida de manera que mayores ámbitos de su vida privada pasan a ser objeto de escrutinio por parte de la opinión pública. Con la excusa de la pandemia el poder político aprovecha la circunstancia para inmiscuirse en aspectos cada vez más personales de la vida privada de los individuos. La polémica relativa al ámbito de personas que se van a poder reunir en las próximas fiestas navideñas lo pone de manifiesto. El concepto de allegado, que ha sido elegido por el gobierno como criterio de demarcación respecto a qué reuniones navideñas serán legítimas y cuáles no, es un concepto privado. En una sociedad libre deberían ser los propios ciudadanos los que determinaran la intensión y la extensión del concepto “allegado”.
Otro ejemplo lo tenemos con la polémica acerca de una desafortunada conversación de chat de un grupo de militares retirados. En la vida privada un ciudadano tiene el derecho a decir lo que le parezca conveniente. La reprobación social de dichas conductas en una sociedad libre no debería trascender del ámbito privado del propio ciudadano y jamás debería alcanzar el nivel del linchamiento mediático. Hay que tener presente para analizar con objetividad y desapasionamiento este asunto, que por muy desafortunadas e inaceptables que nos puedan parecer ciertas manifestaciones estas han sido realizadas por militares retirados y en su esfera más íntima. Este linchamiento mediático contrasta con las justificaciones que se exhiben por parte de los mismos críticos de estos militares jubilados cuando son los propios políticos los que profieren expresiones semejantes. En dicha circunstancia se apela al carácter metafórico de la guillotina o sencillamente se alega el carácter privado de dichas manifestaciones. Una vez más se pone pues de manifiesto que mientras que el político tiene derecho a disociar su vida pública de su vida privada, el ciudadano de a pie cada vez tiene menos derecho a su vida privada. Cada aspecto de su vida privada puede ser objeto de escrutinio público si desde el poder político o instancias cercanas a este se considera que tienen dimensión político.
A aquellos ciudadanos que expresan su alarma por que unos octogenarios ex militares manifiesten su irrefrenable deseo de fusilar a buena parte de sus conciudadanos cabría recordarles lo siguiente: mientras que estos octogenarios no tienen acceso al BOE buena parte de los émulos de Robespierre en el gobierno, siempre tan dados a sacar la guillotina a paseo, sí que lo tienen. Esta no es una pequeña diferencia: mientras unos pueden afectar la vida y la propiedad de los ciudadanos, los otros no pueden hacerlo.
Quentin Skinner, unos de los historiadores de la política que más y mejor ha estudiado los orígenes del republicanismo, sitúa el origen del republicanismo moderno en la lucha de los caballeros democráticos (partidarios del parlamento inglés) contra el absolutismo regio. Estos partidarios del poder del parlamento apelaban al magisterio de autores como Salustio o Tácito cuando afirmaban que la peor amenaza a la libertad es vivir en una condición de servidumbre. Esta condición se produce cuando se está sometido a una voluntad política puramente arbitraria no sujeta a reglas de ningún tipo. Una situación similar es la que se está empezando a vivir en España donde los ciudadanos están cada día más cerca de ser siervos que verdaderos ciudadanos.
Foto: Asqueladd
