La historia ha puesto de manifiesto en innumerables ocasiones como fuerzas contrarias a principios morales y éticos elementales se han hecho con el poder absoluto por la fuerza, en mayor o en menor grado. No es extraño, sino todo lo contrario, que en nombre de la democracia y amparándose en la legitimidad del Estado moderno, se pueda acabar con la legalidad y las libertades.
Hoy es posible dar un golpe de Estado -incluso sin sufrir una situación extremadamente crítica o sin el apoyo en teoría suficiente y necesario- y que sea asumido por gran parte de la población. Para ello solo es necesario que un grupo o partido político, enmascarando con una pátina de normalidad el marco de lo cotidiano, controle los resortes claves de la maquinaria estatal para tomar el poder. De esta manera incluso pueden lograrse los objetivos golpistas casi sin confrontar, de forma abierta o de manera violenta, con ninguna fuerza que realmente oponga resistencia. En el actual mundo global e interconectado, es suficiente con concentrar las fuerzas golpistas disponibles y avanzar sobre los puntos más delicados del Estado de derecho, es decir, en los intersticios débiles de las instituciones democráticas, para conseguir hacerse con el gobierno o cambiar un régimen de libertades por otro de corte antidemocrático.
Ya desde el pasado año se habla abiertamente de golpe de Estado en España. Un importante número de legisladores, juristas, políticos de la oposición, analistas, comunicadores y periodistas, dan por hecho que hoy vivimos en un tipo de golpe
Ya no es imprescindible, como en el pasado siglo XX, dar un golpe de Estado al estilo del ejército sublevado, con tanques en la calle, bombardeando a discreción sobre el Palacio presidencial o reprimiendo físicamente a los opositores. Tampoco es necesario apelar al golpe en versión de revolución armada encabezada por un partido de vanguardia, a la subversión terrorista, a una larga marcha guerrillera o al caos provocado por la presión o el chantaje de un iluminado que proclame abiertamente una dictadura. Hoy un golpe de Estado puede tener otras maneras mucho más suaves, ser casi invisible, darlo en plazos, por etapas, en un proceso a distintas velocidades a lo largo del tiempo y que acabe socavando la legalidad. Cuando se usa un Estado que, conserva nominalmente las formas democráticas pero persigue a la oposición, acalla la disidencia o atemoriza a la ciudadanía, nos encontramos en realidad en la primera fase de un régimen despótico y liberticida.
El 1931 el italiano Curzio Malaparte escribió en su libro titulado Técnicas de golpe de Estado:
“Aunque me proponga mostrar cómo se apodera uno de un Estado moderno y cómo se le defiende, y aunque éste sea, en cierto sentido, el mismo tema que trató Maquiavelo, este libro está lejos de ser una imitación, por moderna que fuera, es decir, por poco maquiavelica que fuera, de El Príncipe (…). Puede parecer, al principio, que la historia política de los diez últimos años se confunde con la de las aplicaciones del Tratado de Versalles, de las consecuencias económicas de la guerra, del esfuerzo de los Gobiernos para asegurar la paz europea. Y, sin embargo, su verdadera explicación es bien distinta: se encuentra en la lucha entablada entre los defensores del principio de la libertad y de la democracia, es decir, los defensores del Estado parlamentario y sus adversarios.
Las actitudes de los partidos no son otra cosa más que aspectos políticos de esa lucha. Si se quiere comprender la significación de muchos acontecimientos de estos últimos años, si se desea prever la evolución de la situación interior de varios Estados europeos, desde ese punto de vista, y sólo desde él, hay que considerar esas actitudes. En casi todos los países, al lado de los partidos que manifiestan su decisión de defender el Estado parlamentario de practicar una política de equilibrio interior, es decir, libertad y democrática (son éstos los conservadores de todos los matices, desde los liberales de la derecha hasta los socialistas de la izquierda), hay partidos que plantean el problema del Estado en el terreno revolucionario: son los partidos de extrema derecha y de extrema izquierda”.
Malaparte, hace casi un siglo, protagonista en esos años convulsos de la Europa de entreguerras, dejó en claro quienes están por un Estado parlamentario (desde conservadores a socialdemócratas) y quienes no (extremistas de derecha e izquierda). Describe a estos últimos, llamándolos “catilinarios” o golpistas:
“Son los idólatras del Estado, los partidarios de un Estado absoluto. En un Estado centralizador, autoritario, antiliberal, antidemocrático es donde ven la única garantía de orden y de libertad, el único dique contra el peligro comunista. ‘Todo en el Estado; nada fuera del Estado, nada contra el Estado’, afirma Mussolini. Los catilinarios de la izquierda apuntan a la conquista del Estado para instaurar la dictadura de los obreros y de los campesinos. ‘Allí donde hay libertad, no hay Estado’, afirma Lenin. El ejemplo de Mussolini y el de Lenin influyen considerablemente en los aspectos y en el desarrollo de la lucha entre los catilinarios de derecha y de izquierda y los defensores del Estado liberal y democrático”.
Las palabras de Malaparte encajan perfectamente para describir al actual gobierno español como idólatra del Estado. Todo controlado por el Estado y con un poder cada vez más centralizado en sus manos que, sin embargo, tiene como hoja de ruta la balcanización y la división entre españoles con sus acuerdos y pactos de gobierno con secesionistas y extremistas de izquierdas.
Curiosamente España es el único país de la Unión europea que concentra en un solo hombre el ámbito de los tres poderes: el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes del Gobierno de España (así reza oficialmente el cargo). Es decir, un diputado, miembro del Poder Ejecutivo, es ministro de Justicia también con competencias específicas en el Poder Legislativo. Esta situación, evidentemente es una anomalía con visos autoritarios en cualquier Estado de derecho, así como la paulatina colonización partidaria por parte del Ejecutivo en la Justicia. Una muestra de ello es la presencia de ex ministros socialistas en el Tribunal Constitucional, los vínculos políticos con el oficialismo del Fiscal General del Estado así como los del Letrado Mayor de las Cortes.
Ya desde el pasado año se habla abiertamente de golpe de Estado en España. Un importante número de legisladores, juristas, políticos de la oposición, analistas, comunicadores y periodistas, dan por hecho que hoy vivimos en un tipo de golpe. En realidad, así se lo percibe desde la agudización del proceso secesionista catalán de 2017 con la efímera declaración de independencia y la consecuente ruptura del orden constitucional, con la intención de socavar la integridad territorial de la nación. Con la actual política impulsada por el gobierno con los indultos a los separatistas juzgados y condenados por la Justicia, la rebaja del delito de malversación, la derogación del delito de sedición y ahora, con la aprobación de la ley de amnistía para todos los involucrados en el proceso secesionista de todos los crímenes cometidos – inclusive el de terrorismo y traición-, se puede interpretar y definir con argumentos suficientes a la actual situación como de golpe de Estado.
En este contexto, es el propio poder político el que opta por la quiebra del Estado de derecho saltándose la observancia de la Constitución, solo para conseguir la investidura de gobierno. Los secesionistas, que tienen como finalidad acabar con la integridad territorial de la nación y la legalidad constitucional, son la pieza clave en el sostén del gobierno nacional. Difícilmente pueda encontrarse un acto inmoral, fraudulento y de corrupción tan grave como este en la historia democrática de España y Europa.
La “Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña”, aprobada en Diputados, pasó al Senado para su tramitación. Santiago Abascal, presidente de Vox, celebró el informe de los letrados del Senado sobre la ley, en el que aseguran que es inconstitucional, pero que de todos modos se debe tramitar en la Cámara Alta. Según los letrados del Senado “los vicios de inconstitucionalidad no podrían depurarse en esta fase ni en ninguna otra, pues supone una invasión del contenido esencial de varios derechos fundamentales y de la separación de poderes, que son las dos notas características del concepto de constitución”. Según Abascal, “también confirman el golpe a la Constitución que está dando este presidente corrupto”, refiriéndose a Pedro Sánchez, y agregó, que su partido “tendrá que hacer un esfuerzo muy grande para advertir a los españoles, voten lo que voten, que nos jugamos el Estado de derecho frente a un autócrata que lo está vendiendo de saldo para evitar el banquillo”. El tratamiento de la ley en el Senado también puede acabar en la posibilidad de un conflicto institucional.
Al mismo tiempo, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Alicia García, anunció que su partido pedirá formalmente al Congreso de los Diputados la retirada de la proposición de ley de amnistía, “por tratarse de una reforma encubierta de la Constitución” y agregó que “la Comisión de Venecia no avala su amnistía. Los letrados del Senado dicen que la amnistía es inconstitucional en un informe demoledor y ustedes tienen en contra a todos: al Estado de Derecho europeo y español, a la Constitución, a la legalidad, y a la inmensa mayoría de los españoles. A todos, menos a uno. La amnistía de Sánchez es ilegal, ilegítima e inmoral” y denunció que “están perpetuando el mayor caso de corrupción en la historia reciente de España”.
Sin embargo, sorprendentemente ante la evidencia y los testimonios, el dialogo entre los dos partidos de la oposición está roto y ambos carecen de la voluntad suficiente para acordar una estrategia conjunta frente a la quiebra del Estado de derecho. ¿Si la situación es tan grave, por qué sucede esto? Si como afirma la oposición estamos viviendo una anomalía democrática, con un golpe de estado en marcha ¿cómo es posible que quienes lo denuncian se queden en la retórica y poco más sin acciones en común que se opongan y enfrenten al desastre? Si vivimos en un estado de emergencia con la perdida de libertades democráticas y de la igualdad ante la ley, si el Estado de derecho y la separación de poderes están tocados de muerte por el nuevo régimen ilegítimo, entonces ¿por qué no se toman acciones acordes a la gravedad de la situación? Las fuerzas políticas de la oposición, con la responsabilidad que ello conlleva, parecen incapaces de calibrar la gravedad de la situación.
Tal vez uno de los motivos de esta situación endiablada sea que a lo largo de décadas, una casta política forjada al calor de las prebendas del Estado fue colonizando las instituciones democráticas convirtiéndolas en un inaccesible coto privado en beneficio personal. Con el correr del tiempo, los gestores del poder le han perdido el respeto a la ciudadanía. Un síntoma de esto -entre otros- es lo que puede verse en las sesiones de control al gobierno, que se han convertido en un espectáculo bochornoso, zafio y sin sentido. Ninguna interpelación es respondida con argumentos, sino solo con evasivas, insultos y falsedades. Tampoco hay consecuencias políticas ni responsabilidades judiciales de ningún tipo ante la inoperancia legislativa e ineptitud de quienes ocupan los escaños del Congreso.
Otro de los factores tal vez sea que los partidos políticos se han convertido en oficinas de colocación para los suyos, donde recalan mediocres, oportunistas e inútiles, incapaces de ganarse la vida en el ámbito de la actividad privada. La política los ha acogido y los ha insertado en las instituciones del Estado. Es comprensible que, como resultado de esta situación, se genere apatía, desidia y desilusión en gran parte de los españoles. Esa clase de políticos devenidos en casta han conseguido que la gente rechace y desprecie todo lo relacionado con la gestión publica, con la política como concepto de bien común, e incluso, mucho mas grave aún, que terminen despreciando la democracia y las libertades.
En la actualidad, la oposición al régimen sanchista está descolocada, obcecada e incluso neutralizada. Unos creen ver la continuidad de una realidad ya inexistente, como la de un PSOE democrático con el cual dialogar y llegar a acuerdos en el marco bipartidista del reparto del poder. Los otros, se proclaman como los únicos salvadores de la patria, sin reconocer que la merma importante tanto en lo electoral como en la confianza de votantes y simpatizantes, tal vez, se deba a una suma de errores propios y no solo al ninguneo, la incomprensión o la manipulación mediática a la que apelan. La crítica interna y la discusión de ideas están ausentes en ambos casos.
En esta situación cainita en el área del centroderecha, sin un acercamiento ni acuerdos de mínimos por convicción o incluso necesidad, interés o supervivencia, el arco ideológico que va desde las fuerzas conservadores a liberales estará condenado al ostracismo. Lo peor de esto es que millones de españoles han quedado o quedarán huérfanos y desilusionados políticamente -algo difícil de revertir- por la mezquindad y el tacticismo suicida de una dirigencia desconectada de su base electoral. Es peligroso jugar con la esperanza y la ilusión de la militancia, votantes y simpatizantes, ya que en algún momento quien defrauda la confianza finalmente lo paga y el precio en este caso puede ser muy alto.
En este contexto, se percibe que cuando la mentira permite prosperar en política, los hechos, como consecuencia de ello, son un fraude moral que parece no tener consecuencias. Quienes denuncian el golpe, en los hechos no parecen estar del todo convencidos de ello por sus acciones. Tanto unos como otros, por acción, error u omisión siguen alejando a los ciudadanos de los asuntos políticos con mayúsculas. Lo que también es evidente es que el actual gobierno español está en manos de esos idólatras del Estado a los que se refería Curzio Malaparte. Si hoy viviese el italiano, el llamado sanchismo y el caso español, sin duda, tendría un destacado capítulo en su libro.
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